¡Ya estamos hasta la MADRE de tanta CENSURA...  Di No a la Censura...

miércoles, 30 de noviembre de 2011

Comentarios del Senador Galindo y John Ackerman sobre la denuncia contra calderón en la Haya...


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 John M. Ackerman 

Las descalificaciones del Senador Galindo:  y mi réplica: con  en MVS, Radio

I.- Ramón Galindo, senador

miércoles 30 de noviembre de 2011
Da su punto de vista en torno a la respuesta que diera Presidencia de la República luego de que una serie de mexicanos presentaran una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Felipe Calderón Hinojosa. El senador Galindo habla también del debate que suscitó en la Cámara Alta sobre respuesta del gobierno mexicano a la demanda.
II.-  John Ackerman, analista, politólogo e investigador de la UNAM
miércoles 30 de noviembre de 2011
Pone sobre la mesa de la Segunda Emisión de noticiasmvs las razones por las cuales se presentó un recurso legal ante la corte de La Haya contra el presidente Felipe Calderon.
 MVS

La PGR quería esconder el expediente de Radilla... La Corte le dijo que no se podía...


Ordena la Corte a PGR entregar expediente sobre desaparición de Radilla

Ministros rechazaron que se trate de carácter reservado. Comisión de DH podrá acceder a archivo.
Jesús Aranda 
Publicado: 30/11/2011
México, DF. La Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó a la Procuraduría General de la República permitir el acceso y entregar copias de la averiguación previa sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y a la hija del extinto luchador social, Tita Radilla.
Los ministros rechazaron el argumento de la PGR de no entregar dicha información con el pretexto de que ésta era de carácter reservado y le dio la razón a la postura del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) de instruirla a entregar la documentación solicitada.
La primera sala de la Suprema Corte resolvió este miércoles el amparo que promovieron la PGR y el Ifai sobre este tema y determinó que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la hija de Rosendo Radilla estaban en su derecho de recibir la información, en razón de que la averiguación previa está relacionada con hechos constitutivos de posibles violaciones graves a derechos humanos.
Sobre todo, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había sentenciado al Estado Mexicano por la violación a los derechos humanos de Rosendo Radilla.


La Jornada
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Historia de un secuestro, bajo el amparo del gobierno de Durango...


MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2011


Colaborador de Peña Nieto, con nexos a secuestro, publica Proceso

Por Victor Hernández

La revista proceso publicó un artículo mucho muy grave sobre uno de los colaboradores de Enrique Peña Nieto. Se trata de Hugo Rosales, ex secretario de gobierno con Peña Nieto, quien es primo hermano de Marco Antonio de Haro Rosales, a quien el empresario mexiquense José Morales acusa de haberlo secuestrado para exigirle 13 millones de pesos en contubernio con las autoridades de Durango, estado gobernado por el PRI.

http://www.blogdeizquierda.com/2011/11/colaborador-de-pena-nieto-con-nexos.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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28 DE NOVIEMBRE DE 2011
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MÉXICO, D.F. (Proceso).- Parece el guión de una película de terror. No lo es. Es la historia de José Morales, quien fue secuestrado, amenazado y chantajeado por funcionarios y exfuncionarios del más alto nivel en el estado de Durango, uno de los cuales ahora forma parte del equipo del aspirante presidencial priista Enrique Peña Nieto. Morales narra a Proceso la pesadilla que vivió pese a saber que aún corre riesgos. “Tengo que denunciarlo”, afirma.
A las seis de la tarde del 1 de junio de 2011 José Morales y su hijo –del mismo nombre– daban un paseo a pie cerca de su casa en la colonia La Herradura, Estado de México, cuando una camioneta doble cabina color gris plata, sin placas, los interceptó. Cuatro hombres armados bajaron de ella. El más alto y fornido preguntó por José Morales. Éste respondió: “Soy yo”. El hombre fornido lo sujetó con un brazo por el cuello, le dijo que era comandante y lo subió a la camioneta.
“Supe que era un secuestro. Mi hijo intentó rescatarme. Lo contuve. Quise evitar mayores males. Circulaban en sentido contrario. Aunque me llevaron con la cabeza gacha, noté que tomamos hacia Querétaro. Iba nervioso. Me quitaron el celular. Les pedí que me permitieran llamar a mi familia y se negaron. De pronto nos desviamos hacia un paraje antes o después de Querétaro, no sé. Me dejaron en una construcción rodeada con barrotes.”
Cuenta la historia don José Morales, quien –por conducto de su sobrino, el abogado Germán Cruz– solicitó una entrevista con Proceso. Lleva en las manos una carpeta de piel color azul marino. Lo acompaña Cruz. En la carpeta está el cúmulo de hojas y fotografías que componen el expediente judicial 69/2010.
Mientras José Morales era trasladado a Querétaro, su hijo daba a su primo Germán los detalles del secuestro. “Por la descripción le dije que era un secuestro, pero me recordó que el plagiario se identificó como comandante. Hablé con un abogado amigo de la familia y empezamos a buscar a mi tío en las procuradurías del Estado de México y del Distrito Federal, en la Cruz Roja y en hospitales. No estaba”.
Hacia las 20:30 el hijo recibió una llamada a su celular: Escuchó la voz de un hombre: “O nos pagas 13 millones de pesos o vas a encontrar a tu papá en pedacitos”. Colgó. A las 23:30, otra llamada: “Junta 13 millones en efectivo. Te indicaremos en dónde será la entrega”.
A las 0:30 horas otra llamada: “Ve a Durango”. “¿A la calle de Durango?”, preguntó José hijo. “No, pendejo. No es una broma. Al estado de Durango. Cuando llegues te hablo para decirte en dónde entregues el dinero”.
Amaneció el 2 junio.
José Morales sigue el relato de su secuestro. Insaciable, una y otra vez bebe el agua del vaso que tiene frente a él, sobre la mesa de la sala de lectura del semanario. Su boca seca le obliga a hacer pausas continuas. Reanuda el relato: “La mañana del jueves 2 un hombre rapado llegó por mí a la construcción. Me ordenó que subiera a la camioneta. Poco después se unieron dos de los hombres que me secuestraron. Tomaron rumbo a Durango”.
Una vez en la capital del estado, para su sorpresa lo llevaron a las oficinas de la Fiscalía General. Ahí permaneció largo rato. Cuando fueron por él, sin explicación alguna lo condujeron nuevamente a la camioneta y en ella lo sacaron de la fiscalía. Durante un tiempo dieron vueltas en las cercanías del penal y finalmente lo llevaron a la cárcel: “Me fotografiaron y tomaron huellas de toda mi mano. Me alegré. Pensé que al menos quedó un registro de dónde estaba”, dice.
Lo llevaron al área de reos de nuevo ingreso. Sus compañeros le prestaron cobijas, le regalaron un jabón y le dijeron que después de las 21:00 horas los dejaban usar el teléfono; le facilitaron una tarjeta.
Mientras tanto, ese mismo 2 de junio su hijo y su sobrino, acompañados por un abogado, iniciaban otro vía crucis: Tomaron el primer vuelo que encontraron a Durango. Llegaron a esa ciudad a las 11:30 de la mañana y se hospedaron en el hotel Milenio. Los plagiaros no hablaban. Los tres salieron a buscarlo a la cárcel municipal, la fiscalía y el penal estatal. No lo encontraron.
Después del mediodía sonó el celular de José hijo. La misma voz quería saber si traía el dinero. José le pidió una prueba de vida de su padre. Fue una osadía: “Nosotros no tenemos que darte nada. ¿Pagas o lo quieres muerto? Te lo voy a decir muy claro. Si pudimos traernos a tu papá, ¡imagínate lo que podemos hacer! El fiscal general Ramiro Ortiz Aguirre está enterado de este asunto”. No lo podían creer.
Recordaron que el pasado 31 de enero Ortiz Aguirre y un agente del Ministerio Público fueron acusados por el señor Polo Valenzuela de proteger a los secuestradores de su hijo Leo, a quienes él logró identificar plenamente. Polo Valenzuela fue asesinado la mañana del 4 de febrero. A casi un año de su homicidio, su caso sigue archivado.
Estupefactos, José, Germán y el abogado que los acompañaba regresaron al hotel. A las 18:30 recibieron otra llamada. José puso el altavoz: “Te esperamos a las nueve de la noche en el bar del hotel Gobernador. Ven solo”, le ordenaron.
No fue solo. A la cita acudieron los tres. En el lugar no sabían a quién dirigirse. De pronto José reconoció a uno de los secuestradores; éste se le acercó. Igual que hizo cuando plagió a su padre, con el brazo le rodeó el cuello y lo llevó a una mesa en la que lo esperaban varios hombres: seis tatuados, uno con cachucha roja y otro de baja estatura. Le reclamaron haber llegado acompañado: “¿Quieres que hable para que lo maten?”, amenazó.
Respondió el hijo: “¡Espera! No tienes por qué ponerte así. Dijiste que eres comandante, ¿por qué pides un rescate? ¿Por qué lo trajiste a Durango?”. El hombre contestó: “Siéntate cabrón, te lo vamos a decir…”.
Los acompañantes del secuestrador se pusieron de pie, los rodearon y los despojaron de celulares, radios y cámaras fotográficas. Portaban armas a la cintura. En el bar del hotel los clientes observaban impactados pero nadie intervino. Ni el personal de seguridad.
El llamado comandante se presentó: “Soy Marco Antonio de Haro Rosales, primo hermano de Hugo Rosales Badillo, exsecretario de gobierno del estado, que tiene el despacho de abogados más poderoso de aquí. Te dije que de esto está enterado el fiscal y también el gobernador. Si no colaboran y nos dan los 13 millones, le damos en la madre a tu papá”.
Germán sigue el relato: “Se puso de pie el chaparrito. De Haro nos dijo que era su colaborador. Él asintió y se identificó: ‘Soy Phillip Brubeck. Mira cabrón, pagas o tu papá se muere. Queremos negociar con ustedes, pero tanto Marco de Haro como yo tenemos la facultad para hacer una llamada y matarlo’”.
“De Haro aclaró: ‘En 2006 tu papá no entregó unos equipos para la fabricación de mezcal y el Consejo Estatal de Mezcaleros –con quien se firmó el contrato– quiere su dinero’. Mi primo le dijo que sí estaban instalados, que todavía en mayo vino mi tío y que un ingeniero de la empresa asesoró a los ejidatarios para que manejaran el equipo. Alfredo Conde y Valente Salas, representantes de las empresas, firmaron de recibido. Intervine: ‘De acuerdo, regresamos los 13 millones y nos entregan el equipo’. Marco Antonio respondió: ‘No, cabrón, esos equipos se quedan como pago de daños y perjuicios’. Lo interrumpí: ‘¿Ves? Reconoces que sí existe el equipo’.”
Brubeck se dirigió a mi primo: “Eres un chamaco pendejo. Para nosotros no existe el equipo. Nos vas a pagar a la buena o a la mala”. Todos se pusieron de pie. Los hombres tatuados hicieron amago de sacar las armas. El bajito añadió: “Hijos de la chingada, o pagan o se mueren ustedes también. Rosales Badillo y el fiscal apoyan esta causa”. Se jactó de ser quien proporcionó el domicilio del señor Morales.
Más tarde, al investigar los antecedentes de los plagiarios, se enteraron de que Brubeck es director de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía del estado y que por su cargo tiene acceso a información confidencial de proveedores y beneficiarios.
Los primos y el abogado se encaminaron al acceso del hotel para retirarse: “Al abrir la puerta de cristal nos alcanzaron. Marco sujetó a mi primo y le dijo: ‘Ven hijo de la chingada’. Brubeck lo increpó: ‘Te voy a dar una muestra de que nosotros sí tenemos poder’. Tomó su celular, marcó un número, puso el altavoz y preguntó: ‘¿Tienen a ese cabrón con ustedes todavía?’. ‘Sí’, le contestaron. ‘Si en tres minutos no te hablo, lo matas’, agregó. Mi primo no pudo más: soltó el llanto”, narra Germán.
José Morales se aprieta las manos y se esfuerza por no llorar mientras sigue atento el relato de su sobrino:
“De Haro le preguntó cuánto dinero traía. Mi primo le dijo que 200 mil pesos. Se los pidió y, benevolente, le concedió un día más para reunir los 13 millones. Además le ordenó pagar los 9 mil pesos que consumieron en el bar. Los hampones nos rodearon. Nos mostraban sus armas. Se acercó el tipo que siempre permaneció callado, el de la gorra roja. Se dirigió a mi primo: ‘Es muy sencillo, si me da el 35% de lo que le exigen los compadres, puedo ayudar a su papá para que no le pase nada’. ‘¡¿Cómo?! No los tengo’, le respondió.”
De regreso al hotel notaron que eran vigilados por una persona que conducía un Grand Marquís oscuro, sin placas. Los vigiló toda la semana que permanecieron en Durango. Ya en la habitación, pasadas las 21:00 horas José recibió otra llamada telefónica. Con sorpresa escuchó la voz de su papá. Cuando menos ahora sabía que estaba vivo y bien, aunque preso. Don José les habló de una amenaza de muerte que recibió al entrar al penal. Se preocuparon pues recordaron que dos semanas antes ahí mataron a 20 reos.

Complicidad del juez

El 3 de junio muy temprano fueron a buscar a don José al Cereso de Durango. Recorrieron todos los juzgados. No estaba registrado. Por fin una abogada les comunicó que estaba en el Juzgado Segundo de lo Penal y que estaban por tomarle declaración preparatoria. Encontraron a don José tras la rejilla de prácticas y ahí fue cuando escucharon que lo acusaban de fraude genérico por no instalar las fábricas mezcaleras.
“Pedí el expediente a la secretaria de Acuerdos. De atrás de una puerta que está dentro del juzgado salió un tipo y amonestó a la licenciada por prestarme el expediente. Le dije: ‘¡Oye!, no sé de leyes pero soy el acusado y tengo derecho a leer de qué me acusan’. Después supe que el señor es el agente del Ministerio Público de nombre Martín Hernández, el mismo de la cachucha roja que la tarde anterior acompañó a los secuestradores y le pedía 35% de los 13 millones a mi hijo”, cuenta don José.
Interviene Cruz: “Me acerqué al juez Juan Manuel Lira Gallegos, le comuniqué lo sucedido con esa persona y respondió: ‘¿Qué quiere que haga? Ustedes hagan lo que tengan que hacer’. Nos quedamos pasmados. Perplejos”.
“Su señoría”, dijo Germán, “¿cómo es posible que secuestren a mi familiar, lo traigan sin una orden de aprehensión ni de presentación ni de colaboración con la Procuraduría de Justicia del Estado de México? No existe ni el parte de la Policía Judicial ¿Así lo va a declarar? ¿Sabe lo que está haciendo? Viola los artículos 16 y 19 constitucionales”. El juez no respondió.
Continúa: “‘¡Ah!, por lo que veo es muy claro que todos están confabulados’, le dije al juez. Respondió: ‘No me ofenda’. ‘Están rayando en lo absurdo: MP, jueces, autoridades y exfuncionarios coludidos, ¿dígame mejor de qué se trata y cuánto le dieron’. ‘Prosiga la audiencia y platicamos’, respondió el juez”.
El abogado de la familia Morales analizó el expediente, notó que en el punto V se señala que los equipos no fueron entregados y vio que hay una pericial y una inspección ministerial con fotos y algunas cosas que no son congruentes con la realidad. Además está asentado un avalúo de la maquinaria de 12 millones 735 mil pesos sin IVA, que un perito local realizó sin tener la maquinaria a la vista. Germán solicitó de inmediato una inspección judicial.
El Ministerio Público (MP) se opuso a la inspección, porque dijo que ya había una en el expediente: “Le dije al juez que no podía oponerse, de lo contrario me iría al Distrito Federal a denunciar las irregularidades. Se molestó, pero la otorgó”, recuerda Cruz. Ese mismo día se hizo la inspección: Acudieron al poblado de Pino Suárez, en Durango, el MP, la secretaria de Acuerdos y otros enviados del juzgado, quienes dieron fe de la existencia de la maquinaria instalada.
Al día siguiente, 4 de junio, fueron al municipio de El Mezquital. Pero ahí, a la fábrica llegaron hombres armados, entre ellos Marco Antonio de Haro y el MP. El primero aleccionaba al segundo. Germán Cruz se atrevió a tomar algunas fotos que entregó a Proceso junto con una copia íntegra del expediente jurídico; una lista de las placas de los seis automóviles desde los que los vigilaron, todos registrados a nombre de hermanos de Hugo Rosales, exsecretario de Gobierno –quien ahora forma parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto– y un legajo de copias de notas periodísticas que mencionan secuestros operados desde la fiscalía y en contubernio con Rosales.
“El día 5 le pregunté: ‘Su señoría, de cuánto será la fianza para sacar en libertad bajo caución a mi tío; puesto que acreditamos la existencia e instalación de la maquinaria se desvanece el cargo que le imputan en el punto V’. Nos pidió que esperáramos y después de una hora nos llamó para decirnos que la fianza era de 13 millones de pesos, más 60 mil por sanción pecuniaria y 10 mil por multa. ‘¿Es en serio lo que dice?’, le pregunté. No reconsideró. Ésta es la fianza más alta que se ha fijado en el estado”, asegura Cruz.
Al salir del juzgado, De Haro los interceptó una vez más: “Va a pagar o no va a pagar”, le preguntó al hijo de don José.
Ya en la Ciudad de México “tuvimos problemas para obtener una fianza tan alta. Es fácil sacar una industrial para un contrato de licitación o para ejecutar una obra civil, pero no para esta causa. Por fin, la afianzadora Sofimex la expidió, sólo había que esperar la semana que lleva el trámite”.

Amenazas de muerte

Mientras tanto en el penal don José Morales recibió una visita. Al llegar al locutorio vio que lo esperaba De Haro y prefirió regresar a su celda: “Después supe que este señor solicitó que me pasaran a otra área. Me dijeron que contrató a una persona para que me matara. Afortunadamente me dejaron en el mismo lugar. Ya conocía a los presos. Me levantaba a las cinco de la mañana a la fajina: limpiar, barrer… me servía de distracción”, narra, perturbado.
Interviene su sobrino: “Nos preocupó saber que seguían amenazándolo. Por fin llevamos la fianza al juzgado, se la exhibimos al juez y nos dijo que no podía entregarlo porque faltaba un nombre de mi tío. Le dije: ‘Señoría, ¿cómo es posible?, le estoy trayendo una fianza con el nombre exacto de mi tío y además aquí viene su hijo y viene un representante de Sofimex y puede avalar que es la persona’. Pidió que regresáramos a México a cambiar el documento”.
Se alteró: “Le dije: ‘Juez, qué lastimoso y qué doloroso saber que la delincuencia organizada no son los narcos, no es la gente que anda afuera robando, extorsionando; la delincuencia organizada son ustedes. Ustedes se organizan aquí para que estos individuos secuestren y extorsionen, como lo hizo Marco Antonio con mi tío. ¡No es posible que no lo quiera liberar! Vamos a denunciarlo por privación ilegal de la libertad, porque usted sabe que existe jurisprudencia y mientras no varíen los apellidos no hay problema’. En eso entraron De Haro y Brubeck; lo presionaron para que no lo liberara”.
Interviene don José: “No se imaginaron que podíamos obtener la fianza. Supusieron que me iban a tener guardado un mes o mes y medio. Ganando tiempo para que les diera el dinero en efectivo”.
Confirma su sobrino: “Cuando De Haro y Brubeck se dieron cuenta de que llevábamos la fianza nos pidieron que les diéramos el dinero a ellos y que irían a entregarlo a los ejidatarios”.
Abandonaron el juzgado. En la puerta del penal los alcanzó el juez y les dijo que iba a liberar al señor Morales y le fijó audiencias mensuales. Después de media hora salieron del penal con don José, en un coche rentado, y se fueron directamente al aeropuerto. Con militares custodiando la zona, lo consideraron el lugar más seguro para esperar durante seis horas la salida del vuelo al DF.
En la primera audiencia, el pasado 8 de julio, estaban De Haro y Brubeck con 12 hombres armados en el juzgado: “Nos interceptaron y amenazaron a mi primo José: ‘Tú, pinche niño, también te vamos a matar. ¿Piensas que lo tienes todo controlado? Esa pinche fianza que metieron…’
“Esa vez llevamos a Carolina Alonso Padilla, perito del Tribunal Superior de Justicia del DF, especialista en el área. Rindió un peritaje y avalúo de la maquinaria. De Haro le dijo que era una cualquiera, una pinche vieja y que le iba a dar en la madre… La empujó, le alcanzó a pegar. Ella le preguntó al juez que cómo era posible que permitiera que la agredieran. ‘No puedo hacer nada’, respondió.”
Para el 12 de octubre, fecha de otra audiencia, fueron con Sonia Yadira de la Garza, fiscal general de Durango desde el pasado 13 de julio. Fuentes de la Procuraduría General de la República aseguran que Ramiro Ortiz fue destituido por no aprobar el examen de confiabilidad.
“Le narramos todo. Pidió copia del expediente. Notificó al gobernador que no existían elementos para librar una orden de aprehensión, tampoco de colaboración, de detención ni presentación”. También acudieron con el secretario de Gobierno, Héctor Vela, a quien le solicitaron garantías.
–¿Pasó el peligro? ¿Está consciente de los riesgos que corre al denunciar? –pregunta la reportera a don José, quien suelta el llanto contenido durante tres horas de entrevista.
–Tengo 65 años. He vivido. La familia es lo que me preocupa. Sé que habrá reacciones.
Pierde un poco la compostura: “¡Mire, lo que me hicieron no tiene madre! ¡Es inaudito! Mucha gente se calla por miedo. Estas cosas se tienen que decir. Vivo de mi trabajo y no puedo permitir que una bola de mafiosos y rufianes abusen y traten de hacerse ricos con el dinero de los demás. Sé el riesgo que corro pero tengo que denunciarlo. Así me educaron, para bien o para mal.”
El llanto es incontenible. Se disculpa mientras limpia sus lágrimas. Le es imposible hilvanar una frase. Las palabras le salen entrecortadas. “Decidí denunciar porque nos enteramos de un caso similar, el de don Polo…”.
En breve don José se presentará ante el juez Lira Gallegos en Durango para solicitarle que se decrete su libertad por “desvanecimiento de datos”.
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Proceso
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Un cura confiesa pederastia y sus compinches lo sabían...


Un cura confiesa pederastia y asegura que toda su congregación lo sabía

Los actos tuvieron lugar en la comunidad católica de Béatitudes, una congregación que proclama la vivencia alegre de la fe y que está siendo investigada en Francia por posibles tendencias sectarias.
Fecha: miércoles 30 de noviembre de 2011
París. Un cura francés confesó hoy haber cometido actos de pederastia durante varios años en el seno de una congregación que conocía su forma de actuar, durante la primera jornada del juicio abierto contra él en Rodez, en el centro de Francia.

Pierre-Etienne Albert, que actualmente tiene 60 años y vive recluido en una abadía, está siendo juzgado por haber cometido tocamientos, caricias y besos a 38 niños de 5 a 14 años entre 1985 u 2000.

Pero él mismo confesó que la lista es mucho mayor y reveló hasta 57 nombres de niños, aunque muchos de los cuales no serán juzgados porque o han prescrito o los hechos no se han establecido.

Los actos tuvieron lugar en la comunidad católica de Béatitudes, una congregación que proclama la vivencia alegre de la fe y que está siendo investigada en Francia por posibles tendencias sectarias.

Albert, que escribía las canciones de los monjes y dirigía los coros, viajó por varios centros de la congregación y, gracias a sus labores, tuvo acceso a muchos menores.

En ese contexto se produjeron los actos pederastas que confesó al tribunal, donde también quiso pedir perdón a sus víctimas.

"Espero que encuentren consuelo tras este juicio", afirmó el fraile ante la corte y delante de muchas de las víctimas que acudieron al proceso.

El cura, que puede ser condenado a una pena de hasta diez años de cárcel, aseguró también que narró a sus hermanos de congregación los hechos por los que ahora está siendo juzgado.

Pero no hicieron nada, ni siquiera le apartaron de sus funciones donde el contacto con los niños era más habitual.

Ninguno de los responsables de la congregación admitió los hechos y ninguno aparece como acusado porque los delitos de ocultación de denuncia que se les podrían imputar ya han prescrito. 

MVS
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Más sobre los Fraudes en PEMEX


El Órgano Interno de Control de PEMEX Internacional detectó un fraude por 17 millones 324 mil 581 dólares en el 2008 por compra de naftas / El subdirector de Gas de la paraestatal, Rodrigo Aranda Salmerón, fue separado del cargo hace tres semanas
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MEXICO, D.F., 29 de noviembre (EL UNIVERSAL).- El Órgano Interno de Control (OIC) de PMI encontró un fraude por compra de naftas en 2008, lo que provocó un quebranto de 17 millones 324 mil 581 dólares tan sólo en ese año; el responsable de las importaciones fue Rodrigo Aranda Salmerón, subdirector de gas de PMI Comercio Internacional, quien fue separado del cargo hace al menos tres semanas.
Actualmente, la Secretaría de la Función Pública está investigando este fraude en el que está involucrada la empresa holandesa Trafigura. Este caso está relacionado con las investigaciones hechas en torno al equipo de Rocío Cárdenas, directora de PMI.
De acuerdo con el expediente, la operación consistió en que PMI compró 218 mil 482.55 barriles de Nafta que se destinaron a Pemex Petroquímica, a un precio más caro que el que estaba en el mercado spot al momento en el que fue adquirido el producto.
Según la investigación, Rodrigo Aranda pidió un barco spot de Nafta, lo que significa que el precio del Nafta tendría que haberse adquirido a un precio del día en que llegaba el barco a México y no cuando se solicitó el producto.
Es decir, el funcionario pidió el barco a finales de septiembre de 2008 cuando el precio estaba en 109.39 dólares por barril y el barco llegó a México en la primera semana de diciembre de 2008, cuando el precio estaba en 36.71 dólares por barril.
La diferencia fue asumida directamente por PMI, ya que Aranda en lugar de exigir el precio del día, decidió pagar el precio más caro cuando lo correcto era pagar el precio spot, o sea del día.
Lo anterior significó un quebranto para Pemex Petroquímica por los mencionados 17 millones de dólares.
Aranda fue suspendido de sus labores a finales de octubre pasado y sus colaboradores son también investigados por el OIC de PMI, por fraude.
El quebranto investigado es con relación al cargamento del barco Nord Observer, cuya salida está documentada (Bill of Landing) el 30 de septiembre de 2008. El producto es de Trafigura y el barco proviene de Aruba, a cargo del capitán Navia Badwall.
Rodrigo Aranda, al ser investigado, dejó de trabajar en un periodo de 3 meses en Pemex hasta que se demuestre lo contrario. El funcionario en investigación inició el cargo en
PMI el 12 de marzo de 2002, pero antes trabajó para Pemex Petroquímica, a través del Complejo Cangrejera entre noviembre de 1991 al mes de abril de 1993
El monto de las percepciones brutas percibidas al 9 de septiembre de 2011 fue de 130 mil 626.19 pesos mensuales, según el portal de Transparencia.

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Por Esto
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La Tortura Oficial en México........


Tortura, técnica de “investigación” policiaca y militar en México
Autor: 

30 NOVIEMBRE 2011

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El Ejército, la Marina, la Policía Federal, las policías estatales, municipales y ministeriales aplican y promueven los mecanismos de tortura para obtener información y confesiones de sus detenidos. Por estos hechos, sólo se han registrado dos sentencias en contra de agentes del Estado, sin que existan detalles al respecto, afirman organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas 

Una colcha mojada recargada en su hombro. Hombres vestidos de negro y encapuchados enfilados frente a él. Armas largas apuntaban a su rostro, genitales, brazos y piernas. Burlas, gritos y amenazas de los funcionarios adscritos a la Procuraduría General de la República (PGR).
Un cubículo de tres por cuatro metros cuadraros, aproximadamente, era el escenario que le prepararon sus verdugos. “Ya sabemos lo que hiciste, ahora sí te va a cargar la chingada”, advertían. Ramsés Villarreal Gómez, parado frente a ellos, inmóvil de miedo y angustia. No sabía de qué le estaban hablando. Ni por qué lo habían llevado a ese lugar. Luego se enteró de que eran las instalaciones de la PGR, en la delegación Azcapotzalco.
Era el 30 de septiembre de 2009. El joven universitario se dirigía a las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Viajaba en transporte público, de donde fue bajado a empujones por cuatro hombres vestidos de negro y llevado a una camioneta del mismo color (Contralínea 157).
Dentro del vehículo oficial, dos playeras (la propia de color clara y una oscura) cubrieron la totalidad de su rostro. Con la cabeza casi puesta sobre las rodillas y el peso de dos de los hombres sobre él escuchaba: “Te va a ir muy mal. Te vamos a matar, a torturar, a desaparecer”. Relata que fue hora y media de amenazas y trayecto.
Llegó con sus captores a una bodega donde lo tuvieron resguardado. Ignoraba cuál era su paradero, pensó que se trataba de un secuestro. “Ahí llegaron unos 10 policías, acompañados de personas de traje sastre. Fue ahí donde me dijeron: ?Estás aquí porque pusiste unos bombazos’”.
Los días 1, 8, 14,16 y 22 de septiembre de 2009, el Distrito Federal fue escenario de varias explosiones en cajeros automáticos y tiendas comerciales. Por éstos, la PGR inició entre otras la averiguación previa PGR/DF/SPE-XII/4126/-09-09. Los delitos que se “investigaban”: daño en propiedad, violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y Terrorismo.
El último viernes de octubre de 2009, Villarreal Gómez fue aprehendido por agentes de la PGR, acusado de haber colocado los artefactos en las sucursales bancarias y tiendas departamentales.

Tortura, modus operandi de investigación

El informe Ni seguridad ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México,elaborado por la organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos Human Rights Watch documenta más de 170 casos de abusos en Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. De dicho informe se desprende que “todas las fuerzas de seguridad que participan en operativos contra el narcotráfico –esto es, el Ejército, la Marina, la Policía Federal y las policías estatales, municipales y ministeriales– han recurrido a la tortura”.
Human Rights Watch señala que, de acuerdo con los testimonios recabados, las tácticas de tortura a las que recurren los funcionarios adscritos al poder judicial en México son: golpizas, asfixia con bolsas de plástico, simulación de ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual, amenazas de muerte o simulacros de ejecución. La finalidad, obtener la confesión del detenido.
En los testimonios se precisa que “la mayoría de las víctimas fueron detenidas arbitrariamente con el pretexto de haber sido apresadas mientras cometían un delito [en flagrancia], y luego fueron retenidas ilícitamente y sin que se reconociera su detención durante horas o incluso días, antes de ser puestas a disposición de agentes del Ministerio Público.
“Durante este periodo de ?desaparición forzada’”, las víctimas en muchos casos fueron incomunicadas en bases militares, estaciones de policía u otros centros de detención clandestinos, y allí fueron torturadas con el propósito de obtener información sobre la delincuencia organizada y de conseguir que confesaran que pertenecían a organizaciones delictivas. En varias ocasiones, dichas confesiones sirvieron para justificar a posteriori arrestos ilegales efectuados por las fuerzas de seguridad y constituyeron la prueba principal de las imputaciones que después fueron formuladas por agentes del Ministerio Público”, indica el documento.
Después de haber sido declarada la “guerra” contra el narcotráfico, por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, Human Rights Watch asegura que la tortura forma parte del modus operandi de las iniciativas contra el tráfico de estupefacientes en territorio nacional, y que su incidencia ha aumentado notablemente bajo este contexto.

Horas de amedrentamiento

Desde las 13:00 horas del 30 de octubre hasta casi la media noche, Villarreal Gómez fue llevado de un cubículo a otro dentro de las mismas instalaciones. En cada uno, las amenazas eran diferentes; lo obligaban a confesarse culpable de los hechos bajo las advertencias de que sería asesinado, violado, desaparecido.
Le dieron señas particulares de cada uno de los integrantes de su familia. El miedo aumentaba, las vejaciones también. “Yo no entendía por qué hacían eso. La primera vez que hablé con ellos les pregunté qué querían, yo no sabía si era un secuestro o qué estaba sucediendo; no me dijeron que era una orden de aprehensión”.
Pasaron unas 10 horas para poder comunicarse con su familia. Los funcionarios de la PGR pretendieron dar inicio a su declaración sin una persona de su confianza; y mientras el Ministerio Público exigía que se sometiera al peritaje antropométrico, la fiscal ordenaba a los federales: “Bájenlo a darle una recordadita”.
Una vez rendida la declaración ministerial, fue enviado a los separos. No podía dormir por temor a que llegaran los federales a desquitarse por haber denunciado el maltrato. La libreta donde su esposa llevaba registro de todos los nombres le fue arrebatada. El 1 de octubre, mientras Ramsés seguía detenido y su familia y amigos marchaban en las calles del Distrito Federal en exigencia de un debido proceso, su casa era cateada. Se llevaron todo: dinero, equipo de cómputo, joyería.
El 2 de octubre fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Antes de eso llegaron otros hombres a amenazarlo. Al arribar al centro penitenciario fue desnudado y expuesto en medio del patio central. Eran las cuatro de la madrugada.
Horas más tarde fue asignado a una celda, inundada de heces fecales y moscas. Así le sirvieron sus primeros alimentos. Llegada la media noche, custodios y funcionarios del penal le notificaron que quedaba en libertad porque su detención había sido irregular.
El juez Ranulfo Castillo Mendoza, titular del Juzgado 15 de Distrito, calificó de ilegal la detención de Ramsés Villarreal Gómez, por lo que fue liberado el 3 de octubre de 2009.
La PGR solicitó, 20 horas después, nuevamente la orden de aprehensión. Ésta fue negada por el juez Castillo Mendoza, “ya que no existía prueba alguna que me señalara como probable responsable de los hechos”, indica el joven universitario, que desde octubre de 2010 interpuso ante la propia PGR una demanda por tortura.

Por impunidad y amenazas, denuncias a la baja


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibe con mayor frecuencia denuncias de tratos crueles, inhumanos o degradantes presentadas por civiles. Éstas van en aumento año tras año: 330 en 2006; 395 en 2007; 987 en 2008; 1 mil 105 en 2009; y 1 mil 161 en 2010.
Sin embargo, los datos recabados por Human Rights Watch revelan que “los distintos Ministerios Públicos en los estados proveen información sobre una cantidad de denuncias de tortura extremadamente baja”.
Las causas, explica el organismo, son el temor a las represalias, la falta de confianza en la idoneidad o el compromiso de las autoridades para investigar los hechos y la desconfianza crónica en las autoridades. Ante ello, indica el informe, “existen pruebas que señalan que es común que funcionarios militares y del fuero penal ordinario clasifiquen casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes como delitos de menor gravedad, sin investigar las denuncias de las víctimas”.
Este tipo de trato no sólo agrava las violaciones ya padecidas por las víctimas, sino que además transmite un claro mensaje de que las autoridades no están dispuestas a investigar estos casos de manera exhaustiva e imparcial. Estos obstáculos debilitan la determinación de las víctimas, y muchas finalmente terminan desistiendo. 

Estado, sin responsabilidad

Jaqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), asegura que la justicia penal en México carece de capacidad para hacer investigaciones científicas buenas, fuertes, sólidas. Realmente el recurso sigue siendo la tortura.
Sáenz comenta en entrevista con Contralínea que la permisividad de esta práctica entre los mismos servidores se incrementa, básicamente porque tampoco hay sanciones. “Los datos que hemos obtenido del Instituto Federal de Acceso a la Información son claros y contundentes: entre 1994 y 2010, sólo han habido dos sentencias por tortura a nivel federal. No existe el dato de los responsables ni del lugar dónde se cometió”.
Javier Enriquez Sam, médico y coordinador de rehabilitación del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, AC, opina que en México la práctica de la tortura es sistemática y generalizada. Se usa para arrancar confesiones. Por supuesto, no es el único propósito que tiene, sino también el de castigar, intimidar, abusar.
La tortura, agrega el médico, “es una violación a los derechos humanos y los que violan éstos son los integrantes del Estado. Lamentablemente, los centros [de defensa de los derechos humanos] que pretendemos que la situación cambie vemos muy pocos logros. En tanto, la impunidad va en aumento, a la par de la tortura. Mientras siga habiendo impunidad en los casos de tortura no pasará nada. El mensaje es que hagan lo que hagan no les va a pasar nada”.
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Repertorio de los verdugos
El informe Ni seguridad  ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México, elaborado por la organización internacional Human Rights Watch enumera las tácticas de tortura más utilizadas en México por el aparato del Estado:
Golpizas y otro tipo de heridas contusas: las personas que practican los interrogatorios propinan patadas o puñetazos a la víctima, o la golpean con objetos romos como la parte posterior de fusiles o tablas.
Tácticas de asfixia: las personas a cargo de un interrogatorio colocan una bolsa de plástico en la cabeza de la víctima para sofocarla.
Prácticas de “asfixia por ahogamiento”: se sumerge en agua la cabeza de la víctima o se vierte agua en el rostro, lo cual provoca sensación de sofocación o ahogamiento.
Descargas eléctricas: se aplica corriente eléctrica al cuerpo de la víctima mediante chicharras u otros instrumentos.
Tortura sexual: las personas a cargo del interrogatorio obligan a los detenidos a quitarse la ropa, para luego manosearlos y amenazar con agredirlos sexualmente.
Amenazas de muerte y simulacros de ejecución: las personas a cargo del interrogatorio amenazan con matar o hacer “desaparecer” a los detenidos o a sus familiares. 

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Fuente: Revista Contralínea 261 / 27 de noviembre de 2011
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