…………. Este martes, el Tribunal Superior de Justicia del estado de México confirmó la determinación del juzgado, luego de que el pasado viernes por la tarde, el Ministerio Público se desistió formalmente de las acusaciones que pesaban en contra de América y Josefina de Valle, por el delito de secuestro equiparado. El Poder Judicial mexiquense informó que a la fecha no existen más causas penales pendientes en contra de la hija y hermana de Ignacio del Valle, por lo que América podrá regresar a San Salvador Atenco, después de cuatro años de persecución. América del Valle había solicitado, el pasado 23 de junio, asilo político al gobierno venezolano de Hugo Chávez y desde ese día se encuentra en el interior de la embajada de Venezuela en espera de respuesta. Leonel Rivero, abogado defensor del movimiento atenquense, se congratuló con la decisión de las autoridades mexiquenses, y dijo que la resolución del juzgado primero de Toluca demuestra que la Procuraduría General de Justicia del estado de México no tenía argumentos sólidos para consignar a América y Josefina del Valle. “Vemos que hay una rectificación a partir de una análisis que se hizo una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió su sentencia con relación a los amparos directos que promovimos para liberar a Ignacio del Valle y Felipe Álvarez por el delito de secuestro equiparado. Es el mismo delito y los mismos hechos por los cuales había ordenes de aprehensión contra América y Josefina”, dijo. “Creo que la valoración que hicieron las autoridades mexiquenses no sólo fue jurídica -porque con la sentencia de la Corte se demostraba que no se configuraba el delito de secuestro equiparado- sino también se ve que hay valoración política. Pensaron que era insostenible la acusación por todos los antecedentes jurídicos que existían” explicó. Quienes aún tienen causas pendientes en el Poder Judicial mexiquense son Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, por los delitos de robo agravado, lesiones, daño en los bines públicos y despojo, pero la defensa ha promovido un juicio de amparo ante la justicia federal que está por resolverse. …………. |
macheterosviolentos, exigieron castigo y el gobierno obedeció.
libertadesque se tomaron los policías federales y mexiquenses contra esos campesinos irreductibles).
el hombre que sería presidente, parafraseando a Rudyard Kipling), fue evidente la complicidad entre gobernantes, policías y medios de comunicación: correas de transmisión del poder empresarial desairado por el peladaje de Atenco en 2002.
el momento puede ser muestra de que se comienza a formar un contrapoder: el del movimiento social.
…………. Es pertinente recordar que, en su fallo y en sus posicionamientos, los ministros de la SCJN señalaron que las sentencias solicitadas e impuestas a los atenquenses fueron una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social (y) de castigar el ser oposición; que los procesos respectivos pusieron en entredicho la forma en la que el Estado trata la libertad personal, la libertad de asociación y expresión de los líderes sociales, que la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM) fincó las acusaciones a partir de premisas falsas y endebles, además de que utilizó pruebas ilícitas, y que la autoridad actuó con una ideología totalitaria donde el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión generan la falsa presunción de peligrosidad y despliegue de conductas consideradas delito por los integrantes de dicha organización, sin que interese si se encuentran o no debidamente acreditadas. En suma, los magistrados que revisaron el caso descalificaron la práctica del poder público de inventar delitos comunes contra luchadores sociales. En los casos de Del Valle, Álvarez y Galindo, sin embargo, la SSP federal, lejos de acatar el fallo, persistió en la conducta previamente reprobada por la SCJN al hacer aparecer una imputación fechada en 2008 y que, por lo visto, no había sido cursada hasta ayer, en lo que constituye una actitud tramposa y de inaceptable mala fe que no parece tener más propósito que incrementar las tensiones generadas por el conflicto de Atenco y convertir en estallido un enojo que tiene muchas más raíces que los aberrantes procesos que convirtieron en presos políticos a 12 de los atenquenses. Cabe recordar que, durante la represión de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco, autoridades federales y estatales cometieron multitud de violaciones graves a los derechos humanos de decenas de personas –documentadas en su momento por medios informativos y por organismos humanitarios de México y del extranjero–, y que hasta la fecha tales atropellos permanecen impunes. En resumen, la SSP federal enturbió y ensució hasta donde pudo el cumplimiento de un fallo inapelable que restituía, así fuera parcialmente, el sentido de justicia ignorado por las autoridades durante más de cuatro años. Finalmente, además de felicitarse por la liberación –así fuera innecesariamente tardía– de las 12 víctimas de la injusticia, cabe preguntarse de qué manera la actitud gubernamental referida, percibida por la sociedad como expresión de un espíritu de venganza y de provocación, puede impulsar los exhortos al diálogo formulados unas horas antes por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, para enfrentar con unidad a la criminalidad organizada: si las autoridades se empecinan en tratar como delincuencia a disidencias, oposiciones políticos y movimientos sociales, ellas mismas propician su soledad en la lucha contra los verdaderos delincuentes. …………. |
…………. Posteriormente salió Héctor Galindo, sobre quien pesaba aún un proceso penal en un juzgado federal por ataques a las vías de comunicación. Aunque la fianza se pagó esta tarde, trámites administrativos retrasaron su liberación, lo que por un momento enturbió el entusiasmo de todos. Cuatro años de lucha por la libertad de los presos políticos culminaba con un triunfo del movimiento popular. ¡Se ve, se nota, en Atenco no hay derrota!, era la consigna que retumbaba cada vez más sonora. Con más canas que hace cuatro años, seguramente más curtido, el dirigente campesino que fue considerado enemigo público número uno por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se quitó la sudadera azul reglamentaria del penal y se puso la camiseta negra que le entregó su mujer, Trinidad Ramírez; el sombrero de palma; el paliacate rojo y el machete. Una vez investido con los símbolos de los macheteros, dijo: Estoy aquí, estamos bien y más fuertes. Fue un día largo; mejor dicho, dos días en vela, en tensión constante por el temor de que la palabra empeñada no fuera al final cumplida. El puñado de simpatizantes que resistió las 24 horas de incertidumbre y espera vio compensada su paciencia con sobredosis de emociones, lágrimas y abrazos. Entre este miércoles y jueves hubo momentos en que la resolución de los magistrados de la primera sala de la SCJN parecía que iba a naufragar. Al recibir de la secretaría general de gobierno de Toluca la notificación sobre la libertad inmediata de los presos, el director del Cefereso de máxima seguridad del Altiplano, Juan Alberto Montoya Aguado, procedió a revisar de punta a cabo los expedientes. A lo largo de toda la noche, varios funcionarios mexiquenses desfilaron por la garita del penal cargados de voluminosos legajos. A primera hora se supo que Montoya Aguado había enviado oficios a los juzgados de Toluca y Texcoco pidiendo indagar sobre la probable existencia de causas pendientes. Según denunció a primera hora del día Leonel Rivero, abogado defensor, este funcionario no tiene atribuciones legales para proceder de esta manera. Festejo afuera del penal del Altiplano, luego del anuncio de la salida de los dirigentes del FPDTFoto Marco Peláez Para los familiares de los presos y su equipo de defensores, era evidente la intención de bloquear la resolución de la Corte. Trascendió entonces que intermediarios de buena fe en el conflicto de Atenco hicieron una llamada muy tempranera a la Secretaría de Gobernación, poniendo en aviso a ésta sobre la conducta de las autoridades penitenciarias. Un alto personero de la dependencia a cargo de Fernando Gómez Mont prometió intervenir para agilizar el procedimiento. Sin embargo, ocho horas después, un nuevo actor añadía otro obstáculo al proceso de liberación. A las tres de la tarde, un escueto comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública federal confirmaba insistentes rumores sobre nuevas causas penales abiertas en el fuero común contra los tres líderes de Atenco, y sus respectivas órdenes de aprehensión. En tres ocasiones, durante tres días consecutivos, el gobernador Peña Nieto había afirmado categórico que tales causas y órdenes no existían. La SSP lo desmentía abiertamente. A la vista del comunicado mencionado, pareció evidente que, por el momento, los tres presos del Altiplano no alcanzarían su libertad. Trinidad Ramírez y el abogado Rivero convocaron a la prensa para explicar que el escenario más probable sería que la autoridad mexiquense fuera a cumplimentar las órdenes de aprehensión esta misma noche en el interior del penal. Pero que de inmediato se recurrirían. Tenemos plena confianza de lograr el auto de libertad en un plazo máximo de 72 horas, dijo Rivero. Trini alentó a su gente. “Esto no es una derrota –expresó–; no nos vamos a ir a llorar al pueblo; vamos a volver, vamos a seguir la lucha legal y popular. Y claro que también vamos a arrancarles la libertad de Nacho, Felipe y Héctor”. Todos abordaron los autobuses y emprendieron la triste marcha de regreso a casa. No habían avanzado más de 500 metros cuando varios telefonazos los hicieron dar media vuelta. Una intervención al más alto nivel del gobierno federal había logrado doblegar el ánimo de quien había intentado boicotear la resolución de la Suprema Corte. …………. |
presos ferrocarrileros–11 años estuvieron encarcelados Dionisio Vallejo y Valentín Campa sólo por haber encabezado una huelga– o los
presos del 68, que salieron de Lecumberri en 1971 libres de culpa y cargo, pero despues de tres años de encierro totalmente infundado.
presos de Atencopor años todavía? ¿Van ustedes a avalar con su voto las atrocidades jurídicas, procedimentales y morales de las instancias inferiores?
delitoque había cometido ese pueblo, ustedes bien lo saben, era el que viene cometiendo el pueblo mexicano desde tiempo inmemorial: defender sus tierras, sus aguas y sus bienes contra la usurpación y el despojo.
…………. Durante estos cuatro años, hemos debido luchar y resistir en condiciones sumamente adversas, pero aun así hemos logrado liberar a la mayoría de los presos, han vuelto a su casa la mayoría de los perseguidos, y lo más importante es que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) está vivo y luchando incansablemente por la libertad de los presos que faltan, pero también atento a impedir el despojo de nuestras tierras. Hoy estamos a escasos días del desenlace jurídico de la lucha por la libertad de nuestros presos. Hemos jugado la última carta legal que tenemos para lograrlo (el amparo definitivo), y la decisión está en manos de la última instancia legal a la que podemos recurrir en México: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Quisiera equivocarme, pero todo apunta a que, en los próximos días, los ministros atenderán a una decisión de Estado: dejar en la cárcel a algunos presos políticos de Atenco. Sacarán a unos cuantos, reducirán las condenas de otros, pero la realidad es que la injusticia prevalecerá. Una decisión con la que especulan tanto el PAN (Partido Acción Nacional) como el PRI (Partido Revolucionario Institucional); tanto Calderón, como Peña Nieto, padre y creador de toda esta barbarie. Habiendo una decisión de Estado de por medio (como ocurre también en el caso del SME, Sindicato Mexicano de Electricistas), es muy difícil que la Corte no la acate. Son contados los jueces dispuestos a desacatar una orden así girada desde el poder, por temor o conveniencia, por presiones o por intereses. Basta hacer un breve recuento de su reciente actuar: La SCJN ha dejado libre e impune a un gobernador que en cadena nacional fue evidenciado protegiendo a una red de grandes empresarios pederastas, denunciados por Lydia Cacho. El góber precioso no fue ni siquiera molestado por la Corte. Más de 20 muertos dejó la represión en contra de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) en 2006. Las fotos de los sicarios de Ulises Ruiz disparando contra el pueblo de Oaxaca aparecieron en la portada de varios diarios de circulación nacional. Cuando la SCJN revisó el caso, no puso tras las rejas a ninguno de los sicarios y mucho menos ejecutó acción alguna contra el gobernador oaxaqueño. Liberó, eso sí, a paramilitares responsables de la masacre de Acteal, entre ellos, dos asesinos confesos. En el caso de la Guardería ABC, puso por encima la tradicional impunidad de los funcionarios que se enriquecen a costa de abaratar la calidad de los servicios que ofrecen, al profundo grito de justicia emanado del dolor por la muerte de 49 niños. Ya una vez la Corte discutió el caso Atenco y decidió una aberración jurídica al referir que sí hubo violaciones a los derechos, pero que nadie era responsable de tales. En nuestra patria no hay justicia. Me parece evidente que la Corte no puede sostener la aberración indefendible del “secuestro equiparado”, lo cual anularía las vergonzosas penas de hasta 112 años de cárcel para nuestros presos. Pero tienen la orden de buscar la maniobra “legal” para que algunos de nuestros compañeros aún no salgan libres. Y todo indica que eso es lo que al final decidirán, más allá de la intención honorable de algunos de los jueces de poner fin de una vez por todas a esta profunda injusticia (nuestro reconocimiento a ellos). ¿De qué se trata? De ejercer un castigo ejemplar, descomunal contra los símbolos de la lucha social. Es una forma de advertir, a los que se decidan a luchar, a qué se atienen si persisten en su intento. Saben que la situación es inestable. Tienen miedo, tratan de disuadir al pueblo de toda decisión de rebelarse, para atemorizarlo. Y por eso mismo es que creo que hay una decisión de Estado. La clase política requiere mantener la amenaza vigente, y por ahora no hay mejores candidatos para ello que los rebeldes, insumisos e incorruptibles campesinos del FPDT. Pero nosotros no lo aceptamos; queremos justicia, no más engaños de los mercaderes del derecho. No nos vamos a resignar, vamos a seguir luchando, porque en un país como el nuestro, donde se cierran las puertas de la justicia, la alternativa que nos queda es luchar y organizarnos para detener tanta impunidad. Me encuentro ahora en esta embajada en México de la República Bolivariana de Venezuela, pidiendo asilo político después de cuatro años de incesante persecución política en mi contra, de no poder salir a la calle ni ver a mis seres queridos, de no poder volver a mi casa ni a mi pueblo. Cuatro años que han sido de amedrentamiento, pero también de indoblegable resistencia. Tengo varias órdenes de aprehensión en mi contra, todos los amparos que he solicitado han sido rechazados por el Poder Judicial. Para mí, no hay más opciones, menos ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está a punto de cometer otra brutal injusticia. Los cargos por los que a mí me persiguen son los mismos y en los mismos hechos que los de mi papá. Y frente a esta decisión de Estado de dejarlo preso, me he visto orillada a tomar esta decisión: el asilo político, para continuar la lucha desde fuera, pero con más fuerza y en mejores condiciones. He logrado evitar ser encarcelada cuatro años, y por supuesto que si no han logrado apresarme, menos aún lograrán que me entregue por delitos que no cometí. Es al pueblo de Venezuela y a su presidente a quienes pido ayuda, porque he sido testigo de su alto espíritu de solidaridad hacia los pueblos que sufren injusticia. Muestra de ello son todos los programas que otorga el pueblo venezolano con médicos, profesores, petróleo barato, operaciones de la vista a cientos de miles de pobres en nuestra América, combatiendo al imperio yanqui y al capitalismo depredador con gran fortaleza y dignidad. Me voy, pero no me rindo. Y desde aquí quiero agradecer al pueblo humilde que me ha protegido y resguardado todos estos años; no tengo con qué pagarles más que con mi lucha y mi fuerza. Quiero que lo sepa mi pueblo, Atenco, a quien tanto amo y admiro por su valentía, con quien tengo muchos proyectos y espero regresar pronto para concretarlos, junto a mis compañeros. Quiero que lo sepa mi padre y mi madre y toda mi familia, también que lo sepan mis hermanos de lucha de todos los rincones de mi patria que es México: Si sigo de pie es por todos ustedes, y aunque mañana esté lejos, cuéntenme entre las filas de los que resisten y luchan por un país mejor, por un México sin despotismo político, sin la corrupción, explotación y despojo que hemos sufrido por años, y que ya no estamos dispuestos a tolerar. Y quiero que lo tengan siempre bien presente: ¡Venceremos! Ahora más que nunca, es momento de unirnos, de pelar juntos contra el enemigo común. Mineros de Cananea, de Pasta de Conchos, pueblo de La Parota y Copala, trabajadores del SME, maestros de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), estudiantes universitarios, padres de la Guardería ABC, de los muertos y las muertas de Ciudad Juárez, familiares de los miles de inocentes asesinados por esta llamada “guerra” contra el narcotráfico; pueblo pobre y trabajador, sin prestaciones, ni buenos salarios, sobreexplotados y humillados, a ustedes me dirijo con todo mi respeto. Tenemos que estar juntos; tenemos que acabar de una vez con tanto despojo y represión, tanto de Felipe Calderón como de quien aspira a ser su sucesor, Enrique Peña Nieto. Que también lo escuche fuerte y claro el Estado. No pudieron con Atenco y no podrán conmigo. Sigo y seguiré de pie, resistiendo, porque la saña de los de arriba jamás podrá marchitar la rebeldía sembrada y regada por años en la tierra de nuestra nación. Ni sus jueces ni sus medios mentirosos, ni su cárcel ni su persecución. ¡Nada detendrá nuestro camino a la justicia y la libertad! En la trinchera que nos toque estar, estaremos con la frente y nuestro puño en alto. Ni la embajada de la República Bolivariana de Venezuela, ni el Presidente Chávez, ni por supuesto los millones de venezolanos y venezolanas, tienen nada que ver con lo que afirmo. Ellos tienen su lucha propia, la cual admiro y siento como propia, pero nada han tenido que ver con mi decisión de entrar a esta embajada y pedir asilo, lo cual ha sido decisión mía, exclusivamente. No estoy dispuesta a permanecer más tiempo escondida, acosada, maniatada. Ya son más de cuatro años así, y la situación no tiene visos de cambiar. Mi única alternativa para recuperar la libertad por ahora es acogerme al asilo político por parte de un gobierno realmente democrático y del pueblo; de un pueblo solidario con la rebeldía de sus hermanos de otras tierras. Quiero mi libertad para seguir luchando, para seguir estudiando, para seguir viviendo. Por eso he decidido pedirle al pueblo de Venezuela, a su presidente, comandante Hugo Chávez, que me acojan en su territorio mientras logro recuperar mi derecho a seguir luchando en mi propio país. Que el mundo entero voltee a mirar lo que sucede en México. Que observe atentamente lo que está por ocurrir en estos días: que la mayor instancia de justicia de nuestro país es incapaz de plantar cara ante una decisión de Estado, aun cuando éste cometa la más burda y lacerante de las injusticias. América del Valle …………. |
acostumbrada presunción de culpabilidad, ministra Olga Sánchez Cordero dixit) , y les aplicaron un tipo penal, el secuestro equiparado, verdadera aberración jurídica contraria al principio de taxatividad penal, que condiciona la imposición de una sanción penal a la existencia de una ley exactamente aplicable a la conducta de que se trate.
amigos de la Corte), que permite a terceros ajenos a una controversia judicial con interés particular en la definición de un litigio, presentar documentos para ofrecer consideraciones de derecho a un tribunal del conocimiento, con objeto de contribuir a la solución de la disputa.
un proceso político, mediático y jurídico, que etiquetando a los actos de protesta como delitos, busca sacar a un conflicto (o actor) social de la arena política para llevarlo al campo penal. El objetivo de los impulsores de la criminalización es poner en marcha al poder punitivo del Estado para neutralizar, disciplinar o aniquilar la protesta. Con un efecto expansivo: paralizar por miedo y terror a todos quienes encarnan la protesta social.
la criminalización de la protesta es una de las manifestaciones de la judicialización de la política. O sea, la transformación de los conflictos sociales en litigios judiciales. Se trata de una lectura de la realidad bajo la lupa del Código Penal, con lo que criminalizar será despolitizar y deshistorizar o sacar de contexto un conflicto social, como vía para habilitar de manera facciosa el poder punitivo del Estado, justificando dicho conflicto con la lógica de la guerra y legitimando la intervención represiva del Estado.
ordenclasista instituido.
