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miércoles, 22 de junio de 2011

Uña Nieto y el Fraude en EDOMEX...


Edomex: la crónica de un fraude anunciado

Bernardo Barranco V.


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Esta expresión resume la intervención de José Núñez Castañeda, ex presidente del Instituto Electoral de Estado de México (IEEM, 2005-2008), quien parafraseó a Gabriel García Márquez, durante el primer informe de Dictamen Ciudadano, celebrado el 2 de junio pasado, con la presencia de Javier Sicilia. La crónica de un fraude anunciado pone en evidencia la notoria inequidad de la contienda electoral, así como la pasividad y cuestionable parcialidad de los integrantes del actual consejo electoral en la entidad mexiquense.

El proceso se ha venido enturbiando, en efecto, por la utilización por todos los contendientes de programas y hasta aparatos gubernamentales para fortalecer posicionamientos y campañas. Sin embargo, la apuesta y desmesura por la coalición Unidos por Ti no tiene equivalente alguno. Ni siquiera la controvertida campaña del propio Enrique Peña Nieto, censurado por haber utilizado de manera inmisericorde los medios electrónicos en 2005; hay que recordar que, antes de la reforma de 2007, las campañas gastaban más de 70 por ciento de sus prerrogativas en promocionarse en radio y televisión.

Con cierto azoro, Manuel Camacho Solís, actual representante de la coalición Juntos Podemos Más, escribió, en un artículo titulado Inequidad electoral extrema, que las elecciones del estado de México se parecen más a las del antiguo régimen que a las elecciones que ocurrieron después de las reformas de 1994-96, señalando que en el Edomex el tiempo se ha detenido: “La administración pública se reorganizó por medio de gabinetes regionales perfeccionados por distrito electoral. El video de Chalco, la prueba más contundente de simbiosis que existe en la historia electoral reciente… El árbitro electoral es parcial. Está al servicio del PRI, como en los viejos tiempos de la Comisión Federal Electoral controlada por Gobernación. Fue muy lamentable la resolución de su consejo, cuando frente a un evidente acto ilegal de interferencia del gobierno en la elección, no hizo sino proteger al gobierno del estado y al PRI” (El Universal, 20/6/11).

Uno podría matizar las afirmaciones porque provienen de un político involucrado en el proceso; sin embargo, su reparo responde a una realidad preocupante que todos, de una u otra manera, ya sabíamos: el PRI va con todo. Lo importante es ganar y no importa cómo. La utilización masiva de recursos logísticos gubernamentales, económicos y humanos, especialmente en las tres primeras semanas de la campaña de Eruviel Ávila no tienen precedentes. Abundan testimonios, crónicas y señalamientos de observadores independientes. Con sobrada razón, entre los actores, organizaciones ciudadanas, periodistas y analistas queda la impresión no sólo de que hubo derroches y excesos económicos, sino de probable rebasamiento de los topes de campaña, que puede ser una causal de nulidad siempre y cuando sea determinante. Aquí, sólo el IEEM está facultado para dar certeza y equidad al proceso y, mediante diferentes presiones, el Consejo General finalmente aceptó realizar revisiones precautorias, mandatando realizarla a su órgano técnico de fiscalización.

Sin embargo, el acuerdo IEEM/CG/97/2011 es confuso, impreciso y tiene franjas de indefinición. Efectivamente, los consejeros mandatan al órgano técnico de fiscalización para que realice la revisión precautoria en los términos estrictos que establece el Código Electoral, es decir, únicamente sobre el cumplimiento de los topes de campaña y con resultados que no sean públicos, hasta la dictaminación de los informes definitivos de campaña. Es decir, la revisión de los ingresos y gastos se podría iniciar tres meses después de la jornada electoral y cuando se presenten los informes definitivos de campaña; a partir de ese momento la autoridad electoral contará con 90 días para su estudio y análisis, lo que implica que se podría emitir el dictamen ¡seis meses después de que el candidato electo haya tomado posesión del cargo! No será una revisión ni mucho menos precautoria.

El otro ejemplo último, que cuestiona la imparcialidad del árbitro electoral, fue la lamentable exoneración del servidor público Bernardo García Cisneros, captado en video operando programas sociales por votos. El Consejo se declara incompetente para aplicar alguna sanción y, como Poncio Pilatos, no sólo se lava las manos, sino que lamenta la actitud del solitario pillo electoral García Cisneros, cuando en realidad el video en cuestión ponía de manifiesto, no las desventuras de un operador, sino el modus operandi de un sistema gubernamental que transmuta en un aparato electoral, y al cual el instituto se niega a investigar, presentándolo como hecho aislado y casual.

Este Aburto electoral, además de ser funcionario del gobierno estatal, fue durante más de 10 años el principal operador del gobierno en el IEEM, primero como secretario general y después como consejero. En sesión de consejo, los consejeros privilegiaban una supuesta legalidad de su acuerdo para remitirlo a otras dependencias, sacrificando los principios de certeza y hasta de constitucionalidad. Curiosamente, el representante de la coalición comandada por el PRI ante el Consejo General, el experimentado César Camacho, apenas interviene porque no necesita implicarse: tiene ya prácticamente cinco consejeros de consigna priísta que se ocupan, debaten y defienden sus intereses. ¿Cuál es el mensaje?: la impunidad. Sigan actuando, señores; sigan operando votos por dádivas, que no hay autoridad ni instancia que sancione.

La crónica de un fraude anunciado es una expresión cruel y válida; no se centra en la jornada electoral, sino en el proceso, cargado de sesgos e irregularidades. Pone en evidencia la inequidad y la impunidad de un proceso; así exhibe igualmente a las autoridades electorales omisas que se escudan en un discurso legaloide para justificar la clara inclinación hacia el partido en el poder. En realidad, todo este conjunto refleja el carácter perjudicialmente regresivo de las elecciones que culminarán este 3 de julio.
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