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Un artículo de Jorge Carrasco Araizaga y Anne Marie Mergier
Después de que la televisión francesa transmitiera el documental Florence Cassez, el último recurso, con testimonios que contradicen la acusación de la Secretaría de Seguridad Pública, uno de sus declarantes, el abogado Pedro Arellano, fue destituido el 28 de noviembre como secretario adjunto de la Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Entrevistado por Proceso, Arellano relata cómo investigó el caso a petición de la familia Cassez y ofreció sus conclusiones como ayuda al Séptimo Tribunal Colegiado del Distrito Federal; resultados que no fueron tomados en cuenta pero que disgustaron al gobierno, específicamente al entorno de Genaro García Luna, y a la jerarquía católica de México.
MÉXICO/PARÍS.-
El equipo legal de la Iglesia católica mexicana que impugnó ante el Poder Judicial de la Federación las pruebas con las que el gobierno de Felipe Calderón acusa de secuestro a Florence Cassez recibió un golpe importante: el abogado Pedro Arellano Aguilar fue removido el pasado 28 de noviembre como secretario adjunto de la Pastoral Social –una de las ocho divisiones de la Conferencia del Episcopado Mexicano– a consecuencia de un documental transmitido hace tres semanas por la televisión francesa.
En ese programa Arellano cuestiona “la fabricación” de pruebas para acusar y condenar a Cassez a 60 años de cárcel, conclusión a la que llegó después de una investigación de medio año.
El litigante aún está al frente de la Pastoral Penitenciaria, pero al salir de la Secretaría Adjunta dejará de representar a la Pastoral Social ante organismos nacionales e internacionales. La Pastoral Social tiene un gran peso en la relación de la Iglesia católica mexicana con la población vulnerable, como indígenas, migrantes y presos.
Su salida fue confirmada el mismo día 28 por el padre Hugo Valdemar, director de Comunicación Social de la Arquidiócesis Primada de México, que en declaraciones citadas por la agencia France Presse (AFP) aseguró que “el cambio en la Pastoral Social no tiene nada que ver con el reporte (de Arellano) sobre Florence Cassez”.
Sin embargo Valdemar, también enlace institucional de la arquidiócesis con el gobierno federal, indicó: “Tenemos divergencias sobre ese reporte que exculpa a Cassez. No es de nuestra competencia, de nuestra iglesia, decir si alguien es culpable; eso depende de las autoridades”.
De acuerdo con el servicio en francés de AFP, el vocero aseguró que el reporte “no representa la opinión de la Comisión del Episcopado”, sino que es producto de una “comisión independiente”.
Pedro Arellano responde: “Yo no sé si el padre conoce nuestra investigación. Es el vocero de la Arquidiócesis de la Ciudad de México y es natural que no la conozca porque lo que hicimos fue a nivel episcopal, a nivel nacional”.
Según los litigantes consultados, Hugo Valdemar tiene como abogado a Marcos Castillejos, cuñado de Luis Cárdenas Palomino, actual responsable de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (cercano al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna) y quien en 2005 participó en la detención de Cassez. Hasta el cierre de esta edición, el sacerdote no respondió a las llamadas de Proceso.
Arellano, quien por más de 30 años trabajó en reclusorios, se involucró durante 2010 en la defensa de Cassez a solicitud de los padres de la francesa. Actuó con el consentimiento del obispo presidente de la Pastoral Social, el obispo de Nuevo León, Gustavo Rodríguez Vega, y del entonces secretario ejecutivo de la pastoral, el padre Armando Flores Navarro, actual rector del Colegio Mexicano en Roma.
“Vino la mamá y nos entregó una carta, firmada también por el papá, para pedir nuestra intervención. Pero también lo hicimos porque (la solicitud) fue aceptada por la comisión asesora de la Pastoral Penitenciaria, integrada por expertos, entre ellos jueces y magistrados católicos que dentro de su profesión realizan un apostolado ayudándonos en casos”, dice Arellano en entrevista, un día después de su destitución.
Integrado a la Pastoral Penitenciaria desde el año 2000, el litigante ha participado en la preliberación o liberación de 17 mil 800 personas. “Creemos que la gente tiene derecho a una segunda oportunidad, máxime cuando las circunstancias no son de todo claras”, explica.
Detenida hace seis años, el 8 de diciembre de 2005, por García Luna, entonces director la Agencia Federal de Investigación (AFI), Cassez permanece presa en el Centro de Readaptación Femenil de Tepepan, en la Ciudad de México, acusada de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas.
“El asunto de Florence Cassez nos pareció importante porque es el de miles de personas que están en prisión y que son víctimas de la fabricación de pruebas –añade Arellano–. Apoyarla es apoyar a muchas personas. En este caso, por los antecedentes, ya sabíamos de qué se trataba, que era un caso relevante.”
La Pastoral Penitenciaria reunió a 27 especialistas. No fue un grupo eclesiástico, sino de expertos, en el cual participaron jueces y magistrados en activo, expolicías y peritos. Se dividieron en tres equipos de trabajo: jurídico, criminológico y criminalístico.
Los tres llegaron a conclusiones similares: no hubo elementos suficientes para consignar, no hubo un debido proceso y no se identificó un perfil criminal de Cassez como jefa o integrante de una banda de delincuencia organizada, señala Arellano, quien coordinó la investigación pero nunca se ha reunido con la acusada.
La investigación duró casi medio año y no estuvo exenta de presiones contra sus integrantes, a quienes dos veces les robaron su equipo de cómputo. También sufrieron amenazas y agresiones.
Los resultados se entregaron en enero de este año al Séptimo Tribunal Colegiado del Distrito Federal en forma de una opinión conocida como amicus curiae (amigos de la Corte). Pero esta documentación fue desechada un mes después, cuando esa instancia fijó en 60 años la pena contra Cassez por los tres delitos que le enfiló García Luna.
El tribunal resolvió conforme a “la prueba circunstancial” y no a partir de pruebas concretas, dice Arellano, convencido de que se trata de “un caso político y no jurídico”. Pero incluso, añade, “el argumento de la prueba circunstancial sólo fue un ganchito de los magistrados para agarrarse y justificar su decisión”.
“De una mentira salió todo esto”
Extrañado por su salida de la Pastoral Social –“no dijimos nada que no haya dicho la defensa”, dice–, Arellano afirma que su estudio jurídico se centró en la jurisprudencia contra la falsedad de los testigos.
Además, la jerarquía católica mexicana supo en todo momento que la Pastoral Penitenciaria realizaba esa investigación, incluso antes de la alegada solicitud del Vaticano para indagar el caso.
“Yo no sé si hubo esa solicitud. De todas maneras, cualquier investigación que ordenara el Vaticano vendría a la Pastoral Penitenciaria. En este caso, nosotros empezamos antes, y después nos enteramos que al parecer había esa solicitud, de lo cual no nos consta, pero al parecer fue de otro nivel. Nosotros ya estábamos haciendo nuestra investigación”, dice el abogado, hijo de un fundador del PAN, Pedro Arellano Torres, fallecido el mes pasado.
En conversación con la corresponsal Anne Marie Mergier, los padres de Florence, Bernard y Charlotte Cassez, expresaron su preocupación por las sanciones contra Arellano. Recordaron que tuvieron dos entrevistas con monseñor Laurent Ulrich, arzobispo de la ciudad de Lille, cerca de la cual viven.
En esos encuentros le pidieron que hiciera “lo imposible al más alto nivel” para salvar a su hija. Por su lado, Florence Cassez mandó dos cartas al Papa Benedicto XVI para pedirle su ayuda: una en 2009 y la otra en 2010. Los padres de la reclusa no descartan que el Vaticano le haya pedido a la Iglesia mexicana llevar a cabo una investigación, aunque nunca se les notificó oficialmente que la máxima instancia católica hubiera tomado tal iniciativa.
Arellano asegura que los obispos mexicanos sabían de su labor: “Informamos periódicamente de nuestras actividades. Han depositado la confianza para que tengamos la libertad de investigar y de dar estas opiniones. En este caso también sabían de la investigación, pero no conocían el contenido. Lo entregamos a las autoridades y ahí pensamos que terminaba nuestro trabajo. Además, no era el primer amicus curiae que presentábamos”.
La existencia de la investigación se hizo pública el 15 de noviembre, cuando el Canal 5 de Francia difundió el episodio Florence Cassez, el último recurso dentro del programa Le Monde en Face (El mundo de frente). Ese canal estatal francés, especializado en cultura y educación, presenta documentales, debates sobre temas políticos y de sociedad, así como reportajes de fondo.
El documental dura 52 minutos y es una coproducción de la reconocida productora francesa Cineteve y de Crea-TV, cuyo dueño –el productor, guionista y realizador de documentales Othello Khanh– tiene la doble nacionalidad francesa y vietnamita. La sede de Crea-TV está en la ciudad de Ho Chi Minh. En 1994, Khanh realizó el documental Corridos sin rostro, sobre el subcomandante Marcos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El documental sobre Cassez lo hizo junto con Patrice Du Tertre, quien desde hace varias décadas recorre el mundo reporteando para la televisión de Francia asuntos como guerras, lavado de dinero de extremistas islámicos y narcotráfico. En la investigación fueron asesorados por corresponsales franceses en México que por años han seguido el caso.
El título Florence Cassez, el último recurso alude al amparo solicitado por la acusada y que debe resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la instancia final que tiene en México para acreditar lo que su defensa alega como vicios del proceso judicial. El amparo podría desahogarse en el máximo tribunal en el curso del primer trimestre de 2012, en plena campaña electoral por la Presidencia de la República.
La primera parte del documental es un relato cronológico del caso desde la detención de Cassez el 8 de diciembre de 2005 y la “escenificación” de su aprehensión el día siguiente, ante las cámaras de Televisa y TV Azteca. Khanh y Du Tertre subrayan las múltiples incoherencias y “aberraciones” del expediente. Entrevistan a testigos que nunca fueron tomados en cuenta por los jueces y magistrados mexicanos y dan la palabra a periodistas, abogados y expertos.
Según explicó Khanh a la corresponsal, en vano solicitaron entrevistas a altos mandos políticos, policiacos y de la justicia mexicana. Precisó: “Sólo aceptó hablar con nosotros María Elena Morera, quien encabeza la asociación Causa Común. Se mostró tan incondicional de Genaro García Luna que la presentamos como una especie de vocera oficial”.
El documental fue objeto de una amplia promoción antes de que se transmitiera el 15 de noviembre a las 20:30, el horario de mayor audiencia en el Canal 5. Días antes, el 3 de ese mes, sus productores organizaron una proyección privada en Radio France, sede de la Radio y la Televisión estatal de Francia, ante un centenar de espectadores.
La versión que presentaron esa noche es diferente de la que pasó el Canal 5. La principal modificación concierne a uno de los principales entrevistados. En la primera versión, de la que Proceso obtuvo una copia, el testigo se expresa abiertamente; en la segunda aparece con el rostro borroso, la voz cambiada y sin nombre ni apellido.
En esa última versión se oye en la voz de Patrice Du Tertre: “Tuvimos una entrevista filmada con un francés que lleva varias décadas viviendo en México. Está considerado como el mejor especialista del caso Cassez. Por miedo a represalias, unos días antes de la difusión del documental pidió no ser identificado”.
Las declaraciones de ese testigo son demoledoras para Eduardo Margolis, empresario supuestamente cercano a García Luna y exsocio de Sébastien Cassez, hermano de Florence:
“Cuando uno encuentra a Margolis y platica tres horas con él, uno sale de esa conversación con la impresión de que es un hombre peligroso. Es un hombre que pertenece a servicios paralelos, es un hombre que seguramente dispone de una pequeña fuerza paramilitar encargada de ayudar a resolver problemas de secuestros o de recuperar gente secuestrada.
“Es el protector de la comunidad judía de Polanco –se trata de una colonia muy rica en la que viven industriales de la rama textil, comerciantes, etcétera–. Esa comunidad es víctima de los secuestradores.
“Sabemos, según él mismo nos lo dijo, que dispone de equipos de vigilancia. Habría pertenecido o pertenece al Mossad (el servicio de inteligencia de Israel). Es alguien que hace trabajos de inteligencia, tiene sistemas de escucha telefónica y además tiene acceso directo a García Luna porque vende oficialmente armas al general X. Por lo tanto se sabe que todos los días tiene contactos con esa gente. Se trata de un hombre intocable que puede pedir un favor a cambio de otro.”
Más adelante, el mismo testigo asegura que en el trabajo que hizo la Pastoral Penitenciaria “encontramos elementos muy perturbadores. Por ejemplo, una de las personas que fue secuestrada con su hijo, Cristina, fue ama de llaves; es decir, empleada de servicio, del señor Margolis”.
Según la acusación de García Luna, Cristina Ríos Valladares y su hijo menor de edad fueron secuestrados por la banda Los Zodiacos, de la que –según el mismo documento– forma parte Cassez y cuyo mando se le atribuye a su exnovio Israel Vallarta.
La intervención de Pedro Arellano es mucho más breve en la segunda versión del documental, pero no deja de ser impactante. A diferencia del otro testigo, Arellano se muestra abiertamente ante la cámara.
Explica la voz de Patrice Du Tertre: “El Vaticano, conmovido por el caso de Florence Cassez, pidió a la Iglesia católica mexicana que llevara su propia investigación. Pedro Arellano, el hombre clave de esa investigación, es abogado y secretario de una asociación católica encargada de atender a los presos injustamente condenados.
“Durante seis meses dirigió un equipo de 27 investigadores para elaborar un informe sobre la inocencia o la culpabilidad de Florence Cassez.
“Pedro Arellano nos hace una señal y nos pide seguirlo. Nos lleva a la sede de su asociación, ubicada no muy lejos de la catedral… Les teme particularmente a los hombres que detuvieron a Florence Cassez y a su jefe. Angustiado, decide sin embargo dar la cara para testimoniar.”
Habla, entonces, Pedro Arellano:
“Para nosotros es importante también porque se vuelve un caso emblemático, ya que si se esclarece la verdad en el caso de Florence y si se logra reconocer su inocencia y dejarla en libertad, para nosotros como Iglesia de México sería muy bueno porque podríamos luchar por otras Florence que están también en reclusión y por otros que desgraciadamente también fueron encarcelados a partir de pruebas fabricadas. El origen de las pruebas falseadas de Florence es gubernamental.”
Interviene otra vez Du Tertre: “Le planteamos la pregunta esencial: ¿En su informe queda notificado que Cristina hubiera sido ama de llaves de Eduardo Margolis?”.
Contesta Pedro Arellano: “Hay algo que debo decirles: desde el panteón o desde el hospital no voy a poder ayudar a Florence”.
El abogado esboza una sonrisa crispada. Luego se tapa el rostro con la mano derecha y se queda así unos instantes. Finalmente agacha la cabeza, su barbilla reposa sobre su puño derecho. La cámara no se mueve. Arellano tampoco.
Entrevistado por Proceso en su oficina el martes 29 de noviembre, el abogado explica: “A veces no nos fijamos en el contenido, sino en quién lo dice. Así pasó en este caso. Se sorprendieron de que la Iglesia dijera algunas cosas. En otros casos nos hemos metido más, pero tal vez por las personas que están atrás o porque este asunto tiene una cuestión internacional, se agranda”.
Indica: “Nuestro trabajo es ayudar a que se esclarezca la verdad. No somos jueces ni metemos a nadie a la cárcel ni los sacamos; simplemente ayudamos a dar los elementos que permite la ley para generar al menos la duda razonable, que siempre opera a favor del reo.
“Es sabido el modus operandi de nuestras autoridades de procuración de justicia. Ya no investigan, sino que atrapan al primero que pueden. Lo presentan ante los medios de comunicación y muchos de éstos se prestan para exhibir a estas personas, y ya una vez sentenciadas por la opinión pública, hasta entonces son consignadas a un juzgado. Ya con ese juicio mediático, ¡qué juez va a declararlas inocentes!”
Enfatiza: “En este caso, de una mentira se generó todo esto y ahorita quién lo para. Si en este momento se da marcha atrás, se tuvieran los videos completos, todos los testimonios y se diera el reconocimiento de inocencia a Florence Cassez, ¿cuántas personas de los que están ahora como paladines de la justicia se irían a la cárcel?”.
Sobre su futuro en el Episcopado Mexicano, dice: “Ayer me informaron que va a estar el padre Óscar Arias al frente de la Secretaría Adjunta de la Pastoral Social y que yo sigo al frente de la Pastoral Penitenciaria. En teoría, mi nombramiento en esta otra instancia termina en noviembre de 2012. Pero no estoy seguro de lo que vaya a pasar”
Gracias a Pedro Arellano y a su equipo de investigadores profesionales
MPF
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