¡Ya estamos hasta la MADRE de tanta CENSURA...  Di No a la Censura...

jueves, 31 de mayo de 2007

Soberanes: El gordito de la triste figura...

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La razón de la existencia de lo que sin razón existe, ese es soberanes que sin razón existe. Bueno, en el caso de que se le considere como un tapetito de fecal, tons si hay razón.

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¿Ombuds... qué?

La Jornada
jueves 31 de mayo de 2007
Octavio Rodríguez Araujo

No estoy seguro de que el mundo esté al revés, pero México sí. Algo que ya debe ser motivo de risa en otros países, especialmente en Suecia, donde se creó la figura del ombudsman, es el papel del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el supuesto defensor del pueblo mexicano. Cualquier jurista (salvo Soberanes) pensará, con lo que ha ocurrido, que en nuestro país existen dos abogados de la nación: el procurador general de la República y el presidente de la CNDH. En esto, hay que reconocerlo, somos muy originales. ¿Estoy exagerando?

En el caso de Zongolica, José Luis Soberanes y su segunda visitadora general de apellido Pedroza de la Llave usurparon la función del Ministerio Público al dictaminar sobre la muerte de Ernestina Ascensión. En el caso de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, el mismo Soberanes presentó una controversia constitucional sobre lo aprobado por los legisladores locales, argumentando que no era un cuestionamiento moral, sino de técnica y consistencias jurídicas. En paralelo, la Procuraduría General de la República hizo lo mismo, con semejantes argumentos, sólo semejantes.

El ombudsman mexicano, como en otros países donde no se confunde Estado con gobierno, debería de ser un funcionario del Estado, no del gobierno. El procurador general es funcionario de gobierno y su papel es investigar ilícitos, dictaminar si hay causa que perseguir y presentarlos al Poder Judicial en sus diversos niveles. Sin embargo, en México los dos son funcionarios del gobierno que, para colmo, es de dudosa legitimidad, en realidad impuesto. José Luis Soberanes, doctor en derecho, debería renunciar a su cargo, aunque sea por dos razones principales: porque se ha puesto al servicio de Calderón Hinojosa y porque ha usurpado funciones que no le corresponden.

¿Qué ha dicho Soberanes, defensor del pueblo y ahora de la constitucionalidad, sobre los retenes militares y policiacos que violan el artículo 16 constitucional? Nada, como si no existieran o como si aceptara, puesto que Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, que estamos en guerra y que por lo tanto han quedado suspendidas las garantías individuales. Pero el presidente de la CNDH y ministerio público (con minúsculas en este caso) no es el único irresponsable. ¿Qué ha dicho el Congreso de la Unión sobre esos retenes violatorios de la Constitución? Nada. ¿Y el Estado de derecho? ¿Cuál?

Vamos de mal en peor. El comandante general de las fuerzas armadas ha lanzado a éstas en contra de los narcotraficantes. ¿Cuántos han sido detenidos y cuántos policías han muerto sin tener vela en el entierro? ¿Cuántos otros ciudadanos han muerto y morirán en esta guerra absurda contra un enemigo que todos los días hace alarde de su fuerza sin ver realmente menguadas sus filas clandestinas y criminales? ¿Quién ganará, y a qué costo? ¿Y qué ha dicho al respecto nuestro flamante ombudsman? Bueno sería que nos explicara cuáles son nuestros derechos en esta escalada militar de pronósticos imprevisibles y que ya está vulnerando a la Constitución y pervirtiendo el papel del Ejército, por lo menos ante la opinión pública.

El Partido Acción Nacional, o más bien los panistas, son un verdadero peligro para México. Han logrado desprestigiar al Instituto Federal Electoral, al Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación (sobre todo con Mariano Azuela Güitrón), ahora a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y buscándole, encontraríamos a más instituciones. Y así las instituciones servirán de poca cosa y si éstas no sirven, ¿qué diremos de quienes se ostentan como gobierno? Ya el humor popular dice que el Melate ha llegado a más de 400 millones porque el ganador necesita 500 millones y que debe ser pariente de Calderón o de su esposa. Algunos dicen que Hildebrando los necesita para resarcirse de los quebrantos que sufrió el año pasado. ¿Qué vamos a hacer los mexicanos si nos quitan la esperanza en el Melate o en la Lotería Nacional? Un país sin instituciones creíbles y ejemplares es un país sin gobierno o una dictadura. Y, aunque espurio, todos queremos tener gobierno (de preferencia democrático y realmente representativo), que las instituciones sirvan a la sociedad, que haya a quién recurrir cuando nuestros derechos sean vulnerados y que las leyes se respeten. Para todo esto se creó la figura del ombudsman, para que represente los intereses de los ciudadanos contra los abusos de las autoridades gubernamentales, para hacer valer las instituciones y para que éstas sirvan al pueblo.

Entre las facultades de la CNDH está la de conocer y seguir de oficio las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades. No lo hace, ¿y los y las vocales de la Comisión, algunos muy queridos y respetados amigos, qué dicen, o no tienen la función de decir algo al respecto?

lunes, 28 de mayo de 2007

El Latín es un Lengua Elitista...

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Al papito que soba perberto, le importa una fregada la gente común, lo demuestra un vez más buscando que sus ritos sean en latín. Pos si apenas estamos aprendiendo a hablar en español, cuando que ahora quieren que los oigamos en Latín. ¿Que tiznadera es esa...?
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El papa autoriza y promueve liturgia antigua para la misa

27/05/2007 - 17:23

IBLNEWS, AGENCIAS

El papa autoriza y promueve liturgia antigua para la misa

Fue una de las reformas más radicales que surgió del Concilio Vaticano Segundo: la misa, núcleo del culto católico, sería celebrada en los idiomas vernáculos en vez del latín.

Ahora, poco más de una generación después, el papa Benedicto XVI se apresta a revivir la misa tridentina del siglo XVI.

Al hacerlo así desoirá las objeciones de algunos cardenales, obispos y judíos, cuyas quejas abarcan desde el texto de la antigua misa hasta la simbólica desestimación del concilio de 1962-65. Muchos en la Iglesia consideran ese concilio como una reforma necesaria y un nuevo comienzo, enfoque que contrasta con el de Benedicto, que lo ve como una renovación de la tradición eclesiástica.

Un dignatario del Vaticano, el cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos, confirmó hace algunos días que el pontífice empezará a aliviar pronto las restricciones a la celebración de la misa tridentina debido a un "nuevo y renovado interés" en ella, especialmente entre los católicos más jóvenes.

En las últimas décadas, los sacerdotes sólo podían celebrar la misa tridentina con la autorización de su obispo. Los jerarcas de la Iglesia aguardan ansiosamente la decisión de Benedicto para ver cuán lejos irá en la flexibilización de esa regla.

El cardenal Castrillón desmintió que la medida representara "un paso atrás, un retroceso a la época anterior a las reformas". En cambio, dijo, es un intento por dar a los fieles mayor acceso a un "tesoro" de la Iglesia.

El Papa también actuó _según dijo el prelado a los obispos en Brasil_ para tomar contacto con un grupo ultratradicionalista y cismático, la Sociedad de San Pío X, y reintegrarlo al seno del Vaticano.

El ya fallecido arzobispo Marcel Lefebvre fundó la sociedad en 1969 en Suiza, opuesta a las reformas del Vaticano II, particularmente las litúrgicas. El Vaticano excomulgó a Lefebvre en 1988 después que consagró a cuatro obispos sin el consentimiento de Roma. Los cuatro obispos también fueron excomulgados.

Benedicto ha mostrado interés en reconciliarse con el grupo, que ha exigido un uso más flexible de la misa antigua como requisito para normalizar relaciones.

Pero obispos de la vecina Francia, donde el grupo de Lefebvre tiene fuerza, han objetado públicamente a toda liberalización del rito antiguo, aduciendo que su uso más extendido podría provocar divisiones dentro de la Iglesia y significar el rechazo de otras enseñanzas del concilio.

"Tal decisión amenaza la unidad entre los sacerdotes al igual que entre los fieles", según una declaración difundida a fines del año pasado por los obispos de Estrasburgo, Metz y Besançon.

El cardenal belga Godfried Daneels, de tendencia liberal, se hizo eco de dicha preocupación diciendo que una mayor celebración de la misa tridentina podría polarizar la Iglesia y, dependiendo de cómo se redactare el documento, conducir a la "negación" de reformas del Vaticano II como el apoyo a la libertad religiosa.

"El rito no es lo importante, sino lo que viene después", dijo Daneels a la Associated Press. "No podemos volver atrás. Vaticano II es un concilio como todos los demás".

Otras preocupaciones han sido manifestadas por grupos involucrados en el diálogo cristiano-judío debido a que el rito tridentino incluye plegarias que algunos no cristianos consideran ofensivas. Por su misma naturaleza, la liturgia tridentina precede a los documentos históricos del Vaticano II para mejorar las relaciones con los judíos y gente de otras creencias.

El rabino David Rosen, que está a cargo de las relaciones interreligiosas en el Comité Judío Americano, dijo que escribió en marzo a varios cardenales para manifestar preocupación sobre una plegaria para los "infieles" incluida en la misma, al igual que una oración utilizada durante la liturgia de Semana Santa que tenía referencias a los "pérfidos" o infieles judíos.

El cardenal Walter Kasper, a cargo de las relaciones del Vaticano con los judíos, le aseguró que el misal tridentino utilizado actualmente no contiene dicha referencia al judío "pérfido".

Pero en una carta, Kasper agregó que "no he podido obtener una respuesta clara" relativa a la oración para los infieles.

Monseñor James Moroney, experto en liturgia de la Conferencia de Obispos Católicos Estadounidenses, opinó que la medida no tendrá un impacto demasiado significativo porque afecta a muy poca gente.

Pero agregó que al resucitar y promover el rito antiguo, "por definición uno está rechazando el juicio sobre cuestiones litúrgicas del desarrollo pontífico y episcopal" de los últimos 40 años.

Pese a dichas preocupaciones, el Papa sigue adelante con el documento, aunque no se ha anunciado la fecha de su difusión.

El rito tridentino difiere significativamente de la nueva misa que surgió tras el Concilio Vaticano II.

Además de las oraciones en latín, que se diferencian de las utilizadas en la liturgia moderna, el sacerdote mira al altar, de modo que se le considera como el conductor de los fieles en la plegaria. Los feligreses no participan activamente en el servicio.

Los planes del pontífice son saludados por los católicos tradicionalistas que se mantienen todavía en buenas relaciones con el Vaticano. Estos feligreses sencillamente prefieren el servicio tridentino al moderno y su número crece, particularmente entre los jóvenes para quienes la misa antigua es realmente algo nuevo.

"No creo que el Papa esté haciendo esto si no hubiese un número creciente de personas..., un interés creciente, no solamente entre laicos sino también entre los clérigos", dijo Michael Dunnigan, titular en Estados Unidos de Una Voce, un movimiento laico internacional que busca preservar la liturgia latina.

No hay estadísticas globales sobre la participación en las misas tridentinas. Pero en Estados Unidos _donde la demanda parece mayor que en gran parte de Europa_, 105 de las 176 diócesis católicas ofrecen al menos una misa tradicional cada domingo, dijo Dunnigan.

Ginevra Crosignani, de 34 años, asiste regularmente al rito tridentino celebrado todos los domingos a las 10 de la mañana en la iglesia Gesú e María en el centro de Roma. Dice que empezó a asistir hace unos diez años y que la siente como una experiencia mucho más trascendental que los servicios modernos, que equiparó a ir a un "club nocturno" debido a la música y al papel de tipo teatral del oficiante.

"El Nuevo Orden se convirtió en una celebración social en vez de una celebración religiosa", dijo un domingo reciente.

Los servicios atraen a muchos feligreses y más de la mitad parece menor de 40 años.

"Antes, era más bien la gente de edad que se veía atraída a ese rito", dijo. "Creo que ahora los jóvenes están buscando algo, están ávidos de hallarlo y no lo encuentran en el Nuevo Orden".

En un documento de 1988, el papa Juan Pablo II instó a los obispos a conceder generosamente la autorización para celebrar el rito tridentino. Pero muchos proponentes dicen que los obispos se han mostrado renuentes, ya sea por motivos personales o por carecer de sacerdotes suficientes que supieran cómo celebrarlo.

Una Voce respondió asociándose con la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, una comunidad tradicionalista, para manejar un seminario de instrucción para sacerdotes a fin de enseñarles la misa latina. "Tenemos ahora una lista de espera", dijo Dunnigan.

Igualmente los seminarios de otra pequeña comunidad tradicionalista, el Instituto de Cristo Rey, desbordan de interesados, dijo el vicario general del instituto, monseñor R. Michael Schmitz.

"No hay ninguna escasez de vocaciones", afirmó. "Por el contrario, tenemos tantas que no podemos aceptarlos a todos".

Benedicto ha dejado en claro durante años que admira el rito tridentino y ya ha incorporado el latín a misas en la basílica de San Pedro.

domingo, 27 de mayo de 2007

¿Quien se traga las cagadas del fecal...?

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Pos si que somos idiotas al creerle al fecal y sus marranos. De entrada, toda propuesta de pan debe ser rechazada. No les doy un botón como muestra, sino todo el vestido.
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Rechazará el Congreso iniciativas del Ejecutivo en materia de seguridad: PRD

Jornada
domingo 27 de mayo de 2007

Mayor repudio tras difundirse que EU financia espionaje telefónico en México, señala

Aprobar el proyecto de Calderón propiciaría un Estado totalitario, afirma Navarrete

ANDREA BECERRIL

Los partidos políticos han presentado en la mesa para la reforma del Estado propuestas que, afirman, permitirían retirar al Ejército de la lucha contre el crimen organizado. En la imagen, patrullaje militar en Villahermosa, Tabasco, donde ha aumentado la violencia Foto: Notimex /Luis Pérez

Las reformas propuestas por el presidente Felipe Calderón en materia de seguridad pública no pasarán en el Congreso, y menos después de que se dio a conocer que Estados Unidos da financiamiento al gobierno federal para realizar espionaje telefónico, advirtieron senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

"Ahora entendemos por qué tanta prisa de Calderón y el PAN para que se aprobaran las iniciativas: es que ya tienen la tecnología para intervenir las conversaciones de los particulares y hasta sus correos electrónicos, y sólo querían que se legalizara", comentó el senador Graco Ramírez Garrido Abreu.

Por separado, el coordinador de la bancada perredista en Xicoténcatl, Carlos Navarrete, precisó que ya sólo el blanquiazul defiende las iniciativas de Calderón, porque las demás fuerzas políticas están convencidas de no aprobar normas que violan garantías individuales, pese al argumento de que servirán para combatir el crimen organizado.

Ambos legisladores se pronunciaron por investigar a fondo la información publicada en la edición de ayer de La Jornada, en la que se da cuenta de cómo el gobierno de Calderón obtuvo tecnología para aumentar su capacidad de intervenir llamadas telefónicas y revisar los correos electrónicos de cualquier ciudadano mexicano, dentro de la estrategia de seguridad intercontinental que la administración de George W. Bush impulsa.

Ramírez Garrido hizo notar que desde un principio hubo rechazo a la propuesta de cambiar leyes penales, con miras a que el Ministerio Público pueda ordenar cateos y allanamientos de domicilios, al igual que intervención de teléfonos, "con el pretexto" de crear un régimen de excepción para el crimen organizado.

"Siempre señalamos que el riesgo era generalizar esas medidas, y vemos que teníamos razón, porque a lo mejor el gobierno federal ya lleva a cabo el espionaje y sólo esperaba que le aprobáramos sus reformas, para hacerlo de manera legal", agregó.

A su vez, Navarrete aseveró que el PRD se manifestó desde el principio en contra del proyecto de Calderón, porque no puede ser que en aras de combatir a las bandas organizadas se violen derechos y garantías constitucionales.

"No compartimos que el Estado vaya sobre las garantías individuales y pretenda que le aprobemos elevar a rango legal esa violación", abundó.

El proyecto de Calderón centraliza facultades en detrimento de las entidades, y "tampoco es correcto porque propiciaríamos un Estado policía, totalitario, que persigue sobre la base de que todos somos culpables hasta no probar lo contrario".

Las iniciativas han ido perdiendo consenso, dijo. Incluso los priístas, que les dieron la bienvenida cuando llegaron al Senado, "han ido marcando distancia luego de los señalamientos de juristas, académicos y especialistas en el tema.

"Los panistas se quedaron solos; no le veo ninguna viabilidad a esas reformas, como lo demuestra el hecho que ningún partido, salvo Acción Nacional, las colocó como prioridad en su agenda legislativa, mientras que en la mesa para la reforma del Estado se presentaron otras alternativas de modificaciones en materia de seguridad pública."

De asaltos y asaltados...

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¿A donde están los pendejos diputados del prd, mientras al país lo asaltan los barones del dinero en contubernio con los prianistas? Supongo que abriendo las carteras, a ver si les cai algo de las migajas.
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Advierten diputados sobre crecimiento de la deuda: $100 mil 633 millones en un año

La Jornada
domingo 27 de mayo de 2007

La carga total del sector público suma 2 billones 437 mil mdp; 24.9% del PIB

En contraparte, el gobierno del Distrito Federal redujo su pasivos en mil 609 millones

ROBERTO GARDUÑO

El análisis a los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda del gobierno federal durante el primer trimestre del presente año, elaborado por la Cámara de Diputados, advierte que a pesar del superávit en las cuentas fiscales del gobierno federal, el saldo total de la deuda del sector público se incrementó significativamente. El documento, distribuido este fin de semana a los legisladores que integran la Comisión de Hacienda, refiere que la administración federal adeuda 2 billones 437 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 100 mil 633 millones de pesos respecto al año anterior.

Como tamaño de la economía, la deuda total bruta del sector público representa 24.9 por ciento del producto interno bruto (PIB) estimado para 2007. En el caso específico de la deuda externa del gobierno federal, alcanzó los 58 mil 474 millones de dólares, cifra superior en 3 mil 707 millones a lo reportado al cierre de 2006.

"Este aumento se debió, en conjunto, a un endeudamiento externo neto de mil 413 millones de dólares, ajustes al alza por 2 mil 494 millones, que reflejan principalmente la variación del dólar con respecto a otras monedas en que se encuentra contratada la deuda y los pasivos asociados a los proyectos de inversión con impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas), así como a una variación positiva de las disponibilidades del sector público federal de 2 mil 549 millones de dólares."

La deuda bruta interna del sector público federal, manifiesta el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, ascendió a un billón 787 mil 766 millones de pesos, monto mayor en 46 mil 358 millones que el monto registrado a finales de 2006. "Este incremento es resultado conjunto de un endeudamiento interno neto de 56 mil 561 millones de pesos, ajustes cambiarios a la baja por 9 mil 203 millones, que reflejan principalmente el registro de los pasivos asociados a Pidiregas y los ajustes derivados del efecto inflacionario sobre los pasivos, así como un incremento de las disponibilidades del sector público federal de 52 mil 786 millones."

En tanto, la deuda del gobierno del Distrito Federal se ubicó en 42 mil 523 millones de pesos, saldo inferior en mil 609 millones respecto a 2006. Durante el primer trimestre del año la administración de la capital del país no dispuso de crédito, no obstante que el techo de endeudamiento aprobado para este año es de mil 400 millones de pesos.

Durante el primer trimestre del año, el gasto total del sector público presupuestario ascendió a 506 mil 537 millones de pesos, monto inferior en 29 mil 404 millones de pesos a lo estimado para dicho periodo en el calendario de erogaciones, e inferior en 5.1 por ciento real al de igual lapso del año anterior.

Subejercicios

En términos del presupuesto aprobado por el Poder Legislativo, se observó un rezago importante por 16 mil 455 millones de pesos en el ejercicio del gasto de la administración pública centralizada, en el periodo enero-marzo, principalmente en funciones productivas de Luz y Fuerza del Centro, Comisión Federal de Electricidad, de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Agricultura y Medio Ambiente. En cuanto a las funciones de desarrollo social se detectó un desfase en la ejecución de los recursos para las secretarías de Educación Pública, Salud e ISSSTE, que se compensan con un ejercicio superior al programado en el IMSS.

Dado que el subejercicio se entiende como el residuo del presupuesto modificado, el informe declara subejercicios por 7 mil 575 millones de pesos.

Para el gobierno federal, éstos se concentran nuevamente en las funciones productivas; "por ejemplo, el gasto de capital de la SCT y de la Sagarpa afectó los recursos de Conapesca, Ganadería y Reconversión productiva, y en menor medida, el gasto de las funciones sociales: los gastos personales y otro gasto corriente de educación básica, educación media superior, Conaculta, así como en salud los servicios personales.

En Hacienda se gastó menos de lo programado, también en el SAT e INEGI; así como en los servicios personales de Defensa y Economía. A la vez, destaca un sobre ejercicio en el gasto corriente de Relaciones Exteriores".

También, en el primer trimestre de 2007, la inflación anualizada estuvo por arriba de las expectativas del Banco de México, llegando a 4.2 por ciento anual al cierre del trimestre, nivel por arriba de la meta anual de 3 por ciento esperada por ese instituto.

Al final del mismo periodo, Banxico estimó que la generación de empleos en todo el año sería de 625 mil, es decir, 270 mil fuentes de trabajo menos que los 895 mil originalmente estimados por el gobierno federal.

"El cubre caca de fecal...soberanes.

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"Tapadera, "Tapetitos", "Cubre caca", "Arena para gato", "Encubridores", "Compinches", etc... pero, de todas todas: "Chingen a su Madre".
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La CNDH, "tapadera del poder", afirma el alcalde de Soledad Atzompa
La Jornada
domingo 27 de mayo de 2007

Rechaza el edil ir a la instancia para aportar datos sobre la muerte de Ernestina

La indagatoria sigue abierta, dice el enviado del ombudsman en un foro sobre el caso

EMIR OLIVARES ALONSO

El pueblo de Soledad Atzompa "ha sufrido una gran violación" a sus derechos, luego de que la agresión a la anciana Ernestina Ascensión Rosario -quien presuntamente fue violada y asesinada por militares- ha quedado en la impunidad, aseguró el alcalde de ese municipio, Javier Pérez Pascuala.

Agregó que aunque la familia de la indígena nahua "se haya dejado manipular" para no impugnar la resolución de la Procuraduría de Justicia de Veracruz, en el sentido de que la mujer no fue violada ni asesinada, la comunidad de Soledad Atzompa continuará exigiendo justicia y que se aclare el caso, pues en "cualquier momento el Ejército puede regresar a la sierra y cometer más violaciones a nuestras mujeres, lo cual no vamos a permitir".

Durante el foro Zongolica, Ernestina, reclamo de justicia, derechos humanos y autonomía indígena y municipal, se denunció que en Veracruz han ocurrido mil 495 asesinatos de mujeres desde 2000 hasta 2005, de los cuales 70 por ciento no han sido resueltos con sentencia condenatoria, por lo que permanecen impunes ante las instancias nacionales.

En el encuentro -organizado por agrupaciones campesinas y de derechos humanos de Veracruz y varios ayuntamientos de comunidades indígenas-, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desplegó un equipo de monitoreo con cámaras de video, grabaciones y varios colaboradores, colocados en distintos puntos del lugar en el que se efectuó.

Inclusive, Héctor Lecuona, visitador de la CNDH, interrumpió una entrevista que Pérez Pascuala sostenía con reporteros para exhortarlo a acudir a la comisión a entrevistarse con el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, y aportar elementos para la investigación del caso, que a decir del visitador "aún no está cerrado". "Las puertas de la CNDH están abiertas para que acuda el día que usted lo solicite", le ofreció al edil.

El funcionario hizo la invitación al leer un documento entregado por los visitadores, el cual en el punto número siete señala que solicitarían audiencia tanto con Felipe Calderón como con Soberanes.

No obstante, como el texto fue redactado el 27 de marzo pasado -dato que en un principio se omitió-, el alcalde de Soledad Atzompa respondió que ya no tiene caso acudir a una instancia "tapadera del poder", que ya emitió un dictamen "preocupante" al determinar que Ascensión Rosario falleció de causas naturales. "Nosotros vimos que es una burla que hace la CNDH si ya declaró públicamente cuál hacía sido la causa de la muerte de la compañera Ernestina, según su visión. Somos indígenas, pero entendemos y tenemos la lógica de analizar cualquier engaño que nos quiera hacer alguna institución; entonces, por eso, valorando la petición con todas mis autoridades no quisimos contestarlo porque es absurdo. La comisión nacional no está para defender los derechos humanos, sino al Presidente de la República, por cuestiones de intereses".

Reforma al sistema de justicia

En tanto, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, propuso que para que las violaciones a derechos humanos en las que incurre el Ejército no queden en la impunidad "es urgente" una reforma al sistema de justicia penal para que los presuntos delitos cometidos por militares sean investigados por las autoridades civiles. Y agregó que en el caso de Zongolica la sociedad debe acudir a las instancias internacionales y crear un mecanismo de investigación propia como se hace en Ciudad Juárez, donde especialistas forenses argentinas analizan las causas de las muertes en ese municipio chihuahuense.

Para Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, no existe razón para que el Ejército esté presente en comunidades indígenas realizando tantas labores como la alfabetización, atención médica y ayuda en desastres naturales, por lo que ironizó: "¡mejor deberíamos canonizarlos!" No puede ser, añadió, que el Ejército tenga tantas funciones, mientras que los profesores y las instituciones de salud, a quienes corresponden esas acciones, no cuentan con los recursos y salarios adecuados para tales fines".

¿Paque metieron a la suprema corta...en el aborto?

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¿Ya se fijaron que somos un país “tan sin embargo? Los legisladores hacen leyes qué, más sin embargo, luego son rehechas (otra vez legislando ¿pos de donde?) por la suprema corta qué, más sin embargo el ejecutivo no las ejecuta. Y así nos la llevamos, más sin embargo, la raza nunca participa en este enredo de tinterillos.
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Los recursos de PGR y CNDH, posición dogmática de la derecha: Leticia Bonifaz

La Jornada
domingo 27 de mayo de 2007

En las manos de la SCJN, decisión trascendental sobre derecho: especialistas

Los recursos de PGR y CNDH, posición dogmática de la derecha: Leticia Bonifaz

La postura de las instancias recurrentes no quiere decir que tengan la razón, sostienen

ANGEL BOLAÑOS, LAURA POY, GUSTAVO CASTILLO


Juan Velásquez, especialista en derecho penal Foto: María Meléndrez Parada

En la primera controversia constitucional que enfrentará la administración del Distrito Federal -independientemente de las que heredó del gobierno anterior-, Leticia Bonifaz Alfonzo, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CJSL), consideró que las posibilidades de que se invaliden las reformas que permiten la interrupción del embarazo antes de las 12 primeras semanas de gestación, "son muy vagas".

Especialistas en derecho constitucional coincidieron con la funcionaria en que no existe ninguna violación al marco constitucional con las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa (ALDF), y consideraron que los recursos promovidos por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), son una muestra más de la "posición dogmática" de un gobierno de "derecha, clerical y fiel seguidor de las políticas que dicta el Vaticano".

De los argumentos de controversia, Bonifaz Alfonzo observó que es defendible la facultad de las autoridades locales para legislar en materia de salud; los tratados internacionales que se invocan están vigentes en países en los que también lo está la despenalización del aborto; se confunde el derecho civil con el derecho penal y se citan tesis de jurisprudencia que la misma Corte puede modificar.

De entrada, dejó en claro que a diferencia de un amparo, la acción de inconstitucionalidad no suspende la aplicación de las reformas legales, por lo que se seguirán aplicando.

Respecto de la facultad de las autoridades locales para legislar en materia de salud, dijo que el artículo 73 constitucional es muy claro: "la materia de salud es materia recurrente, la ley dice qué toca a cada quien y yo no veo ningún exceso".

Señaló que no le preocupa que sea Salvador Aguirre Anguiano el ministro que revisará el caso y quien votó en contra en el caso de la controversia contra la llamada ley Robles, también sobre el aborto, "hay que tener claro que para que se invalide la reforma se requieren ocho votos de los 11", y para cuando se resuelva en año y medio o dos años la composición de la Corte no será la misma.

Para los especialistas en derecho Juan Velásquez, Juan Rivero Legarreta y Clemente Valdés, la SCJN tendrá en las manos de sus ministros una de las decisiones más trascendentes y controversiales en materia de derecho, pues le tocará resolver cuándo inicia la vida, a fin de establecer jurídicamente cuándo el producto de una gestación es un "ciudadano" protegido por la Constitución, y para ello tendrá que atender cuestiones jurídicas, médicas y hasta filosóficas.

Elisur Arteaga Nava, constitucionalista y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), aseguró que las reformas que despenalizan la interrupción del embarazo "no obligan ni invitan a abortar a nadie; además, se aprobó como parte de las competencias de la ALDF para crear tipos penales y despenalizar acciones, sin que se violente ningún marco constitucional".

Reconoció que existe competencia legítima de la PGR y CNDH para interponer la acción de inconstitucionalidad, pero "eso no quiere decir que tengan razón, y en este caso no la tienen porque la asamblea capitalina tiene facultades legítimas para legislar en materia penal y sobre tipos penales, ya que no se trata de un delito federal", y agregó que la jurisprudencia de la SCJN no puede ser invocada, porque el objetivo de una controversia es demostrar que una normatividad es contraria a la Constitución, "pero no para poner en evidencia que no se está de acuerdo con una decisión legítima".

Agustín Pérez Carrillo, especialista en derechos humanos y criminalidad de la UAM, afirmó que es "prácticamente insostenible" que la CNDH pretenda impugnar un derecho consagrado en el artículo 4 constitucional, que garantiza el derecho a decidir de forma libre e informada cuántos hijos se quieren tener, lo que demuestra que la Iglesia católica "está más presente que nunca en las instancias de gobierno".

El penalista Juan Velásquez refirió que "la Corte está metida en un berenjenal, porque tendrá que definir a partir de cuándo el producto de una concepción tiene vida y merece la protección constitucional".

Para este jurista, la ALDF "legisló en términos de su competencia, aunque de una manera amañada porque no despenalizó el aborto, sino que únicamente retiró la sanción para quien realice esta acción antes de las 12 semanas de gestación".

En tanto, el doctor en derecho Clemente Valdés manifestó que la Corte tendrá en sus manos "un duro trabajo", aunque expresó su preocupación porque "tal parece que la derecha sólo está preocupada por meter a la cárcel a las mujeres que aborten. Me parece increíble".

sábado, 26 de mayo de 2007

El de los trabajos sucios...

Helguera

Defensor de las derechas...


El Fisgón

Terrorismo... de estado. / I./ II

Ley antiterrorismo / I
La Jornada
sábado 26 de mayo de 2007 Opinión

Carlos Montemayor / I

Ahora el Senado considera una forma de modernización de las leyes en México reconocer el delito de terrorismo como una realidad mundial, de cuyo riesgo debemos precavernos. En verdad, nos tardamos en reconocer esa "realidad mundial", pues desde 1995 el presidente William Clinton había convocado a los países más poderosos del mundo (no a los más vulnerables) a emprender la cruzada contra el terrorismo. En Lyon, Francia, el 27 de junio de aquel año, en la reunión anual del Grupo de los Siete, había dicho que un ataque terrorista "contra uno de nosotros es un ataque contra todos". Se sugería que el terrorismo era un enemigo de la elite mundial y del progreso, incluso un enemigo de la cultura hegemónica del mundo. Por ello era posible pensar que el término terrorismo no era resultado, en términos reales, de un análisis social, sino que provenía de una descalificación política utilitaria.

Más tarde, la ley estadunidense definió el terrorismo como la"violencia premeditada, políticamente motivada y llevada contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos" y el terrorismo internacional como el "que involucra a ciudadanos o el territorio de más de un país". En septiembre de 2001 el Departamento de Estado dio a conocer en Estados Unidos el Informe global sobre terrorismo, que identificaba a 29 organizaciones terroristas en todo el mundo. De ellas, 14 eran de tendencia extremista islámica y contaban con algún tipo de apoyo abierto o encubierto de gobiernos de países como Afganistán, Siria, Líbano, Irán o Libia. Varias de estas organizaciones islámicas habían hecho explícito uno de sus objetivos: atacar intereses de Estados Unidos.

El informe del Departamento de Estado presentaba en las fichas de cada una de estas organizaciones su descripción, principales actividades, fuerza estimada, área de operaciones y sus apoyos externos. Las organizaciones eran básicamente de fundamentalistas islámicos y de "extrema izquierda". Incorporaron en la lista a organizaciones como las FARC, de Colombia; ETA, de España; IRA, de Irlanda, e inclusive al grupo Gente Contra el Gansterismo y las Drogas (PAGAD, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo inicial era luchar contra las mafias violentas del narcotráfico y que, finalmente, se había vuelto en contra del gobierno de Sudáfrica.

Según ese informe, las organizaciones fundamentalistas islámicas habían aumentado su actividad por el estallido de la violencia en el conflicto palestino-israelí en septiembre de 2000, dato relevante porque el informe apuntó que la mayoría de ellas tenían a Israel y a Estados Unidos como sus principales blancos.

Así las cosas, veamos ahora lo que constituye quizás el texto central de esta reforma legislativa en México: "Se impondrá pena de prisión de seis a 40 años y hasta mil 200 días de multa, sin prejuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación".

Cada una de las hipótesis enlistadas aquí tipifican o pueden tipificar delitos en sí mismos; no requieren el contexto del terrorismo ni los vínculos con las organizaciones identificadas por el gobierno estadunidense. Pero sí se trata de un retroceso legal porque se recurre a elementos ambiguos como "que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella". Numerosos motivos y circunstancias que producen esos efectos no pueden tipificarse como evidencia terrorista. La alarma, el temor o el terror lo produce la presencia del Ejército o de los cuerpos policiacos en operativos de cateos ilegales y represivos y la militarización actual de varios estados de la República en la lucha contra el narcotráfico. También lo producen las bandas de secuestradores en ciertos sectores de la población, o los asesinos seriales (el Mataviejitas, que resultó ser la Mataviejitas, por ejemplo), las vendettas del crimen organizado, los asaltos a mano armada en vía pública o en transportes colectivos, y en ninguno de estos casos podríamos hablar tampoco de terrorismo. Es decir, el rasgo que tipifica a las organizaciones que Estados Unidos considera tales no es el terror que producen, sino la descalificación política con que se les proscribe.

En cuanto a la seguridad nacional, aclaremos que ella está en riesgo en México desde hace tiempo no por la cercanía del terrorismo, sino por el desmantelamiento del poder del Estado en el sistema bancario, por la imposible autosuficiencia alimentaria, por la expansión y hegemonía de los cárteles del narcotráfico y por el endeudamiento colosal del país, entre otras cosas.

Pero resulta más peligroso referirse al terrorismo como una fuerza que busca "presionar a la autoridad para que tome una determinación". En México han venido presionando a todo tipo de autoridades, con magníficos resultados, las elites financieras e industriales del país, el sistema bancario (que ha dejado de ser mexicano), los consorcios trasnacionales, los gobiernos de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ante esta presión real para que la autoridad "tome una determinación", la presión de los terroristas parece una broma. Esto sería, al menos, la parte blanca del caso.

La parte riesgosa es la tentación de confundir el término terrorismo con la inconformidad social. Pues, insisto, el "terrorismo" fue una creación del poder de las elites mundiales para descalificar a ciertos grupos, y no fue resultado del surgimiento de una realidad criminal evidente o de una intencionalidad comprobable de causar terror como fin principal.


Ley antiterrorismo / II

domingo 27 de mayo de 2007

Carlos Montemayor /II

Decíamos en la entrega anterior que era riesgoso confundir el término terrorismo con la inconformidad social. Pues el "terrorismo" fue una creación del poder de las elites mundiales para descalificar ciertos grupos, y no fue resultado del surgimiento de una realidad criminal evidente o de una intencionalidad comprobable de causar terror como fin principal. Hace muchos años traté este tema, cuando escribía Chiapas, la rebelión indígena de México, y después lo volví a hacer en el año 2001, en ocasión del ataque a las torres gemelas de Nueva York. No pensé que debía retomar algunas de esas viejas notas casi tres lustros después.

En el otoño de 1988, por ejemplo, en una casa de Coyoacán conocí a un militar británico que visitaba la ciudad de México. Durante la comida, nuestros amigos me preguntaron, entre otros temas, por la novela que en ese tiempo estaba yo escribiendo, que era Guerra en el paraíso, y comenté algunos rasgos generales del movimiento campesino de Lucio Cabañas.

-Era terrorista -concluyó el militar británico.

-No, por supuesto -respondí.

Traté de explicar la lucha armada de varios cientos de campesinos que encabezó Lucio Cabañas en la sierra sur del estado de Guerrero de 1967 a 1974. Me parecía evidente que la lucha había sido provocada por las autoridades del estado y por la represión política. Los guerrilleros se desplazaban a lo largo de pueblos que los apoyaban con alimentos, información, pertrechos o solamente con el silencio, porque los pueblos asumieron esa lucha como suya. Con la palabra "terrorista" el militar británico vaciaba de sentido esa lucha.

-Los terroristas pueden tener también otra ideología -insistió en explicar-, pero pelean fuera de la ley. Son siempre peligrosos. Usted está hablando, por lo que veo, de un terrorista que era comunista, ¿verdad? Era un terrorista con ideas comunistas, ¿no es así?

Al levantarnos de la mesa, muchas cosas me impedían entender los profundos prejuicios que sobre la paz social tenía ese militar. Quizás él miraba el mundo desde los ojos de un imperio existente o ya desaparecido, eso no importaba, y por ello consideraba terroristas a los que en países latinoamericanos yo veía como luchadores por la justicia o la
libertad.

Pocos días después de los atentados en Nueva York y Washington, por ejemplo, la agencia noticiosa Reuters explicó su rechazo a aplicar la palabra "terrorista" a individuos, organizaciones o actos, ya que la definición de quién es o no un terrorista dependía de una interpretación subjetiva. "Lo que para alguien es un terrorista, para otro es un luchador por la libertad", explicó Stephen Jukes, editor en Washington de esa agencia.

El 18 de septiembre de ese año de 2001, los corresponsales estadunidenses de La Jornada, Jim Cason y David Brooks, se preguntaban: "¿Quién es un "terrorista?" Recordaron que 16 años antes Nelson Mandela y su Congreso Nacional Africano eran considerados terroristas por el gobierno de Estados Unidos. En cambio, los guerrilleros mujaidines de Afganistán, entre cuyas filas estaba el entonces "héroe" Osama Bin Laden y, particularmente, Ahmed Ul Haqia, al que los talibán fusilaron a finales de octubre del 2001, fueron caracterizados como "luchadores por la libertad". En 1985 el entonces presidente Ronald Reagan invitó a la Casa Blanca a los líderes mujaidines, a quienes patrocinaba la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para que lucharan en Afganistán contra la ocupación soviética. En ese momento el presidente Reagan elogió esa lucha como una campaña contra el "imperio del mal" y declaró que los mujaidines afganos eran "el equivalente moral de los próceres de Estados Unidos".

Pero poco después, cuando estos "próceres" dejaron de luchar contra los soviéticos, se convirtieron en el prototipo de los terroristas. ¿Por qué? Porque el término "terrorista" no explica, sólo identifica por descalificación a grupos proscritos utilitariamente. Así Estados Unidos distorsiona selectivamente las luchas de resistencia en el mundo; así los rusos distorsionan la lucha de resistencia en Chechenia y los israelíes distorsionan la lucha de resistencia de los palestinos.

El terrorismo no es una conducta ni patrimonio específico de un individuo o grupo social, salvo en las grandes producciones cinematográficas de Hollywood. No existen terroristas, existen redes de crimen organizado a escala regional o internacional en contrabando de armas, narcotráfico, migrantes o prostitución, por mencionar algunos ejemplos, y también organizaciones de resistencia política regional, campesina o urbana que se ven obligadas a adaptarse a diferentes condiciones de lucha local, regional o incluso internacional. El análisis de estas organizaciones armadas tendría que ser político, económico o social. O también militar, ya que el contrabando de armas puede alcanzar en breve nichos tan sofisticados como las armas químicas y las cabezas nucleares.

Tarde y mal, pues, el Senado quiere que México acepte como algo objetivo, comprobable y unívoco el término terrorismo para reducir y cegar la comprensión de procesos sociales aquí y en el extranjero. El "terrorismo", como el viejo delito de "disolución social", abre en el México actual las puertas a una represión con resultados imprevisibles. Una represión dirigida contra procesos sociales que nada tendrían que ver con el terrorismo, pero sí con el descontento por las determinaciones que "la autoridad" toma día con día por la presión de las élites mundiales y nacionales.

¿Modernización del estado de derecho en México? No, creo que se trata de un grave retroceso. Hemos decidido tomar como una realidad mundial la descalificación utilitaria del imperio, explicable sólo por Hollywood y por los intereses imperiales, que invaden ya nuestras fronteras. Y esto facilitará a Estados Unidos y a España pedir a México la extradición expedita de los reos políticos que ellos cataloguen como terroristas, por supuesto.


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NO ha existido ningún imperio que beneficie a los desposeidos. Antes al contrario se los chinga, los termina de despojar y todavía se zurra encima de ellos. Así mero es monsanto. No desmiente su origen gringo ingles.
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El imperio de Monsanto y la destrucción del maíz
La Jornada
sábado 26 de mayo de 2007

Silvia Ribeiro

El monopolio más marcado de la historia del industrialismo lo tiene Monsanto con las semillas transgénicas. Según sus propios datos, esta trasnacional estadunidense controla más de 80 por ciento del rubro, porcentaje ampliamente mayor que el que detenta cualquier otra empresa en su campo, sea petrolera, química o informática.

Monsanto avanza además hacia el control de todas las semillas, no sólo transgénicas. Para ello ha comprado empresas semilleras en todo el mundo, con el fin de controlar un sector que aunque modesto en volumen de dinero -comparado con otras industrias-, es absolutamente imprescindible: es la llave de toda la cadena alimentaria. Una vez que controle la mayoría de las semillas convencionales (no transgénicas), lo único que necesitará hacer es dejar de producirlas, y a través de una política de hechos consumados -al no existir alternativas en el mercado y en contubernio con las escasas empresas que queden en el rubro- obligar a todos a sembrar sus transgénicos. A unos porque no tendrán otra opción y a otros -los campesinos que plantan sus propias semillas- a punta de contaminación, juicios y semillas suicidas Terminator

Según el monitoreo de la industria que hace el Grupo ETC (antes con el nombre de RAFI), a principios de la década de 1980 existían en el mundo más de 7 mil empresas semilleras que producían semillas para el mercado comercial. Ninguna llegaba a uno por ciento del mercado.

Hace algo más de una década, las empresas que producían agrotóxicos -como Monsanto, Dow, Bayer, Dupont y otras- comenzaron a comprar intensivamente a las semilleras. De esta forma promovieron la venta de semillas y agrotóxicos de la compañía en paquete. El resultado más visible de este casamiento de conveniencia fueron los transgénicos: más de dos tercios de los transgénicos plantados son cultivos resistentes a agrotóxicos.

En 1997, las 10 mayores empresas semilleras habían pasado a controlar la tercera parte del mercado mundial de venta de semillas comerciales. A 2005, las 10 más grandes tenían ya la mitad del mercado. Actualmente, las 10 mayores poseen 55 por ciento del mercado mundial, pero entre tres -Monsanto, Dupont y Syngenta- acaparan 44 por ciento. Monsanto -que en 1996 ni siquiera aparecía entre las 10 mayores- abarca 20 por ciento del total global.

Dos de las compras más significativas de Monsanto en los años recienes -que lo convirtieron en la semillera industrial más grande del mundo- fueron la mexicana Seminis (ex Savia y Grupo Pulsar) con lo que logró la mayoría del mercado mundial de semillas de frutas y hortalizas, y la de Delta & Pine Land, la mayor empresa de semillas de algodón y dueña de la primer patente de semillas suicidas Terminator.

Es evidente que avanzando por medios legales e ilegales -desde la contaminación transgénica y los juicios por patentes que hace contra las víctimas hasta el soborno de funcionarios y legisladores para que le otorguen autorizaciones y hagan leyes o reglamentos a su favor- Monsanto pretende apoderarse del mercado mundial de semillas, o como mínimo, repartírselo con un par de otras trasnacionales.

En camino hacia ese objetivo, Monsanto compró hace una década la compañía Agracetus, para apoderarse de una patente monopólica sobre toda la soya transgénica del planeta. Esta patente la acaba de perder el 3 de mayo de 2007 en la Oficina Europea de Patentes, como consecuencia de un litigio que duró 13 años, iniciado por el Grupo ETC junto a una coalición de organizaciones sociales y ambientalistas, que finalmente derrotaron a Monsanto. Pero en ese periodo, Monsanto usó y abusó de este monopolio para hacer juicios y amenazar desde productores a gobiernos, creando un monopolio de facto sobre la soya, aunque ya no tenga la patente.

En este contexto, es totalmente cínico que Monsanto, uno de los mayores contaminadores del planeta y responsable junto a un par de otras transnacionales de la contaminación transgénica del maíz campesino en México, anuncie que va a hacer un fondo para "proteger el maíz nativo". Para ello, pretende formar con algunos de los pocos productores industriales de maíz en México, un banco de semillas nativas. La propuesta ni siquiera es original -también Syngenta, Dupont y otras productoras de transgénicos tienen proyectos similares en otros países- ya que proviene de Croplife International, una asociación internacional de estas empresas para defender sus intereses en la comunidad internacional.

Monsanto pretende así lavar su imagen de contaminador, acceder -y patentar cuando le convenga- razas de maíz campesino que le resultan imprescindibles para seguir desarrollando sus semillas transgénicas y por otro lado justificar la introducción de más transgénicos y la contaminación futura.

Los industriales de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, que firmaron este acuerdo con Monsanto -quién sabe a qué precio- probablemente ya ni saben qué es el maíz nativo, porque hace tiempo son esclavos de lo que les vendan las empresas semilleras.

Los que de verdad conocen, cuidan y siguen plantando el maíz nativo -85 por ciento de los que producen maíz en México- son campesinos e indígenas y ya declararon que no piensan dejarlo ni dejar que los dueños del dinero y los industriales se apropien de él. Les llevan 10 mil años de experiencia y más de 500 de resistencia.

*Investigadora del Grupo ETC

Del aborto y contra aborto...

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Para que le buscamos ruido a los choclos si son nuevos. ¿Se imaginan al IBM (Inmensa Bola de Masa) de aguirre anguiano diciendo que es legal despenalizar el aborto? No lo hará. Porque al ratito le quitan la chuleta y luego, pos de donde mantiene esa enorme masa de grasa. Y el santo patrono de los tapetitos de fecal, el tal soberanes ¿De donde saca que tiene credibilidad?
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Promueven PGR y CNDH ante la Corte acciones contra el aborto
La Jornada
sábado 26 de mayo de 2007 Capital

La ALDF, sin facultades para legislar en materia de salud; corresponde al Congreso

La justificación del procurador Eduardo Medina Mora, la defensa de la vida

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Con el argumento de que una norma no puede "permitir la privación de la vida del producto de la concepción, ni discriminar su protección por determinadas características, como sería la temporalidad de gestación", la Procuraduría General de la República (PGR) promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas que en materia de aborto aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Cerca de las siete de la noche, un representante de la PGR acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para presentar la documentación necesaria que permitirá al máximo tribunal analizar la legalidad de las reformas realizadas a diversos artículos de la Ley de Salud y del Código Penal para el Distrito Federal.

La dependencia a cargo de Eduardo Medina Mora afirmó, mediante un comunicado de prensa, que sus "acciones se basan en la interpretación establecida a lo largo de los años por la propia SCJN y, sin excepción alguna, los criterios que soportan la posición del procurador son estrictamente técnico-jurídicos, sin atender factores de orden político, económico, social, ético, moral o de cualquier otra índole".

Eduardo Medina Mora, en su calidad de titular del Ministerio Público Federal, y con base en las atribuciones que le otorga el artículo 105, fracción II, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sexto, fracción II de la Ley Orgánica de la PGR, procedió a interponer el recurso de acción de inconstitucionalidad en contra de las leyes emitidas por la ALDF en materia de aborto.

Según la dependencia, en un contexto ajeno a cuestiones políticas y sociales, se analizó el decreto expedido por la ALDF el pasado 26 de abril.

Y así llegó a la conclusión de que son inconstitucionales las reformas a los artículos 144, 145 y 146 del Código Penal, 16 bis-6, párrafo tercero y 16 bis-8, último párrafo de la Ley de Salud del Distrito Federal, así como el artículo tercero transitorio del decreto.

La interpretación que sustenta la acción de inconstitucionalidad, señaló la PGR, proviene del criterio adoptado por la SCJN en la tesis jurisprudencial P./J.14/2002, "derecho a la vida del producto de la concepción. Su protección deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los Tratados Internacionales y de las leyes federales y locales", aprobada en la acción de inconstitucionalidad 10/2000.

Asimismo, precisó la PGR que en sus argumentos se considera la tesis aislada número P. IX/2002 del pleno de la SCJN que señala lo discriminatorio que sería disponer que "a determinados productos de la concepción, por sus características, se les pueda privar de la vida".

Además, refirió la dependencia, "de acuerdo con lo que se ha sostenido por mayoría de votos en la SCJN, lo que no puede hacer una norma es permitir la privación de la vida del producto de la concepción, ni discriminar su protección por determinadas características, como sería la temporalidad de gestación.

"Por esta razón, se estima que el decreto de la Asamblea Legislativa es contrario a los postulados.

"El tipo penal que recogen las reformas al Código Penal del Distrito Federal, conforme al decreto de la Asamblea Legislativa del 26 de abril del 2007, es impreciso respecto de su contenido y aplicación, ya que se considera que los términos empleados en esas normas jurídico penales no son exactos y precisos, y dejan lugar a dudas en cuanto al contenido y aplicación, lo que implica una contradicción al artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución".

Y precisó que dicho precepto constitucional refiere que "en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata".


* Las reformas tienen contradicciones, dudas y lagunas, argumenta Soberanes Fernández

GUSTAVO CASTILLO Y VICTOR BALLINAS

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ayer, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un recurso de inconstitucionalidad para impugnar las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en materia penal y de salud que despenalizan el aborto, por considerar que las modificaciones "rebasan el ámbito local, ya que el artículo 73 fracción 16 de la Constitución prevé que la legislación en materia de salud corresponde al Congreso de la Unión".

Asimismo, el ombudsman nacional argumenta en el recurso que interpuso que "existen contradicciones entre las leyes locales aprobadas y los instrumentos internacionales signados por el país"; por ello, la CNDH solicita "que la Corte resuelva sobre esas contradicciones".

Por ejemplo, en la argumentación contra las reformas de la ALDF se detalla: "con las modificaciones legales las mujeres menores de edad que quieran interrumpir la gestación quedan en la incertidumbre jurídica, ya que el Código Civil les reconoce capacidad legal a partir de los 18 años, cuando dejan de ser menores de edad".

En dicho recurso se abunda: "las reformas aprobadas por la ALDF no establecen a quien le corresponde expresar ese consentimiento, si se trata de la interrupción de embarazos de adolescentes, ya que si son menores no pueden ellas ejercer ese derecho", y con ello se viola, entre otros instrumentos, la Convención de los Derechos del Niño".

La CNDH destaca en sus argumentos que "el debate no puede centrarse en razones religiosas o de Estado laico, lo que deberá analizarse es si las reformas aprobadas son correctas, y eso le compete definirlo a la Corte".

Subraya la CNDH que las contradicciones generadas con las reformar aprobadas "han dado lugar a imprecisiones, lagunas y dudas entre la población sobre los distintos servicios de seguridad social, por un lado los de la ciudad de México y por el otro los del gobierno federal, esta situación no resuelta afecta un derecho fundamental como lo es la seguridad jurídica".

También, la CNDH se pregunta sobre la situación del derecho a la objeción de conciencia; por un lado, dice, es un derecho individual reconocido en la Constitución y "hay cuestionamientos por parte de las autoridades locales

El recurso promovido por la CNDH ante la Corte impugna la modificación de los artículos 144, 145, 146 y 147 del Código Penal local, así como la adición del tercer párrafo al artículo 16 Bis 6, y la adición del artículo 16 Bis 8 de la Ley de Salud para el Distrito Federal.

Cabe señalar que el jueves, en conferencia de prensa donde el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, presentó la recomendación sobre las violaciones a derechos humanos de maestros de la sección 22 del SNTE y de la APPO, se le preguntó si interpondría la acción de inconstitucionalidad, e informó que "a petición de algunos grupos se está estudiando y analizando presentar dicho recurso".

El ombudsman nacional destacó: "efectivamente hemos recibido algunas solicitudes para interponer la acción de inconstitucionalidad, de parte de grupos, no de parte de personas del PAN. Como partido no lo ha solicitado. Estoy estudiando, con mis asesores, el punto de vista jurídico. Otras consideraciones no nos interesan".

No obstante, la acción de inconstitucionalidad se promovió desde la tarde del jueves y tocó conocer del expediente al ministro Salvador Aguirre Anguiano, quien en los próximos días deberá notificar a la CNDH si su recurso es aceptado.

En caso de que el ministro Aguirre Anguiano considere que los documentos cumplieron los requisitos legales, procederá a elaborar un proyecto, y éste, a su vez, tendrá que ser llevado al pleno para que se analice si las reformas aprobadas por la ALDF son constitucionales.

De espionaje gringo...fecalhino.

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Ya habrá tiempo para que la suprema corta determine que el espionaje de fecal y los gringos, que hoy se denuncia, es completamente constitucional. Ya ven como se las gasta, ese hato de mantecosos marranos legislando (¿?) sobre sus rodillas. Así, hasta me dan ganas de gritar ¡Viva la independencia de poderes! ¡Vivan la liberad de expresión y las garantías individuales!... pero mejor grito ¡Chinguen a su madre!
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Financia EU espionaje telefónico en México: Los Angeles Times

La Jornada
Sábado 26 de mayo de 2007

El gobierno de Calderón se pliega a mecanismos fijados por la Casa Blanca, señala

Washington paga 3 millones de dólares por tecnología para la intervención de comunicaciones

El sistema de vigilancia amenaza libertades individuales en este país, advierte el Centro Pro

Autoridades podrán hurgar correos electrónicos; se compartirán los datos con la nación vecina

Roberto González Amador y David Brooks

Con dinero del gobierno de Estados Unidos, la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa obtuvo tecnología para aumentar su capacidad de intervenir llamadas telefónicas y hurgar en las cuentas de correo electrónico de ciudadanos mexicanos.

Se trata de una acción que Los Angeles Times, diario que reveló ayer el acuerdo, califica como una muestra de la manera en que "el gobierno conservador de México" está "crecientemente dispuesto" a cooperar con los mecanismos de aplicación de la ley fijados por la Casa Blanca.

La información recogida por el gobierno de Calderón con el Sistema de Intervención de Comunicaciones, como se llama el dispositivo financiado con 3 millones de dólares aportados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, podrá ser vista también por dependencias de la administración estadunidense, informó el diario.

Amplía Estados Unidos su extensión territorial

En ese contexto, Isabel Uriarte, responsable del programa de seguridad ciudadana del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, declaró a La Jornada que el sistema de espionaje de ciudadanos cedido por el gobierno de Estados Unidos representa un riesgo a las libertades individuales en México.

"Es un asunto delicadísimo", comentó Uriarte. "Este hecho concreto forma parte de la anexión de México al perímetro de seguridad creado por Estados Unidos después del 11 de septiembre" de 2001, cuando Nueva York y Washington fueron golpeadas por ataques terroristas, consideró.

El gobierno de Estados Unidos, añadió, está ampliando su extensión territorial con acciones como la descrita por el rotativo estadunidense. Lamentó que el Poder Ejecutivo de México se deje presionar y acepte actuar contra la privacidad de sus ciudadanos.

La integrante del Centro Pro afirmó que el uso de equipo de espionaje cedido por Estados Unidos puede formar parte de una estrategia de endurecimiento del gobierno mexicano, ya anticipada con la propuesta de reformas legales -que se discute en el Congreso- para poder realizar cateos sin orden judicial, lo cual esgrime la administración de Calderón como necesario para combatir la delincuencia organizada.

"Están en peligro los derechos humanos en México; cualquiera puede ser acusado sin respeto a las garantías individuales", advirtió Uriarte, y anticipó que el Centro Pro publicará en los próximos días un reporte especial sobre el sistema de intercepción de comunicaciones pagado por el Departamento de Estado.

Información compartida

"Se trata de una operación del gobierno de México financiada por Estados Unidos", señaló al diario californiano Susan Pittman, de la Oficina Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado.

El diario reveló que el sistema permitirá a las autoridades mexicanas seguir a los usuarios de teléfonos celulares mientras viajan "e incluye una gran capacidad de almacenamiento que hará posible identificar a los usuarios mediante su voz".

Según el diario, que publicó la noticia en primera plana, el sistema está terminado y será usado por el gobierno mexicano "muy pronto". La tecnología fue desarrollada por Verint Systems Inc, empresa que el rotativo califica de "muy bien conectada políticamente" con el gobierno estadunidense y tiene su sede en Melville, Nueva York.

Hasta ahora el gobierno mexicano no ha informado públicamente que se disponga a utilizar equipo cedido por un gobierno extranjero para intervenir llamadas telefónicas o cuentas de correo electrónico. Fuentes del Congreso consultadas ayer por La Jornada dijeron que el gobierno no ha reportado al Legislativo esos acuerdos.

Los Angeles Times publica que la información sobre este equipo de intercepción y el trato entre los gobiernos de México y Estados Unidos para utilizarlo aquí es pública en el país vecino.

Las especificaciones del contrato, añadió el diario, señalan que el sistema está diseñado con el fin de que ambos gobiernos puedan "diseminar de manera oportuna y precisa la información a sus respectivas autoridades federales, estatales y locales, así como a sus socios privados e internacionales".

La posibilidad de participación estadunidense en la vigilancia electrónica puede ser un asunto muy sensible en México, donde Estados Unidos se advierte como un vecino históricamente entrometido, añadió el diario.

"No es claro qué tan extensa será la red de vigilancia del sistema. Expertos legales dicen que los fiscales que tengan acceso a las grabaciones hechas en México podrían usarlas en las cortes estadunidenses", añadió.

El periódico recordó que Calderón ha solicitado al Congreso mexicano que se modifiquen las leyes para permitir que la policía pueda hacer cateos y grabar de modo secreto las conversaciones entre sospechosos de crímenes graves. Su propuesta eliminaría el requisito legal vigente de contar con una orden judicial para intervenir las comunicaciones y sería un medio para aplicar el nuevo sistema de intercepción. Estos cambios legales son vistos como un requisito en la batalla contra las bandas de narcotráfico, abundó.

"Pero otros sostienen que los cambios que se buscan debilitarían las protecciones constitucionales en términos de derechos civiles y abrirían las puertas a un tipo de espionaje interno como el que ha plagado a otros países latinoamericanos", añadió.

John Ackerman, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, citado por el diario, comentó que la propuesta de Calderón se dirige a los casos urgentes de crimen organizado.

El problema, añadió, es que cuando el sistema judicial se pone al margen, el gobierno puede decidir como quiera respecto a dichas intervenciones. "Sin la participación de un juez, la puerta se abre de par en par para el abuso extensivo de las libertades civiles".

viernes, 25 de mayo de 2007

Ley televisa...con maña

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Desde luego, a los baroncitos del dinero les interesa que la ley televisa no se modifique. Asegurar el ingreso de tanta lana y permitir manejar a la raza con su lavadero de coco, es su claro despropósito. Los partidos políticos son franquicias de dinero inagotable, y nunca se opondrán en serio a las televisoras. ¿Verdad Pablo Gómez? La simulación en nuestra sociedad mexicana, es una regla genérica. ¿Que otra cosa?
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Plan con maña
EL UNIVERSAL.com,mx
Raúl Cremoux

25 de mayo de 2007

Pablo Gómez, quien encabezaba a los diputados perredistas cuando votaron en forma unánime y disciplinada la ley Televisa, ha confesado que ni siquiera la vieron para su aprobación. ¿Y si la hubieran leído?

La pregunta es pertinente ya que no sólo el texto de la nueva disposición legal se impuso en el marco de la contienda electoral presidencial pasada y, bajo el peso abrumador de presiones del retiro de cualquier insumiso candidato de la pantalla, fue y es un proyecto deliberadamente destinado a confundir en beneficio de los concesionarios.

Acerquémonos a una parte toral: el artículo 17 de la propuesta dice: "Las concesiones previstas en la presente ley se otorgarán mediante licitaciones públicas". Se podría festejar que ahora hacerse de una concesión sea de ese modo, como nunca se ha hecho. Pero, un pero gigantesco que no oculta el olor a maña es el texto del artículo precedente, el 16: "El término de una concesión será de 20 años y podrá ser refrendada por el mismo concesionario, que tendrá preferencia sobre terceros. El refrendo de las concesiones, salvo en el caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento del artículo 17".

Es clarísimo: las concesiones estarán garantizadas al larguísimo plazo de 20 años y serán refrendadas siempre por el mismo concesionario ya que nunca ocurrirá que alguien renuncie a una mina de oro. Por si se quisiera añadir aún más a los favores, ninguna concesión ya otorgada se verá obligada a licitar nada. En otras palabras, se mantendrá y ampliará el mismo marco de canonjías que hicieron de la televisión un pilar en la construcción del sistema vertical y autoritario que duró 70 años.

Lo que debiera ser la condicionante mayor, es decir, la carta de programación y con ello la garantía de calidad en las emisiones, los defensores de los privilegios a los concesionarios preguntan airadamente, "¿quién es el guapo que debe dictar las normas de contenido? Y con ello constreñir la libertad informativa". Bien lo saben, no tienen contrapesos. Ejercen un poder decisivo tanto en la clase gobernante como en la conducta colectiva de la nación.

No obstante esa descomunal omnipotencia, jamás han tenido que pasar por los procesos a los que se someten quienes aspiran al poder: al sufragio con todas sus reglas. Su preponderancia es tal que está por encima del tiempo y la influencia de los políticos. Por ello imponen una legislación de tal ambición, que incluye de golpe a las telecomunicaciones, al internet y a la radiodifusión a través de todos los avances tecnológicos. A eso le llaman triple play y, por supuesto, el paquete ya es manejado por los mismos que diseñan y norman los contenidos mayoritarios en los que se modela en forma preponderante la identidad nacional.

De negarse la inconstitucionalidad de los artículos principales de la ley ya adoptada, a los concesionarios no se les exigirá probar que han cumplido ni aceptar condiciones nuevas. Aprobar esta forma de refrendo será crear un derecho a perpetuidad que, bien mirado, ya existe. Como en las monarquías, las concesiones van de una a otra generación familiar, y hoy lo que buscan es ampliar esa tradición con todas las garantías, que no son propias de las democracias pero sí muy cercanas a las tiranías. ¿Cómo podrá -si en verdad lo quiere- el Estado nacional impedir la concentración de esas concesiones federales y eliminar el actual monopolio bicéfalo que controla a la televisión comercial?

cremouxra@hotmail.com

Ángel...Demoniaco.

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¡Chin...!Otra vez me la ganó Rayuela.
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Rayuela

De parte de la OCDE, una propuesta
a la altura del llamado Angel de la Dependencia,
quien hoy la dirige:
quitarles lo más que se pueda a los pobres,
que al cabo son muchos,
y no tocar a los ricos,
sobre todo si son extranjeros.

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Antes deben gravarse alimentos que ganancias en bolsa: OCDE
La Jornada
viernes 25 de mayo de 2007

Se ''decepcionaría'' si México no aumenta la base de ingresos tributarios, afirma

El objetivo del organismo es que se eliminen todas las exenciones fiscales en IVA e ISR

Presiona por la reforma tributaria con base en que están bajando los recursos petroleros

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que preside el ex secretario de Hacienda José Angel Gurría, se manifestó este jueves por eliminar la exención generalizada del impuesto al consumo de alimentos en México. En cambio, sostuvo que no debe aplicarse ningún gravamen a las ganancias obtenidas por los capitales invertidos en el mercado accionario nacional.

Al opinar sobre el proceso de reforma fiscal, que el gobierno federal espera sea aprobado este año, Bénédicte Larré, economista senior de estudios económicos de México en la OCDE, consideró que ''sería decepcionante'' si México no lograra incrementar su base de ingresos tributarios.

El proceso de reforma tributaria tiene un sentido de urgencia, porque ''el país ya necesita recursos que no captará por la exportación de petróleo en 2007 y todavía más en 2008'', dijo la especialista de la OCDE, organización que el mes pasado recibió en París a legisladores que trabajan en el una reforma tributaria.

Este jueves, el organismo presentó en su sede en París su informe económico semestral, en el que estimó que la economía mexicana crecerá este año 3.4 por ciento y el siguiente en 3.7, pronósticos similares a los del gobierno federal y el Banco de México.

La OCDE consideró que la principal incertidumbre sobre el desempeño de la economía mexicana en los siguientes meses está relacionada con la evolución de Estados Unidos y la demanda que en ese país haya de las exportaciones mexicanas.

Agregó que ''debido a la necesidad de financiar programas esenciales de gasto, la reforma para ampliar la base tributaria y aumentar los ingresos públicos no debería ser demorada''.

En una teleconferencia de prensa desde París, los principales expertos de la OCDE para México insistieron en la necesidad de una reforma tributaria, que aumente los ingresos pero también mejore la forma en que se gastan los recursos públicos, aunque su orden de prioridades no pasa por gravar los capitales especulativos ni las operaciones en bolsa, donde se han realizado grandes transacciones sin pago de impuestos, como la venta de Banamex y Bancomer, pero sí insiste en retirar algunas exenciones al consumo de alimentos.

''Creo que existe interés entre los legisladores de los partidos políticos de México por discutir y llegar a consensos en torno a una reforma fiscal integral'', comentó Stefano Scarpetta, jefe de la división de estudios por país de la OCDE, quien participó en la teleconferencia de prensa.

''El contexto en México es ahora mejor para llegar a una reforma fiscal'', comentó por su parte Bénédicte Larré, la principal economista de la OCDE para México.

''Es probable que a partir de 2007 los ingresos por exportación de petróleo (que representan más de un tercio de los recursos fiscales del Estado) no sean tan altos como en años anteriores y esto puede facilitar el camino para lograr consensos en torno a la reforma'', añadió.

Planteó que para la OCDE el objetivo de una reforma fiscal en México sería eliminar todas las exenciones fiscales en el pago del impuesto al valor agregado (IVA) y sobre la renta (ISR), aunque comentó que esa meta es difícil de lograr.

Datos de la Secretaría de Hacienda indican que este año las exenciones al ISR costarán al fisco 301 mil 150 millones de pesos, 3.12 por ciento del PIB; mientras, las exenciones en el pago del IVA alcanzarán 187 mil 11 millones de pesos, 1.94 por ciento del PIB.

Larré dijo que la OCDE recomienda a México reducir paulatinamente las exenciones en el pago del ISR y el IVA.

Anteriores iniciativas de modificar el régimen fiscal han topado con el rechazo al cobro del IVA en alimentos y medicinas. Larré comentó que una opción es ''mantener algunos productos básicos para pobres sin el pago de IVA, porque ahora, con el régimen vigente de exención a todos los alimentos los que más se benefician son quienes compran más alimentos y los más caros, y esos no son los pobres de México''.

Interrogada directamente sobre la propuesta de algunos sectores de gravar las ganancias en la bolsa, contestó: ''Pensamos que existen capítulos que se pueden avanzar antes que alcanzar esto. Consideramos que antes deben gravarse otras cosas previo a tasar las ganancias en la bolsa''.