¡Ya estamos hasta la MADRE de tanta CENSURA...  Di No a la Censura...
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viernes, 16 de diciembre de 2011

La guerra; siempre la estúpida guerra


La guerra; siempre la guerra

ACENTOS
Epigmenio Ibarra

Hace ya 30 años tuve mi primer contacto real con la guerra. No hablo de los primeros combates que cubrí; de los atentados dinamiteros en San Salvador, de las aventuras y peripecias típicas del corresponsal de guerra que a veces vive de todo menos la guerra. Hablo de la muerte sin máscara alguna; desposeída de todo romanticismo. Hablo de la masacre de El Mozote..

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Hablo de esos ancianos, de esas mujeres, de esas niñas y niños que entrevisté un domingo luminoso en las montañas de Morazán. Hablo de la pequeña ermita y los pañuelos blancos en la cabeza de casi todas las mujeres del caserío y hablo del pan recién horneado. Hablo de que todo eso fue borrado de la faz de la tierra y de que todos ellos fueron asesinados.Hablo de cómo los hombres, evangélicos la gran mayoría, se decían a salvo, protegidos por el señor, ajenos a los conflictos de los hombres, lejanos por igual al ejército y a la guerrilla. Hablo de las mujeres con delantales blancos impolutos y de cómo Santiago, de Radio Venceremos, se acercaba a ellas micrófono en ristre y les aconsejaba, luego de entrevistarlas, salir cuanto antes de la zona.Hablo de la serenidad de esas mujeres cuando ya el país y Morazán se dirigían al abismo. De la seguridad de los hombres, de como te miraban directa y fijamente tratando de descifrar cómo era posible que no comprendieras que a ellos, ahí, no les pasaría nada. “Y si nos pasa —concedió finalmente uno ante nuestra insistencia— será porque Dios así lo quiere”.Hablo de la tienda del pueblo, de ese pueblo minúsculo de casas de adobe y bajareque, perdido en medio de la montaña, olvidado de la mano de Dios, hasta donde llegó un día, con el propósito de “sacarle el agua al pez” como reza el manual de la contrainsurgencia norteamericana, el batallón de reacción inmediata Atlacatl —formado y entrenado en los EU— y trajo consigo la muerte.
La muerte que no respetó esos pañuelos blancos sobre la cabeza de las mujeres, que no supo ni de ruegos y peticiones de clemencia, ni se abstuvieron frente al que se declaraba ajeno a las partes en conflicto y que tampoco tuvo el pudor de detenerse ante el llanto de las niñas y los niños.


La muerte que arrasó el horno donde los domingos se horneaba el pan, que saqueó la tienda, no dejó una sola casa en pie y destruyó la ermita. La muerte que estuvo ahí celebrando un ritual macabro —de selección, confinamiento y ejecución por grupos— de más de 48 horas; porque matar a tantos toma tiempo, organización y empeño.


Muerte que semanas después de la masacre documentaron Ray Bonner, del NYT, y la fotógrafa Susan Mayselas mientras yo intentaba atravesar clandestinamente la frontera entre Honduras y El Salvador. Y hablo de cómo a Bonner, por presiones del Departamento de Estado, lo degradaron en el NYT y de cómo la noticia de la masacre fue olvidada, borrada, sepultada.


Hablo también de cómo, cinco años después, pude finalmente volver a El Mozote y encontré entre sus ruinas restos humanos y de cómo busqué en esos cráneos blanqueados por el sol el recuerdo de los rostros que filmé antes. Hablo de los helicópteros artillados que sobrevolaban la zona y de cómo había que andarse con mucho tiento y mucha prisa.


Y hablo de cómo, cuatro años más tarde, una antropóloga forense argentina, al pie de los restos de la ermita de El Mozote, me describía, puntual y dolorosamente, el estado en que fueron encontrados los esqueletos de 131 niñas y niños; los juguetitos encontrados en el pantalón de uno; la muñeca encontrada en las manos de otra; las evidencias de que muchos de ellos habían sido ultimados a punta de cuchillo.


Y hablo de Rufina, la única sobreviviente de la masacre de más de mil campesinos en los cantones de El Mozote, Agua Zarca y El Junquillo, contándome cómo había escuchado a sus hijos llamarla justo desde el interior de la misma ermita: “Mamita, mamita, nos están matando”, gritaba, esa noche, el más pequeño de sus hijos.


Y Rufina no pudo hacer nada; nada salvo cavar un pequeño agujero donde enterrar la cara para soltar un llanto sordo y seco que habría de enloquecerla. Dos años vivió en una barranca. “La Ciguanaba” (versión salvadoreña de “La Llorona”) le decían los guerrilleros que por ahí rondaban y que la creían un fantasma, un alma en pena que es lo que era y sigue siendo.


Hablo también del coronel Domingo Monterrosa, el gran estratega del ejército salvadoreño, el que iba siempre al frente de sus tropas en combate, el amigo de la prensa internacional, el hombre consentido por los norteamericanos, el mejor ejecutor de la estrategia de contrainsurgencia, el jefe que ordenó esa masacre, luego la de Copapayo, en Guazapa, y que años después cayó abatido, por su propia soberbia, muy cerca de El Mozote.


Hablo de la guerra que es esto —muerte, sangre, mierda, dolor— y no lo que creen los demagogos y generales de “botas virgas”, que nunca han estado bajo fuego y mandan a los jóvenes a matar y morir. Hablo de la guerra a la que no quiero como destino ni para mi patria ni para mis hijos y hablo de que, ahí, en El Mozote, juré jamás acostumbrarme al horror. Por eso la guerra, siempre la guerra. Por eso para evitarla, para pararla es que no quito, ni quitaré, el mismo dedo del mismo renglón.

elcancerberodeulises

epigmenioibarra

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viernes, 9 de diciembre de 2011

El Ministerio Público, ataca a Solalinde... ¡¡ Amarra a tus perros FecalRón !!


El Ministerio Público, que a abandonado la justicia como práctica honesta, ahora se lanza contra el Padre Solalinde acusándolo de ¿¿¿Abandono de personas???. Clramente, el desgobierno de FecalRón criminaliza a las víctimas y persigue a quien se preocupa por ellas... 
   
Comparece Solalinde ante MP por abandono de migrante

Oaxaca, Oax., 8 de diciembre. El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra compareció hoy ante el agente del Ministerio Público (MP) federal de la Procuraduría General de la República (PGR), Alfonso Jarquín Díaz, por estar acusado en la averiguación previa PGR/OAX/III/220/2011 del delito de abandono de un migrante centroamericano en esta ciudad.
El religioso expuso que el guatemalteco Juan Francisco Silvestre arribó a finales de septiembre pasado al albergue Hermanos en el Camino, establecido en Ciudad Ixtepec, procedente del norte del país.
Por tener una infección en los ojos, el migrante fue llevado a una clínica, pero como en Ixtepec no había especialistas, por cuestiones humanitarias, el sacerdote aprovechó su viaje a la capital del estado, donde sostuvo un diálogo con funcionarios estatales, y se lo trajo a esta ciudad, a fin de que fuera atendido en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso.
Pero el migrante quería que lo llevaran a la ciudad de México y eso ya está fuera de nuestras posibilidades. Entonces ya no quiso nuestra ayuda y decidió irse por su lado, indicó el sacerdote.
El hermano guatemalteco siguió su ruta, pero los agentes de (el Instituto Nacional de) Migración lo detuvieron en Puebla; ellos fueron quienes lo obligaron a acusarme de abandono de persona. Es un delito que yo desconocía, asentó. Sin embargo, la dependencia negó tal aseveración.

viernes, 2 de diciembre de 2011

Atacaron a balazos a la activista juarense Norma Andrade


Atacan a balazos a la activista juarense Norma Andrade

2 DE DICIEMBRE DE 2011 


MÉXICO, D.F. (apro).- La activista juarense Norma Andrade fue atacada a balazos esta tarde a las puertas de su casa en el Infonavit Solidaridad, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Andrade, cofundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, recibió al menos cinco disparos, uno de los cuales no tiene orificio de salida.

La activista fue internada en la clínica 66 del IMSS y su estado es reportado como grave.

Su hija Malú García, activista y directiva de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, dijo desde la Ciudad de Mexico –donde se encuentra exiliada tras recibir amenazas– que atribuía el ataque criminal al cártel de Juárez, del que había recibido varias amenazas.

La agresión ocurrió cuando Norma abordaba su automóvil Escort en la calle Pacheco Parra y Toronja Roja, donde un grupo de hombres armados se le acercaron aparentemente para despojarla del vehículo.

En el forcejeo, los presuntos responsables del ataque le dispararon al menos media docena de balazos, relató Malú García.

La Fiscalía General del estado confirmó en un reporte que la activista social recibió al menos cinco impactos de bala y atribuyó el incidente a un intento de robo del vehículo.

Norma Andrade es madre también de Lilia Alejandra García Andrade, quien fue asesinada en febrero de 2001 en Ciudad Juárez.

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martes, 29 de noviembre de 2011

Matan a Nepomuceno Moreno por pedir que la Policía y Ministerios Públicos le entregaran a su Hijo...





Matan a activista del Movimiento por la Paz

Moreno indagaba desaparición de 5 jóvenes, uno de ellos su hijo; había pedido protección a Calderón
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Martes 29 de noviembre de 2011
El activista social Nepomuceno Moreno Muñoz, quien había pasado cinco años en la cárcel y salió libre porque un juez lo declaró inocente, fue asesinado este lunes en la colonia Centenario, en la zona centro de Hermosillo, por hombres no identificados que viajaban en un vehículo desde el cual abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Moreno Muñoz, de 56 años, se había convertido durante el último año en activista social y había participado en protestas frente al palacio de gobierno estatal en Hermosillo para denunciar la desaparición de varios jóvenes en Ciudad Obregón, presuntamente a manos de autoridades e integrantes del crimen organizado.
El también integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) participó en octubre pasado en el último diálogo público que tuvo la organización con el presidente Felipe Calderón, a quien solicitó formalmente que se le otorgaran medidas cautelares por las amenazas que había tenido. Calderón instruyó al entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake, a garantizarle la seguridad, pero hoy Nepomuceno Moreno Muñoz está muerto.
Pietro Ameglio, del MPJD, lamentó el asesinato y destacó que el activista siguió no sólo el caso de su hijo, en el que testificó contra algunos involucrados en el caso para evitar la impunidad, sino también otros casos de la organización. Si el gobierno es incapaz de garantizar seguridad a quienes tratan de evitar la impunidad de los delitos, denunciando a los involucrados, cómo esperar justicia, dijo.
El MPJD se plantó en la sede de la representación del gobierno de Sonora para exigir seguridad para la familia y durante el entierro de Moreno Muñoz que se efectuará este martes en la entidad. El activista sonorense participó en el movimiento desde la marcha de Cuernavaca a la ciudad de México, además de acudir a las dos caravanas realizadas por esa organización.
Segundo integrante del MPJD ejecutado en poco más de un mes
Moreno Muñoz es el segundo activista del MPJD ejecutado en poco más de un mes. El 7 de octubre fue asesinado Pedro Leyva, de la comunidad indígena michoacana de Ostula, quien era un participante activo en la Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales, considerado por el MPJD como una de las experiencias de autoprotección ciudadana más exitosa. En su momento denunciaron la gravedad del hecho, porque se trataba de intimidar a la comunidad indígena. En el caso de Moreno, el MPJD se puso en contacto con Pro Víictima para que coadyuva- ra en el otorgamiento de las medidas cautelares para la familia.
El 5 de septiembre, durante su participación en varias protestas en Hermosillo, Moreno Muñoz junto con otros padres de familia denunció que autoridades de la propia procuraduría estatal y de la policía municipal de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, participaron en la desaparición de cinco jóvenes, entre ellos su hijo Jorge Mario Moreno León, el primero de julio de 2010.
Nepomuceno Moreno fue asesinado este lunes a las 12:15 horas cuando conducía una camioneta pick up modelo 1997 en la colonia Centenario, a seis cuadras del centro histórico de Hermosillo. En el lugar quedaron siete casquillos percutidos calibre 40 milímetros.
En septiembre, durante una protesta frente al palacio estatal en Hermosillo, señaló que su hijo y otros cuatro jóvenes acudieron el 1º de julio de 2010 a una fiesta de graduación en Ciudad Obregón, donde fueron secuetsrados por policías municipales y al menos uno de ellos fue asesinado y del resto se desconoce el paradero.
En esa ocasión expuso que tras constatar la inmovilidad de las autoridades se puso a investigar por su cuenta y encontró pruebas de que los jóvenes fueron secuestrados por policías, quienes incluso siguieron hasta otro municipio aledaño (Vícam), a su hijo Jorge Mario, luego de que éste había logrado escapar de sus captores minutos antes.
Según contó en esa ocasión, en una tienda Oxxo se escondía el joven luego de escapar de sus captores, pero hasta ahí llegaron los agentes de la ley para llevarse a su hijo. Ahí también varios testigos anotaron los números de las patrullas que participaban en la detención, dijo.
Indicó que contaba con registros telefónicos que demostraban que desde oficinas de la propia procuraduría se realizaron llamadas el mismo primero de julio del 2010, para negociar la liberación de su hijo, en ese momento el desconocía que las llamadas procedían de ese sitio.

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La Jornada
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domingo, 27 de noviembre de 2011

Ante el Estado Fallido, Cambiar el Rumbo...

Ante sequías y desabasto, se requiere cambio de rumbo
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Como si hicieran falta elementos de preocupación y zozobra para el campo mexicano, los entornos rurales del país se ven afectados en la hora presente por los efectos de una sequía completamente atípica desde el punto de vista meteorológico, que ha derivado en la pérdida de una quinta parte de la producción de maíz y se extiende por una vasta zona que va de Chihuahua a Querétaro.
Aunque las consecuencias de este fenómeno no se han expresado aún en toda su crudeza, es previsible que deriven en afectaciones graves para la población: significativamente, el daño ocurre con el telón de fondo de un incremento promedio de 15 por ciento en el precio de la tortilla durante el último año y es de suponer que, una vez que concluya la cosecha del pasado ciclo agrícola, esa alza se acentuará. Adicionalmente, el previsible aumento en las importaciones de maíz derivado de este fenómeno tiene como contexto un encarecimiento generalizado en los precios internacionales de los alimentos, los cuales, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se mantendrán altos y volátiles.
En esta perspectiva, el anuncio formulado ayer por la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, de que se han identificado 120 mil hectáreas en el sur del territorio para que pequeños y medianos productores cultiven el grano, resulta tardío e insuficiente: tardío, porque medidas semejantes tendrían que haberse adoptado desde hace tiempo con la finalidad de procurar la autosuficiencia, disminuir las importaciones y reactivar la creación de reservas estratégicas que reduzcan la vulnerabilidad de la población ante escenarios como el presente; insuficiente, porque el apoyo a pequeños y medianos productores no debiera ser una política excepcional del Estado mexicano ni limitarse a franjas específicas del territorio rural.
Ahora bien, más allá de las obvias afectaciones que se desprenden de factores coyunturales, como las sequías y otros fenómenos climatológicos, y de la necesidad de emprender acciones para minimizar el daño por parte de las autoridades federales y estatales, la afectación y la volatilidad que acusan los precios de los alimentos demanda poner atención en la ausencia de un modelo de desarrollo agropecuario, lo que ha provocado una catástrofe social y humana en el campo, ha reducido severamente la producción y ha colocado a México en una alarmante circunstancia de dependencia alimentaria.
De 1988 a la fecha, el ciclo neoliberal en curso ha llevado al gobierno federal a desentenderse de la mayor parte de los productores agrícolas y ganaderos para beneficiar a un puñado de empresas agroexportadoras e importadoras de alimentos, y se ha permitido el deterioro de la producción de granos y de las reservas. Esto ha derivado en una situación de dependencia alimentaria de más de 50 por ciento, y si bien en el caso del maíz ese rango se mantiene en 33 por ciento, en el de otros granos, como el trigo y el arroz, se eleva a 55 y 72 por ciento, respectivamente.
Habida cuenta de que las autoridades no lo han hecho, la sociedad debe cobrar conciencia sobre la imperiosa necesidad de que el país disponga de una política alimentaria orientada a lograr el abasto del mercado interno y el control de los productos agropecuarios destinados al consumo humano. La persistencia en una política agraria elaborada en los centros financieros internacionales, caracterizada por la apertura indiscriminada de mercados agrícolas y de especialización de cultivos, puede resultar atractiva a corto plazo, pero tarde o temprano coloca a las naciones ante el riesgo de sufrir desabastos severos y, en última instancia, hambrunas. Para la viabilidad y la seguridad del país, estos temas no debieran ser vistos como menos importantes que el restablecimiento del estado de derecho y el combate a la delincuencia, porque una nación que no controla la calidad y la cantidad de los alimentos que produce y consume termina por colocarse en una situación de precariedad extrema.

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La Jornada
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sábado, 26 de noviembre de 2011

La Suprema Corta de Ju$ticia nada en su propia mierda...


Resolución de alto impacto
Pilar Noriega
Conforme al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la libertad de expresión no puede estar sujeta a censura, ni restringirse por vías o medios indirectos que impidan la libre difusión de información o la comunicación y la circulación de opiniones e ideas, pero debe asegurarse el respeto a los derechos y la reputación de los demás.

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La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión reitera que, por lo tanto, se debe realizar un estudio entre la proporcionalidad, los medios utilizados para el ejercicio de los derechos y el impacto de la información u opinión vertida. Es decir, por lo general se trata de evitar la sobreposición dogmática o la jerarquización de unos derechos sobre otros. Por lo que en el caso de existir colisión de derechos deben identificarse los intereses a proteger, valorar su jerarquía en el orden democrático y los medios para protegerlos. Debe analizarse si determinada expresión de ideas u opiniones que afecten la honra de determinada persona incide en el interés de la sociedad.
En la resolución de la Corte, de la que todavía no se conoce la versión última oficial sino las notas periodísticas sobre la discusión del proyecto que se presentó, los ministros justifican su resolución porque el columnista de Letras Libres no acusó a La Jornada de delinquir ni de encubrir delincuentes, y es una postura que, dado el interés público de discutir la línea editorial de un periódico nacional, la libertad de expresión no debe ceder ante el derecho al honor. (La Jornada 24 nov. pag.5).
De lo anterior surge la pregunta si en realidad la resolución de la Corte protege el interés de la sociedad o la comunidad a una determinada información, y si en este caso concreto se estaba presente ante la discusión de una línea periodística o una imputación concreta. Porque si bien el columnista de Letras Libres señaló que el problema estaba en la línea editorial de La Jornada que se debía a la aversión deLa Jornada contra el juez Garzón, sostuvo que el acuerdo con Gara debíaentenderse como lo es: una variante escrita de la lucha terrorista contra la ley(www.letraslibres.com/blogs/blog-de-la-redaccion/complices-del-terror)

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, durante la sesión de la Suprema Corte el miércoles pasadoFoto Marco Peláez

Según esto, ¿Quién realizó el acuerdo con Gara?, La Jornada, por lo tanto, ¿Quién realiza, en la variante escrita, una lucha terrorista contra la ley?: La Jornada.Motivo más que suficiente para que la resolución de la Corte señalara los motivos por los cuales era de considerarse que la lucha terrorista contra la ley en la variante escrita no es terrorismo, y por consiguiente acusar a un medio de información de realizar una lucha terrorista contra la ley en la variante escrita no es acusarlo de cometer un delito, ni tampoco una imputación grave. Además, la Corte debía analizar qué tanto afectaba o no el derecho de información y el interés de la sociedad al grado de sobreponer la libertad de expresión al respeto y reputación deLa Jornada. Porque despenalización no significa ni autorización ni impunidad(Sergio García Ramírez/Alejandra Gonza, La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)
Este era el punto central de controversia donde la Corte también debía analizar las posibilidades reales de La Jornada para revirar lo sostenido por el periodista deLetras Libres, pues el principio de derecho es que quien afirma debe probar. Así se trate de un medio de comunicación, es difícil pensar que se pueda revertir semejante acusación.
Es inquietante que los ministros sostengan que el criterio de esta resolución no puede trasladarse sin más o otros casos aparentemente similares, porque el peso puede variar, y por ende el principio triunfador, aún cuando se trate de los mismos principios en juego (La Jornada 24 nov pag.5) Porque entonces surge la pregunta del por qué atrajeron el caso, dado que la Corte ha sostenido que uno de los criterios de atracción es la posibilidad de sentar precedentes y fijar criterios normativos de alto impacto para casos futuros, y este caso era paradigmático de una controversia entre dos medios de comunicación que ejercen cotidianamente su libertad de expresión en ánimo de informar a la población a la que están dirigidos
Malo que nos dejen la inquietud de si entonces se trató de una resolución carente de imparcialidad.

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viernes, 25 de noviembre de 2011

La Suprema Corta de Justicia se Cagó en la Constitución...

El fallo
Luis Javier Garrido
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) legitimando los ataques calumniosos de la revista Letras Libres contra La Jornada quebranta seriamente el orden constitucional de la República y contribuye a llevar al país a un escenario incierto en donde se pretende impere la ley de la selva, como lo quieren las fuerzas conservadoras del país.

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1. La mayoría de los mexicanos reclaman un México en el que prevalezcan la sensatez y la legalidad por sobre la violencia material y mediática ilegal que ha sustentado al gobierno panista de Felipe Calderón, pero las fuerzas de la ultraderecha mexicana, a pesar de no tener sustento social, siguen empecinadas en mantener un clima de terror y amenazas y tensar más al país, única vía a su alcance para preservar el actual régimen de privilegios y en ese marco proseguir entregando las riquezas estratégicas de la nación y el control de nuestro territorio y del aparato estatal al exterior, y es muy preocupante por ello lo que acontece en el Poder Judicial.
2. El fallo de la primera sala de la SCJN pronunciado el miércoles 23 de noviembre, denegando por cuatro votos contra uno justicia al diario La Jornada en su reclamo presentado en 2004 ante las calumnias vertidas en su contra por Fernando García Ramírez, articulista de la revista Letras Libres, es de una enorme gravedad en la vida jurídica de México, pues violenta el orden constitucional, legitima la calumnia, envilece el debate público y termina por revertirse contra la propia Corte, que al evidenciarse como un simple instrumento del poder se hunde cada vez más en el descrédito.
3. La sentencia de los señores ministros lejos de rectificar las barbaridades del proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, profesor de la Universidad Panamericana (que como se sabe es del Opus Dei), sólo corrige algunas de sus barbaridades, y conforme a la práctica de la Corte pasa al procedimiento del engrose, a fin de seguirla corrigiendo gramatical y jurídicamente para eliminarle algunos de sus juicios más obtusos antes de ser publicada, lo que acontecerá en unos cuatro meses. La aberrante tesis central, que ofende a la razón y el derecho, queda empero en firme y con ella el mensaje que el régimen busca enviar: se puede impunemente calumniar desde los medios, sobre todo si son de derecha y en particular en vista de las elecciones. El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia les estropeó a pesar de todo el número, pues disintiendo de sus cuatro colegas dejó establecido de manera nítida que el texto acusado sí buscó deliberadamente, y sin tener su autor prueba alguna, atacar el honor y la reputación del periódico y de su subdirector por el mero hecho de ser vasco.
4. No es esta desde luego la primera ocasión en que el más alto tribunal del país, que debería ser el garante de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración pública, falla contra la razón y el derecho, evidenciando que ha involucionado del rango de dignidad que tuvo en el siglo XIX hasta llegar al triste papel de candado de seguridad del capitalismo neoliberal y de los intereses más conservadores, como se vio en dos fallos recientes. En junio de 2011 resolvió dejar vigentes los anticonstitucionales contratos integrales de Pemex con multinacionales españolas, argumentando que los cuatro presidentes municipales tabasqueños que habían presentado la controversia constitucional no tenían un interés legítimo, y en septiembre de 2011, luego de una abierta presión del Vaticano y del gobierno calderonista, se opuso a la despenalización del aborto establecida en las constituciones locales de Baja California y San Luis Potosí.
5. La Jornada inició este proceso demandando a los calumniadores, como si estuviésemos en Suiza o en Finlandia –donde hay una justicia autónoma– y no en México –donde a juicio de los expertos la casi totalidad de los ministros se hallan subordinados a Los Pinos–, con la convicción de que a pesar de la naturaleza del Poder Judicial de nuestro país, es una responsabilidad ética y cívica de todos los mexicanos el no dejar pasar este tipo de acciones delictivas por muy vinculados que estén sus autores al poder, en el que a muchos expertos pareció un acto quijotesco, pues como se sabe Juan Silva Meza (presidente de la SCJN) es nieto del abogado michoacano que cobijó a la familia Calderón cuando ésta vino a establecerse a la capital y el ministro ponente Zaldívar coincidió con Calderón durante sus estudios en la Escuela Libre de Derecho.
6. El fallo de los irresponsables ministros Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Jorge Mario Pardo Rebolledo, que avalaron al ponente a pesar de reconocer que el calumniador no tenía prueba alguna de su dicho, no es a pesar de todo nada más otro yerro monumental de la Suprema Corte, como sostuvieron varios legisladores el mismo día 23, sino que al denegarle justicia a La Jornada y oponerse a su derecho a la reparación del daño, invocando para ello criterios neoliberales para terminar pisoteando la Constitución General de la República, impuso como norma de convivencia en México la ley de la selva, como lo estableció este diario en su histórico editorial del viernes 18.
7. El carácter político y no jurídico de esta decisión está contribuyendo a derruir el incipiente estado de derecho en el país, que muchos buscan en vano levantar mientras desde el poder se le dinamita, y por todo ello la responsabilidad histórica de los ministros es muy grave.
8. El modelo de someter al más alto tribunal del país al poderío de la derecha económica y política se fue delineando en Estados Unidos a lo largo del siglo XX y ese es el modelo que se delineó para México desde que en 1994 Ernesto Zedillo rediseñó a este tribunal (y a la justicia mexicana) para que sirviera a los intereses más conservadores, pero nunca como ahora se había llegado a niveles tan escandalosos. Si en el siglo XIX ilustres juristas integraron este tribunal, y a principios del siglo XX sólo lo formaban abogados respetables, hoy son oscuros señores (y señoras) licenciados, quienes están sirviendo a los poderes fácticos para demoler el orden constitucional.
9. Un elemento más de preocupación para los pueblos lo constituye el hecho de que junto con esta nueva legislación internacional que se busca imponer a través de pactos, acuerdos, tratados, convenios, planes o iniciativas, se hallan los tribunales supranacionales controlados por los poderes más oscuros del planeta. La Corte Internacional de Justicia o Tribunal de La Haya, como los otros tribunales penales creados ad hoc por iniciativa de Naciones Unidas o de la Unión Europea, son sólo instrumentos de Washington y de los poderes trasnacionales para procesar a sus opositores. La demanda de Proceso de tener acceso a las boletas electorales de 2006, denegada por la justicia mexicana, lo fue también, por ejemplo, por la justicia internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de la revista mexicana luego de que el gobierno mexicano infiltró a un comisionado afín a Calderón (Proceso 1828).
10. El fallo de la SCJN contra La Jornada no lo es por tanto sólo contra un diario y contra el derecho de los lectores a estar informados, sino contra el pueblo mexicano, cuyas garantías fundamentales le están siendo suprimidas por el poder de los grupos oligárquicos, por lo que el clamor de ¡Ya basta! va hoy no sólo contra el gobierno antinacional y entreguista sino contra esa Suprema Corte cuyos ministros indignos parecen empeñados en colaborar con él destruyendo la Constitución de 1917 y su legado histórico.
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La Jornada
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jueves, 24 de noviembre de 2011

Arturo Zaldivar, Luis Navarro y Enrique Krauze con Aristegui... La Suprema Legalizó la Calumnia...

Arturo Zaldivar, ministro de la SCJN con Aristegui
jueves 24 de noviembre de 2011
En entrevista con Carmen Aristegui comentó  la resolución de la SCJN que negó el amparo por la sentencia dictada que absolvió el delito de daño moral por la publicación de un artículo titulado "Cómplices del terror" en la revista Letras Libres en contra de La Jornada.

Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de La Jornada y Enrique Krauze, director de Letras Libres

jueves 24 de noviembre de 2011
En entrevista con Carmen Aristegui hablaron sobre la resolución de la SCJN por un artículo publicado en Letras Libres en el que acusaban a La Jornada de ser simpatizantes del grupo terrorista ETA. Luis Hernández indicó que Letras Libres en 2004 acusó sin pruebas a La Jornada. Por su parte, Enrique Krauze señaló que el artículo publicado señalaba simpatia con ETA. Dijo que la resolución es un avance para la libertad de expresión.

MVS
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Harakiri de la Suprema Corta de Justicia...


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La Suprema Corta de Justicia Volvió a las Andadas...

Se impuso la ley de la selva
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Ayer, cuatro de los cinco integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron el proyecto de resolución elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea que otorga una exoneración definitiva a la revista Letras Libres, a la que La Jornada demandó en 2004 por publicar un artículo en el que, faltando a la verdad, acusó a nuestro diario de ser cómplice del terror y de estar al servicio de asesinos hipernacionalistas. Culminó así un largo proceso legal que recorrió instancias y amparos de ambas partes, y que en su desenlace, lejos de sentar límites claros entre el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de terceros a la honra y el buen nombre, pervirtió los términos del debate público, estableció inmunidades de hecho, legitimó la mentira y legalizó la calumnia.
En efecto, al contraponer libertad de expresión y derecho al honor y a la reputación, la resolución señalada –y finalmente aprobada con los votos de los ministros Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo, además del ponente, y con la oposición de Guillermo Ortiz Mayagoitia– incurre en el absurdo jurídico de establecer un derecho prácticamente absoluto, el de la libre expresión, en detrimento de otros.
Es importante señalar que en el debate público que acompañó a la culminación del proceso legal se llegó a afirmar que La Jornada pretendía coartar la libre expresión o, peor aún, censurarla, lo cual es palmariamente falso: este diario acudió a la justicia –infructuosamente, a la postre– para pedir una resolución que ordenara a la publicación difamadora la presentación de pruebas de sus acusaciones o, en ausencia de ellas, una retractación formal de los infundios.
El fallo comentado consuma, pues, una injusticia contra este diario, difamado con impunidad en las páginas de Letras Libres, pero también, y lo más preocupante, abre la puerta a una severa degradación de la vida política, social e informativa del país, precisamente en vísperas de las campañas con miras a la elección presidencial del año entrante.
Con el precedente de la sentencia aprobada ayer por el máximo tribunal del país, cualquier medio podrá decir prácticamente cualquier cosa de cualquier persona de relevancia pública; los famosos de cualquier ámbito podrán cubrirse de lodo entre ellos, y los medios informativos podrán acusarse mutuamente de delitos graves –el de complicidad con el terrorismo, por ejemplo–, sin que el sistema de impartición de justicia se vea compelido a intervenir. Por añadidura, las corporaciones mediáticas, las revistas y los diarios tendrán manga ancha para recurrir a la injuria contra sus competidores comerciales.
Es difícil ver una contribución al debate público y a la democracia tan contraproducente como la referida. En un contexto semejante, posibilitado por el fallo de ayer de la SCJN, no sólo pierden la civilidad republicana, el oficio periodístico y la ética en general, sino también el público –televidentes, radioescuchas, lectores–, al cual se podrá desinformar de manera sistemática y regular sin temor a consecuencias legales.
Por otra parte, se refuerza de manera inevitable la tremenda y generalizada inequidad que caracteriza al país, el uso discrecional y faccioso de los recursos públicos, la persistencia de monopolios o duopolios y la existencia de grupos en los que se conjuntan los intereses políticos, empresariales y mediáticos, como ese del que forma parte la propia Letras Libres, en detrimento de oposiciones, movimientos sociales y proyectos informativos de carácter social, ciudadano, alternativo o comunitario.
Es difícil creer que los magistrados que aprobaron ese fallo inapelable y legal, pero impresentable, no hayan previsto semejantes implicaciones.
La Jornada podría participar en estas nuevas reglas del juego, pero no lo hará. Sin renunciar al ejercicio de la crítica, se mantendrá apegada, independientemente de las circunstancias, a los principios y valores que le dieron origen y que obligan a un ejercicio responsable y ético de la libertad de expresión.
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La Jornada
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miércoles, 23 de noviembre de 2011

La Suprema Corta de Justicia ahora contra "La Jornada"....

Arturto "Lelo y con Diarrea"

Al ministro Lelo de Larrea
Ortiz Tejeda
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La Internet es, simplemente, una maravilla. Gracias a ella, en instantes, lo podemos conocer todo: ¿Cuál es la diferencia entre el pleistoceno tarantiense y el gelasiense? ¿Cómo fue que los laboratorios Pfizer llegaron a descubrir el supermaná llamado Viagra? (es decir, viaghara, que en sánscrito quiere decir tigre, animal que aparece en las entradas de los templos con el pene erecto). ¿Qué piensan los integrantes de uno de los poderes máximos de la nación sobre los importantes asuntos sometidos a su consideración? La previa y pública exposición de criterios que hace cada uno de los señores ministros sobre los casos que le son asignados para su estudio y formulación de proyecto de sentencia, me parece espléndida. Es el breve espacio para el desahogo y último pataleo de los perdidosos de un juicio que llegó a las alturas supremas. Ya sabemos que los fallos del máximo tribunal son inapelables, que después de una sentencia de la Corte, nunca es tan cierta la afirmación de que, palo dado, ni el beato padre Maciel lo evita.
Pues gracias a la Internet me enteré del proyecto de sentencia dado a conocer por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea sobre un viejo litigio entre La Jornada y la revista Letras Libres, motivado por un artículo publicado hace ya muchos años por el entonces subdirector de la revista, un individuo apellidado García Ramírez (estoy en condiciones de afirmar que nada tiene que ver con don Sergio, de iguales apellidos, y gente no sólo de bien, sino de muy bien).
El escrito origen del conflicto no me llamó mayormente la atención, aunque me desagradan, de entrada, las denuncias y acusaciones que tienen un tufillo inconfundible de chivatería y delación. Los reclamos contra el diario eran suposiciones e implicaciones no sólo irracionales, sino plenas de inquina, mala fe y, posiblemente, de intereses de esos llamados inconfesables, calificativo ridículo. ¿Por qué se han de confesar –sin Tehuacán o picana– esos intereses?
Más allá de las invectivas al diario, lo que verdaderamente me resultaba criminal (palabrita por demás idónea) era implicar, como una suposición muy personal, al coordinador general de edición del diario, Josetxo Zaldúa, como un acelerado proetarra y afirmar que La Jornada era “una variante escrita de la lucha escrita contra la ley. La Jornada al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas”.
Yo soy un adicto a series televisivas como The Border, Criminal Minds oCSI:NY. En todas he aprendido que quienes son acusados del delito de terrorismo pierden automáticamente las más elementales garantías individuales, que los derechos humanos esenciales y la protección de las diez primeras enmiendas de la Constitución estadunidense, conocidas como La Carta de los Derechos, se evaporan de golpe. La presunción de inocencia se transforma en lo contrario y el acusado de terrorismo tiene que comprobar a cabalidad su no culpabilidad o se hace acreedor, legalmente, a toda clase de castigos, vejaciones y aun torturas.Remember Guantánamo o Abu Ghraib.
La perversa y jamás comprobada denuncia no sólo manchó la libertad de las letras e infamó a la comunidad de trabajo que constituye La Jornada, sino que, impune e irresponsablemente, formuló una delación que pudo tener graves consecuencias. García, impunemente, chivateó, dio el soplo, señaló el blanco. ¿Habrá habido recompensa?
Pero ese asunto no es mi tema, sino el proyecto de sentencia elaborado por el señor magistrado Lelo, a quien le correspondió estudiar este caso.
Yo no he leído muchos documentos de este tipo, razón por la cual puedo estar equivocado de cabo a rabo, pero ciertamente los argumentos del señor ministro y su forma de expresarlos me anonadaron. Citaré algunos ejemplos:
1. El ponente establece que no son condenables las afirmaciones del señor García, entre otras cosas porque La Jornada cuenta con los medios idóneos para replicar las expresiones que le resulten contrarias. ¡Échate esa! O séase que si un sujeto me acusa falsamente de alguna falta, me gritonea e insulta y ante la agresión lo hago comparecer ante la barandilla de la más cercana delegación y me toca la suerte que el turno lo esté cubriendo el juez Lelo de L, éste me puede mandar al diablo y decirme que yo cuento con medios idóneos para responder los agravios ¿o qué no tengo cuerdas vocales, qué no me sé alguna retahíla de buenos improperios para defenderme? Para qué molesto a la autoridad y más aún si soy de Alvarado o gané algún concurso de oratoria.
2. El ponente afirma que, ciertamente, los términos empleados en el artículo (del señor García) pueden molestar a la quejosa, pero este factor, desde la perspectiva del carácter presuntamente injurioso, no es lo suficientemente insultante o desproporcionado. Algunas preguntitas al ponente: a) ¿Qué tanto es tantito? b) ¿Considera que too much is enough? c) ¿Cómo se llama el instrumento o el sistema empleado para valorar si un insulto, difamación o calumnia es suficiente y desproporcionado? ch) ¿Es usted sostenedor de las tesis del vaso medio lleno, acepta la posibilidad de un embarazo insuficiente o una virginidad desproporcionada? Y, finalmente: si alguien escribe que las tesis que fundamentan el proyecto de sentencia de un ministro son una variante de las actividades delictivas del narcotráfico y que supuesta, presuntamente, es el enclave dentro de la Suprema de un grupo de hipernarcos internacionales, ¿consideraría que la temeraria afirmación, si se dio en el contexto de un debate periodístico, goza de un fuerte excluyente de responsabilidad?
3. La terminología jurídica fue brutalmente desplazada por la gastronómica y la legislación vigente por el Manual de Urbanidad del maestro Carreño. Dice el señor ministro que: “la nota (del señor García) utiliza expresiones desabridas y de mal gusto (¿habrán sido las proyectistas del ponente la señora Cony Delantal o la bellísima Martha Chapa?), que evidentemente podían molestar, chocar, perturbar aLa Jornada”. Tan propio el señor ministro: no, las expresiones no perturbaron al diario, simple y llanamente lo encabronaron.
4. El ministro se contradice: por una parte señala que el tono excesivo de la columna Cómplices del terror, es una mera suposición, pero en el mismo párrafo concede: “resulta evidente la exageración utilizada en el texto, especialmente al concluir que la línea editorial de la quejosa equivalía a ponerla ‘al servicio de asesinos hipernacionalistas’”. Y luego, con una finísima sensibilidad, concluye: “la cual podría (la exageración) resultar sumamente desagradable. Piel hipersuave que les da por tener a algunos. ¿Verdad, inolvidable Truffaut?
5. Continúa el licenciado Lelo afirmando que, pese a lo anterior: el tono empleado se encuentra justificado por su propósito de causar impacto entre los lectores. Como dijo la chilenita Mona Bell: ya lo sabía, ya lo sabía. El fin justifica los medios. Ahora el señor ministro se quita su gorra de chef y se acomoda la del publicista Alazraki. El impacto (el rating), no la legalidad, no la verdad de la acusación, no la certeza, es lo que justifica el tono empleado.
Además, el ministro juzga que es necesario considerar el contexto de debate periodístico en el que el uso de la hipérbole es un recurso frecuente entre los profesionales del periodismo. Dado que la hipérbole es una figura retórica, una descripción que presenta las cosas, más graves e importantes de lo que son (así lo dice María Moliner, no yo), el ponente ya se llevó al baile a todo el gremio por su, según él, consuetudinaria tendencia a la exageración y el amarillismo.
6. Finalmente, asegura que los comentarios severamente críticos (del señor García), fueron proporcionales al grado de indignación por los asuntos alegados. ¡Qué desperdicio de juzgador estamos cometiendo! ¿Por qué no estarán en su agenda los casos de Pasta de Conchos, de la guardería ABC, de los miles delevantados, desaparecidos, asesinados, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de los rechazados en las universidades e instituciones de educación superior, de los millares de desempleados, de los millares de obligados migrantes, de los millares de mujeres victimadas por el solo hecho de serlo, de los millares deninis que presagian que nuestro futuro se está convirtiendo en fatalidad?
7. Solamente una pequeña sugerencia, señor ministro: no confundamos la justa indignación con la farsa y la trapacería.
8. Por lo que sé de usted, aún confío.

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La Jornada
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¡¡¡ Hay te hablan Letrinas Libres !!!


RAYUELA

“La libertad de expresión no es derecho a mentir. 
La libertad de expresión no es sinónimo de difamación y calumnia.
La libertad de expresión no es derecho a desdibujar, alterar o maquillar la realidad.
La libertad de expresión no es derecho a confundir a la audiencia.
La libertad de expresión no es el avasallamiento de los otros derechos humanos.
La libertad de expresión no es sustitución de los tribunales.
La libertad de expresión no es el derecho a crear nuevas inquisiciones.”               
Jorge Carpizo,
Temas constitucionales.

lunes, 21 de noviembre de 2011

La Cadena Perpetua No es la Solución... el Trabajo sí...


Cadena perpetua
Bernardo Bátiz V.
E
l sistema, esa entelequia que conduce los destinos del Estado mexicano formado por PRI y PAN y por algo más que esos partidos, como no quiere o no puede hacer algo eficaz contra la delincuencia, que él mismo prohijó y luego soltó como un azote contra del pueblo para aparentar que algo hace, reforma leyes que no han servido de mucho, pero que le dan breves momentos de reflectores mediáticos y tranquilizan un poco a los más atemorizados, aunque también por poco tiempo.
La semana pasada, el Congreso del estado de México, con un solo voto en contra, aprobó la cadena perpetua para algunos delitos graves –homicidio, violación tumultuaria, feminicidio–, inscribiéndose así en un proceso que lleva ya al menos las tres últimas décadas, de aumentos a los años de cárcel, con la razón de que de esa manera se disuade a los delincuentes y los delitos disminuyen.
La verdad es que no ha sido así; no hace muchos años la pena máxima por los delitos más graves era de 30 años, después se incrementó a 40 y luego nos enteramos de casos en los que a una persona se le condenaba a 70, 80 o más años de prisión –sin duda, muchos más de los que lógicamente podría vivir–, sin que la delincuencia se dé por enterada. Ahora se aprueba en el estado de México la cadena perpetua, que parecía desterrada de nuestra legislación. En otros ámbitos, también por demagogia, se ha propuesto insistentemente la pena de muerte.
Esta espiral a mayores penas es irreflexiva y oportunista; no atendió ni respondió a los argumentos que en comisiones dio la diputada panista Mónica Fragoso. Ella inútilmente argumentó que los especialistas en la materia conocen muy bien que penas más altas no disuaden más y recordó, en apoyo de su posición, que se cometían menos delitos y había más seguridad cuando la pena máxima era de 30 años. Lamentablemente la posición panista en la asamblea varió en el pleno y los representantes de ese partido votaron en favor, pensando quizás que con ello quedaban bien con un sector asustadizo de la población.
Los efectos de la cadena perpetua, según los estudiosos, pueden ser varios. Uno, quizá el señalado con más insistencia, es que los reclusos condenados a penas muy largas, más allá de su expectativa de vida, son los más difíciles de controlar, no tienen ya nada que perder ni que arriesgar y se convierten en los sicarios de otros, puesto que 10, 15 o 100 años más por nuevos delitos no alteran para nada su situación.
Otro efecto es el económico: las largas condenas cuestan más al erario que otras de menos años, pero más certeras. Mark Kleiman, considerado experto en estos asuntos, opina que el riesgo alto de ser juzgado y condenado es más disuasivo que las penas elevadas; cuando hay un alto porcentaje de posibilidades de nunca ser descubierto, o bien, de ser puesto ante un juez y salir absuelto por fallas en el proceso, por corrupción o por incompetencia de los acusadores, el delincuente se arriesga independientemente de lo elevado de la pena. Se ha optado por el camino fácil de aumentar penas sin pensar en mejorar a fondo sistemas de investigación y procesos judiciales; la apuesta ha sido a un sistema policiaco con muchos tintes inquisitoriales.
Dejo al final el argumento fundamental contra la cadena perpetua: su inconstitucionalidad. En efecto, el fin del sistema penal de acuerdo con nuestra ley fundamental es la readaptación de los delincuentes a la vida social; nuestra Constitución no acepta ni la venganza privada ni la venganza pública. Su propuesta es distinta: procura el rescate de quienes han cometido los delitos, parte del principio de que todo mundo, aun los peores delincuentes, pueden regenerarse.
El artículo 18 de la Constitución, en su párrafo segundo, afirma: Los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente.
Quienes optan, por las razones que sean, por una sanción en la que la readaptación social del delincuente se hace imposible, desconocen y vulneran el precepto constitucional citado o bien no lo consideran adecuado o actual, pero no se atreven a proponer su modificación o su derogación. Prefieren, como el sistema lo ha hecho en otros campos de la legislación, modificar principios constitucionales a través de leyes ordinarias.
Aun cuando parezca reiterativo, es necesario insistir en que para combatir la inseguridad y la delincuencia deben suprimirse las causas profundas que producen los delitos y que generalmente son de carácter social; no habrá amenaza de cárcel o de muerte que valga, no bastarán más policías o soldados persiguiendo a los delincuentes, ni armas más sofisticadas ni cárceles de alta seguridad, si no se combaten la pobreza, la marginación, la desinformación y la injusticia.

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sábado, 19 de noviembre de 2011

En el Caso Radilla el FecalRón se hace guey...


Exigen que el presidente Calderón encabece una nueva ceremonia
La familia Radilla pide a la CIDH desconocer acto de desagravio
Condiciona el Estado entrega de la indemnización a juicio sucesorio
Sábado 19 de noviembre de 2011, p. 14
La familia Radilla solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que desconozca el acto de desagravio realizado el jueves pasado en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, en el que el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en la desaparición forzada de Rosendo Radilla, toda vez que éste se llevó a cabo sin la presencia de los familiares de la víctima.
En conferencia de prensa realizada en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), señaló que no se puede dar por cumplido ese punto de la sentencia, pues en la misma se establece que dicho reconocimiento se debe realizar en presencia de los familiares del agraviado.
En ese sentido, Tita Radilla Mendoza, hija de Rosendo, dijo que el nuevo acto de desagravio es necesario que sea encabezado por el presidente, Felipe Calderón, como principal responsable del Estado mexicano, así como por el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.
Agregó que con el acto realizado el pasado jueves y que encabezó el todavía encargado de despacho de la Secretaría de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez, el gobierno federal hace como que cumple con la sentencia de la CIDH, pero no lo consideramos válido porque no estuvimos de acuerdo en que se realizara así como se hizo.
Por este motivo y en calidad de representante de los agraviados, explicó Gutiérrez Contreras, la CMDPDH envió un escrito a la Corte en el que le pide que ordene al gobierno mexicano que vuelva a realizar el acto, pero esta vez en consenso con la familia Radilla.
El gobierno federal está incurriendo en omisión y quizá vulnere algún ordenamiento legal en tanto que está incumpliendo abiertamente la resolución de la Corte Interamericana, pues recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es obligatorio cumplir con las sentencias del organismo internacional.
Rosendo Radilla Martínez (izquierda), uno de los 12 hijos del activista desaparecido el 25 de agosto de 1974  Foto Pedro Pardo
Por eso, además de la petición a la CIDH, añadió, en los próximos días se interpondrá un amparo contra las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, por la omisión de las autoridades para garantizar el respeto a las garantías fundamentales de la familia Radilla, con el propósito de que la autoridad judicial ordene también que se realice de nueva cuenta el acto de desagravio.
En la conferencia también participó el ex relator del grupo de trabajo de desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas y actual consejero de la CDHDF, quien señaló que es posible y viable que se vuelva a repetir el acto, aunque, dijo no veo voluntad política.
Asimismo, Juan Carlos Gutiérrez, señaló que ésta no ha sido la única afrenta a los familiares de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974, pues para el pago de la reparación del daño, también ordenada en la misma sentencia, se les está pidiendo que inicien un proceso judicial ante un juez al que deben notificar que Rosendo Radilla se encuentra desaparecido o muerto por desaparición, para posteriormente iniciar un juicio sucesorio para que les entreguen el dinero, proceso que puede tardar hasta tres años.
Ahí se demuestra la mala fe del gobierno mexicano, dijo, cuando se obliga a los familiares a ir ante un juez civil, pese a que el Congreso de la Unión ya aprobó 36 millones de pesos para la reparación del daño a Rosendo Radilla, por lo que advirtió que no iniciarán ningún proceso judicial para tal efecto, pues la sentencia de la CIDH establece que la reparación del daño se debe hacer sin ningún tipo de condicionante.

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