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viernes, 19 de noviembre de 2021

Lozoya no podrá ser testigo colaborador; la FGR alista acusación por el caso Odebrecht

 Lozoya no podrá ser testigo colaborador; la FGR alista acusación por el caso Odebrecht

Foto
▲ Emilio Lozoya Austin, en imagen de archivo.Foto La Jornada
 
Periódico La Jornada
Viernes 19 de noviembre de 2021, p. 19

Se acabaron las oportunidades para que Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), se convierta en testigo colaborador. Funcionarios federales señalaron que la Fiscalía General de la República (FGR) prepara la acusación formal por el caso Odebrecht, y este jueves venció el plazo para la investigación complementaria en la causa penal 211/2019 en que Lozoya ya reconoció haber recibido 10.5 millones de dólares como soborno por parte de la firma brasileña.

El fiscal Manuel Granados Quiroz, de la Fiscalía Especializada en Delitos Federales, señaló el pasado 3 de noviembre durante la audiencia del caso Agronitrogenados: Ninguno de los imputados ha cumplido con los requisitos para obtener un criterio de oportunidad. Según las fuentes consultadas, se mantiene esa postura en la FGR, por lo que se procederá a solicitar el inicio de la etapa de acusación contra Lozoya Austin.

Iniciada la siguiente etapa procesal, el juez de la causa otorgará al Ministerio Público Federal 15 días para presentar sus conclusiones de la investigación y proceder a enjuiciar a Lozoya Austin por haber recibido 10.5 millones de dólares como soborno por parte de Odebrecht, los cuales, según ha aceptado el ex director de Pemex, utilizó para cubrir gastos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, también para que en 2013 legisladores de diversos partidos aprobaran la reforma energética.

Las fuentes consultadas explicaron que la única posibilidad que tiene Lozoya Austin de no ser acusado formalmente por el Ministerio Público Federal es que la FGR solicite este jueves la suspensión del procedimiento, señale que Lozoya Austin sí obtuvo el criterio de oportunidad y se decrete el sobreseimiento de la causa 211/2019.

Anoche se anunció una audiencia que forma parte del proceso penal 211/2019, sin que se precisara en qué consistiría el desahogo de ésta; de todas formas, se cierra la investigación complementaria del caso Odebrecht.

Las autoridades entrevistadas, señalaron que muestra de que Lozoya ya no es considerado para obtener el beneficio de testigo colaborador, es el cambio de medidas cautelares que ahora lo tienen en prisión preventiva y en esa condición enfrenta las acusaciones por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Ello permitirá, sin riesgo de fuga, que además de los juicios por Odebrecht y Agronitrogenados, se le acumulen causas penales relacionadas con otras denuncias que se han presentado en su contra.

En el caso Odebrecht, que involucró situaciones de corrupción institucional o empresarial en más de 25 naciones, puso al descubierto la entrega de sobornos para conseguir contratos para la empresa en Brasil, Estados Unidos y México.

https://www.jornada.com.mx/2021/11/19/politica/019n1pol

sábado, 26 de noviembre de 2011

Así como a México, a Rusia la Corrupción le parte su Matruska.....

Apuntes postsoviéticos
Corrupción y multimillonarios
Juan Pablo Duch
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Es difícil entender por qué un país tan rico en recursos naturales como Rusia tiene –más allá de Moscú, San Petersburgo y otros pocos núcleos urbanos donde la crisis se nota menos– tanto ciudadano con ingresos que, según las estadísticas oficiales, corresponden a pobreza y miseria.
Sesenta y siete por ciento de los habitantes de Rusia gana el equivalente de 100 a 566 dólares mensuales y otro 10 por ciento de 566 a 833 dólares. O sea, casi 80 por ciento de la población de Rusia no alcanza el umbral oficial de medianía, sin hablar ya del de riqueza.
Con el petróleo, gas natural y el largo etcétera de materias primas que exporta este inmenso país al mundo, el nivel de vida en Rusia debería estar muy por encima del actual, con, por ejemplo, accesible asistencia médica y buenos hospitales, pero la esperanza de vida de los hombres apenas llega en esta nación a 61 años, indicador que sitúa al país en el lugar… 160 del orbe en este ámbito.
Al mismo tiempo, en estos 20 años sin la Unión Soviética –que por lo menos aseguraba un mínimo decoroso de seguridad social para todos los habitantes–, la mitad de este tiempo gobernada Rusia por Vladimir Putin, de la medianía soviética social y económica emergieron al menos 95 mil millonarios.
Son personas que –de acuerdo con un reciente estudio del Credit Suisse Private Bank– tienen, por lo menos, un millón de dólares cada uno, pero pueden llegar a acumular hasta más de 20 mil millones de dólares, como los grandes magnates que todo el mundo conoce por sus yates, mansiones, equipos de futbol soccer y derroche irracional.
La cifra impresiona, aunque se queda corta al consignar solamente los ingresos legales. ¿Cómo cuantificar la fortuna de diputados, vicegobernadores, directores generales en ministerios o jefes policiales, que declaran al fisco que ganan cantidades irrisorias y disfrutan de lujosos automóviles de 70 mil dólares o residencias de 3 millones de dólares –o más– a la vista de todos sus compatriotas?
Desde 1992, afirma Marat Musin, profesor de la Universidad Lomonósov, funcionarios públicos y empresarios corruptos lograron sacar de Rusia una suma estratosférica equivalente a 3 millones de millones y 170 mil millones de dólares, lo que podría equipararse con el robo del presupuesto federal de 10 años.
Después de analizar cerca de un millón de empresas rusas, Musin y su equipo de investigadores llegaron a la conclusión de que en los informes financieros de 738 mil de éstas compañías hay evidencias de robo y lavado de dinero. Entre las 50 mil compañías más importantes de Rusia, 80 por ciento incurren en corrupción y sus ejecutivos deberían estar, si realmente las leyes se aplicaran igual para todos los rusos, en la cárcel.

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La Jornada
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miércoles, 31 de agosto de 2011

Lo que usted quería saber sobre "Modelo y Corrupción"...



Modelo y corrupción
Luis Linares Zapata

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Los mexicanos se adentran, por simple imperativo temporal, en una recta que de-sembocará, en 2012 de tacaños vaticinios, en clara encrucijada. Las opciones para los votantes han sido marcadas por actores e, inevitablemente, tendrán que contrastarse en las urnas federales venideras. El destino de la nación se verá severamente afectado por el encontronazo que ya se resiente hasta la médula por efecto de presiones que tiran hacia puntos excluyentes. Por un lado estará la pretendida continuidad, forzada desde arriba, del modelo imperante. Por el otro se levanta la opción, empujada desde abajo, por un cambio de ruta real que sea de fondo y abarcante. Ambas ofertas están sostenidas en sendas agrupaciones políticas que persiguen, una, prolongarse en el mando decisorio y, la otra, agrupada en su polo divergente y que pretende llevar a cabo reformas que sustituyan, casi de raíz, el orden establecido.

En el flanco de la derecha sólo hay imperceptibles diferencias de matiz. Sus propuestas recaen, a pesar de sus envoltorios difusivos, en más de lo mismo: completar las reformas estructurales que aseguren el retiro del Estado de la economía, la educación y de la seguridad social; continuar el combate al crimen organizado, acentuando algunos puntos débiles de la estrategia seguida; reducir el desequilibrio presupuestal al mínimo y anclar la inflación; profundizar la inserción (subordinada) en la globalidad financiera; reforzar lazos con los socios del norte con especial énfasis en volver a abrir las válvulas migratorias; proseguir la apertura de las empresas públicas de energía; y mitigar el desempleo y los filos más rasposos de la pobreza.

Las formas con que envolverán a sus actores estelares pasarán por filtros y ayudas similares. Los abanderados para conquistar la Presidencia de la República, tanto del PAN como del PRI –formaciones de la derecha nacional–, serán indistinguibles. A lo mejor Acción Nacional irá con una acicalada mujer que chapotea en estado de gracia, y el tricolor con un rostro de atractiva y retocada juventud. Las ofertas conceptuales no podrán diferir, pues una lluvia de propaganda espotizada caerá sin misericordia sobre el auditorio cautivo del duopolio televisivo.

Las élites de la derecha, cuyos intereses en juego las hacen respingar, están bastante complacidas con lo que les pronostican sus asesores de cabecera. Las encuestas de opinión les confirman la efectividad de los pasos que han dado para el mantenimiento de su poder: alrededor de 70 por ciento del electorado potencial encuestado inclina sus actuales preferencias por sus dos partidos (PRI y PAN). La izquierda apenas roza 25 por ciento juntando sus agrupaciones y combinando, con orden, a sus precandidatos. Sin embargo, el inmenso deterioro de la vida organizada por las que atraviesa el país introduce inconvenientes para afianzar tales pretensiones continuistas.

El modelo de gobierno y convivencia hace agua por todos lados y, en repetidas ocasiones, el orden imperante parece derrumbarse por la fuerza y la contundencia de los golpes que recibe. Los hechos se suceden con velocidad indetenible y su gravedad no puede soslayarse.

Los barruntos de la segunda parte de la crisis económica mundial se concretizan con el paso de los días. Los avatares y las penurias de las econo-mías avanzadas es asunto cotidiano. La debilidad de la actividad productiva interna se enlaza con el aumento del desempleo y la caída de las exportaciones, motor del crecimiento.

Nada detiene la rampante sensación de inseguridad, el temor generalizado y la cruda indefensión de los ciudadanos de a pie. Aun aquellos situados en escalones de mediana y alta preferencia rehacen sus expectativas y no pocos optan por el exilio, aunque sea uno de medio tiempo. En la mera médula del deterioro nacional aparece, una y otra vez y a cada suceso traumático, la generalizada corrupción que invade todo resquicio del quehacer privado y público.

El caso de los salones de juego no es más que una muestra palpable de los enredos burocráticos propicios para evadir culpas y responsabilidades. Pero, también, de las ambiciones desmedidas de los traficantes de influencia y los clanes del crimen. La mediatización comunicativa de las televisoras, metidas hasta el cuello en estas andanzas, tratan de esquivar su parte en el entramado.

Con todo esto apilándose del lado oscuro del sistema, su continuidad entra en una zona de indeterminación que pone nerviosos a los capitanes de los grupos de presión. A cada rato barren la mirada y la fijan en la casa de enfrente. Consultan a sus adivinos y, aunque éstos les repiten que el control ejercido es completo, que la izquierda está destrozada, dividida, enroscada en sus fantasmas seculares, no duermen con tranquilidad. Algo falta, sobra o no es asible para sus incipientes modelos de acción y pensamiento: los asusta la factible insurrección de buena parte del electorado que ya asoma su enérgico rostro por toda la república.

Este fenómeno de masas, ahora concientizadas por sus penurias, enojos, angustias y nublados horizontes es ya un actor de primer orden. Para muchos es totalmente desconocido y, para muchos más, ninguneado. No se atreven a estudiarlo, y menos aún valoran sus dimensiones y capacidad de acción transformadora. Los críticos, difusores e intelectuales de los de arriba están, según sus cuentas, vacunados contra los demagogos o populistas que lo pregonen como suceso trascendente. Afirman que lo que de tanto en tanto les aparecen por las calles son los mismos gritones de siempre, el disco duro de la marginalidad. Y, si llegan a verlos de otra forma más ajustada con la realidad, les predican desorganización congénita. Mandones del modelo y los subalternos intelectuales que los ilustran han caído en sus alegadas prisiones conceptuales. Se han ofuscado ante la creciente de un movimiento ciudadano que los arrincona y al que responden con fórmulas vacías, calificativos y difusión controlada.
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La Jornada
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domingo, 17 de julio de 2011

Ex-presidentes mexicanos... Bola de mantenidos...



Servidumbre de expresidentes cobra 32 millones cada año

Autor: Mayela Sánchez


Además de una pensión vitalicia, seguro de vida y de gastos médicos mayores, los cinco expresidentes mexicanos tienen a su servicio a 154 empleados militares y civiles, desde choferes hasta directores generales. En la nómina, que cuesta al erario más de 32 millones de pesos anuales, hay 13 empleados en puestos de mando a pesar de que no cuentan con la preparación académica necesaria, de acuerdo con la ASF


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Desde choferes hasta directores generales, así como miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, los cinco expresidentes de México tienen a su servicio a 154 empleados, que cuestan al Estado más de 32 millones de pesos sólo por honorarios, cada año.
La nómina del personal civil y militar a disposición de Luis Echeverría Álvarez, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada se suma a las prebendas de las que gozan los exmandatarios: una pensión vitalicia equivalente al sueldo de un secretario de Estado, un seguro de gastos médicos mayores y otro de vida. Todas, a costa del erario.
A pesar de ello, la Presidencia de la República no cuenta con los perfiles de los puestos del personal civil. En consecuencia, actualmente hay 13 empleados en plazas de mando que carecen de la formación académica correspondiente a esos cargos.
Se trata de dos jefes de departamento del expresidente de la Madrid Hurtado, Zeferino Ramírez y Alfredo Islas, quienes cuentan con estudios de primaria y secundaria, respectivamente; así como Efrén Trejo, subdirector de área al servicio de Zedillo, con estudios de bachillerato, y Juan Antonio Serna, jefe de departamento de Fox y que sólo concluyó la secundaria. En la oficina del panista también despacha como subdirector Alejandro Olalde, pasante de la licenciatura en trabajo social.
De los seis subdirectores de área adscritos al equipo de Salinas de Gortari, únicamente cinco cursaron el bachillerato o una carrera técnica: Armando Rojas Yáñez y Gustavo Gutiérrez Sánchez son contadores privados y María Guadalupe Gutiérrez Sánchez es secretaria ejecutiva bilingüe. Los primeros dos cobran 25 mil pesos y ella recibe cada mes casi 40 mil pesos por su trabajo.
Juan Flores Neria y Lorenzo Mejía también ocupan una plaza de subdirectores aunque sólo concluyeron el bachillerato. Uno de los jefes de departamento del exmandatario, Alejandro Aurelio López, también tiene ese grado de estudios, mientras que José Pascual Ramírez Pomposo y Julián Ramírez Rodríguez cursaron únicamente la educación básica pero despachan como jefes de departamento.
A pesar de que su formación académica no corresponde con el nivel requerido en los cargos que ocupan, estos empleados reciben mensualmente sueldos de entre 10 mil 200 y 31 mil 700 pesos. A esos montos se le suma una remuneración complementaria que oscila entre los 6 mil y los 8 mil pesos, además de un apoyo para despensa de 77 pesos.
En su revisión a la Cuenta Pública 2009, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó esta situación y recomendó a la Presidencia de la República que incluyera como requisito de dicho personal el cumplimiento de un perfil de puesto.
Para saber si la Presidencia de la República había atendido esta encomienda, así como para conocer en qué consiste el trabajo de los empleados civiles al servicio de los expresidentes, Contralínea solicitó una entrevista a través del área de comunicación social de la dependencia. Al cierre de edición, la oficina del director general en medios nacionales, Alejandro Caso Niebla, no había dado respuesta a dicha petición.
Mientras tanto, los empleados señalados por la Auditoría continúan en sus cargos, como constata el listado del personal civil al servicio de los expresidentes, entregado a este semanario a través de la solicitud de información folio 0210000037311.
Entre esos empleados se encuentra Zeferino Ramírez García, quien figura como jefe de departamento adscrito a la oficina del expresidente de la Madrid Hurtado. Por el nivel de su cargo, Ramírez García cobra cada mes 17 mil 46 pesos.
De acuerdo con el Registro de Servidores Públicos, las funciones de Ramírez García son de chofer y cuerpo de seguridad del exmandatario.
Su ficha curricular consigna que sólo estudió la primaria y que entre 1974 y 1996 fungió como chofer en el Primer Batallón de Transportes de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Desde el 1 de julio de 1996 ingresó a la nómina de la Presidencia de la República con el mismo encargo, pero con el puesto de jefe de departamento.
Un caso similar es el de Efrén Trejo Hernández, quien aparece como subdirector de área en la oficina de Ernesto Zedillo.
Con estudios de bachillerato, Trejo Hernández fue chofer de Zedillo desde 1992, cuando éste ocupaba el cargo de secretario de Educación Pública. También lo acompañó durante la campaña presidencial de 1994 y mantuvo su puesto de conductor a lo largo de su sexenio.
El Registro de Servidores Públicos refiere que ahora forma parte del cuerpo de seguridad del exmandatario. Por su trabajo, el chofer de Zedillo recibe un sueldo de 17 mil 588 pesos al mes, además de una compensación por 7 mil 666 pesos y un apoyo para despensa de 77 pesos.
Contralínea buscó vía telefónica a Trejo Hernández en la oficina del expresidente Zedillo. Un vigilante, de nombre Miguel Sánchez, refirió que desde hace aproximadamente un año dicha persona no trabaja en ese lugar.
Oscar Frías, quien se identificó como asistente del exmandatario (aunque no figura en el listado entregado por la Presidencia), dijo que no tenía conocimiento de la situación de Trejo Hernández, por lo que no podía corroborar ni negar esa información.
Asimismo, expuso que la oficina del expresidente no se hacía cargo de las contrataciones de personal, por lo que tampoco podía hablar sobre la observación de la ASF.
En la oficina de Miguel de la Madrid, la encargada de comunicación social, Delia Amparo González, eludió hacer algún comentario sobre los señalamientos de la Auditoría ni con respecto del trabajo que desempeñan los empleados del exmandatario. Su argumento fue que no estaban autorizados para dar entrevistas.
Contralínea también buscó a Jorge Humberto Loyola Abogado, quien figura como director general del equipo de Fox en la información entregada por la Presidencia de la República, pero que despacha en el área de investigación del Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada, AC.
Loyola Abogado junto con otros ocho empleados de mando, pagados por el Estado para atender al expresidente, forman parte del personal del llamado Centro Fox, de acuerdo con la información consignada en el Registro de Servidores Públicos.
Actualmente, la asociación civil dedicada a “la formación de líderes”, es dirigida por la esposa del exmandatario, Marta Sahagún, y tiene la misma dirección que la oficina de “ayudantía” de Fox Quesada.
Al cierre de edición no se tuvo respuesta ni de Loyola Abogado ni de la oficina de comunicación social del Centro Fox, a cargo de Cristina Gómez Peralta, quien también forma parte del equipo del exgobernante.

A sus órdenes, señor expresidente

De acuerdo con la información entregada por la Presidencia de la República mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, actualmente hay 79 empleados civiles al servicio de los cinco exmandatarios vivos.
Con salarios que van de los 7 mil a los 120 mil pesos, el personal “de apoyo” de los exgobernantes cuesta al erario 1 millón 436 mil pesos mensuales, que se suman a las pensiones de 205 mil 122 pesos que se pagan a Echeverría, de la Madrid y Fox.
Salinas de Gortari y Zedillo son los únicos expresidentes que han renunciado a sus pensiones; sin embargo, mes tras mes se les entregan 6 mil 890 y 12 mil 320 pesos, respectivamente, como pago de la potenciación de sus seguros de vida y de gastos médicos mayores. Y ninguno de ellos declinó del privilegio de contar con personal pagado por el Estado.
La entrega de tales canonjías tiene como único sustento el acuerdo presidencial 2763-Bis, expedido el 31 de marzo de 1987, durante el sexenio de Miguel de la Madrid.
Previamente, el 25 de noviembre de 1976, Luis Echeverría Álvarez había emitido el acuerdo 7637, en el que se ponía a disposición de cada exgobernante a 78 miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Con el acuerdo 2763-Bis, las concesiones para quienes ocupasen el cargo de Presidente de la República aumentaron: desde entonces también disponen de una pensión vitalicia pagada por el Estado, así como un seguro de gastos médicos mayores y otro de vida.
Asimismo, cada expresidente tiene a sus órdenes directas y de por vida a 25 empleados, para desempeñar “servicios generales”. Éstos se encuentran adscritos al personal de la Presidencia de la República.
El acuerdo 2763-Bis estipula que los empleados sean un director general, dos directores de área, cuatro subdirectores, cuatro jefes de departamento, cuatro secretarias, tres técnicos especializados, tres choferes y cuatro auxiliares administrativos.
Actualmente, ninguno de los cinco exmandatarios dispone del total de empleados que el acuerdo respalda. Echeverría Álvarez es quien tiene a su servicio al mayor número de trabajadores (21), todos ellos considerados personal operativo y cuyos sueldos oscilan entre los 290 y los 1 mil 805 pesos,
aunque las percepciones totales de esos empleados alcanzan, en algunos casos, los 7 mil 255 pesos, y en otros llegan hasta los 9 mil 195 pesos. Ello se debe a que la mayor parte de su salario se les entrega como “compensación garantizada”.
Además, reciben 800 pesos como “compensación por desarrollo y capacitación”, 195 pesos por “ayuda de servicios”, 150 pesos como “previsión social múltiple” y 150 pesos más como despensa.
En la misma situación se encuentran los 11 trabajadores operativos del expresidente de la Madrid, uno de Salinas de Gortari y uno de Fox Quesada.
El guanajuatense también cuenta con nueve empleados en puestos de enlace, cuyos salarios provienen en gran medida de la “compensación garantizada”. Cuatro servidores públicos a disposición de Zedillo ocupan el mismo nivel.
De acuerdo con el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, las compensaciones son remuneraciones complementarias al sueldo, por lo que no se consideran en la base de cálculo para determinar las prestaciones básicas, ni las cuotas y aportaciones de seguridad social.
De la Madrid también tiene a su servicio a un director general adjunto, cinco subdirectores de área y dos jefes de departamento; en total, su equipo cuesta al erario 4 millones 623 mil pesos al año.
La mitad de los empleados de Fox Quesada ocupa puestos de mando y él es el único de los expresidentes que tiene en su nómina a un director general, cuyo salario mensual alcanza los 119 mil 747 pesos.
Salinas de Gortari cuenta con una docena de empleados, de los cuales sólo uno ocupa un puesto operativo.
A la cabeza de su equipo se encuentra Adán David Ruiz Gutiérrez, quien fue secretario particular del expresidente desde el término de su mandato y hasta 1999; actualmente, es director general adjunto de la oficina de Salinas de Gortari, encargo por el que recibe 85 mil 965 pesos cada mes.
Zedillo tiene a su servicio a sólo seis personas, pero por ellas el Estado paga cerca de 1 millón de pesos anualmente.

Oficinas fantasma

Aunque los empleados al servicio de los exmandatarios están adscritos al personal de la Presidencia de la República, actualmente no figuran en el directorio de la dependencia.
Sin embargo, sí se encuentran inscritos en el Registro de Servidores Públicos de la Secretaría de la Función Pública, donde también se asientan las direcciones de las oficinas de los expresidentes.
En el caso de Salinas de Gortari aparecen tres direcciones, todas en la Ciudad de México.
Pero el número 1001 de avenida Constituyentes, en la delegación Álvaro Obregón, es un edificio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aunque en dicha sede existe una oficina de la Presidencia, ninguna de sus áreas se encarga de atender los asuntos del expresidente.
Otra de las direcciones corresponde a la oficina de atención ciudadana de la Presidencia en Palacio Nacional, donde uno de los vigilantes informó que tampoco existe un área al servicio de Salinas de Gortari.
La tercera sede, ubicada en la calle Dulce Olivia 157, en la delegación Coyoacán, dejó de fungir como oficina del exmandatario alrededor de hace seis años, de acuerdo con el conserje del edificio.
El encargado dijo también que la propiedad, que alberga departamentos y no oficinas, pertenece a los hermanos Salinas de Gortari.

Millonario gasto en militares

Respecto del número de empleados militares al servicio de los exmandatarios, la Presidencia de la República manifiesta en su respuesta a la solicitud de información 02100000373 que se trata de datos reservados, pues su difusión podría menoscabar la capacidad de respuesta de tales equipos de seguridad.
La dependencia únicamente refiere que los rangos del personal asignado a su seguridad van del de cabo al de teniente coronel en el Ejército y sus equivalentes en la Armada de México, y que “en su totalidad ejercen funciones operativas”.
Sin embargo, acota que “la cantidad de elementos es variable de acuerdo a la evaluación y riesgo de las circunstancias durante las diferentes actividades que llevan a cabo los expresidentes y las comisiones propias del servicio que desempeñan” (sic).
Pero conforme al acuerdo presidencial 7637, cada exgobernante puede disponer de hasta 78 elementos militares: un general, cuatro jefes, ocho oficiales y 32 miembros de tropa del Ejército; un jefe, dos oficiales y ocho miembros de tropa de la Fuerza Aérea; y de la Armada, dos jefes, cuatro oficiales y 16 miembros de tropa.
De acuerdo con información de la Auditoría, para 2009 los cinco expresidentes contaban con 75 elementos militares a su servicio: Salinas de Gortari, 19; de la Madrid, 18; Zedillo y Fox, 17 cada uno; y Echeverría, cuatro.
Aunque no detalla el rango de cada militar, la ASF anota que ese año se gastaron 32 millones 660 mil pesos en personal de apoyo, tanto civil como militar.
Es decir, que se estarían pagando alrededor de 15 millones y medio de pesos en personal militar, si se considera que en los salarios de los empleados civiles se gastan 17 millones 236 mil pesos anuales.

Privilegios ilegales

De acuerdo con el Estudio en materia de pensiones, percepciones o compensaciones y demás beneficios a expresidentes de México, los acuerdos 7637 y 2763-Bis son inconstitucionales, ya que las leyes en las que supuestamente se fundamentan no contemplan que los expresidentes gocen de beneficios económicos, sociales o de apoyo administrativo, ni que puedan disponer de personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Asimismo, el documento del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados señala que no hay ninguna ley que faculte al presidente de la República para conferir tales prerrogativas a los exmandatarios.
Cecilia Licona Vite, autora del estudio, refiere además que las leyes en las que supuestamente se cimentaron esos acuerdos ya fueron abrogadas.
En el caso del acuerdo 7637, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de 1971, fue sustituida por la de 1986, y la Ley Orgánica de la Armada de México de 1972, fue abrogada en 2002.
Asimismo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria remplazó a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y el Gasto Público Federal, sustento del acuerdo 2763-Bis.
Dado que los nuevos ordenamientos no contienen ningún precepto que disponga de ayudas a los expresidentes con cargo al erario, la investigadora sostiene que aun cuando los acuerdos hubieran tenido soporte en las anteriores leyes, éstos han quedado sin sostén al abrogarse tales ordenamientos.
Licona Vite agrega a su argumentación que los acuerdos ni siquiera fueron firmados por los presidentes en turno, a pesar de que era su facultad hacerlo.
Conforme con el estudio de Licona Vite, el acuerdo 7637 no fue signado por Echeverría Álvarez, sino únicamente por Hermenegildo Cuenca Díaz y Luis Bravo Carrera, entonces secretarios de Defensa Nacional y de Marina, respectivamente.
Tampoco de la Madrid firmó el documento que emitió para privilegiar a los exmandatarios, por lo que el acuerdo 2763-Bis cuenta únicamente con la rúbrica del entonces secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari.
La investigadora considera esto una “anomalía” que conduce a cuestionar la “constitucionalidad y validez” de tales acuerdos.
[TEXTO PARA TWITTER: Servidumbre de expresidentes cuesta al erario 32 MDP cada año. 154 civiles y militares a su servicio]

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Contralinea
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martes, 5 de julio de 2011

Elba Esther y sus alacranes...


Las cartas marcadas de Elba Esther
Luis Hernández Navarro

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Elba Esther Gordillo tiene tantas caras como cirugías plásticas se ha hecho. Para obtener lo que quiere es capaz de hacer cualquier cosa: sonreír, amenazar, conversar, chantajear, reír, llorar, sobornar, seducir o golpear. Decir la verdad no es una de sus cualidades, tampoco la lealtad. No en balde uno de sus libros favoritos es Elogio a la traición, escrito por Denis Jeambar e Ives Roucaute.

La conferencia de prensa que ofreció el pasado 29 de junio es una muestra ejemplar tanto de sus dotes histriónicas como de su desapego a la congruencia entre lo que dice y la realidad. Durante horas mintió a mansalva, dijo medias verdades y ocultó hechos significativos.

El objetivo central de su encuentro con los medios de comunicación fue golpear al presidente Felipe Calderón, vilipendiar a sus enemigos políticos, amenazar a quienes la han abandonado, aparentemente ofrecer su fuerza política al mejor postor y, por supuesto, ensalzar a sí misma y a su familia.

En los últimos días Elba Esther habló formalmente bien de Felipe Calderón, declaró que es el presidente de la educación y aceptó –como lo ha hecho con todos los gobiernos en turno– su segunda reforma educativa del sexenio. Sin embargo, en los hechos, frente a los periodistas le clavó el puñal por la espalda. En un momento en que el jefe del Ejecutivo quiere presentarse ante la opinión pública como el paladín de la ética, la profesora Gordillo lo presentó como un político mercanchifle, que hace arreglos en lo oscurito que luego niega en público.

Durante años, la maestra tuvo un grupo compacto para hacer política conocido como la Banda de la Y. Lo integraban Francisco Yáñez (que se hace llamar el Búfalo de Metal), Miguel Ángel Yunes, y el yerno cómodo Fernando González. Pero la banda se desintegró. Involucrado con Carolina Enríquez Valles, miss Ciudad de Chihuahua 1978, Yáñez intercedió ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la hermana de ésta, detenida por el Ejército cuando participaba en el cargamento de camionetas de droga que serían pasadas hacia Estados Unidos. El Búfalo de Metal cayó en desgracia. Miguel Ángel Yunes, quien ocupó la dirección del Issste merced a la negociación de Elba Esther con Calderón, contendió por la gubernatura de Veracruz con el PAN, y dejó en su lugar en la institución a Jesús Villalobos, un personaje ajeno a la líder vitalicia del SNTE. En diciembre del año pasado se hizo la ruptura entre el veracruzano y la profesora Gordillo, cuando ella se presentó a la toma de posesión del nuevo gobernador jarocho, a pesar de las impugnaciones de Yunes.

Orgullo de su nepotismo, a partir de ese momento Elba Esther comenzó a hacer política con un nuevo grupo compacto, integrado exclusivamente por su yerno y la Banda de la M: Maricruz Montelongo y Mónica Arreola, sus dos hijas, distanciadas entre sí. Fernando González, además de ser subsecretario de la SEP, manejó durante varios años la formación de los cuadros electorales del SNTE, muchos de los cuales ocupan ahora la dirección de las secciones sindicales en los estados, desplazando a los viejos líderes. Mónica Arreola es, desde el pasado 30 de junio, la flamante secretaria general del Partido Nueva Alianza, del que la profesora Gordillo asegura no ser militante a pesar de que decide todo lo importante que sucede dentro. Y como presidente del instituto político se está estrenando Luis Castro, antiguo secretario particular de la maestra, maltratado por ella en público en innumerables ocasiones, quien trabajó en Europa como espía del Cisen bajo la cobertura de ser periodista de Notimex y luego se desempeñó como funcionario de la PGR.

En la conferencia de prensa, Elba Esther aseguró que aún no adopta una decisión acerca de a cuál candidato apoyará en 2012, porque hay mucha confusión. De lengua se come un taco. En la sucesión presidencial juega con cartas marcadas. Una cosa es lo que quiere que los demás crean que hace y otra lo que verdaderamente hace. Meses atrás, la profesora Gordillo saltó del barco panista al que subió en 2000 con Vicente Fox. Ante la inminencia del naufragio blanquiazul se apresta a pactar con el partido que la expulsó de sus filas, o, más específicamente, con Enrique Peña Nieto. Humberto Moreira, el presidente del PRI, es una pieza suya. Eruviel Ávila, el abanderado tricolor en el estado de México, obtuvo la candidatura con el apoyo de ella.

Pero, por lo pronto, no puede (y no le conviene) hacer pública esa alianza. Sobre su cabeza cuelga una espada de Damocles. Su liderazgo formal en el SNTE es absolutamente irregular, pues contraviene los estatutos del organismo gremial. Si el gobierno federal quiere puede anular su representación gremial. Para evitarlo, Elba Esther necesita que el tiempo corra. Conforme más cerca esté la sucesión presidencial, menos probable es que se le desconozca. Por ello quiere hacer creer que no ha tomado aún una decisión de a quién aliarse en 2012, aunque todos los pasos que ha dado se dirigen hacia Peña Nieto.

La madrugada del 24 de abril de 1989, a los pocos minutos de ser ungida secretaria general del SNTE por Carlos Salinas de Gortari, Elba Esther Gordillo declaró a la prensa: ¡El sindicato jamás volverá a permitir la instalación de un cacicazgo, porque daña a la conciencia, al intelecto de los maestros de México! Desde entonces han transcurrido 22 años. Así de confiables son sus palabras...
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La Jornada
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miércoles, 27 de octubre de 2010

Ley Simi, Totalmente Corruta...

Ricardo Rocha entrevista a Agustín Guerrero Castillo. 


Ley Simi, totalmente viciada; Corte nos dará la razón


El diputado federal del PRD, Agustín Guerrero Castillo confió en que la Suprema Corte de Justicia fallará a favor de ese partido, que anunció emprender una controversia constitucional en contra de las reformas de la ley del IMSS, que le instruye entregar vales de medicina cuando el instituto no cuente con ellas

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=138118


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Ley Simi: Descarada Corrupción...

Ley Simi: el rostro de la corrupción
Javier Flores


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La Cámara de Diputados acaba de cometer un error muy grave. Aprobó ayer por mayoría, una ley que ejemplifica con claridad el grado de corrupción en el que se encuentra inmerso nuestro país. Se trata de una modificación a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la cual, en lugar de buscar solución de fondo al desabasto de medicamentos que desde hace varios años enfrenta esta institución, repartirá vales entre los derechohabientes que podrán canjearse por medicinas en las farmacias.
La iniciativa fue presentada por el Partido Verde Ecologista de México, cuyos dueños –que no dirigentes– forman parte de una familia que es al mismo tiempo propietaria de las farmacias El Fénix y de las de medicamentos similares, lo que indica claramente que existe un conflicto de interés. Este partido, que subsiste debido a la ignorancia de algunos sectores sociales que creen que realmente se preocupa por la lucha en favor del medio ambiente, y por las alianzas que ha hecho en distintos momentos tanto con el PAN como con el PRI, diseñó una campaña política de tres puntos (sí sólo tres) en la que además del canje de vales por medicinas, ofrece la pena de muerte y vales para aprender inglés y computación, lo que ilustra su riqueza ideológica.
La iniciativa votada ayer y aprobada por mayoría implica la privatización de una de las funciones más importantes del IMSS, que tiene que ver con el tratamiento de los enfermos. Si bien este instituto enfrenta continuamente el problema de desabasto de medicamentos –algo que se podría resolver dotándolo de más recursos y mediante acuerdos con los laboratorios–, esta tarea ha funcionado para regular positivamente el mercado de fármacos, pues al adquirir volúmenes importantes de genéricos o medicinas de patente, abate los precios con la consecuente reducción de los costos.
Al repartir vales para que los derechohabientes acudan a las farmacias, como lo han decidido vergonzosamente los diputados, los precios de cada tratamiento se incrementarán enormemente y los costos –que tendrá que pagar el propio IMSS– serán mayores. Los beneficiarios de este descarado acto de corrupción serán el sector privado farmacéutico en el que se encuentra nada menos que la familia de los dueños del Partido Verde.
Pero este evidente acto de corrupción en contra una de las instituciones más importantes para la seguridad social en México, aprobado también por los diputados del PRI para pagar supuestas lealtades, ocurrió con tal desaseo, que ofrece la oportunidad de que pueda ser corregido. Se incurrió en una ilegalidad en el procedimiento parlamentario consistente en que el dictamen no se aprobó en el seno de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, sino que sus promotores recogieron las firmas en los pasillos (la suciedad siempre deja huellas). Por ello y por ser un atentado contra la seguridad social en México, el diputado Alejandro Encinas anunció que será presentado un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ojalá que este recurso prospere y pueda darse marcha atrás a este descarado acto de corrupción.
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http://www.jornada.unam.mx/2010/10/27/index.php?section=opinion&article=041a1soc
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