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miércoles, 23 de noviembre de 2011

Recomendaciones de Civasco


El Juicio a Calderón rumbo a La Haya.

Zazil Carreras
@ZazilCarreras
2011-11-21
El próximo viernes, 25 de noviembre de 2011, será presentada ante la Corte Penal Internacional la que podría ser la petición civil más grande que se haya presentado ante este tribunal, desde que inició su funcionamiento en el año 2002.

Este tribunal está encargado de juzgar la responsabilidad de individuos en la comisión de los crímenes más graves en contra de la humanidad: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión.

En el año 2005, México ratificó el Tratado internacional mediante el cual esta corte fue creada, incorporando dicho reconocimiento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo a lo que establece el artículo 8, párrafo 2, inciso c, del Estatuto de Roma, los crímenes de guerra en un conflicto armado son aquellos que se cometen contra personas que no participan directamente en las hostilidades como el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ataques contra tortura; ataques contra la población civil; ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios; ataques contra edificios en que se agrupa a enfermos y heridos; actos de violación y esclavitud sexual; reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o su utilización para participar activamente en hostilidades; y en el sometimiento de las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas, entre otros.

En nuestro país, se han cometido tales actos de forma masiva. Por ejemplo, las decapitaciones que comúnmente se encuentran en los cuerpos abandonados, productos de ajustes de cuentas entre diferentes grupos criminales, son una práctica cotidiana que se ajusta a los requerimientos de este tipo de delitos. Pero no solamente es una práctica que se realice entre grupos criminales, de acuerdo a las investigaciones de diversos medios de comunicación (“El País”, 18/12/2009 entre otros), la ejecución de Arturo Beltrán Leyva y su mutilación, con evidentes fines intimidatorios, es un ejemplo fehaciente de que el mismo gobierno emplea ya este tipo de prácticas.

El Ejército Mexicano también ha llegado al extremo de asesinar y torturar a civiles completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante sus operativos.  Además, de forma muy preocupante, se ha intentado encubrir estos hechos para garantizar impunidad a los responsables. Recordemos al respecto los casos de los estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey el 19 de marzo de 2010, señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 45/2010.

Otro gravísimo ejemplo es  la recomendación 38/2007de la CNDH,  la cual indica que los días 2 y 3 de mayo de 2007 en Nocupétaro, Michoacán, soldados violaron y abusaron de cuatro menores de edad; además, atacaron generalizadamente a la población civil –detenciones arbitrarias, tortura, allanamientos– mientras buscaban narcotraficantes.

Por su parte los cárteles de la droga también practican terribles crímenes contra la población civil, reclutando niños menores de 15 años de edad para convertirlos en sicarios, la cifra estimada de menores que se unen al crimen organizado oscila 30 y 43 mil individuos.

Los Crímenes de lesa humanidad - descritos en el artículo 7 del Estatuto de Roma- implican un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque, en el que se somete a las personas a esclavitud, tortura, desaparición forzada de personas, asesinato, violación, esclavitud sexual y prostitución forzada entre otros. En México, este tipo de crímenes se cometen cotidianamente, en especial contra los migrantes que intentan llegar de Centro América a Estados Unidos, crímenes que muchas veces se cometen con conocimiento del Instituto Nacional de Migración.

La petición no solamente implica enjuiciar a Calderón solamente por su estrategia antinarcóticos, la cual ha demostrado ser errada y cruel. Tampoco implica enjuiciar a los narcotraficantes solamente por vender drogas, lo que se está solicitando es una investigación a fondo por las desapariciones forzadas, por el reclutamiento de niños menores de 15 años como sicarios, por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados, por la mutilación de enemigos como forma de intimidación, por los ataques a la población civil, por el desplazamiento forzado de personas, por la violación sexual de mujeres y niñas, por los actos de tortura perpetrados y tolerados por el Ejército, por los ataques a centros de rehabilitación de enfermos, así como por el secuestro, venta y esclavización de migrantes por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración.

Tanto Felipe Calderón como sus mandos civiles y militares y los capos de la droga son responsables de estos crímenes. Si bien ellos no tiran del gatillo directamente (en la mayoría de los casos), sí son responsables de encubrir, proteger o ignorar los actos que cometen quienes están bajo su mando. La institucionalización de la violencia en el país sí es responsabilidad de ellos, y por eso es necesario tomar acción jurídica en su contra en instancias internacionales, que puedan otorgar la justicia que las instancias nacionales se han negado a dar.

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