La fiscalía especial para investigar la masacre de Acteal responsabiliza al ex presidente Ernesto Zedillo...

Chuayffet incrimina a EZP y Liébano Sáenz

La fiscalía especial para investigar la masacre de Acteal responsabiliza al ex presidente Ernesto Zedillo, a su entonces secretario particular Liébano Sáenz y al ex procurador Jorge Madrazo de la matanza de 45 indígenas ocurrida en Chiapas en diciembre de 1997

…………. A casi seis años de su creación, la Fiscalía Especializada de Chiapas para la investigación de delitos en el caso Acteal presentó un informe en el que responsabiliza penalmente al ex presidente Ernesto Zedillo de la matanza de 45 indígenas tzotziles en esa comunidad el 22 de diciembre de 1997. El documento es base de la demanda que presentaron en septiembre pasado, en Estados Unidos, abogados de los familiares de 10 de las víctimas en contra de Zedillo, a quien reclaman por la vía civil la reparación del daño. A lo largo de 126 páginas, el informe argumenta que el ex mandatario y su entonces secretario particular, Liébano Sáenz Ortiz, así como el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, son penalmente responsables de los homicidios por omisión impropia conspirativa, pues tuvieron información para impedir la matanza desde un año antes y no lo hicieron. Señala además que la masacre fue resultado de una política de contrainsurgencia, denominada Plan de Campaña Chiapas 94, que fue aplicada por la Séptima Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez, diseñada y puesta en marcha por la administración de Zedillo para enfrentar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que incluyó el fomento a la creación de grupos paramilitares. “Ambos funcionarios (Zedillo y Sáenz) incurrieron en responsabilidades antes, durante y con posterioridad a los hechos: antes, puesto que previo al crimen actuaron de manera conspiratoria, ya que se coaligaron para ignorar y ocultar las múltiples advertencias y avisos que se les hicieron sobre la inminente matanza”, dice el reporte. La Fiscalía determinó la responsabilidad penal de Zedillo y Sáenz, así como de Jorge Madrazo Cuéllar, titular de la PGR al ocurrir la masacre, a partir de testimonios ministeriales, entre ellos el del entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y otras pruebas documentales y periodísticas que refieren la existencia del Plan de Campaña Chiapas 94. Según el informe, dicho plan, del cual tiene una copia la Fiscalía, tenía el objetivo central de destruir o desorganizar las unidades regulares, comandos y guerrillas locales del EZLN. El plan dice también que “ejercerá dirección, coordinación y control sobre todas las fuerzas de seguridad pública haciéndolas responsables de la eliminación de los comandos urbanos y la desintegración o control de las organizaciones de masas”, señala el informe al detallar la supuesta guerra de baja intensidad que emprendió Zedillo contra el EZLN. “En medio de instrucciones muy específicas sobre otros temas, el documento desliza el siguiente señalamiento: ‘las operaciones militares incluyen el adiestramiento de fuerzas locales de autodefensa, para que participen en los programas de seguridad y desarrollo’ , lo que comprobaría definitivamente la hipótesis de formación y entrenamiento de grupos paramilitares desde el gobierno”, destaca el informe. De acuerdo con la evidencia recopilada a lo largo de casi seis años, la Fiscalía concluye, además, que los gobiernos federal, estatal y local tenían conocimiento sobre la posibilidad de que ocurrieran hechos de violencia desde al menos un año antes de la masacre, que costó la vida a 45 integrantes de la sociedad civil Las Abejas. Sin culpables, tras 14 años A casi 14 años de la matanza de Acteal, ésta sigue sin esclarecerse totalmente, además de que se han diluido las responsabilidades fincadas inicialmente por la PGR, que nunca incluyeron a servidores públicos de primer nivel de los gobiernos federal y estatal, sino a 83 indígenas tzotziles y a unos cuantos funcionarios de segundo o tercer nivel del gobierno chiapaneco. La versión oficial de la masacre, difundida por la PGR el 19 de noviembre de 1998 en el llamado Libro blanco sobre Acteal, fue la de un enfrentamiento entre comunidades rivales, derivada de conflictos limítrofes y disputas sobre la propiedad de bienes comunales, como el banco de arena de Majomut. La confrontación se habría intensificado en el contexto de añejas diferencias religiosas entre católicos y evangélicos, sumadas a las fricciones generadas en las comunidades por la presencia del EZLN. El informe de la fiscalía chiapaneca destaca que el gobierno federal consideró los hechos del 22 de diciembre de 1997 como el resultado de un conflicto intra e intercomunitario. “Esta versión descarta que Acteal forme parte de la lógica mayor del tenso ambiente político chiapaneco de aquellos años: fue un incidente aislado, cuyos móviles se cifran esencialmente en los conflictos tradicionales entre comunidades tzotziles. Así se da a entender en los diferentes documentos y pronunciamientos como el Libro blanco de la PGR y los posicionamientos oficiales”, señala el documento. La mayoría de los indígenas inicialmente acusados han salido de prisión luego de un juicio de casi 12 años que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual determinó que la PGR había fabricado evidencias y aportado pruebas falsas e ilegítimas, por lo que el 13 de agosto de 2009 amparó a 26 de ellos, ordenando la inmediata libertad de 20. En el caso de los seis restantes, el máximo tribunal ordenó la reposición del proceso, para que se les dicte una nueva sentencia tomando en cuenta sólo las pruebas que no se consideraron ilícitas. Otros han ido obteniendo su libertad mediante incidentes de reconocimiento de inocencia, con base en los criterios que estableció la Corte en agosto de 2009. El 5 de noviembre de ese año, la Primera Sala de la Corte ordenó, por cuatro votos contra uno, la libertad absoluta e inmediata de otros nueve acusados por la matanza; a 16 más les otorgaron “amparos para efectos”, a fin de que un tribunal unitario determine su situación jurídica, tomando en cuenta exclusivamente pruebas lícitas, y desechó seis demandas de amparo. Entre los indígenas sentenciados se encuentran cinco autores confesos de la matanza, quienes declararon a la Fiscalía Especial que fueron nueve solamente los que atacaron el campamento de Las Abejas, en venganza por los 18 muertos que ya había cobrado en su grupo la confrontación. Cuatro autores materiales, señalados por sus compañeros presos, no han sido detenidos. Ellos son: José Mucio Vázquez Luna, Julio López Hernández, Agustín López Hernández y Agustín Santiz López. El 22 de diciembre de 2008, el ministerio de Justicia de Chiapas detuvo a Antonio Santiz López, acusado de ser autor intelectual de la matanza y de ser el principal proveedor de las armas con las que integrantes de la comunidad de Los Chorros atacaron a los miembros de Las Abejas el 22 de diciembre de 1997. Santiz López ya había sido absuelto en 2001 por tribunales federales de la responsabilidad penal de la masacre, debido a las deficientes pruebas de cargo presentadas en su momento por la PGR, pues la acusación se formuló en contra de Antonio López Santiz, de 50 años, y el inculpado demostró que se llama Antonio Santiz López y que tenía 55 años, por lo que fue exonerado de los ilícitos de homicidio, lesiones calificadas y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. La nueva detención fue resultado del trabajo de la Fiscalía especial, pero Santiz López sólo pudo ser acusado de delitos previos a la masacre (daños y robo con violencia a integrantes de la sociedad civil Las Abejas), y enfrentó el proceso en libertad bajo fianza. La Fiscalía lo señaló como el líder de un grupo civil armado en la comunidad de Los Chorros, que formó para hacer frente a presuntos asaltos del EZLN, organizando una colecta para comprar armas y detener el avance de los zapatistas, que habían constituido el Concejo Autónomo de Polhó y establecido un gobierno autónomo dentro del territorio del municipio de Chenalhó. Los acusados Tras una serie de peritajes y de 328 declaraciones en las que se señalaba como presuntos responsables a 267 personas, la PGR determinó acusar penalmente por la masacre a 145 (128 civiles, de los cuales 83 eran indígenas tzotziles, y 15 oficiales de seguridad pública local), según el informe de la fiscalía. De los 83 indígenas sujetos a proceso, seis fueron exonerados luego de pasar ocho años en prisión y uno murió en la cárcel. Los 76 restantes fueron condenados a 28 y 36 años de cárcel en los dos juicios que llegaron a la Corte, donde se ordenó la liberación de 29. Otros 24 purgan condenas de 36 años con tres meses de prisión y el resto aguarda sus sentencias, de acuerdo con el informe. También fueron procesados y condenados a ocho años de prisión 15 servidores públicos, por los delitos de homicidio y lesiones por omisión, acusados de no cumplir con su deber de salvaguardar la integridad de los indígenas el día de los hechos. Además de ellos, también fueron acusados penalmente y condenados a prisión 11 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, por haber permitido que civiles portaran armas en días previos a la masacre. Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó, fue la autoridad que recibió la sentencia mayor: 36 años y tres meses de prisión, en contra de la que promovió un amparo directo. El ex presidente Zedillo, su secretario particular Liébano Sáenz y el ex procurador Jorge Madrazo, así como el ex gobernador Julio César Ruiz, no fueron acusados por la PGR, pese a que tanto familiares de las víctimas como organizaciones indígenas y de derechos humanos los han señalado durante estos 14 años como responsables de la masacre. El escándalo derivado de la matanza provocó la renuncia del entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, quien actualmente es presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Chuayffet, en su declaración ministerial del 20 de diciembre de 2008, rendida en Toluca, Estado de México, refirió “que el gobierno federal, y por necesidad su titular, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, conocieron hasta con más de un año de anticipación, por lo menos, que el clima de violencia en Chenalhó presentaba una preocupante intensificación”, destaca el informe. “Esto porque la información no sólo llegaba al Presidente mediante conductos como el CISEN, sino que de hecho buena parte de esta información era totalmente pública y conocida, siendo que la situación fue reportada, investigada y documentada también por los medios de comunicación”, precisa el documento. “La información estaba ahí desde el primer semestre de 1997, y sirvió para intensificar las medidas de conciliación, respuesta a los problemas sociales y reinstauración del Estado de derecho de las que ya hablé”, dijo en su testimonio el ahora diputado, quien reconoció la gestación de la matanza en otro apartado de su declaración. “El conflicto de Chenalhó comenzó a gestarse mucho tiempo antes de las noticias del obispo Vera y de la propia matanza de Acteal: desde febrero de 1996 y, en su espiral más violenta, desde mayo de 1997. “Todos los funcionarios federales compartíamos esa información, y las de las circunstancias que la rodeaban, y en las distintas instancias de coordinación para los asuntos de Chiapas, toda esa información era la base para la adopción de decisiones: proteger la seguridad de las personas, restaurar el Estado de derecho”, detalló. Del testimonio de Chuayffet la fiscalía también deriva las responsabilidades de Liébano Sáenz y Jorge Madrazo. En el caso del primero, al incluir en la investigación la grabación, validada pericialmente, de una conversación telefónica del propio ex secretario de Gobernación, que refiere la influencia del secretario particular del presidente en las decisiones de gobierno. En la conversación, Chuayffet confirma haber entregado a Zedillo la carta en la que el obispo coadjutor Raúl Vera exponía la gravedad de la situación en Chiapas, aclarando que “ya no me dio instrucciones, no me dice qué haga, nada, nada, nada”. Su interlocutor afirma que Liébano Sáenz “quiere manejar las cosas como pasó en Aguas Blancas para echarle la culpa al gobernador. Esto lo podríamos entender como que sigue operando para Ernesto”, dice. Chuayffet responde “por supuesto que sigue trabajando. Ahora tiene un centro estratégico y es asesor”, y más adelante asegura a su interlocutor que Liébano hacía las funciones de secretario de Gobernación. “Se metió en todo, Liébano y Salomón se enteraban antes que (Esteban) Moctezuma de las cosas, luego al final lo hicieron conmigo […] Entonces me enteraba yo a posteriori. Y CISEN le reportaba primero a él cuál era el caso y Zedillo ni modo que..., yo creo que un presidente no puede dejar de saber todas esas cosas”, afirma. “De lo anterior se puede coligar que existía una percepción generalizada en la gran influencia que ejercía el secretario particular de la Presidencia de la República, Liébano Sáenz Ortiz. Se ha intentado no relacionarlo con los hechos de la masacre de Acteal, en la cual tiene una gran responsabilidad, igual a la de Ernesto Zedillo, por el poder que tenía en ese momento”, sostiene el informe de la fiscalía. ………….

El Universal
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Liberan a Ignacio del Valle tras jaloneo judicial...

Maniobras dilatorias de SSP federal y gobierno mexiquense

Liberan a Ignacio del Valle tras jaloneo judicial

Fue necesaria la intervención al más alto nivel para cumplir la orden

Salió también Felipe Álvarez sin cargos; Héctor Galindo, bajo reservas

Amnistía Internacional y ONG exigen reparar el daño a las víctimas

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/02/

Seguirán presos los lideres de ATENCO...

publicada el jueves 1 de julio de 2010

Valle seguirá en el Altiplano: SSP

La Secretaria de Seguridad Pública federal informó que los líderes de San Salvador Atenco, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo permanecerán el penal de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez, toda vez que enfrentan procesos pendientes relacionados con los delitos de robo agravado, ataques a las vías de comunicación y despojo.

Información de Francisco Ledesma

A continuación este es el comunicado de la SSP Federal

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA INFORMA

La Secretaría de Seguridad Pública informa que, el día de ayer se recibieron en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, Altiplano, los oficios del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito de Toluca, Estado de México, ordenando la absoluta e inmediata libertad de Héctor Galindo Gochicoa, Ignacio del Valle Medina y Felipe Álvarez Hernández; internos en el CEFERESO No. 1 Altiplano. La instrucción judicial recibida se refiere a la causa penal 91/2006 por el delito de secuestro equiparado.

Héctor Galindo Gochicoa, Ignacio del Valle Medina y Felipe Álvarez Hernández, tienen en proceso las siguientes causas penales:

1) Robo agravado, causa penal 131/2006;

2) Lesiones y daño en los bienes públicos, causa penal 116/2006;

3) Despojo, causa penal 60/2006 y

4) Ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, causa penal 15/2008

Por lo que respecta a la causa 15/2008 del fuero federal, instruida por el Juzgado 6º de Distrito en Cd. Nezahualcóyotl, los referidos internos se encuentran a disposición de esa autoridad jurisdiccional.

Ayer se acató la resolución judicial decretando la inmediata libertad de Héctor Galindo Gochicoa, Ignacio del Valle Medina y Felipe Álvarez Hernández, única y exclusivamente por lo que hace al delito de secuestro equiparado instruido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; no obstante, se deben cumplir los procesos judiciales correspondientes respecto a las demás causas penales para su externación definitiva.

Esta dependencia, en coordinación con la autoridad correspondiente del Estado de México, continuará dándole seguimiento a la situación jurídica de los internos.

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http://www.mvsnoticias.com/Valle-seguira-en-el-Altiplano--SSP.html

Acteal fue un Crimen de Estado...

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Política y justicia en Acteal

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Hugo Eric Flores Cervantes me envió un recado a propósito del Interés Público de la semana pasada, que contenía amplia información sobre su activismo político y judicial en torno de decenas de personas aprehendidas en diciembre de 1997 por su presunta participación en el monstruoso crimen de Acteal, ocurrido el 22 de ese mes y año. No refuta mis afirmaciones, pero lamenta que tome como fuente periodística a Luis Hernández Navarro, coordinador de Opinión de La Jornada. Me envía, en consecuencia y como una suerte de desmentido indirecto a mi columna, una extensa carta que no ha aparecido en ese diario y en que niega y refuta las posiciones del responsable editorial de ese periódico. Me pide que nos entrevistemos para comentar lo que escribí en esta revista. Lo buscaré para hablar del tema, y le adelanto algunas de mis interrogantes, dudas y certezas sobre el tema.

No me cabe duda, por ejemplo, que la intervención de la Suprema Corte en la revisión de los juicios de amparo en que los quejosos son los presos por la matanza de Acteal ha tenido una motivación política; es decir que no sólo obró en la decisión del máximo tribunal el mérito jurídico de los casos, sino que su participación fue resuelta por algún impulso exterior. Ignoro cuál sea, pero en las varias modalidades imaginables bien puede estar presente Flores Cervantes. Él ha construido el caso judicial y políticamente, y movió algunos de los resortes que lo condujeron al punto en que hoy está (y en el cual vemos el trato deferente que el gobierno estatal ha dispensado a los veinte liberados del jueves 13. Han pasado unos muy activos días de vacaciones, en fuerte contraste con su cautiverio, que se aproximó a los doce años de duración. Ignoro si el gobierno de Juan Sabines practica esa forma de festejar la excarcelación con todos los presos que salen de los penales del estado. Supongo que no. Y me pregunto si son los intereses priistas del gobernador Juan Sabines (que se conduce como si ese partido, que lo hizo diputado local y alcalde de Tuxtla Gutiérrez, no hubiera dejado de ser el suyo) los que permiten o fuerzan esa liberal actitud del gobierno del estado, que sostiene económicamente a los liberados mientras les procura un lugar para vivir y otro para trabajar.

Pero volvamos a Flores Cervantes. Cuando lo vea le preguntaré por las razones que lo llevaron al CIDE. Hasta donde puedo saber, no ha hecho una carrera académica y sin embargo es profesor invitado de la División de Ciencias Jurídicas, dirigida por Alejandro Posadas, que como Flores Cervantes fue funcionario de la Semarnat. Quiero saber qué causó qué: si la decisión de esa institución académica de encargarse del caso de Acteal la movió a contratar a Flores Cervantes; o si trabajando ya en el seno de la división aprovechó esa circunstancia para activar un tema que le preocupa insistentemente, que es la libertad de los procesados por el homicidio multirrepetido.

Flores Cervantes niega que la Presidencia de la República haya intervenido en la última fase de este proceso, como se desprendería del compromiso político explícito establecido entre Encuentro Social, la agrupación política nacional que fundó, y el ahora titular del Ejecutivo y su partido. Pactaron que el asunto se revisaría y no es exagerado suponer que esa fue la causa de tal efecto. Pero el profesor visitante del CIDE lo niega. Ese compromiso "nunca se cumplió". Pero otros derivados de aquel acuerdo sí tuvieron efecto. Él fue nombrado oficial mayor de la Secretaría del Medio Ambiente (¿desde donde promovió la misión de Posadas en Washington, previa a su designación al frente del área de estudios jurídicos del CIDE, donde trabajan para una misma institución una vez más?), cargo del cual causó baja. Él asegura no haber sido destituido sino "obligado a dejar el cargo por oponerme a un secretario mentiroso y corrupto". (Será interesante conocer la reacción del así señalado, Rafael Elvira Quezada, ante tales cargos). Añade que en su contra "se inventaron diversos procedimientos administrativos, los cuales han sido ganados ante las instancias correspondientes, quedando todavía un asunto pendiente de resolución". Supongo que se trata de la inhabilitación hasta por veintidós años dictada por la Secretaría de la Función Pública, y cuyo expediente no se puede conocer por estar reservado durante tres años, mientras concluye la impugnación del afectado.

No obstante su rompimiento con Calderón y el PAN, al que ha seguido la firma de otro pacto electoral, ahora con el PRI, Flores Cervantes sigue figurando como suplente de la senadora María Teresa Ortuño, lo que acaso revela el aprovechamiento de diversas circunstancias políticas en torno a su propósito central de liberar a los injustamente presos. Después de los primeros veinte iba la primera sala de la Corte a abordar otros casos, lo que no ocurrió tan desde luego como dejó creer ese tribunal. ¿La ruptura plena con el PAN esperaría a que todos los quejosos sean atendidos?

Escucharé lo que Flores Cervantes tenga que decir y por mi parte hará precisiones, que no caerán en la categoría de explicaciones no pedidas. He procurado no poner el acento en la convicción religiosa de mi futuro interlocutor. Me parece que, aunque su actividad política sea movida por intereses concernientes a su fe, ella pertenece a su fuero interno. Increpar a alguien por su credo es abrir la ventana a los demonios de la intolerancia. Y algo semejante digo respecto de no confundir a personas con instituciones. De ningún modo atribuyo al CIDE los propósitos que creo encontrar en Flores Cervantes. Cuando más supondría que los funcionarios que adoptaron como suyo este caso no percibieron sus dimensiones y/o se dejaron ganar por el carácter ejemplar del asunto, que en efecto ilustra la torpeza, venalidad o dolo que tan a menudo están presentes en procesos penales donde las víctimas son indígenas.

http://www.proceso.com.mx/opinion_articulo.php?articulo=71669

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Masacre de estado: Acteal.

Ejército mexicano entrenó y protegió a paramilitares en Chiapas, confirma EU

Por Redacción sdpnoticias.com/SDP

20 de Agosto, 2009 - 13:22 — Ciudad de México, México

A cambio de información sobre las actividades del EZLN

Destacan la participación de Humint, personas encargadas de realizar labores de inteligencia Los equipos Huminit del ejército continúan operando en las zonas de conflicto de Chiapas

De acuerdo con un documento elaborado por la Agencia de Inteligencia del Pentágono, el apoyo a paramilitares se dio en la región montañosa de Los Altos, donde se localiza el municipio de Chenalhó; ahí se encuentra Acteal, comunidad que captó la mirada de la opinión pública tras la tragedia del 22 de diciembre de 1997, en la que paramilitares dispararon contra 300 indígenas y abatieron a 45.

En medio de la polémica por los abusos y excesos en los que han caído los soldados en la lucha contra el narcotráfico, el día de hoy salió a la luz un dictamen del Pentágono, fechado el 5 de mayo de 1999, que confirma que el Ejército mexicano entrenó y protegió a paramilitares de Chiapas a cambio de información sobre las actividades del EZLN.

Lo anterior, en concordancia con lo trazado por el Plan de Campaña 94, elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a los nueve meses del levantamiento zapatista de enero de ese año.

El documento, titulado Participación Militar en los Grupos Paramilitares de Chiapas, elaborado por la Agencia de Inteligencia del Pentágono, indica que el apoyo a paramilitares se dio en la región montañosa de Los Altos, donde se localiza el municipio de Chenalhó, donde se encuentra Acteal, comunidad que captó la mirada de la opinión pública tras la tragedia del 22 de diciembre de 1997, en la que paramilitares dispararon contra 300 indígenas y abatieron a 45.

La información de la dependencia estadounidense, publicada por el diario Milenio, corrobora la aplicación, por lo menos en una parte, del plan de campaña Chiapas 94, diseñado por la Sedena en octubre de ese año.

Una de las estrategias contempladas en aquel plan estaba que los servicios de inteligencia militar debían organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil para emplearlos en apoyo de las operaciones castrenses. También preveía asesoramiento y apoyo de las fuerzas de autodefensa u otras organizaciones paramilitares.

"A mediados de 1994, el Ejército mexicano tuvo la aprobación presidencial (de Carlos Salinas de Gortari) para instituir equipos militares encargados de promover grupos armados en las áreas conflictivas de Chiapas. La intención era asistir a los indígenas que se resistían al Ejército Zapatista de Liberación Nacional", detalla el reporte del Pentágono.

Los equipos Humint, que eran personas encargadas de realizar labores de inteligencia, estaban compuestos por entre tres y cuatro oficiales de bajo rango y que hablaban las lenguas regionales. Eran asignados a cubrir comunidades específicas por un periodo de tres meses. Después de ese lapso, eran rotados a otra comunidad. La preocupación sobre la seguridad de los oficiales era la razón principal de las rotaciones.

El reporte detalla que con el propósito de ganarse las confianza de las comunidades y recabar de ellas información, "los Humint ayudaban a grupos armados [antizapatistas] con entrenamiento y protección", en caso de ser arrestados por portar armas de fuego.

El Pentágono afirma que a pesar de que las miradas se ha centrado en la masacre en Acteal "hasta ahora nadie del Ejército ha sido encontrado directamente culpable, y la existencia de los equipos Humint tampoco ha sido revelada".

Los servicios de inteligencia del pentágono mencionan que la práctica del apoyo directo a los grupos armados se redujo, aunque los equipos Huminit del ejército continúan operando en las zonas de conflicto de Chiapas.

También siguen contando con el apoyo de los grupos armados para proveerse de la información sobre los simpatizantes del EZLN.

http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2009/08/20/472599

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Masacre de estado: Acteal.

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Los asesinos de Acteal todavía viven ¿Cuándo van por ellos?

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Un Tribunal Russell para Acteal

Adolfo Gilly

Acteal fue una masacre de Estado, cuyo principal responsable es el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos entre 1994 y 2000, tan masacre de Estado como lo fue Tlatelolco. Los ejecutores materiales fueron apenas instrumentos protegidos. Todo esto puede ser probado en derecho y en justicia.

La liberación de los asesinos de Acteal y la pretensión de rescribir la historia de la masacre no son un acto de justicia: son la continuación de la guerra por otros medios, escribió ayer Luis Hernández Navarro en La Jornada, en un lúcido artículo donde demuestra, sin dejar resquicio, cómo esta acción de la guerra sucia contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las comunidades indígenas chiapanecas había sido anunciada por múltiples denuncias, precisas y documentadas, a lo largo de la segunda mitad de 1997.

Con desbordada y legítima indignación, de esas que salen del fondo del alma y no sólo de la pluma del escritor, José Blanco anotó también en estas páginas las siguientes líneas sobre el indecible fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“No sabemos quiénes son los asesinos; ni los que usaron las armas ni los asesinos intelectuales. Nuevamente la impunidad reina. Se solicitan nuevas investigaciones para dar con los verdaderos asesinos. Acaso el proceso se reinicie alguna vez en algún punto. En tanto, la oligarquía local, la clase política que le sirve, los grupos paramilitares –carne de cañón indígena– continúan reinando como grupos dominantes que son, apoyados por instituciones federales, si la política así lo demanda, y los indígenas continúan su historia de explotación, de miseria, de desprecio, de discriminación y de muerte”.

Bárbara Zamora, abogada litigante, ha mostrado también en La Jornada cómo todos los procesos de instrucción en México están plagados de defectos y fallas procedimentales, que son la puerta abierta adrede para que la libertad o la condena de los procesados –culpables o no, poco importa– sea negociada fuera del ámbito de la justicia, la cual sirve sólo de tapadera. La impartición de justicia no está a cargo de un poder judicial independiente, condición primera de existencia de una república. Ha estado y está en manos del Poder Ejecutivo, federal o estatal. Es una atribución y un acto del príncipe, llámese éste, según sexenios, Díaz Ordaz, Echeverría, Zedillo o Calderón.

Hace una semana, el 10 de agosto pasado, Joan Baucells Lladós, profesor de derecho penal en la Universidad Autónoma de Barcelona, ex magistrado de justicia, y comisionado en una reciente visita a México de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), escribió también en este periódico que, ante el fallo ya anunciado, sería indispensable entonces reponer la entera instrucción del proceso para encontrar inocentes y culpables. A lo cual agregó:

“Un auténtico estado de derecho no podría soportar que no fueran sancionados los funcionarios públicos responsables de las graves irregularidades que han fundamentado el amparo, no sin antes investigar cuáles fueron las razones que llevaron a estos servidores públicos a hacer ‘desaparecer evidencias’, ‘alterar la escena del crimen’ o ‘fabricar testimonios’. Y, sin embargo, todo el que tenga un mínimo conocimiento del sistema judicial mexicano, intuirá que nada de lo anterior llegará a suceder. A los ojos de la comunidad internacional el amparo de la Suprema Corte pone en evidencia que las esperanzas de justicia en Acteal sólo pueden fundamentarse en el recurso a los instrumentos de justicia internacional”.

Sí. Pero la urgencia del caso y la ilegalidad facciosa en que hoy el Estado mexicano se debate, se fragmenta y nos amenaza, demandan, además de esos instrumentos internacionales, órganos y tribunales de intervención jurídica más ágiles y de peso moral más inmediato y contundente.

Es preciso instaurar para el caso Acteal un tribunal autónomo y excepcional, de indiscutida independencia respecto de cualquier institución establecida y de alta e indiscutible autoridad moral ante la comunidad internacional y nacional.

Así fue el Tribunal Russell que juzgó y condenó los crímenes de guerra de Estados Unidos en Vietnam, del cual formó parte el general Lázaro Cárdenas del Río.

Es necesario un Tribunal Russell para Acteal, para esclarecer los hechos, revisar en su totalidad las actas procesales, precisar las irregularidades procedimentales y sus responsables, ubicar y juzgar tanto a los asesinos materiales como a sus mandantes y dictar una sentencia en derecho y en justicia.

Nadie iría a la cárcel, por supuesto, pues tal tribunal carece de jurisdicción. Pero su competencia para tratar y juzgar el caso Acteal estará basada en una alta autoridad moral y esa autoridad servirá, llegado el caso, para extender una invisible pero efectiva mano protectora para detener o contener futuros crímenes de Estado a los cuales el indigno y escurridizo fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está otorgando una patente de impunidad.

http://www.jornada.unam.mx/2009/08/19/index.php?section=opinion&article=011a1pol

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Lo de Acteal fue Masacre de Estado...

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¿Verdad Historica o Verdad Juridica?... El que tenga el poder, dirá cual es la verdad, protegiendo su retaguardia... Unge mandar a la chingada a los PRIANazis y aplicarles la justicia a secas...

Acteal, otra vez

Luis Hernández Navarro

No es una visión maniquea y simplista. La masacre de Acteal es lo que es: un crimen de Estado perpetrado por el gobierno de Ernesto Zedillo. La liberación de 20 de los paramilitares responsables de la matanza por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que no se les siguió un debido proceso, no tapa este hecho. La razón jurídica no puede ocultar la verdad histórica.

La inminencia del baño de sangre en Acteal fue advertida por muchos reporteros, analistas y conocedores de la región. Los dramáticos reportajes de Hermann Belinhausen, Blanche Petrich y Juan Balboa mostraron las huellas de la preparación del crimen antes de que se produjera. El sacrificio estaba anunciado.

Para comprender a cabalidad la tragedia se requiere entender tanto lo que sucedió en la comunidad como lo que pasó en Chiapas. Lugares como la región chol y el municipio de Bachajón vivieron situaciones similares desde meses atrás. Aunque hablaba de paz, Ernesto Zedillo hacía la guerra. En los lugares claves del estado se promovió la formación de grupos paramilitares. Pero muchas de sus víctimas no fueron zapatistas, sino civiles pacíficos y desarmados que, como en el caso de Acteal, oraban por la paz.

Sendos editoriales de La Jornada del 22 de noviembre y el 17 de diciembre de 1997 advirtieron sin ambigüedad lo que sucedería en Acteal. En el primero se señaló que (la escalada de la violencia) es en extremo preocupante, ya que el padrón de conflicto en Chenalhó tiene grandes similitudes con lo sucedido en la zona norte del estado, donde actúa Paz y Justicia. El suplemento Masiosare dedicó su entrega del 14 de diciembre de 1997 a este asunto y la tituló: Chenalhó, otra vuelta de guerra.

El padre Miguel Chateau, párroco de Chenalhó y uno de los más profundos conocedores de la región, advirtió: la guerra de baja intensidad aniquila al mundo tzotzil (La Jornada, 15/12/97). El cura no hablaba por hablar. Él mismo estaba amenazado de muerte. Jacinto Arias, presidente municipal del PRI y uno de los principales promotores de los paramilitares, le puso una cerveza en la mano y le dijo: Si no controla a su gente, un día lo vamos a matar. Se lo digo cara a cara, padre. Vamos a quemar su cuerpo para que no se quemen los gusanos.

En un reportaje televisivo sobre los indígenas desplazados del municipio por los paramilitares, titulado Chiapas: testimonio de una infamia, Ricardo Rocha percibió la tormenta que se avecinaba. Al entrevistar a don Samuel Ruiz y don Raúl Vera, el periodista les confesó: vengo de los Altos de Chiapas, y vengo profundamente indignado, asombrado de que estas cosas todavía puedan ocurrir (...) profundamente adolorido también por lo que ocurre allá y seguramente ustedes no son ajenos: es inhumano...

Andrés Aubry y Angélica Inda, dos de los más grandes conocedores de la dinámica social de los Altos de Chiapas, analizaron con rigor el surgimiento de los paramilitares en la región en nueve deslumbrantes artículos publicados en La Jornada. El primero de ellos, Chenalhó en vilo, aparecido el 30 de noviembre de 1997, tres semanas antes de la matanza, desbarató la hipótesis de que detrás de la violencia en curso se encontraba un conflicto religioso. En Chenalhó los dos dirigentes antagónicos, el presidente constitucional (del PRI) y su contrincante, el presidente (en rebeldía) de la sede autónoma del mismo municipio, son evangélicos, escribieron.

Meses antes, en Chenalhó: los peligros del alma, publicado en La Jornada en junio de 1997, analicé la gestación de la ofensiva paramilitar en ese municipio para concluir: Lo que hoy está en peligro no es el alma, sino la vida de los hombres murciélago. El 2 de diciembre, en La guerra que no se atreve a decir su nombre, escribí que la paramilitarización era la respuesta gubernamental a la expansión política y social del zapatismo, evidenciada por la exitosa marcha de los mil 111 rebeldes a la ciudad de México en septiembre de ese año, así como a su creciente implantación en territorio chiapaneco. “Los paramilitares –anoté–, a diferencia del Ejército o la policía, no tienen que rendirle cuentas a nadie, escapan al escrutinio público. Pueden actuar con la más absoluta impunidad e, incluso, presentarse como víctimas.” Desgraciadamente, el reciente fallo de la SCJN da la razón a estas líneas.

La masacre no fue un hecho aislado o fortuito, producto de la revancha de facciones indígenas enfrentadas por problemas comunitarios. No fue un enfrentamiento. En Chiapas hay una guerra, y no hay actividad humana más planificada que ésta. Acteal fue una acción bélica que respondió a su lógica profunda: la intensificación del conflicto, la que subyace, según Clausewitz, cuando dos ejércitos se enfrentan y deben devorarse entre sí sin tregua, como el agua y el fuego, que jamás se equilibran.

La estrategia gubernamental estaba trazada de antemano. Inmediatamente después de la masacre el Ejército amplió su presencia en Chiapas con más de 5 mil efectivos adicionales, y autorizó su participación en la prevención de nuevos hechos violentos. Se trasladaron hacia las Cañadas tropas destacadas en Campeche y Yucatán, al tiempo que se instalaron nuevos campamentos en la región de los Altos. Se quiso tender un nuevo cerco militar al zapatismo, un nuevo cordón sanitario, para tratar de frenar su expansión y el funcionamiento de los municipios autónomos.

Esta lógica quedó al descubierto en los meses posteriores. La guerra sucia contra el zapatismo siguió su curso sangriento. Acteal fue el banderazo de salida para acrecentar la ofensiva bélica. Fuerzas combinadas de diversas policías y ejércitos atacaron violentamente los municipios de Taniperlas, Amparo Aguatinta, Nicolás Ruiz y El Bosque, hasta que el 6 de julio de 1998, en Chavajeval y Unión Progreso, las fuerzas represivas toparon con pared.

La liberación de los asesinos de Acteal y la pretensión de rescribir la historia de la masacre no son un acto de justicia: son la continuación de la guerra por otros medios.

http://www.jornada.unam.mx/2009/08/18/index.php?section=opinion&article=019a1pol

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¿Que pasó en Acteal?...

El verdadero enigma de Acteal

Hermann Bellinghausen


Ya que se hablaba del enigma”, del “jeroglífico” de la masacre, cabe preguntarse si lo hay, y cuál sería. ¿La Clínica de Interés Público del CIDE y su división de estudios jurídicos? No creo. Ya ven cómo son los abogados. Independientemente de si el defendido es o no culpable, incluso de crímenes horrendos, sus defensores se plantean el reto intelectual y jurídico de sacarlo de la estacada aprovechándose de los recovecos de las leyes, las alianzas de clase (alta) y, si se puede, la coyuntura política.
El abogado Javier Cruz Angulo, sus antecesores, colaboradores, asesores y pupilos de la bien llamada “clínica” lograron un éxito profesional equivalente al que sacó de la cárcel a Raúl Salinas de Gortari o al asesino intelectual de Manuel Buendía, José Antonio Zorrilla Pérez. No hay enigma, sólo un logro con valor curricular y que, presumen, “sentará precedente”, lo que para un litigante es una medalla de oro.
Claro, suele ocurrirles a los abogados: a fuerza de atenuar los filos en apego a las formas, terminan por convencerse de la inocencia de sus defendidos. Más cuando comparten una filiación religiosa, como en este caso. Los defensores que embarcaron al CIDE en la aventura comparten la religión de un buen número de los paramilitares, y ha sido un elemento explícito en su trabajo. Eso tampoco plantea enigma.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, subordinada al Poder Ejecutivo y a los intereses de las clases dominantes, puede ser una vergüenza, pero su determinación del miércoles pasado no encarna ningún enigma. A los jueces les presentaron un cold case del pasado (pero el quid era su malhechura), y en acatamiento de las normas, dictaminó la libertad de los paramilitares, sin por ello eximirlos de culpabilidad.
El PRI, que a la sazón de la matanza los tenía en sus filas y los protegía, ha nadado de muertito todos estos años. Nunca será un enigma. Como anunciaba un diputado suyo apenas una semana después de la masacre: “no nos vamos a suicidar”. No olvidar que era el partido del entonces presidente de la República. Ya hoy podrán recogerlos.
Manuel Anzaldo Meneses y Juana García Palomares (otrora “frentecardenistas”), quienes asesoraban política y productivamente en los tiempos de la “guerra” a los paramilitares de Chenalhó, los recibieron ahora a las puertas de la cárcel. Los quieren acoger, recuperar, alivianar, como un botín político. De entonces a hoy, estos dos personajes no representan un enigma; antes bien, un eslabón estable de la cadena contrainsurgente.
En cambio, sí resulta un enigma que un escritor, historiador y periodista como Héctor Aguilar Camín se embarcara, en esa triple condición, en la defensa decidida de un grupo de personas, indígenas de Chiapas, involucrados en una “guerra” encubierta de manual contra sus iguales, llamándolos “contrarios”. Intenta “rescribir” la historia, que según él está mal contada, y se ofrece para mejorarla. Le parece un “enigma”.
Sus únicas fuentes directas para tan “objetiva” empresa son los propios asesinos confesos (¿no serán una parte interesada?) y su entorno. Luego, testigos de lujo como los mencionados Anzaldo y García Palomares, o bien “conocedores de la zona” como su “desinteresado” colega Juan Pedro Viqueira, “especialistas” en guerrilla como Gustavo Hirales, y por supuesto los abogados de los presos. Se permite ignorar la montaña de evidencias testimoniales y documentales sobre la ofensiva paramilitar (nunca la acepta como tal) que condujo a la masacre del 22 de diciembre de 1997 y además causó el despojo permanente de casas, cultivos y tierras de miles de “contrarios” a sus defendidos.
El investigador nunca consultó a las víctimas, ni a Las Abejas como organización, ni a los organismos civiles que acompañaron y acompañan a la fecha a Las Abejas y a las comunidades autónomas zapatistas. Mucho menos a los zapatistas. Eso sí, se sumergió en los expedientes de la PGR y usó como materia prima el desprestigiado Libro blanco de dicha dependencia (1998); ambos, producto de una diligencia ministerial pobre, confusa, atenida a fuentes discutibles, y a partir de una destrucción de la escena del crimen definitivo.
Con esos elementos, elabora una versión de los hechos donde “le faltan” piezas, hay cosas “que no entiende”, y en bien de la verdad, y nada más, quisiera dilucidar. Será imposible que con esos elementos, ordeñados sólo del lado que él llama “antizapatista”, logre desentrañar un enigma que no existe. No, en todo caso, allí donde él rasca para encontrarlo.
En una “respuesta” publicada en este diario, Aguilar Camín dice que el autor de estas líneas le atribuye, “de una entrevista que sólo él (yo) ha visto, el dicho de que el grupo de Las Abejas eran abejas de día y alimañas de noche”. Y añade: “No es un dicho mío, era un dicho común de los antizapatistas de la zona que yo he citado para mostrar que no todos creían en la neutralidad política de Las Abejas. El dicho correcto es ‘Abejas de día, zapatos (zapatistas) de noche’” (La Jornada, 11 de agosto).
Le “atribuyo” la expresión que ha “citado” (aunque en el texto al cual responde se leía textualmente que él “cita con regocijo”). Pero no la niega. Y va más lejos (y más abajo): admite que él tradujo “zapatos” por “alimañas”. Esa es su aportación pues. Lo dicho: el lenguaje no perdona; el inconciente tampoco.
http://www.jornada.unam.mx/2009/08/14/index.php?section=opinion&article=007a1pol
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Sobre Acteal...

Carta de Hermann Bellinghausen

En su Respuesta al artículoLos desenterradores de Acteal, Héctor Aguilar Camín encuentra similitudes entre su reseña y mi relato del episodio de la aprehensión de una veintena de paramilitares la Navidad de 1997. Nada más faltaba que no las hubiera. Pero vale destacar que, al ser interceptados los paramilitares por el cortejo de los muertos, los encapuchados zapatistas que los acompañaban a la barranca de Acteal iban desarmados, como civiles que eran. Las únicas armas presentes fueron las de los policías municipales que custodiaban a los paramilitares (incluso a uno con chaleco antibalas). Al reportarlo, ahora y entonces, un servidor apela a su percepción presencial del momento; a casi 12 años de distancia me sigue pareciendo objetiva.

Los detenidos no fueron señaladosallí, y ya. Estaban plenamente identificados como miembros de la banda armada de priístas de Chenalhó, los paramilitares a los que las investigaciones sucesivas (hasta físcalía especializada tuvieron) aludieron siempre con eufemismos para despojarlos de cualquier connotación militar.

Que el proceso a partir de su aprehensión (fuera azarosa, planeada o providencial para la PGR) haya sido una basura, no demuestra que los detenidos no merecían ser investigados ni estuvieran libres de responsabilidad penal: el error procesal como parte del método. Además, quién en el gobierno de entonces iba a querer profundizar de veras las investigaciones. Si lo poquito que soltaron les costó el cargo al secretario de Gobernación y al gobernador de Chiapas, quién sabe a dónde podrían ir a parar tales pesquisas.

Respecto del otro punto de laRespuesta, referido al día y el lugar de la masacre, no sería este el espacio para volver a esa experiencia.

Hermann Bellinghausen

Impunidad en Acteal...

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La impunidad es requisito para la existencia del sistema político mexicano…

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La última carcajada de Zedillo

Hermann Bellinghausen

Con previsible diligencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminará este miércoles en favor de, al menos, la mitad de los presos por la masacre de Acteal, paramilitares tzotziles de Chenalhó que llevan una década purgando sus condenas en una cárcel chiapaneca. La evidente malhechura de su proceso fue siempre cuestionada por los organismos civiles que asumieron la defensa o la solidaridad con las víctimas de la matanza del 22 de diciembre de 1997 y contra la ofensiva paramilitar que asoló Chenalhó y dejó unos 12 mil desplazados internos.

Más de 6 mil de ellos siguen, casi 13 años después, sin casa ni tierras allá en las comunidades donde las familias priístas de los paramilitares arrebataron su patrimonio a miles y miles de hermanos suyos (o primos, sobrinos, suegros, vecinos).

La impunidad no es un tema anacrónico. Acteal es un crimen de Estado y los campamentos de desplazados sin solución y rodeados por el Ejército federal, fortificado en San Pedro Polhó (cabecera municipal autónoma zapatista), son la herida más abierta de esa guerra premeditada que los nuevos entusiastas buscan minimizar, relativizar, negar: pleitos de familias, rivalidades añejas, nota roja, arcanos precolombinos.

El preso Hilario Guzmán Luna, mencionado como ejemplo de inocencia por Ana Laura Magaloni (Reforma, 1º de agosto), a quien no se sabe por qué señalaron sin deberla ni temerla, semanas antes de la masacre se había revelado como organizador del grupo paramilitar en Pechiquil (ver Acteal: crimen de Estado, La Jornada Ediciones, 2008; página 81). Como tal, tuvo responsabilidad directa en diversas agresiones armadas y desalojos a finales de 1997, cuando los paramilitares no disimulaban, se sentían todopoderosos, alardeaban. Nunca fue juzgado por ello.

Acompaña a la inminente resolución de la corte una rutinaria blitzkrieg mediática de los abogados (y columnistas que los acompañan) de los paramilitares, presos desaseadamente como es hábito en México con cualquier indígena, pero no exentos de responsabilidad penal.

Un grupo de la élite intelectual, y esto es histórico, ha tomado decidida defensa de unos indígenas encarcelados, pues es hora de hacer valer las instituciones y poner a prueba la democracia que disfrutamos hoy, hoy. Da tristeza que este caso sea el que podría sentar precedente, y no Atenco, Oaxaca 2006, la ley indígena o Lydia Cacho. Ignacio del Valle no es un criminal sino un valiente luchador social, no mató a nadie pero lo quieren pudrir en una ergástula de alta seguridad por defender sus tierras. Y los criminales priístas de Oaxaca han vuelto a la high life.

La rápida aprehensión de un centenar de miembros del grupo paramilitar de Chenalhó en 1997-98 fue coyuntural y azarosa, pero no equivocada. Todos estaban identificados como miembros de la banda paramilitar por la propia población de Chenalhó, sin importar el bando. Habían tomado el control violento de las comunidades, desplazando o ex- pulsando a las autoridades tradicionales y a los opositores. En más de un caso eliminaron a correligionarios que no respaldaban su aventura (muertes que entonces se intentó atribuir a los contrarios, los autónomos, sin éxito). La banda de autodefensa contaba con un apoyo institucional, no por clandestino menos tolerado y evidente.

Lo cual queda fuera del horizonte de los paladines de estos indígenas atropellados, que sí lo fueron, pero no tanto por la forma en que fueron presos, como por caer en el juego contrainsurgente diseñado para ellos, una guerra absurda en términos comunitarios, un episodio irracional y dopado de sus vidas, propiciado (cuando menos) por inteligencia militar y los cuerpos policiacos.

El único error del gobierno de Ernesto Zedillo fue no intervenir a tiempo, dicen los paladines de hoy. Ignoran que el presidente y el gabinete especial dentro del gabinete concentrado en Chiapas se reunían constantemente, y todos recibían informes diarios. Chenalhó era prioridad, un foco rojo, no sólo para ellos (que sabían lo que hacían, con calculada sangre fría), también para la opinión pública. El drama era tal que hasta Televisa lo cubrió brillantemente gracias a Ricardo Rocha.

El último gobierno del viejo régimen (Magaloni dixit) hizo bien ese trabajo. Cortó a tiempo los hilos conductores, se quemaron pistas y se alteró la escena del crimen para que la masacre pudiera ser interpretada una década después como un enigma. Incluso los que tuvieron que pagarla, los indígenas que se aventaron el tiro, ven hoy diluidas sus responsabilidad. Sus armas, que tantos vimos y no eran cinco, ni nueve, nunca aparecieron (con la excepción del pequeño buzón de armas encontrado el año pasado y que sólo representaba un reducido número de las que se usaron).

Las deficiencias de nuestro sistema de justicia tienen la función de garantizar la impunidad oficial. La coartada del proceso mal hecho tardó 12 años, pero acabó funcionando hasta para los responsables materiales de la guerra encubierta.

Alguien en Yale está de plácemes.

http://www.jornada.unam.mx/2009/08/10/index.php?section=opinion&article=a11a1cul

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