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lunes, 21 de febrero de 2011

Nota Informativa del Consejo de la Judicatura Federal sobre la sentencia contra Florence Cassez...

México, D.F., 10 de febrero de 2011
DGCS/NI: 04/2011


NOTA INFORMATIVA


El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, integrado por el Magistrado Presidente Carlos Hugo Luna Ramos y los Magistrados Ricardo Ojeda Bohórquez y Manuel Bárcena Villanueva, informan que en sesión de pleno de diez de febrero de dos mil once se resolvió el juicio de amparo 423/2010, promovido por la quejosa FLORENCE MARIE LOUISE CASSEZ CREPIN.


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ANTECEDENTES


En el juicio de garantías de referencia se reclamó la sentencia de dos de marzo de dos mil nueve, dictada en el toca de apelación 198/2008 por el magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en la que se condenó a la peticionaria de amparo por los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD EN LA MODALIDAD DE SECUESTRO, en agravio de dos adultos y un menor; PORTACIÓN DE ARMA DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA; POSESIÓN DE ARMA DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA; y, DELINCUENCIA ORGANIZADA. Ilícitos por los que estimó le corresponden setenta años de prisión, de los cuales únicamente deberá compurgar sesenta años, por así disponerlo el artículo 25 del Código Penal Federal. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ALUDIDOS POR LA QUEJOSA 


1º. Se violaron las reglas del procedimiento al haber sido detenida en forma ilegal, ya que no existió orden de aprehensión en su contra y no hay certeza de la hora y día de su detención.

2º. De manera reiterada y con diferentes argumentos señala que los videos son un montaje; luego, por una parte se duele de que los mismos se hayan tomado en cuenta como medios de prueba y por la otra se queja de que la autoridad responsable los haya soslayado; además señala que al haber salido en los medios de comunicación se violaron sus derechos públicos subjetivos. 


3º. No fue puesta a disposición del Ministerio Público de inmediato, por lo que sufrió una retención injustificada. 


4º. No se respetaron las reglas establecidas para la práctica de las diligencias de confrontación, establecidas en el Código Federal de Procedimientos Penales. 


5º. Se transgredieron sus derechos que tenía en su carácter de extranjera, ya que se le debió dar aviso a la embajada de su país sobre sus detención. 

RESPUESTA A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN

Los conceptos de violación formulados por la quejosa a juicio del pleno de este tribunal se consideraron por una parte infundados y por la otra inoperantes en virtud de las razones expuestas en la sentencia dictada en el juicio de amparo correspondiente; las cuales en síntesis se estimaron así ya que por cuanto hace al primer argumento este tribunal estimó que es inexacto que haya sido detenida en forma ilegal, en virtud de que de conformidad con el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en caso de flagrancia cualquier persona puede detener al indiciado, razón de más cuando se trata de policías en el cumplimiento de su deber; flagrancia que se actualizó en el presente caso ya que los delitos de secuestro, portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son ilícitos que atendiendo a su momento de consumación, son de los denominados por la ley y la doctrina como permanentes o continuos, toda vez que la consumación se prolonga en el tiempo; luego, si tomamos en consideración que su detención se llevó a cabo cuando portaba un artefacto bélico y al trasladarse sus aprehensores a la casa donde radicaba encontraron maniatadas a las víctimas del ilícito de secuestro, lugar donde también poseía un arma reservada para las instituciones castrenses de nuestro país, es
evidente que estamos ante la presencia de un caso de la flagrancia, lo que indudablemente justificó su detención. 
Además, respecto a que no existe certeza de la hora y día de su detención, este tribunal consideró que ello es inexacto, ya que en su declaración ministerial de nueve de diciembre de dos mil cinco, negó su participación en los hechos, circunstancia que revela que no fue presionada ni inducida para inculparse y declaró con entera libertad, asistida de su defensor y traductor, sin que haya referido nada relativo a que hubiera  sido detenida desde el día anterior a su declaración, es decir, no manifestó haber sido detenida un día antes; aunado a que su acompañante Israel Vallarta Cisneros refirió como fecha de su detención el ocho de diciembre de dos mil cinco y ello ocurrió cuando salían de su domicilio. 
Ahora bien respecto a su segundo argumento ya sintetizado, el pleno de este tribunal consideró que de conformidad con lo señalado en el artículo 78 de la Ley de Amparo, en las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, el acto reclamado se debe de apreciar tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, pues el juzgador de amparo no puede sustituirse a la autoridad que emitió el acto impugnado en el juicio de garantías. En ese sentido del análisis minucioso de la sentencia reclamada, se advierte que el magistrado del tribunal responsable no tomó en cuenta el contenido de los videos que fueron transmitidos en los programas de televisión de noticias, los cuales no se soslayaron por parte de la autoridad responsable, sin embargo, al advertir que fueron editados no los tomó en cuenta para sustentar la sentencia reclamada; es decir, no fueron tomados en consideración ni en perjuicio ni en beneficio de la quejosa; además, por esa misma razón también se estimó que no le causa agravio el que haya salido en las cámaras de televisión, ya que se reitera, las imágenes ahí transmitidas no son las que sustentan la resolución impugnada en amparo. 

Con relación a su tercer argumento, el pleno de este tribunal consideró que si bien es verdad que no fue puesta de inmediato a disposición del Ministerio Público, debe precisarse que del estudio de los medios de convicción que obran en la causa de la cual emana el acto reclamado, se desprende que los policías que interceptaron y
aseguraron a la peticionaria de amparo y a su novio, se dirigían con ellos a las oficinas de la representación social para proceder a ponerlos a disposición de esa autoridad investigadora; sin embargo, fueron informados por Israel Vallarta que si no regresaban pronto a su domicilio, corría peligro la vida de las personas que allí estaban secuestradas, por lo que decidieron regresar al rancho “Las Chinitas”, donde efectivamente se encontraban maniatadas las víctimas, por lo que es obvio que el hecho de que no hubieran sido puestos a disposición de la autoridad competente, sin demora, obedeció a causas de fuerza mayor, como lo eran preservar la vida y la integridad física de los secuestrados, por lo que en tales condiciones aunque es fundado el concepto de violación, resulta inoperante para conceder la protección constitucional solicitada. Por cuanto hace al cuarto argumento debe decirse que este órgano jurisdiccional consideró que la autoridad responsable no violó garantías de la quejosa al no practicarse las diligencias de confrontación, ya que esta diligencia sirve para perfeccionar a la prueba testimonial, por lo que debe llevarse a cabo en aquellos casos en que hay confusión respecto a la persona involucrada en los hechos; sin embargo, del análisis de las constancias que conforman la causa penal seguida a la peticionaria de amparo, se advierte que las víctimas nunca vieron el rostro de la quejosa, pero proporcionaron algunas características que coinciden con las de la peticionaria de garantías, como son la textura y color de la piel de sus manos, el color del cabello, su voz y su acento extranjero; aunado a las circunstancias en que se llevó a cabo la detención, como es el que se hacía acompañar de su novio, quien refirió que en el domicilio donde ambos habitaban, se encontraban secuestrados las víctimas, lo cual se probó en autos plenamente; en consecuencia, es inexacto que se hayan trasgredido las reglas relativas a la practica de la diligencia de confrontación. 
Respecto al último de los argumentos, este tribunal consideró que si bien es cierto de conformidad con el artículo 128, fracción IV, parte final, del Código Federal de Procedimientos Penales, establece que si se trata de un extranjero, la detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda, no es procedente conceder el amparo a la quejosa, en virtud de que el Ministerio Público de la Federación trató de comunicarse a la embajada, lo cual no fue posible, al no obtener respuesta de la citada representación diplomática; sin embargo, como bien se argumentó en la sentencia reclamada, lo establecido en dicho precepto no tiene por objeto otorgar ventaja alguna o privilegio al extranjero detenido, sino que el propósito es darle la posibilidad de defenderse en igualdad de condiciones que un nacional, tampoco obliga a la autoridad ministerial a esperar a que el extranjero se encuentre asesorado por la embajada o consulado de su país, para recibir su declaración ministerial; como tampoco establece dicho precepto que por incumplir con lo establecido, deban retrasarse por falta de comunicación a la representación diplomática, pues ello podía llevar a violaciones a otros derechos fundamentales; máxime que como lo señaló la propia quejosa el diez de diciembre de dos mil cinco a las doce horas con diez minutos se logró la comunicación con su embajada. 

Finalmente este órgano colegiado consideró que el tribunal unitario no violó garantías individuales, ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no aplicar la contradicción de tesis 378/2009, pues la sentencia reclamada fue dictada el dos de marzo de dos mil nueve, antes de la obligatoriedad de dicha contradicción. Ahora bien en cuanto a las cuestiones de fondo este tribunal consideró que tal y como lo advirtió la autoridad responsable, efectivamente se encuentran acreditados tanto los delitos que se le atribuyen a la quejosa como su responsabilidad penal al respecto, ya que si bien es cierto las víctimas no lograron verla a la cara, por tenerla cubierta, empero proporcionaron algunos datos que coincidieron con los de la quejosa como son su voz, su acento extranjero, el color y textura de la piel de sus manos, el color de su cabello; aunado a las circunstancias de la detención, como son el que acompañaba a su coinculpado Israel Vallarta, quien refirió el lugar donde se encontraban las víctimas, por lo que al trasladarse al sitio señalado efectivamente se encontraron maniatadas; lo cual constituyó la prueba indiciaria que acredita plenamente tales extremos, lo que hace que la sentencia reclamada no viole derechos públicos subjetivos en agravio de la solicitante de protección constitucional; en consecuencia 


se resolvió:


ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a FLORENCE MARIE LOUISE CASSEZ CREPIN, contra la sentencia definitiva que reclamó del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, precisado en el resultando primero de esta ejecutoria

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http://www.cjf.gob.mx/documentos/notasInformativas/docsNotasInformativas/2011/notaInformativa3.pdf
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