…………. Los militares no somos ningunos cobardes. No rechazamos el combate. Pedimos al Congreso aprobar reformas en materia de seguridad nacional para que los miembros de las fuerzas armadas tengamos garantías al actuar en las calles. Nada más, pero nada menos, expresaron generales que solicitaron el anonimato entrevistados a propósito de la discusión que existe en el Poder Legislativo en esta materia. Asimismo, revelaron que la jerarquía castrense, a partir de que los soldados son adiestrados de manera distinta a los policías y su preparación es para el ataque y no para la disuasión, como ocurre con éstos, ha planteado al Congreso y al presidente Felipe Calderón mantener el fuero militar, porque no se puede juzgar a un integrante de las fuerzas armadas como se juzga a cualquier policía. Recordaron que el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Guillermo Galván Galván, ha propuesto al Presidente y a los legisladores dar valor probatorio a las investigaciones de inteligencia realizadas por el Ejército para que se combata la corrupción en los círculos gubernamentales y, en caso de detectar ilícitos de este tipo, los responsables sean castigados sin importar si se trata de gobernadores o secretarios de Estado, por ejemplo. La polémica data de abril de 2009, cuando el presidente Calderón presentó su iniciativa de seguridad nacional, en la cual solicita se definan los procedimientos para que las fuerzas armadas continúen sus acciones de preservación de la seguridad interior, según define el lenguaje oficial. Hasta hoy, la Constitución Mexicana no establece de manera específica bajo qué parámetros las fuerzas armadas pueden participar en el combate al crimen organizado ni la temporalidad del mismo. Para ello, únicamente se apoyan en jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La iniciativa presidencial resalta que la participación de la Fuerza Armada Permanente como respaldo a las labores de las fuerzas de seguridad es eficiente y efectiva; sin embargo, la sociedad hoy reclama mejorar su funcionamiento en el marco del estado de derecho, y para ello debe estar debidamente sustentada su participación en la ley (...) la iniciativa pretende definir claramente el procedimiento de participación de la Fuerza Armada Permanente y sus atribuciones en materia de seguridad interior, lo que ofrecerá certidumbre jurídica y operatividad a su intervención, en favor de los ciudadanos. El pasado 9 de febrero el propio general Galván impulsó la iniciativa durante la conmemoración de la Marcha de la Lealtad, cuando expresó que sólo mediante reformas integrales estaremos en condiciones de consolidar ese bienestar colectivo que todos exigen, pero que no todos procuran. Cuatro días después, senadores y diputados reavivaron el debate sobre el tema y, de acuerdo con su filiación, se han pronunciado por aprobarlas o rechazarlas en los términos planteados por el Ejecutivo. Hasta hoy, los legisladores analizan diversas propuestas que lleven a un marco jurídico que regule la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado. Al mismo tiempo, el titular de la Sedena se ha reunido afanosamente con los miembros del Poder Legislativo, los últimos encuentros fueron los días 7 y 12 de este mes. En el más reciente encuentro, Galván Galván insistió ante los legisladores en su planteamiento: el Ejército Mexicano requiere de un marco regulatorio para continuar en la lucha contra el crimen organizado, y de allí surgió la versión –nunca desmentida por la Sedena– de que el general secretario reveló la renuencia de algunos generales a seguir participando en la batalla contra la delincuencia a falta de garantías para esa labor. Colaboración plena A propósito de esto último, los mandos consultados plantearon: “no somos ningunos cobardes. El general secretario dijo expresamente a los legisladores que los jefes de las zonas militares exigen no sólo la colaboración plena de todo el gobierno federal, sino de todo el Estado mexicano. “¡No nos resistimos a combatir al narcotráfico ni a los delincuentes! Hacerlo sería insubordinación, y lo primero que se nos enseña es a obedecer y a acatar órdenes. Insubordinarse representa ser arrestado y llevado a juicio, como en cualquier ejército del mundo. “Lo que sí queremos es que exista una ley que nos otorgue las facultades para estar en las calles, no sólo la resolución de la SCJN. “Y esto podría llegar al extremo de que el día que entre un nuevo presidente de la República, varios generales se vieran sometidos a consejo de guerra si el poder civil considera que violaron la ley. Podrían aducir: ustedes que se dicen tan respetuosos de la ley, ¿bajo cuál salieron a las calles si saben que constitucionalmente no pueden hacerlo? “Decimos que todo esto es una cuestión de seguridad nacional. Pues sí lo es, pero no está escrito. “En estos momentos hay mucha sensibilidad. La gente tiene que entender que a nosotros nos adiestran de forma diferente a los policías. Nuestros objetivos son distintos. Nosotros estamos listos para el ataque, no para la disuasión. ¿Nos explicamos? “Por eso es tan riesgoso tener a las tropas en la calle. ¿Pero cómo vas a actuar cuando tu presidente, el comandante supremo, saca al Ejército sin ninguna garantía? “Lo que dicen muchos generales es: combatamos primero con la misma fuerza de fuego y luego con la misma reacción, porque no puede ser que te tiren con un lanzacohetes y tú respondas con flores por aquello de los derechos humanos. “Que en medio de ese fuego hay víctimas, sí. Que hay equivocaciones, también. Que nuestras tropas cometen excesos, a veces los hay. “Para nosotros ésta es una situación de guerra. Las modificaciones que se han solicitado son para tener garantías de nuestra actuación en las calles y que si la tropa comete actos irregulares, sea juzgada por la justicia castrense, porque no se les puede tratar de la misma forma que a un policía, porque en principio somos diferentes. “La tropa está acostumbrada a obedecer, si se le dice combate; es lo que hace, combate. “También, en esa línea, el general secretario Galván ha dicho al presidente Calderón y a los legisladores: la capacidad de fuego del crimen es 500, la del Ejercito de 100. “Aun así, nosotros tenemos adiestramiento y táctica adquiridas durante años, pero es cierto que esa capacitación no está adaptada para que los militares combatan al crimen común. También eso se le ha dicho al presidente Calderón. “El Ejército no fue creado ni se le entrena para combatir a la delincuencia común, y el crimen organizado se está convirtiendo en delincuencia común. “¿Cuál es el fondo de todo esto? Pues sólo hay que ver cuánto presupuesto tiene la Secretaría de Seguridad Pública federal. En cambio, el Ejército tiene equipos con una antigüedad hasta de 50 años; carecemos de capacidad de vuelo, porque nuestros aviones son viejos. Y aun así combatimos, obedecemos. “¿Que nos hacen falta otras capacidades tácticas y adiestramiento en derechos humanos? Sí, es cierto, pero esa capacitación la tenemos para aplicarla cuando se trata de ayudar a la población en casos de desastres naturales. En suma, el asunto es complejo. Vivimos tiempos difíciles y de incertidumbre, concluyeron. …………. |
Espacio de reflexión CENSURADO...CENSURADO... CENSURADO...CENSURADO.... CENSURADO
lunes, 19 de abril de 2010
El Fuero del Cabo Catoche...
jueves, 15 de abril de 2010
Los militares al juzgado por méndigos...
sábado, 28 de marzo de 2009
Militares al Ataque
miércoles, 13 de junio de 2007
Fascismo en los retenes...
En declaraciones hechas al noticiero radiofónico de la WE en Irapuato –cabecera del distrito al que representa-- Cuén Garibi afirmó que en su oficina de gestión y enlace legislativo ha recibido numerosas denuncias de ciudadanos que han sentido vulnerados sus derechos por dichos retenes.
Particularmente, se refirió a los que han sido instalados en los accesos y salidas de Irapuato, coordinan la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia. Sin embargo, ambas instancias cuentan con el apoyo y la participación del Ejército mexicano, al igual que los operativos en los puntos limítrofes del estado y algunas comunidades identificadas como puntos de paso del narcotráfico.
Irapuato es, además, sede de la Zona y Región militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Cuén aseguró que el personal que participa en los retenes “se ensaña con campesinos, personas humildes o marginadas. En vez de dar seguridad atemorizan a la población. Saben muy bien la hora y el lugar por donde pasan los verdaderos delincuentes y les permiten el paso sin problemas”.
Al respecto, el secretario de Seguridad Pública del estado, Baltasar Vilches Hinojosa, aseguró que se está haciendo la labor “para frenar el paso de personas que transitan con droga”.
El funcionario pidió a la diputada federal que “si tiene una sugerencia”, se la haga llegar. “Que nos diga la diputada cómo quiere que le hagamos para detener el paso… Estamos dispuestos a escucharla”.
Incluso, Vilches Hinojosa dijo creer que, quienes han acudido a la oficina de enlace legislativo de la diputada para quejarse, “seguramente son los delincuentes, que no quieren ser revisados”.
El barco se hunde...huyen las ratas.
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¿Pos no que muy cabrón mi generalito? Así son los cobardes. Abandonan el país cuando mero se ponen los putazos de a veinte. La Patria se defiende aquí, día a día. ¿Qué no le enseñaron eso en el colegio militar? ¿Y nosotros qué, nos quedamos aquí por más pendejos? ¿O que, eso del patriotismo es pura mamada? Por lo que veo ¡Sí!.
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Invite, mi general
Ricardo Clemente Vega
Humberto Musacchio
Para documentar nuestro optimismo, diría Monsiváis, el periódico El Centro (4/VI/2007) informa que el general Ricardo Clemente Vega, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio pasado, ha decidido establecerse con su familia en Estados Unidos, porque “las cosas se ponen peligrosas en México”, tanto, que hace unos meses un grupo de delincuentes pretendió secuestrar a la hija del militar.
De acuerdo con Esperanza Barajas y Alfredo Joyner, reporteros del citado periódico, días antes de dejar el cargo, el general Vega declaró ante 15 diputados federales que ante lo riesgoso que se había puesto el territorio mexicano él había decidido irse al país del norte, para lo cual confesó a los perplejos legisladores que ya había hablado con Donald Rumsfeld.
Aunque es dudoso que un general haya salido pobre de tan alto cargo, don Ricardo Clemente se propone dictar conferencias en la Unión Americana, suponemos que para completar el chivo, pues allá la vida no es precisamente barata.
De esta manera, el general Vega sigue el mismo camino que han tomado otros diez millones de nacidos en México, quienes se han ido para establecerse en forma permanente en Estados Unidos. Es muy probable que entre los emigrantes se cuenten muchos que sufrieron aquí los embates de la delincuencia, pero salvo excepción, quienes se van lo hacen por una causa mucho menos heroica: huyen de la miseria y del desempleo, que matan a muchos más mexicanos que el crimen organizado.
Se van para sobrevivir, porque ya se hartaron de ver cómo la gente de su casa, mujer, hijos y otros parientes languidecen por el hambre y la desesperanza, ya se cansaron de ver morir a sus seres queridos por enfermedades curables, por mera desnutrición. La mitología panista dice que se van los que no estudiaron, los que carecen de calificación profesional, pero lo cierto es que ya en el año 2000 sumaban unos 660 mil los que habían cursado estudios superiores, mano de obra que a los mexicanos nos costó mucho trabajo, tiempo y dinero capacitar para que ahora la aproveche un país rico.
Tan hartos están nuestro emigrantes que cruzan la frontera arriesgando la vida, en vehículos donde pueden morir asfixiados, a través del desierto implacable, sometidos a los abusos de polleros, policías mexicanos y guaruras gringos. Se van porque su país ya no es suyo. Pertenece a policías y jueces corruptos y a políticos tan ladrones como los delincuentes. Ya se va incluso un general que dispone de guardia personal. Ya nos vamos todos y que el último apague la luz, si es que todavía hay luz.hum_mus@hotmail.com
¿Y cuando meten al bote al cabo catoche...?
miércoles 13 de junio de 2007
Hay indicios de que los soldados involucrados sembraron mariguana a las víctimas
Las personas que murieron y las que fueron heridas no llevaban armas ni drogas, señala
JAVIER VALDEZ CARDENAS
Culiacán, Sin., 12 de junio. La Procuraduría General de la República (PGR) determinó que ninguna de las cinco personas que fueron asesinadas el pasado 31 de mayo por efectivos militares en la comunidad Los Alamillos, municipio de Sinaloa, incurrió en delito.
Miguel Angel Campos, delegado de la PGR en el estado, afirmó que aunque el Ministerio Público Federal todavía no concluye las investigaciones del caso, no encontró indicios de que las cinco personas que murieron, entre ellas tres menores, y las tres que resultaron heridas en el ataque, hayan disparado armas de fuego o transportado estupefacientes.
"Hasta el momento no tenemos elementos que involucren a los lesionados (...) y respecto al conductor (del vehículo en el que viajaban las personas agredidas), no podemos establecer una sospecha de que haya incurrido en un delito", sostuvo el funcionario.
El pasado 31 de mayo soldados adscritos a la novena Zona Militar dispararon contra un grupo de civiles que viajaban en una camioneta, en la comunidad Los Alamillos, municipio de Sinaloa.
Luego del suceso, testigos indicaron que cerca de la camioneta, que cayó en una barranca y volcó, fue localizado un costal de mariguana. Sin embargo, fuentes cercanas a la PGR señalaron que la droga habría sido sembrada por los militares para que las víctimas fueran relacionadas con el narcotráfico.
"Según las pruebas que ha realizado la fiscalía, no se encontraron indicios que prueben que la droga pertenecía a la familia de las víctimas y se investiga si fue colocada en el lugar por los militares", reveló la fuente.
Campos Ortiz apuntó que las indagatorias todavía no concluyen, pero indicó que se puede asegurar que las perso- nas que murieron y las que quedaron heridas no dispararon armas ni tenían en su poder droga alguna.
La víspera, la Secretaría de la Defensa Nacional ordenó que 19 militares, entre ellos tres oficiales, fueran detenidos en las instalaciones de la tercera Región Militar, con sede en Mazatlán;
El domingo, un juzgado militar los declaró formalmente presos como probables responsables del delito de violencia contra las personas, causando homicidio y lesiones calificadas.
domingo, 10 de junio de 2007
10 de Junio NO se Olvida...
La Jornada
domingo 10 de junio de 2007
Halcones. Terrorismo de Estado incluye 18 minutos de imágenes de los hechos
El documental presenta pruebas que ligan al grupo paramilitar con el 2 de octubre
ANGEL VARGAS
En un hecho inédito en la televisión pública mexicana, Tv UNAM transmitirá este domingo el documental Halcones. Terrorismo de Estado, en el que se desahogan nuevas y reveladoras pruebas sobre cómo el gobierno de Luis Echeverría Alvarez estuvo detrás de la matanza del 10 de junio de 1971.
Coproducido por canalseisdejulio y la asociación civil Memoria y Verdad, este material, de cuyo guión y realización se encargó Carlos Mendoza, tiene como principal atractivo la incorporación de un registro fílmico inédito, de 18 minutos, sobre esos cruentos acontecimientos en los que fueron asesinados 120 estudiantes por el grupo paramilitar denominado halcones.
Dicho material se localizó en el archivo cinematográfico de la cadena estadunidense NBC y, tras adquirir los derechos, sirvió de punto de partida a la investigación que da pie a los cerca de 70 minutos que tiene de duración el documental.
De acuerdo con Carlos Mendoza, uno de los hallazgos principales de esas pesquisas fue la posibilidad de documentar el vínculo entre las matanzas estudiantiles del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, "desde el punto de vista de la participación de ciertos cuadros militares en ambos operativos, de los que se identificaron sus nombres, apellidos, rango y arma".
También, agrega el realizador en entrevista, existen documentos sobre la participación de los grupos de animación deportiva y el papel de Luis Echeverría en Chile, al seguírsele la pista al jefe de los halcones, el coronel Manuel Díaz Escobar, quien un año después de la matanza del 10 de junio fue nombrado agregado militar en la embajada de México en aquel país.
Colaborador de la Dina
"Se encontraron documentos que lo involucran (a Díaz Escobar) como colaborador de la Dina (Dirección de Inteligencia Nacional), responsable de la muerte de mucha gente en Chile", continúa.
Es un material "que deja muy claro que Echeverría era un hombre que jugaba a dos puntas: por una parte recibía a Salvador Allende y le ofrecía su solidaridad y, por otra, ayudaba a un agente del golpismo" pinochetista.
Estrenado el año pasado y con tres premios en su haber, Halcones. Terrorismo de Estado hace uso de documentos, grabaciones y fotos ya conocidos (como el registro de Lenin Salgado), pero también ofrece varios materiales inéditos.
Entre estos últimos, además del mencionado archivo de la NBC, se encuentra una decena de fotos tomadas por un activista (de las cuales La Jornada ofreció la primicia en su edición del 10 de junio de 2006) y, aunque ya se conocía, se rescató la grabación de la comunicación entre bandos policiacos y militares.
En el documental, describe Carlos Mendoza, "se desmenuza el operativo policiaco-militar muy cruento y perverso que se emprendió contra los estudiantes; la participación de los porros; la identificación muy precisa, con nombres y apellidos, de elementos del Ejército tanto en mandos policiacos del entonces Departamento del Distrito Federal como en el propio grupo de los halcones.
"También se aborda el capítulo del adiestramiento de esos efectivos en Estados Unidos y los preparativos que hizo la Secretaría de la Defensa desde dos días antes del Jueves de Corpus en previsión de lo que iba a suceder."
Sobre los 18 minutos de la filmación realizada por la televisora estadunidense, el guionista y realizador precisa que en ellos se registra el inicio del ataque de los halcones, cómo se desplazan, se repliegan, agraden a transeúntes y son protegidos por elementos policiacos que no hacen algo por detenerlos.
En Halcones. Terrorismo de Estado se cuenta con diversos testimonios de sobrevivientes de esos acontecimientos y el análisis del escritor Carlos Montemayor.
Este es un filme, concluye Mendoza, que, "desde el punto de vista de la memoria histórica sirve para desmentir la versión que se sostuvo durante muchos años, muy frágil y que nadie creyó, de que los halcones era un grupo que actuaba por su cuenta. El documental despeja esa duda y establece un vínculo entre el Ejército y ese grupo paramilitar".
Hasta antes de esta producción, en la televisión pública sólo Canal 11 había transmitido un documental sobre la matanza estudiantil de Tlatelolco en 1968, realizada también por canalseisdejulio.
Las transmisiones por Tv UNAM serán este domingo 10 de junio, a las 19:30 y 00:00 horas, con repetición el lunes 11 de junio, a las 21:30 horas por el Canal Cultural de los Universitarios en Cablevisión Digital (Canal 144), Sky (canal 255) y por el sistema de televisión de cable de cada localidad.
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¿Te da gusto...verdad cabo catoche?
El fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, reveló que tiene información suficiente para detectar otros 3 mil 211 cuerpos sepultados en 20 de los 25 departamentos en que está dividido el país.
La localización del centenar de cuerpos se inició el pasado 15 de abril, cuando un paramilitar que hace dos años se acogió al proceso de paz con el gobierno y se entregó a la justicia declaró que conocía la ubicación de fosas comunes en el departamento de Putumayo, a 50 kilómetros de la frontera con Ecuador. Agregó que estaba dispuesto a suministrar la información a cambio de que le rebajaran su condena en una cuarta parte.
El paramilitar ofreció a los investigadores pistas seguras para llegar a la vereda El Tigre, en el vecino municipio de La Hormiga, donde según él estaban las fosas que contenían los cuerpos de decenas de campesinos asesinados por los paramilitares entre 1998 y 2002. Los cuerpos presentan signos de tortura y marcas de disparos. Muchos están descuartizados, destaca el reportaje que aparece este domingo 10 de junio en Proceso.
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¿Y que otra cosa saben sino matar...?
Frente a él, a muy corta distancia, distinguía las borrosas siluetas de los soldados… y los chispazos de fuego que no cesaban.
–¡Ya no tiren! ¡Traigo niños conmigo! –insistía. Otro proyectil le destrozó su brazo izquierdo y lo tumbó al suelo.
El propio Adán –en el cuarto de hospital donde hoy convalece– continúa el relato con voz decaída y lenta:
“En esa parte del camino no había ningún retén militar. Los soldados salieron de repente. Detuve la camioneta porque vi moverse la luz de una lámpara de mano que ellos llevaban, como haciéndome señas. De inmediato comenzaron a disparar. Les grité que traía mujeres y niños”, dice en la entrevista que publica Proceso este domingo 10 de junio.
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Rayuela
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Si los militares colombianos
van a asesorarnos,
ya iremos descubriendo el horror
de las fosas comunes,
con multitudes
de mexicanos en ellas.
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sábado, 9 de junio de 2007
¿Y ahora, quien salvará al cabo catoche...?
sábado 9 de junio de 2007
Descarta la comisión que los tiros contra las víctimas fueran hechos a corta distancia
Demanda a la Secretaría de la Defensa explicar situación de los efectivos involucrados
EMIR OLIVARES ALONSO
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que sus investigaciones sobre el ataque de militares a la familia Esparza Galaviz en el municipio de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, revelan que los agredidos "no dispararon armas de ningún tipo", además de que los tiros en su contra "no fueron efectuados a corta distancia", como han afirmado las autoridades.
El primero de junio, Adán Abel Carrillo Esparza conducía una camioneta cuando soldados le ordenaron detenerse en un retén, en el contexto de los operativos militares contra la delincuencia organizada.
La versión oficial señala que el conductor no se percató de la orden, por lo que los militares dispararon al vehículo, con lo que provocaron la muerte de Griselda Galaviz Barraza, de 25 años; Alicia Esparza Parra, de 17, y los niños Joniel, Griselda y Juana Esparza Galaviz, de siete, cuatro y dos años, respectivamente. Además resultaron heridos el conductor, de 29 años; Teresa Flores, de 16, y José Carrillo Esparza, de cinco.
Tras una queja interpuesta, la CNDH investiga el caso, por lo que ha solicitado a la Dirección General de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) "explicar si se inició alguna averiguación previa en el fuero militar y, en tal caso, el delito o delitos que se investigan, así como los responsables, las diligencias realizadas hasta el momento y otros aspectos indispensables para esclarecer por completo lo ocurrido", debido a que hasta ayer la dependencia no había hecho públicos esos datos.
La comisión reveló que por conducto de visitadores trató de realizar exámenes toxicológicos a los presuntos responsables del ataque, pero la Sedena no lo permitió, con el argumento de que serían sus propios investigadores los que harían esas pruebas, por lo que la CNDH solicitó copia certificada del resultado de las mismas.
En un comunicado de prensa, el organismo encabezado por José Luis Soberanes informó que su personal inspeccionó de manera ocular el lugar de los hechos y recabó evidencias, entre ellas cinco cartuchos y 12 casquillos, así como una jeringa hipodérmica, que serán sometidos a exámenes de laboratorio.
La comisión también solicitó que las autoridades militares informen sobre los fundamentos y motivos, la normatividad o las directivas que facultaron a los soldados a colocar un retén en el lugar de los hechos, así como una copia certificada de la orden respectiva.
Por otra parte, personal de la CNDH elaboró actas circunstanciadas y cuenta con fotografías y videograbaciones de entrevistas con familiares y otras personas que colaboraron en el transporte de los cadáveres y el rescate, auxilio y traslado de los heridos.
El organismo destacó que de acuerdo con el testimonio del conductor de la camioneta no era visible ningún retén ni señalización con la cual se indicara a los automovilistas que debían detenerse. El jefe de familia sostuvo ante el personal de la CNDH que desde la oscuridad le ordenaron que se detuviera al mismo tiempo que recibía disparos de arma de fuego.
El organismo consideró que "todas las autoridades, incluidas las militares, deben informar con suficiencia a la ciudadanía acerca de los procedimientos utilizados en carreteras y caminos por el personal que efectúa revisiones, incluso sorpresivas, de vehículos y personas al amparo de la campaña permanente contra el narcotráfico y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Estas medidas de información a la ciudadanía deben comprender la descripción de los avisos y cualquier otro tipo de señalización preventiva, los procedimientos habituales de una inspección y los que deben seguirse, eventualmente, para la remisión de personas y objetos y puesta a disposición de la autoridad ministerial correspondiente".
La CNDH también solicitó informes del caso a la PGR, la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa, la procuraduría estatal, el Hospital General de Culiacán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa y la Cruz Roja Mexicana.
Fecal pide auxilio a los gringos...
El auxilio que pide fecal a los gringos no es contra el narco, es para sostenerse en la silla. Fecalhino siente que su fuchifuchi está en peligro. La gente ya se canso de padecer tanta crisis política, social y a los militares. Solamente por la fuerza detiene la avalancha que se le viene encima...¡Y los gringos gustosos nos partirán la jechu...!
Un plan México, atentado contra la soberanía nacional
La Jornada
sábado 9 de junio de 2007
Editorial
El combate contra el narcotráfico no puede ni debe basarse en decisiones que impliquen poner en entredicho la soberanía nacional, y mucho menos si provienen de Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo y el principal abastecedor de armas de alto poder de las mafias mexicanas: mecanismos como el plan Colombia, que podrían aplicarse en México, son clara muestra de los daños y perjuicios que provocan esta clase de propuestas diseñadas de acuerdo con los intereses de Washington.
A mediados de mayo, el diario The Dallas Morning News advirtió que la Casa Blanca y el gobierno del presidente Felipe Calderón estaban negociando un plan México. Ayer el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Silvestre Reyes, informó que el gobierno mexicano requirió mayor asistencia para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, lo que Washington está dispuesto a atender. Se trataría de un esquema similar al plan Colombia -sin la participación en el terreno de militares estadunidenses-, que implicaría brindar adiestramiento a fuerzas del orden mexicanas, intercambiar información y aportar otros recursos. Sobre armamento, Reyes precisó que esa cuestión se analizaría posteriormente y que la decisión final de su gobierno sobre un plan México, que entraría en vigor posiblemente en dos meses, se daría a conocer en un par de semanas.
El establecimiento de una estrategia de este tipo sólo puede ser perjudicial para el país, ya que no reducirá los elevados niveles de violencia producidos por el crimen organizado ni disminuirá el volumen del narcotráfico. En Colombia, su plan ha convalidado la participación de las fuerzas armadas en labores policiacas, con los consiguientes incidentes en donde civiles han sido atacados por efectivos castrenses, intencionalmente o por confusión. En este contexto, el reciente incidente en La Joya, Sinaloa, donde dos mujeres y tres niños fueron ultimados en un retén militar, es sólo una muestra de lo que podría ocurrir.
Por otra parte, el plan Colombia, fraguado en 1999, ha sido un fracaso rotundo ya que no ha logrado reducir los niveles de narcotráfico: actualmente en esa nación existen unas 144 mil hectáreas de cultivos ilícitos, según el Departamento de Estado. Al respecto, cabe señalar que las fumigaciones de narcocultivos -uno de los ejes centrales del plan Colombia- han sido completamente ineficaces, afectaron tierras aptas para la agricultura, y la salud de los campesinos que las ocupan, como han denunciado defensores de los derechos humanos.
Adicionalmente, el plan Colombia ha abierto la puerta a la intervención de los soldados estadunidenses bajo la figura de consultores militares en la lucha contra el narcotráfico, quienes realizan labores de inteligencia, de vigilancia y de entrenamiento de efectivos del ejército y la fuerza aérea colombianos. Aunado a esto, Washington ha proporcionado miles de millones de dólares en pertrechos militares (aviones, helicópteros, radares y bombas, entre otros). Pero esta ayudFecal pide auxilio a los gringos...a y este material han sido empleados también en la lucha del gobierno colombiano contra los movimientos insurgentes, generando aún más violaciones a los derechos humanos.
Estas características del plan Colombia dejan en claro que este no es el camino adecuado para combatir el narcotráfico, por lo que urge que el gobierno mexicano privilegie estrategias con un enfoque integral, con medidas estrictamente policiales e iniciativas de prevención de los delitos y del consumo de estupefacientes sin poner en juego la soberanía nacional.