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viernes, 19 de noviembre de 2021

Lozoya no podrá ser testigo colaborador; la FGR alista acusación por el caso Odebrecht

 Lozoya no podrá ser testigo colaborador; la FGR alista acusación por el caso Odebrecht

Foto
▲ Emilio Lozoya Austin, en imagen de archivo.Foto La Jornada
 
Periódico La Jornada
Viernes 19 de noviembre de 2021, p. 19

Se acabaron las oportunidades para que Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), se convierta en testigo colaborador. Funcionarios federales señalaron que la Fiscalía General de la República (FGR) prepara la acusación formal por el caso Odebrecht, y este jueves venció el plazo para la investigación complementaria en la causa penal 211/2019 en que Lozoya ya reconoció haber recibido 10.5 millones de dólares como soborno por parte de la firma brasileña.

El fiscal Manuel Granados Quiroz, de la Fiscalía Especializada en Delitos Federales, señaló el pasado 3 de noviembre durante la audiencia del caso Agronitrogenados: Ninguno de los imputados ha cumplido con los requisitos para obtener un criterio de oportunidad. Según las fuentes consultadas, se mantiene esa postura en la FGR, por lo que se procederá a solicitar el inicio de la etapa de acusación contra Lozoya Austin.

Iniciada la siguiente etapa procesal, el juez de la causa otorgará al Ministerio Público Federal 15 días para presentar sus conclusiones de la investigación y proceder a enjuiciar a Lozoya Austin por haber recibido 10.5 millones de dólares como soborno por parte de Odebrecht, los cuales, según ha aceptado el ex director de Pemex, utilizó para cubrir gastos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, también para que en 2013 legisladores de diversos partidos aprobaran la reforma energética.

Las fuentes consultadas explicaron que la única posibilidad que tiene Lozoya Austin de no ser acusado formalmente por el Ministerio Público Federal es que la FGR solicite este jueves la suspensión del procedimiento, señale que Lozoya Austin sí obtuvo el criterio de oportunidad y se decrete el sobreseimiento de la causa 211/2019.

Anoche se anunció una audiencia que forma parte del proceso penal 211/2019, sin que se precisara en qué consistiría el desahogo de ésta; de todas formas, se cierra la investigación complementaria del caso Odebrecht.

Las autoridades entrevistadas, señalaron que muestra de que Lozoya ya no es considerado para obtener el beneficio de testigo colaborador, es el cambio de medidas cautelares que ahora lo tienen en prisión preventiva y en esa condición enfrenta las acusaciones por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Ello permitirá, sin riesgo de fuga, que además de los juicios por Odebrecht y Agronitrogenados, se le acumulen causas penales relacionadas con otras denuncias que se han presentado en su contra.

En el caso Odebrecht, que involucró situaciones de corrupción institucional o empresarial en más de 25 naciones, puso al descubierto la entrega de sobornos para conseguir contratos para la empresa en Brasil, Estados Unidos y México.

https://www.jornada.com.mx/2021/11/19/politica/019n1pol

domingo, 4 de diciembre de 2011

¡Cuidado con los PANazis!... Son Super Corruptos...

El Despertar
¡Cuidado con el PAN!
José Agustín Ortiz Pinchetti
A
primera vista la situación del PAN y/o Calderón y/o quien resulte candidato es de desventaja frente a sus rivales. Deberíamos ser más cautos. Parece tigre de papel pero podría ser un tigre verdadero. Por donde se mire, su gestión de 11 años de gobierno ha sido mala y cada vez más mala. Los primeros seis desperdiciaron una oportunidad única, dilapidaron lo que Castillo Peraza llamó su victoria cultural y los excedentes petrolíferos y, como dice Elba Esther, no tenemos idea de cuánto se han corrompido. Tome usted siete indicadores claves de las políticas públicas de Calderón y verá que en todas la decadencia es atroz. El crecimiento de la economía ha caído, la pobreza ha aumentado, la educación es cada vez peor, ha crecido en vez de disminuir el consumo y tráfico de estupefacientes, la corrupción y la impunidad se han desbocado, México se ha convertido en un protectorado estadunidense, las instituciones se han deteriorado. Con excepción de la solidez financiera, en todos los rubros hay déficit y declinación.
Lo peor es la ofensiva militar contra el narco, su verdadera meta fue legitimar a Calderón, dañado por el fraude electoral. Es evidente que él no es autor material ni intelectual de los abusos de las fuerzas públicas, innumerables muertes, desapariciones, ejecuciones, torturas, violaciones… pero debió preverlas como inevitables dada la tradición de brutalidad con que operan estos cuerpos. Nada ha hecho para corregirlos y castigarlos.
Todos estos aspectos negativos son verdaderos y es imposible negarlos. Si dependiera de su desempeño, el PAN estaría en peligro de caer a 18 por ciento, su nivel máximo antes de que Salinas lo protegiera. Pero tiene muchos activos que aparecen relativamente ocultos. El principal es que ejerce el poder presidencial y sus innumerables mecanismos y recursos. La mitad de la población aprueba la gestión de Calderón y su guerra contra el narco. Los efectos de miles de millones invertidos en propaganda no pueden ser negados. Los programas asistenciales, como Oportunidades, Progresa y otros, les permitirán manipular a parte de la población más pobre. En el otro extremo contarán con el apoyo de los grupos de interés. Su intención de voto pronto puede subir hasta 30 por ciento. La estrategia de Calderón, por lo que toca al intento de dividir a la oposición progresista, no ha funcionado, pero se prepara para golpear debajo de la línea de flotación al PRI. La procuraduría y los entes de inteligencia del gobierno tienen numerosos expedientes contra la mayoría de los priístas destacados y contra Peña Nieto. Y, salvo que decidan entregarse a las llamas del infierno panista y permitirle al PRI regresar a Los Pinos, va a usar todos los proyectiles a su alcance. Es obvio que tienen una agenda oculta. La guerra electoral apenas empieza.

jueves, 24 de noviembre de 2011

Al PANazi se lo cargó la Chingada en Michoacán y en todo el País...

El PAN: Michoacán, derrota federal
Adolfo Sánchez Rebolledo
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El PAN, que no dijo nada a la hora feliz, cuando creía tener la victoria en las manos, al saberse abajo en la votación por escasa diferencia denunció la presencia decisiva de la delincuencia en el proceso electoral michoacano. La candidata del PAN aceptó su derrota, pero descalificó los resultados, pues presume que el vuelco inexplicable a favor del PRI que sus encuestas no habían registrado se debió a la injerencia del narcotráfico. Por su parte, el candidato del PRD, dueño de casi un tercio de los votos, reclamó, por los mismos motivos, la anulación de las elecciones. En definitiva, al final del día, la amplia movilización ciudadana quedó empañada una vez más por la disputa poselectoral, el recuerdo del incidente sangriento donde murió el edil de La Piedad y las acusaciones de última hora de la candidata panista. Mal signo. Luego, un noticiario televisivo recibió y transmitió una grabación que revela las terribles amenazas de un operador de La Familia exigiendo a un grupo de perredistas votar por el PRI, arguyendo la injerencia de un grupo rival en favor del candidato Aureoles. Es obvio que las autoridades están obligadas a investigar a fondo este y otros casos semejantes, incluyendo el asesinato mencionado, pues nada es tan dañino como la impunidad, la extensión del miedo y la siembra del fatalismo entre la ciudadanía. Es urgente hacer un esfuerzo de racionalidad política para sopesar, con realismo y sin falsas ilusiones, hasta qué punto esos lamentables hechos comprometen o no la legalidad de las elecciones michoacanas en su conjunto, si anulan (así sea moralmente) los resultados obtenidos en la urnas por los distintos candidatos y partidos. La investigación no puede quedarse en las generalizaciones del momento: ya es hora de que, por una vez, sea la ley la última palabra.
Que la delincuencia organizada dispone de los medios para influir en los procesos electorales (y no sólo los locales) es algo que, a estas alturas, parece incontrovertible, pese a los informes optimistas rendidos por las autoridades federales en el pasado. No hay evidencia convincente de que la delincuencia esté retrocediendo, derrotada por los golpes directos de las fuerzas del orden o por la acción desplegada de la justicia. Por el contrario, la fragmentación que sigue a la captura o muerte de algunos pandilleros sólo se ha traducido en la multiplicación de las células criminales que asuelan a la sociedad, elevando los delitos del fuero común y, por tanto, la inseguridad general.
Con la evolución de las conductas delictivas se acrecienta la responsabilidad de las autoridades locales, lo cual no debe ser excusa para olvidar que, por disposición constitucional, es al gobierno federal a quien corresponde tomar las decisiones, llevar la batuta, asumir la responsabilidad por los aciertos y los fracasos de la estrategia puesta en práctica (como ocurrió con el tristemente célebre caso delmichoacanazo). En ese sentido, habría que asumir con seriedad que hay regiones donde la presencia cotidiana de la delincuencia compromete aun antes de la jornada electoral el ejercicio libre de los derechos políticos, pero ese realismo tan necesario (indispensable para combatir el mal) tropieza en muchos casos con la visión oficial que sigue atada a un discurso autocomplaciente, sin relación con la descomposición y violencia que degrada la vida en dichas comunidades. Junto con el terror, la delincuencia se funde con la política camuflándose con las prácticas clientelares que han convertido la competencia electoral en un mercado sujeto a la ley del más fuerte. Y está irremediablemente vinculada al peso del dinero como motor de la actividad electoral, un modelo que socava los cimientos mismos de la democracia en un país tan desigual y polarizado como es el nuestro.
Por eso sorprenden las declaraciones de los panistas, incluidas las del nuevo secretario de Gobernación, alertando sobre los peligros de la posible intromisión del narco en los procesos electorales que están en curso. El señor Poiré dijo que en Michoacán hubo signos muy preocupantes, que nosotros mismos hemos advertido, de una intención del crimen organizado de amedrentar, de incidir en distintos casos, pero el verdadero sentido de estas denuncias lo hizo explícito el secretario de Acción de Gobierno del PAN, Juan Molinar, al pedir que se investiguesi la delincuencia pactó con el PRI. (Pues) negociar estrategias electorales con los enemigos de México es una traición que no debe tolerarse, reseñó La Jornada.Obviamente, Molinar no habla sólo de, o por los hechos de Tuzantla, que deben ser aclarados sin pretextos. Sin embargo, cabe reflexionar si la reacción panista es más la expresión del desencanto por la derrota sufrida en un estado y por una candidata emblemática o se advierte en esa postura un esbozo de lo que será de aquí en adelante el tono general de la campaña oficialista por la sucesión presidencial.
En cierta forma, la sospecha contra el PRI (reafirmada por la grabación) es la continuación de las controvertidas declaraciones presidenciales acerca de los pactos y las componendas de los gobiernos anteriores, a los que achaca la consolidación de la delincuencia organizada. Nada más fácil que pedirle al adversario que se deslinde de las peores acusaciones cuando no se fincan denuncias específicas ante los tribunales. Todo se queda en el ambiente, intoxicando la atmósfera. Pero el gobierno sí tiene una responsabilidad legal, que no se puede dar el lujo de eludir. Sería muy preocupante que el Ejecutivo y su partido usaran el tema del combate a la delincuencia organizada como arma arrojadiza contra sus adversarios, pues entonces la ya de por sí descompuesta situación nacional entraría en ruta directa hacia el abismo. Y de las guerras de lodo, invocadas en nombre de la libertad de expresión, pasaríamos a la guerra sucia que, al parecer, a partir de 2006 (y antes) vino para quedarse como patrimonio cultural de algunos prohombres de nuestras elites. Las calumnias no son, no pueden ser tomadas como simples opiniones carentes de efectos destructivos. Aquí lo sabemos de sobra.

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La Jornada
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sábado, 5 de noviembre de 2011

Medina Mora, presunto culpable...

“La justicia se defiende con la razón y no con las armas. No se pierde nada con la paz y puede perderse todo con la guerra”: Juan XXIII.

• Medina Mora, presunto culpable
ATF le informó del tráfico de armas
• Implicados altos funcionarios de EU
FCH saca “raja política” de asesinato
• Sólo promesas alcanzó Cumbre G-20
Desechan diputados consulta popular
 

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Noviembre 4, 2011.- Poner fin al tráfico de armas en particular y a la guerra contra las drogas en territorio mexicano en general no son temas prioritarios que figuren en las agendas del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y de Felipe Calderón. Lo que es peor no es su indolencia ante esos agudos problemas nacionales y bilaterales sino su intervención para que esas actividades criminales se desarrollen en sus respectivos territorios. Nadie los ha llamado a cuentas para que expliquen su desidia en dos factores que se han convertido en nuestro país en asuntos de seguridad nacional y no es fácil posible explicar porque el Congreso de México se mantiene tan permisible con la gestión calderonista gracias al complejo red de complicidades que existe entre los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Los alcances de esas redes criminales que cubren no sólo a capos del crimen organizado, en ambos lados de la frontera, sino a funcionarios de alto nivel de las dos administraciones, son las que explican que el tráfico de armas y el tráfico de drogas, junto con el lavado de dinero y la piratería, sean de las actividades criminales más rentables y también de las más impunes. Ninguna autoridad en ambos lados de la frontera tiene conocimiento ni exacto ni estimado de cuántas amas se han contrabandeado a México y han acabado en manos de los sicarios al servicio de los cárteles de la droga. Sólo la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de Estados Unidos (ATF) ha aceptado que 94 mil armas han sido recuperadas en los últimos cinco años en México, de las cuales 64 mil fueron rastreadas hasta armerías ubicadas en territorio estadounidense. 

A pesar de que esas armas han sido utilizadas par asesinar a miles de personas en territorio mexicano, el escándalo sólo se desató después de que fueron usadas para matar a agentes estadounidense. La controversia por el operativo surgió hasta después de que dos rifles de asalto comprados por una persona que ahora está presa fueron utilizados en un tiroteo en Arizona, donde murió el agente fronterizo Brian Terry. Hasta ahora sólo conocemos la punta de este gigantesco iceberg de corrupción que abarca a las dos naciones y lo sabemos por investigaciones hechas por los representantes populares de los Estados Unidos, que han salpicado a funcionarios de primer nivel de la gestión de Felipe Calderón. 

Tras revelarse la magnitud de los escándalos de los fallidos operativos de “Rápido y Furioso” y “Receptor Abierto”, ahora se confirma que la táctica que empleaban de hacer llegar y dejar pasar cargamentos de armas desde Estados Unidos a México para después seguirlas, no es un método inusual sino más bien común por parte de las autoridades estadounidenses. Un informe que data de 2007 preparado por el ex procurador general de Estados Unidos, Michael Mukasey, durante el gobierno de George W. Bush, quien impuso a Felipe Calderón la salida militar en contra de los cárteles de las drogas a través del “Plan México” o “Iniciativa Mérida”, revela el intento fallido de agentes federales estadounidenses por rastrear armas compradas en la Unión Americana que ingresaron ilegalmente a México. Pero eso no es todo, según ese documento, el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU (ATF) informó al entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, que se realizó una operación de tráfico vigilado que no tuvo éxito. 

La primera evidencia que confirma que un funcionario de alto nivel de Estados Unidos y su contraparte mexicana recibieron información sobre tácticas relacionadas con el tráfico vigilado de armas, situación que hasta la fecha los gobiernos de ambos países siguen negando, es precisamente el informe denominado “Reunión del Secretario de Justicia con el Procurador General de México Medina Mora”, fechado el 16 de noviembre de 2007, que forma parte de la investigación que el legislador republicano Darrel Issa presentó en su investigación de la operación “Rápido y Furioso”. 

Al funcionario mexicano se le informó de la operación e incluso se le pidió asignar a un grupo de agentes mexicanos –no corruptos- para darle seguimiento, toda vez que la ATF destacaba la necesidad de que las autoridades de ambos países trabajen juntas en este tipo de esfuerzos. El informe de referencia no sólo da cuenta de que Medina Mora estaba enterado del operativo y de que participo en él, sino que responsabiliza a la parte de mexicana del fracaso del mismo porque los agentes mexicanos “no vieron” el vehículo que transportaba las armas y del cual los agentes de la ATF los habían alertado. 

Muchas explicaciones se deben a la opinión pública estadounidense y mexicana en este escándalo. Hasta el momento Michel Mukasey se ha negado a responder a las preguntas sobre la entrega del documento que se le hizo y si hubo alguna acción resultante. Sin embargo, aún no ha sido llamado por el Congreso para que declare en torno al tema del tráfico controlado de armas a México con fines de investigación. 

En nuestro país, apenas hasta ahora que la agencia internacional de noticias AP reveló lo señalado líneas arriba, es que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Manlio Fabio Beltrones, anunció que exigirán el próximo martes a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, que solicite al actual embajador en Reino Unido y ex titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, un informe sobre su conocimiento sobre el operativo norteamericano “Rápido y Furioso”, que derivó en la introducción de cientos de armas de asalto a nuestro territorio y que terminaron en manos de las organizaciones criminales. A partir de dicho informe el Congreso mexicano debería tomar cartas en el asunto. 

Por supuesto que de inmediato Medina Mora se deslindó de este escándalo. Durante una entrevista radiofónica, el ex procurador general de la República rechazó que durante su gestión haya sido informado sobre una operación de tráfico vigilado de armas de Estados Unidos a México,  como lo refiere el informe multicitado. El actual embajador en Reino Unido sostuvo que “como procurador general de la República, nunca autorice ni informalmente ni formalmente ninguna entrega controlada, ni de armas ni de drogas, que involucrarán a México con los Estados Unidos, o a cualquier otro país. Nunca fue planteado ni autorizado”.  El diplomático presumió que probablemente uno de los procuradores de Estados Unidos tuviera el tema entre sus notas para planteárselo, pero esto no ocurrió.

Mucha más información habrá de revelarse en los próximos meses, no sólo en torno al tráfico de armas y la participación de funcionarios de primer nivel de ambos países en el mismo, sino incluso en actividades de tráfico de estupefacientes de México a Estados Unidos y, sobre todo, en torno al lavado de dinero en el sistema financiero estadounidense y en el mexicano. 

Mientras, la utilización de dichas armas sigue causando estragos en México y, ya se vio, nadie está a salvo: en la autopista México-Cuernavaca, fue localizado el cuerpo de Jarumi del Rocío Jaime Ríos, esposa de Ulises Martínez González, alias “El Mojo”, uno de los principales lugartenientes en el Estado de Morelos de Edgar Valdés Villarreal, “La Barbie”, quien fue asesinada a balazos… En la ciudad más violenta del mundo, Ciudad Juárez, Chihuahua, un enfrentamiento a balazos entre dos grupos del crimen organizado rivales dejo un saldo de seis personas muertas, una de ellas mujeres, así como cinco lesionados y dos detenidos. Mientras que en la ciudad de Chihuahua, la policía municipal localizó tres cuerpos sin vida, dos de ellos decapitados, que pertenecen a dos mujeres y un travesti, que habían sido levantados de un hotel de paso… En San Luis Potosí, dos personas resultaron muertas cuando un grupo de soldados repelió una agresión en el municipio de Catorce… En Ecatepec, Estado de México, una persona perdió la vida y dos más resultaron lesionadas al ser baleadas en calles de la colonia Nicolás Bravo. 

Lo más reprobable de todo es que dichas muertes se utilicen para sacar raja política, como desde Cannes,  Francia, Felipe Calderón lo hizo al asegurar que la vida del edil de La Piedad, Michoacán, Ricardo Guzmán, ejecutado el miércoles pasado, “es un ejemplo y una motivación “ para luchar por un México seguro. Durante una conferencia de prensa al término de la VI Cumbre de Líderes del G20, el inquilino de Los Pinos también se lanzó contra el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, al criticar la corrupción que provocan distorsiones serias como el aumento de una deuda estatal. Sostuvo que el mayor reto contra la corrupción y la transparencia asoma en los estados y advirtió que la Procuraduría General de la República actuará conforme a la ley sin extralimitarse ni inhibirse por razones de carácter político. ¿Y del escandaloso aumento de la deuda pública federal? De eso no dijo una palabra.

POBRE CUMBRE DEL G-20

Pocos y pobres resultados alcanzaron los líderes de las 20 economías industrializadas y emergentes en Cannes, Francia. Sólo ofertas vagas de incrementar los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en alguna fecha posterior no especificada, posiblemente hasta después de febrero del año entrante, fue todo lo que alcanzaron los lideres de la Eurozona que no tienen instrumentos indispensables para solucionar su deuda, toda vez que países como China, Rusia o Brasil, con abundante flujo de efectivo, se muestran renuentes a comprometer algo más que palabras. 

La decepción de los mercados se hizo evidente al bajar las acciones, los fondos y el euro, pues ningún país se comprometió firmemente a solucionar el problema de los europeos que esperaban obtener un financiamiento adicional por medio de una cuenta especial bajo los auspicios del FMI, a la cual podrían hacer pagos países individuales. Se esperaba que esas inversiones pudieran ser empleadas luego para impulsar el propio fondo de rescate de la eurozona, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, de 440 mil millones de euros, unos 606 mil millones de dólares. Así, países como Estados Unidos, que piensa que Europa debe pagar por sus problemas financieros, no tendrían que poner dinero, y naciones como Rusia y Brasil, que han expresado su interés en invertir en la eurozona, podrían hacerlo. Peor no hay ninguna negociación en firme. 

Sólo hubo promesas y compromisos: los países del G-20 adoptaron una estrategia global para el crecimiento y el empleo, que insiste en la coordinación de todos sus miembros y en que cada uno “haga su parte” para propiciar la recuperación. Así, Italia se comprometió a partir del 2012 a reducir su deuda, meta basada en la implementación del acuerdo fiscal aprobado el pasado verano y que asciende a 60 mil millones de euros; Australia, Canadá, Francia, Alemania, Corea, España, Reino Unido y Estados Unidos se comprometieron con la consolidación fiscal y con la reducción del déficit en 2013 hasta niveles del 2010, así como a estabilizar o reducir sus ratios de deuda para 2016. 

Asimismo, Australia, Brasil, Canadá, China, Alemania, Corea del Sur e Indonesia, con finanzas públicas muy saneadas, se comprometieron a estimular medidas fiscales que impulsen el crecimiento y la demanda. Alemania también se comprometió a implementar medidas que propicien el consumo privado y la inversión. China se comprometió a revitalizar el consumo interno, con medidas que refuercen las redes de protección social, mejoren las metas de los hogares y transformen su economía. Brasil, India, Indonesia, México, Arabia Saudí y Sudáfrica se comprometieron  a  invertir en infraestructura., otra de las asignaturas pendientes de Felipe Calderón.

En términos generales, los países miembros del G-20 se comprometieron a participar en un mercado de cambios flexible, a abstenerse de devaluaciones competitivas y reducir la acumulación de reservas. También reafirmaron su compromiso para resistirse al proteccionismo y para avanzar en la agenda del comercio multilateral. Como se ve, puras promesas se alcanzaron en Cannes, en donde México asumió este viernes la presidencia del G-20, cuya próxima reunión se celebrará el 18 y 19 de junio en Los Cabos, Baja California Sur.

DE LOS PASILLOS

Con una votación de 212 votos a favor, 180 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados desechó la consulta popular de la reforma política, pues se requería del aval de las tres terceras partes de los legisladores. Las bancadas del PAN y PRD se unieron para echar abajo esa reforma constitucional al considerarla como una “mascarada” porque, argumentaron, el PRI pretendía para el próximo año utilizarla para preguntar a los electores si estaban de acuerdo o no con la reelección de diputados y senadores, tema que también ya había sido desechado. Al final de la jornada de este viernes, la Cámara baja aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de Reforma Política, y lo turnó al Senado de la República, tras cuatro horas de sesiones ordinarias, cinco días de trabajo y casi 50 horas de debate. Se avaló regular y acotar la Presidencia Interina, blindar la toma de protesta del Presidente electo, y eliminar la llamada Cláusula de Gobernabilidad de la ALDF. 

El principal líder opositor del país, Andrés Manuel López Obrador, acusó que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, no quiere separarse de su cargo para competir por la nominación a la candidatura presidencial por la izquierda. En los próximos días habrá de darse a conocer los resultados de las encuestas que definirán el nombre del abanderado presidencial de la izquierda, por lo que el tabasqueño manifestó su confianza en el respaldo de los ciudadanos por su trabajo y proyecto de gobierno. Ebrard, por su parte, informó que las encuestas se aplicarán este sábado cinco y domingo seis de noviembre, mientras que la elección de consejeros perredistas será sólo el domingo. 


(lilia_arellano@yahoo.com)
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Indice Político
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Medina Mora Sabía del Trafico de Armas a México... Aunque lo niegue...

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¿Tú le crees al pendejo de Medina Mora?... Cómo creele a un hipócrita PANazi...


Es elemental mi querido guatson: Si no estuvieran informadas las autoridades mexicanas de permitir el paso de armas desde gringolandia, por medio de la DEA u, otra chingadera, entonces los mexicanos pudieran incautar las armas y fracasaría la operación desde el principio... Así que, SÍ sabían los PANazis...


Niega Medina Mora que supiera del operativo “Receptor Abierto

4 DE NOVIEMBRE DE 2011

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MÉXICO, D.F. (apro).- Eduardo Medina Mora negó haber tenido conocimiento, cuando fungió como procurador general de la República, del operativo “Receptor Abierto”, con el que de forma deliberada se permitió la entrada de armas al país durante la administración del entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush.
En entrevista para Radio Fórmula, el ahora embajador de México en Reino Unido afirmó que desde que fue nombrado procurador, en 2006, tuvo varias reuniones con sus pares estadunidenses.
En esas reuniones, dijo, “se discutieron muchísimos temas, muchísimos esquemas de cooperación, pero puedo asegurar que en ninguna ocasión se discutió expresamente la posibilidad o la autorización con respecto a ninguna operación de entrega controlada de armas”.
No obstante, un informe que data de 2007 –titulado Reunión del secretario de Justicia con el procurador general de México, Medina Mora–, preparado para Michel Mukasey, entonces procurador general de Estados Unidos, revela que el exprocurador mexicano estuvo al tanto del fallido operativo.
Dicho documento, elaborado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés), forma parte de la documentación presentada por el legislador Darell Issa, a cargo de la investigación del también fallido operativo “Rápido y Furioso” que permitió la entrada ilegal de más de dos mil armas a México.
Ese informe corroboraría que un titular del Departamento de Justicia tuvo conocimiento de la estrategia para “dejar caminar las armas” a México con la idea de atrapar a bandas dedicadas al tráfico de armas.
Medina Mora sostuvo que un programa de ese tipo “nunca se hubiera autorizado, porque estaba totalmente fuera de la lógica de lo que es la búsqueda de información de inteligencia para poder construir casos judicializables en contra de personas involucradas en la delincuencia organizada”.
Insistió en que no tiene recuerdo alguno de esos hechos “y me acordaría, te lo aseguro, si ese tema hubiera sido tratado”.
Por separado, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, adelantó que exigirán a la canciller Patricia Espinosa que solicite a Medina Mora un informe detallado sobre su conocimiento del operativo “Receptor Abierto”.
Según el coordinador de la bancada priista, representantes de los distintos partidos coincidieron en que “urge buscar una debida explicación” del embajador de México en Inglaterra sobre este tema.
“Tenemos información concreta que es preocupante, que está a disposición de todos.
“Al Senado le ha llamado enormemente la atención y, antes de proceder en consecuencia ante una información, exigimos que Relaciones Exteriores demande de nuestro embajador de México en Inglaterra –que es el procurador que en ese momento se encontraba en funciones y supuestamente conoció del operativo de introducción de armas a territorio nacional– nos dé un informe para nosotros normar nuestro criterio”, arguyó Beltrones.
De no proceder de esta manera, dijo, la Cámara Alta podría cometer una injusticia o no actuar con la prudencia que se debe.
En el informe Reunión del secretario de Justicia con el procurador general de México, Medina Mora, preparado para el exprocurador general de EU, Michel Mukasey, se informa también de los fallidos intentos de agentes federales por rastrear armas que fueron compradas ilícitamente en la frontera e ingresaron a México.
En el documento se informa a Mukasey que la táctica de “escoltar el arma” –que significa seguir al sospechoso comprador de un arma para tenerlo bajo observación, sin arrestarlo por el momento– no había tenido éxito, pero que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) quería probarla otra vez.
Para ello, se sugería que Mukasey persuadiera a Medina Mora de proporcionar un equipo mexicano libre de corrupción que colaborara en el operativo.
En la sección G, titulada “Tráfico de armas”, se señala que “es de particular importancia que la ATF ha emprendido en fecha reciente acciones con México en el primer intento para controlar la entrega de armas enviadas de contrabando a ese país por un traficante de armas importante”, al cual no se identifica, de acuerdo con información publicada por la agencia AP.
“Aunque los primeros intentos de esta entrega controlada no han sido eficaces, la investigación continúa, y la ATF quisiera ampliar la posibilidad de las investigaciones de este tipo y las entregas controladas, debido a que sólo así será posible la pesquisa sobre toda una red de contrabando, en lugar de arrestar a un simple contrabandista.
“Para ese fin, es esencial que se asigne una unidad mexicana evaluada para trabajar con al ATF al respecto”, subraya el documento.
De forma implícita, en el informe se atribuye a las autoridades mexicanas el fracaso de la operación al señalar que éstas fracasaron en la tarea, pues alegaron que no vieron el vehículo que transportaba las armas del que la ATF les había alertado.
Este informe forma parte de los documentos que Issa presentó en la investigación que lleva a cabo sobre el también fallido operativo “Rápido y Furioso” en la administración del presidente Barack Obama.
Sin embargo, las pesquisas del legislador alcanzaron también al gobierno de Bush, en específico al procurador Mukasey y a su contraparte mexicana de ese tiempo, Medina Mora.
Documentos revelados hace unas semanas por el Departamento de Justicia estadunidense pusieron al descubierto el operativo “Receptor Abierto”, que fue puesto en marcha por la oficina de la ATF en Tucson, Arizona, en 2006.
Al igual que con “Rápido y Furioso”, ese operativo permitió la venta deliberada de armas que fueron a parar a manos de traficantes del lado mexicano.
En días pasados, el propio Darell Issa reconoció, citando cifras de la ATF, que de las 94 mil armas que han sido recuperadas en los últimos cinco años en México, 64 mil fueron vendidas por armerías estadunidenses.
La controversia por “Rápido y Furioso” surgió después de que dos rifles de asalto comprados por una persona que ahora está presa fueron utilizados en un tiroteo en Arizona donde murió el agente fronterizo Brian Ferry.
La próxima semana, el secretario de Justicia estadunidense, Eric Holder, se presentará ante el Congreso para hablar sobre su afirmación de que él no había escuchado acerca de la táctica hasta comienzos de este año.
Apenas el jueves pasado, un informe del gobierno estadunidense, tituladoEvaluación nacional de la amenaza de pandillas 2011, señala que los cárteles mexicanos obtienen armas de alto poder a través de las pandillas que operan en Estados Unidos.
El diagnóstico elaborado por el Departamento de Justicia señala que las bandas adquieren las armas “con relativa facilidad” para sus operaciones y para venderlas a México. Incluso apunta que los pandilleros recurren a militares en activo y retirados para abastecerse de armas.

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Proceso
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jueves, 3 de noviembre de 2011

Por Muerte De Edil de la Piedad Michoacán el PAN saca Raja... ¡Vivillos desde chiquillos!...


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La muerte ya era esperada
por la Luisa Calderón
y de esa el PAN fue el ganó
por la contienda venida.
Su hermano sacó la espada
y laces tiró muy fiero,
por eso el que mata a hierro
en la batalla le cobran.
Muchos motivos hoy sobran
para tener más entierros.
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Fue atacado en un acto proselitista del PAN; era cercano a Cocoa Calderón
El gobierno federal repudia el homicidio y envía fuerzas de apoyo
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domingo, 18 de septiembre de 2011

El gran estafador Juan José Rojas Cardona


El gran estafador





Juan José Rojas Cardona y su hermano Arturo erigieron su imperio de casas de apuestas a base de desplumar a empresarios de México y Estados Unidos y aun a la tribu chippewa de Arizona. En 2007, cuando los defraudados reclamaron sus dividendos, El Zar de los Casinos y su hermano cometieron una pifia que hoy podría dejarlos en la bancarrota: solicitaron un préstamo cercano a los 80 millones de dólares al fondo británico Bluecrest para liquidar sus adeudos. No cumplieron y enfrentan un juicio desde hace dos años.
Si pierden los juicios que enfrentan en México y Estados Unidos por estafa mercantil, los hermanos Juan José y Arturo Rojas Cardona podrían quedarse sin el permiso que les otorgó la Secretaría de Gobernación en 2005 para operar un centenar de casas de juego.
Documentos judiciales de México y Estados Unidos obtenidos por Proceso revelan que El Zar de los Casinos estafó a empresarios de ambos países para erigir su imperio de casinos denominados Palmas en varios estados y granjearse la amistad de la clase política regiomontana y federal.
Hoy, por ejemplo, la empresa de Rojas Cardona, Entretenimiento de México (Emex) enfrenta un juicio interpuesto por los fondos ingleses Bluecrest Especial Situations IBV y Bluecrest Special Situations Masterfund LTD (Bluecrest), quienes alegan que le prestaron 78 millones de dólares para invertirlos en casas de apuestas, hoteles, agencias de viaje, spas y la industria del entretenimiento que gira alrededor de este sector.
La querella está radicada en el Tercer Tribunal Colegiado Civil y el 5 de julio último el Primer Tribunal Unitario del Cuarto Distrito resolvió a favor de los británicos, toda vez que Rojas Cardona utilizó los fondos de Bluecrest para reembolsar el dinero a quienes había estafado anteriormente.
Los británicos comenzaron a inquietarse porque Emex no les pagaba, por lo que decidieron presentar su demanda el 24 de septiembre de 2009. Pidieron también que a su deudor se le declarara en concurso mercantil, lo cual lograron en julio pasado.(Extracto del reportaje principal que se publica esta semana en la edición 1820 de la revista Proceso, ya en circulación)

sábado, 17 de septiembre de 2011

Pedro Nava defiende a mafiosos de casinos y hampones PANazis Rojas Cardona...

Primera Emisión con Carmen Aristegui 

Pedro Nava Malagón, abogado de los empresarios Arturo y Juan José Rojas Cardona 

martes 13 de septiembre de 2011 

Habla sobre la situación de los "casinos" en Monterrey, la posibilidad de crear una nueva Ley Federal General de Juegos y Sorteos, de los cables de Wikileaks que publican un prestamos de cinco millones de dólares de los empresarios de casinos José y Arturo Rojas Cardona a Zeferino Salgado, ex alcalde de San Nicolás, Nuevo León. También niega cualquier vínculo de los Rojas Cardona con candidatos y con la compra masiva de la revista Proceso. 

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Noticias MVS .


La imagen-bomba






La fotografía publicada en la página seis de la edición 1819 de Proceso provocó temblores dentro del mundo de los casinos y en el seno del PAN, tanto en el comité ejecutivo estatal de Nuevo León como en el Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por su presidente Gustavo Madero. Hubo quien se atrevió a decir que era una fotografía “truqueada”, es decir, manipulada, y que por lo tanto se estudiaba la posibilidad de proceder legalmente contra la revista.
Pedro Nava Malagón, abogado de Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos, comentó el martes 13 a la periodista Carmen Aristegui y a Ciro Gómez Leyva el miércoles 14 –en su noticiario de MVS la primera, en su espacio radiofónico el segundo– que la foto estaba “truqueada” y que procedería legalmente contra este semanario.
“¿Cómo sabe?”, le preguntó Aristegui a Nava Malagón. “Porque la tenemos la fotografía original. No la puedo mostrar porque la estoy integrando a un expediente judicial”, contestó el abogado.  Trató de puntualizar, en una confusa explicación: “Pusieron a personas que no están ahí, quitaron otras que estaban y además la están descontextualizando; esta fotografía es de un evento en una inauguración de una escuela pastoral o alguna cuestión así…”
Con Gómez Leyva participó también Eduardo Campos, vocero de la empresa de apuestas Entretenimiento de México, quien comentó que “en la original que nosotros hemos visto, por ejemplo, falta el rector del Tecnológico de Monterrey”. Dijo que cuentan con la fotografía original, por lo que han iniciado la integración del expediente correspondiente para que Nava Malagón “proceda en los tribunales como corresponde”.
Como dato complementario hay que mencionar que Nava Malagón forma parte del equipo de abogados del despacho de los panistas Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano.
Proceso obtuvo la misma fotografía en una versión de mayor calidad que la reproducida en su edición anterior, con un personaje eliminado en el extremo derecho de la primera: el sacerdote Hernán Gerardo Zambrano Margáin. (Extracto de la nota que se publica esta semana en la edición 1820 de la revista Proceso, ya en circulación)
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