El complot foxista contra los mineros (Primera de dos partes)
Proceso.COM.mx
rosalía vergara
México, D.F., 30 de abril (apro).- La decisión del cuarto tribunal de lo laboral de rehabilitar a Napoleón Gómez Urrutia --como secretario general del sindicato minero-- puso fin al conflicto en el sector, pero puso en evidencia a funcionarios foxistas y exhibió las disputas entre el gobierno de Felipe Calderón con el guanajuatense y la directiva nacional del blanquiazul.
Incluso el 10 de abril, la Procuraduría General de la República (PGR) determinó que eran falsas las firmas de la ‘toma de nota’ con que se entronizó a Elías Morales en la dirección nacional del sindicato minero (SNTMMSRM), y con ello avaló las denuncias que la defensa de Gómez Urrutia interpuso el 22 de diciembre de 2006 (averiguación previa 022/DGDCSPI/07).
Al día siguiente, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Laboral ordenó restituir a Gómez Urrutia, por lo que la Secretaría del Trabajo lo tuvo que restituir el 16 de abril como secretario general.
De esta manera, en dos días se resolvió el problema que detonó en el seno del foxismo el año pasado y que, de acuerdo con el líder sindical y fuentes del Grupo México, fue fraguado desde las “más altas esferas del poder” y con el aval de un puñado de empresarios de los grupos Villacero y México, firmas dedicadas a la minería que impusieron a Elías Morales, afín a los propietarios, para que encabezara “un sindicato a modo”.
Así, el gobierno de Calderón se quitó de encima dicha herencia foxista, después de 14 meses en los que se encadenaron hechos como las huelgas de mineros en apoyo a Gómez Urrutia y la de Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuya represión dejó como saldo la muerte de dos mineros, entre otros conflictos.
Incluso se registró el cierre de empresas en Nacozari y Agua Prieta, Sonora, la consignación de funcionarios de Grupo México por la explosión en Pasta de Conchos, Coahuila, y la detención ilegal del ‘mensajero’ del sindicato Gerardo Pérez Romo, desde hace 82 días, pese a que el tribunal de San Luis Potosí --donde se radicó el caso-- ya se declaró incompetente.
Sin embargo, en todo este entramado salieron a la luz nombres de excolaboradores del foxismo, como el exsecretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar; el exsubsecretario Emilio Gómez Vives y el director de Registro de Asociaciones, Jesús Cervantes, principalmente. Sin embargo, según Gómez Urrutia, éstos sólo son “parte de la orquesta que montó la opereta” de su deposición.
Incluso fue más allá. Acusó a la presidencia de Vicente Fox de haber operado la embestida contra el sindicato minero.
Así, la ‘operación Napito’ se planeó desde el 2005, en varias reuniones que sostuvieron entonces Francisco Javier Salazar, Gómez Vives, el exsubsecretario de Gobernación, Felipe González –a nombre de su jefe, Carlos Abascal Carranza--, y el extitular de Economía, Fernando Canales, con varios empresarios, entre ellos los hermanos Julio, César y Pablo Villarreal Guajardo --de Grupo Villacero--, así como Germán Larrea Mota Velasco --de Grupo México--, en la sede de la STPS.
Ahí decidieron “resucitar” a Elías Morales, un minero expulsado del sindicato en mayo de 2004 por traición que, de la noche a la mañana, fue habilitado como “nuevo dirigente”, y al que se le encomendó la tarea de acusar a Gómez Urrutia de haber desviado recursos –55 millones de dólares-- del fideicomiso minero, que data desde la gestión de su padre y antecesor, Napoleón Gómez Sada.
Por ello el secretario de Asuntos Políticos del sindicato minero, Carlos Pavón, denunció --en mayo anterior-- que en diciembre de 2005 hubo una reunión en casa de Julio Villarreal, donde se urdió el complot contra el sindicato minero. (Proceso 1543)
Un año antes, Abascal le advirtió al presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Francisco Hernández Juárez, que irían tras Gómez Urrutia y otros líderes sindicales, de acuerdo con el dirigente de los telefonistas.
Otra versión, ventilada desde el Grupo México, refiere que Industrial Minera México (IMMSA) y Grupo Villacero se coordinaron con el expresidente de la Coparmex, Bernardo Ardavín Migoni; el jefe de la Oficina de Innovación Gubernamental, Ramón Muñoz --actual senador panista por Guanajuato--, Salazar y Gómez Vives, a fin de convencer a Fox de dar “el golpe minero”.
El expresidente dudó y consultó a Abascal, quien se opuso en un principio. Sin embargo, el exsecretario del Trabajo tomó el caso como un asunto personal, y calculó que “el golpe” le daría prestigio e imagen a la administración foxista ante la opinión pública.
Grupo México ya había hablado con los dirigentes del Congreso del Trabajo (CT) y, cuando Víctor Flores fue consultado por el gobierno foxista, el líder ferrocarrilero apoyó la decisión.
En el momento de la deposición de Napoleón, Salazar se lo comenta a Flores Morales, quien a su vez lo filtra en una comida con sindicatos, algunos afines a Gómez Urrutia, al que avisan inmediatamente.
Cabe señalar que en Proceso (edición 1538) se documentó el apoyo de la Presidencia al grupo Industrial Minera México. Este respaldo sólo se explica por las ligas que mantiene la empresa con la fundación Vamos México de Marta Sahagún de Fox, a través de Valentín Diez Morodo, Francisco Javier Soni Ocampo y Gilberto Perezalonso Cifuentes, altos ejecutivos que destacan en el directorio de Grupo México.
La mafia foxista
Un año y dos meses después se destapó la cloaca. El conflicto que el foxismo heredó a Calderón dejó al descubierto que este y otros casos se dan “en el marco de las rectificaciones presidenciales respecto de las torpezas de Fox, y va a impactar en forma determinante en la disputa de Los Pinos en relación con el PAN”, evaluó el senador perredista Carlos Navarrete, en alusión a la cercana renovación de la dirigencia blanquiazul.
Francisco Salazar es ahora secretario de Acción de Gobierno del CEN del PAN, pero tiene ya tras de sí sendas denuncias por falsificación y uso de documentos.
Abascal, por su parte, es secretario general adjunto en la directiva nacional panista. Sin embargo, ambos exfuncionarios están involucrados política y legalmente en la destitución del líder minero, ocurrida en febrero de 2006.
Incluso, según Gómez Urrutia, Francisco Salazar es proveedor de Grupo México a través de las empresas Latinoamericana de Productos Químicos SA y Productos Químicos de San Luis SA.
“La verdadera delincuencia organizada está en estas empresas, en la mafia política de los exfuncionarios del gobierno de Vicente Fox, y en esa mafia sindical de pillos hampones a su servicio”, afirmó Napoleón Gómez Urrutia.
Incluso el 22 de diciembre anterior la defensa del líder sindical presentó una denuncia contra exfuncionarios por la falsificación de las firmas de, entre otros, Juan Zúñiga, así como por el uso de documentos apócrifos para entregar la ‘toma de nota’ a Elías Morales.
Confió que la PGR arraigará al extitular del Trabajo, su exsubsecretario y “a todas esas gentes que, como advertimos, fueron los que instrumentaron una acusación falsa contra Gómez Urrutia”.
En ese tenor, el abogado Juan Rivero señaló:
“Por ello el pasado viernes 13 se dio aviso del robo de la toma de nota y cinco actas originales del expediente PGR/DDF/SPEXX/5393/2006 del sindicato minero, las que se sustrajeron de la delegación metropolitana de la PGR entre el miércoles y jueves pasados; pero que el delegado Armando del Río Leal dio aviso hasta el viernes, y por eso fue separado del cargo, junto con el personal que tenía acceso al expediente.
“Se los robaron para que no se pueda saber quién materialmente falsificó el documento y se consigne de inmediato”, consideró.
En un comunicado, la PGR informó que agentes de la Visitaduría General se presentaron en la Dirección General de Registro de Asociaciones de la STPS en busca de una copia original de los documentos sustraídos, e informó que continuará con “los procedimientos penales y administrativos correspondientes para deslindar responsabilidades, en relación con la sustracción del primer juego de documentos originales”.
Por cierto, la semana pasada el exsubsecretario de Política Criminal de la Secretaría de Seguridad Pública --hombre fuerte del titular de la PGR, Eduardo Medina Mora desde que éste encabezaba el Cisen--, Rafael Gerardo Ríos García, fue ungido como directivo en Grupo Minera México, en el área de seguridad.
El complot foxista contra los mineros (Segunda y última parte)
rosalía vergara
México, D.F., 30 de abril (apro).- El rehabilitado dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia sostuvo que con las denuncias contra Francisco Javier Salazar y Emilio Gómez Vives, extitular y exsubsecretario en la Secretaría del Trabajo (STPS), busca también “que declaren quién les ordenó --desde el más alto nivel-- aceptaran las firmas falsas como oficiales, con qué propósitos, qué pretendían, pues hay muy fuertes intereses detrás de esta persecución política”, observó.
Esta embestida, expresó, “seguramente la avaló (el expresidente Vicente) Fox”, pues incluso todos los días, su exvocero, Rubén Aguilar, “con mucha mala fe” lanzaba acusaciones contra él y el sindicato.
“Y si es el vocero, es la voz del presidente o de la ‘parejita presidencial’, ocupando el tiempo oficial del Estado en esta persecución política. Es inmoral, es indecente lo que hicieron desde el más alto nivel de la Presidencia”, deplora.
“Fui el primero de una serie de líderes sindicales que pensaban atacar, porque a Grupo México y Grupo Villacero les incomodaba. Por eso queremos se investigue a fondo y se castigue a los responsables de esta ofensa”, expresó.
Los arreglos
Admitió que desde diciembre se reunió con el actual secretario del Trabajo, Javier Lozano, para plantearle una solución al conflicto, y también confió que se efectuaron dos pláticas aisladas en Gobernación, “pero no a fondo” para abordar el tema. La defensa del sindicato, reconoció, sí habló con gente de Hacienda y de la PGR para tratar de llegar a un arreglo.
Sobre las denuncias penales en su contra, Gómez Urrutia dijo que como sus acusaciones están hechas bajo supuestos falsos, entonces confía en que se logrará el sobreseimiento de las mismas.
“No tienen un fundamento, fueron orquestadas como parte de una campaña sucia y perversa para desprestigiarnos y tener elementos jurídicos para mantenernos fuera del país. ¿A quién le convenía esto? Pues a Grupo México y Grupo Villacero, principalmente; a las anteriores autoridades de las secretarías de Hacienda, Gobernación, Economía, del Trabajo y PGR, que estaban comprometidas con estas empresas”.
Además, anunció que presentará una denuncia contra Elías Morales, por la utilización de recursos que le correspondían al sindicato –aunque evitó precisar el monto— y usurpación de funciones; también exigirá se le investigue a fondo junto con los exfuncionarios foxistas, pues Grupo México, afirma, entregó “fuertes sumas de dinero” de las cuotas sindicales a “El Sope”, como dice que le apodan.
Esta versión la reforzó su abogado, Juan Rivero, quien sostuvo que “todo esto fue parte de una treta que conocía Vicente Fox”.
“Espero que los arraiguen. No a uno o dos agentes del Ministerio Público, no, sino al exsecretario del Trabajo y al subsecretario, y a todos los que instrumentaron esto”, comentó.
Así se busca poner fin a este conflicto, siete meses después que la Secretaría de Gobernación, entonces a cargo de Carlos Abascal, entregó un documento a los seguidores de Gómez Urrutia para negociar una salida, planteando la inmediata destitución de Morales. (Proceso 1557)
La embestida
El primer “golpe” lo dio Morales el 20 de enero de 2006, cuando demandó a Gómez Urrutia en la PGR por presuntos delitos patrimoniales, por el desvío de recursos del Fideicomiso F9645-2 por 55 millones de dólares, que se constituyó entre Industrial Minera México y el sindicato a partir de la privatización de Mexicana de Cobre y Mexicana de Cananea.
Luego, el 15 de febrero de ese año recibió el segundo “golpe” de parte de la STPS, cuando apoyó la reelección de Víctor Flores Morales como presidente del Congreso del Trabajo (CT), cargo al que aspiraba Isaías González, de la CROC, con una vicepresidencia en manos de Gómez Urrutia.
Dos días después el embate fue directo: el 17 de febrero el director de Registro de Asociaciones de la STPS, José Cervantes, lo depuso, junto con todo su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), ante la existencia de un supuesto escrito firmado por el Comité General de Vigilancia y Justicia, integrado entre otros por Juan Pablo Patiño y Juan Zúñiga Velásquez, en el que acusaban a Gómez Urrutia de malversar fondos del famoso fideicomiso minero.
Más tarde Zúñiga Velásquez denunciaría que su firma había sido falsificada, pues nunca avaló la acusación de presuntos malos manejos del fideicomiso que beneficiaba a los trabajadores de Nacozari y Cananea.
La maquinaria del complot foxista estaba en marcha, pero la explosión del 19 de febrero del año pasado en la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, que sepultó a 65 mineros, complicó el escenario, pues salieron a la luz las magras condiciones de seguridad e higiene en el filón.
Por espacio de siete meses Industrial Minera México (IMMSA) sostuvo que los mineros podrían estar vivos, luego enfiló sus ánimos a retomar las acusaciones contra Gómez Urrutia por el millonario fideicomiso en dólares.
Entró a escena el entonces vocero del presidente Fox, Rubén Aguilar y, junto con Francisco Salazar, acusaron a Gómez Urrutia de “líder corrupto”, avalaron a Elías Morales y sostuvieron que la PGR investigaría al sindicato.
En mayo del 2006, el secretario de Asuntos Políticos del sindicato minero, Carlos Pavón, manifestó: "Es muy duro tener a un gobierno en contra, pues ahí están los resultados de lo que está sucediendo. Sentimos que es una persecución política.
"Lo que nosotros nos preguntamos es qué tanto interés tiene el procurador o la gente del gobierno en querer hacer esto. Está usando a la Procuraduría para tratar de buscar a ver qué encuentran para tener órdenes de aprehensión."
Mientras tanto, el expresidente Vicente Fox, lacónico, buscó lavarse las manos: “No tengo nada que ver, que hagan lo que quieran”.