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En enero, el director de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Fernando Bueno, hizo público que habían presentado denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) tras detectar reclamos de indemnizaciones “indebidas” de ciudadanos en Sinaloa, que “en forma fraudulenta y utilizando maquinaciones, hacen cosas para hacer un cobro indebido”, declaró el funcionario al periódico Reforma. Y que dichos juicios, con el “presunto apoyo de autoridades judiciales, han derivado en pagos millonarios”.
En el umbral de la entrega-recepción de la administración de Alfredo Elías Ayub a Antonio Vivanco Casamadrid, la CFE quiso adelantarse a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que unas semanas después hizo público el resultado de sus auditorías a algunos de los litigios pagados por la CFE, en las cuales descubrió la implicación de funcionarios de la Comisión en los irregulares litigios, por lo que, inclusive, pidió la intervención del Órgano Interno de Control.
La ASF considera que en los juicios sumarios civiles promovidos por particulares en Sinaloa, el área jurídica incurrió en omisiones de defensa evidentes y elementales, como el no contestar la demanda, no acudir a las audiencias o litigar en juzgados que no correspondían, como si la pretensión fuera que la CFE pagara las millonarias “indemnizaciones”, cuyos montos –que van de los 5 millones de pesos y hasta más de 208 en un solo litigio– tampoco fueron objetados.
Lo que ocurrió en la Oficina del Abogado General (OAG) en la administración de Alfredo Elías Ayub, en la CFE, es similar a lo que pasó con el jurídico de Petróleos Mexicanos bajo el mando de José César Nava Vázquez: litigios convertidos en negocio frente a una fallida defensa más enfocada en favorecer a terceros que en defender el patrimonio de la paraestatal.
En un modus operandi similar al que se orquestó en Pemex para que la subsidiaria Pemex Petroquímica pagara al ayuntamiento de Coatzacoalcos supuestos impuestos que eran improcedentes, pero que avaló el abogado César Nava (lo que provocó un quebranto de 241 millones de pesos), bajo la administración de Elías Ayub, la CFE erogó millonarios pagos de litigios por supuestos derechos de paso y afectaciones en terrenos de particulares, en los que la ASF advierte conductas irregulares de servidores públicos; por ello, recientemente presentó tres denuncias de hechos, independientes de las que, según Fernando Bueno, presentó la CFE ante la PGR.
Los litigios
Los juicios en contra de la CFE por derechos de vía y servidumbre legal de paso –para la instalación de tendido eléctrico, conductores o cables– comenzaron a incrementarse por todo el país a partir de 2003, en medio de un caos administrativo que generó que la OAG comenzara a contratar despachos externos para atender algunos litigios, caos y descontrol generado porque en los contratos la CFE no les estipuló que cada proceso debía registrarse en el Sistema de Jurismática, lo que derivó en la falta de control de los juicios y de seguimiento de las etapas procesales. Por ello, la Auditoría Superior alerta que los datos registrados en el Sistema de Jurismática de la CFE “no corresponden con la realidad”.
Las indemnizaciones por derechos de vía y servidumbre legal de paso se convirtieron en uno de los rubros de egresos más abultados de la CFE, bajo el amparo de que el artículo 1108 del Código Civil Federal establece que se debe pagar indemnización por el tendido de líneas eléctricas en predios de particulares. Para la ASF, dicho rubro se convirtió en un foco rojo en la CFE al detectarse malos manejos. En 2008, por ejemplo, las auditorías a estos pagos revelaron un daño patrimonial de 80 millones de pesos.
Ante la llamada de atención del órgano de fiscalización, Alfredo Elías Ayub reconoció que éste era uno de los cuatro “riesgos institucionales” que requería atención inmediata. No obstante, los malos manejos continuaron; así lo prueban los resultados de las auditorías que al respecto realizó la ASF en las áreas implicadas en los litigios, entre ellas la OAG y la Gerencia de Presupuestos de la CFE, que en 2009, sólo para pagar este tipo de litigios, destinó 2 mil 400 millones de pesos.
El antecedente del daño patrimonial detectado en 2008 y el elevado monto que se erogó en 2009 motivaron a la ASF a revisar los litigios, aunque sólo se auditó una muestra: los 738 millones de pesos que pagó la CFE a través de la Gerencia Divisional de Distribución Noreste, específicamente en Sinaloa.
En 11 juicios –identificados con los números 14/09, 1068/08, 126/2009, 127/2009, 330/2007, 50/08, 275/2008, 107/2008, 53/2009, 620/2006 y 278/2007– que costaron a la CFE 383 millones 879 mil 200 pesos, la ASF encontró omisiones e irregularidades en los procesos legales por parte del jurídico de la CFE. Por ello, la ASF dice que “se detectó un patrón de conducta consistente en la falta de cuidado y diligencia de los apoderados legales de la Comisión en el desahogo de las demandas”.
Las omisiones costaron a la CFE 240 millones 972 mil 600 pesos por supuestos derechos de vía en Concordia; 50 millones 326 mil 600 pesos en Elota; 46 millones 669 mil 500 pesos en Mazatlán; y 45 millones 910 mil 500 pesos en Rosario. El detalle es el siguiente:
En ocho juicios –14/09, 1068/08, 126/2009, 127/2009, 50/08, 275/2008, 107/2008 y 53/2009–, la CFE no dio contestación a la demanda inicial ni compareció en ninguna de las etapas del juicio, lo que, a consideración de la ASF, “derivó en daños ocasionados al patrimonio de la CFE”: 329 millones 782 mil pesos.
En el juicio 330/2007, el apoderado legal de la CFE contestó en un juzgado distinto y aludió a una contraparte que no correspondía a la demanda interpuesta por la parte actora, lo que provocó que no se tuviera por contestada la demanda; en consecuencia, se declaró a la CFE en rebeldía. Para las arcas públicas, tuvo un costo de 22 millones 144 mil pesos.
En el juicio 14/09, promovido en Concordia, Sinaloa, por ejemplo, las autoridades judiciales insistieron incluso en que la CFE argumentara en su defensa, sin que hubiera respuesta del jurídico de la paraestatal. Cuando se le declaró en rebeldía, se le notificó a la CFE para que hiciera las manifestaciones que estimara y, si lo consideraba necesario, aportara datos en su defensa respecto del área supuestamente afectada y respecto de la pretensión económica de la parte actora. No hubo respuesta. La OAG no compareció ni opuso excepciones y defensas. Ello, de acuerdo con las cédulas analíticas que de los expedientes de cada caso realizaron los auditores de la ASF.
Este solo juicio, promovido por Belén Lavinia Murray Muñoz, le costó a la CFE 208 millones de pesos.
Bajo esta misma mecánica, en el juicio 1068/08, abierto en Mazatlán, tampoco se dio contestación a la demanda. Ya en la fase de sentencia, el juzgado pidió a la CFE que determinara la superficie afectada y el monto que debía pagar según sus tabuladores. La CFE no respondió, no opuso excepciones y defensa; tampoco formuló objeción alguna. Se pagaron 18 millones 627 mil 900 pesos.
En el juicio 126/2009, promovido en Elota, Sinaloa, la CFE no contestó la demanda. Posteriormente, tomando en consideración que la Comisión no dio contestación a la demanda inicial, se le declaró en rebeldía. En el resolutivo de la sentencia, se dejó constancia de que la CFE no compareció a juicio. La omisión le costó a la CFE 5 millones 122 mil 600 pesos.
Exactamente lo mismo ocurrió en el litigio 127/2009, sólo que aquí se pagaron 18 millones 627 mil 900 pesos.
En el juicio 330/2007, abierto en el Juzgado Mixto de Primera instancia del Distrito Judicial de Rosario, Sinaloa, el jurídico de la CFE presentó escrito de contestación para el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Concordia, Sinaloa, y aludiendo además a otro demandante, no al que promovió el litigio. Ello provocó que la demanda se tuviera por no contestada.
La parte actora solicitó se dictara sentencia sobre el pago de la indemnización acreditada en diversos dictámenes periciales. De éstos, el juzgado dio vista a la CFE sin que hubiera ningún pronunciamiento al respecto. Todavía el juzgado le ordenó la ratificación de los dictámenes periciales allegados por el demandante y los que realizaron los peritos designados por el tribunal; pero la CFE no dio respuesta alguna. Se pagaron 22 millones 144 mil pesos.
En el juicio 50/08, abierto en Mazatlán, la CFE no dio contestación ni a la pretensión de que además de la indemnización se le pagaran los gastos y costas. La omisión de la CFE costó a las arcas públicas 9 millones 079 mil 500 pesos.
En otro juicio abierto también en Mazatlán (275/2008), la CFE no dio contestación a la demanda inicial. No obstante de haber sido emplazada, tampoco presentó excepciones. Se le demandaba una indemnización por derechos de paso sobre una superficie de 95 mil 374 metros cuadrados. Entre abril y junio de 2008, el demandante exhibió dictámenes periciales que determinaban que la superficie tenía un costo de 5 millones 720 mil pesos; pero nueve meses después se argumentó que el costo había aumentado 66.8 por ciento. La CFE no objetó.
El 10 de febrero de 2009, el juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán emitió sentencia, en la que condenó a la CFE a pagar 9 millones 540 mil pesos. La CFE tampoco respondió. Dieciséis días después, el 26 de febrero de 2009 se entabló embargo contra la cuenta de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste.
En el juicio 107/2008, en Concordia, Sinaloa, cuando se demandó a la CFE, no se contestó la demanda y los representantes tampoco comparecieron en ninguna de las etapas procesales. Se le impuso un pago de 23 millones 761 mil 900 pesos.
Lo mismo ocurrió en el juicio 53/2009, cuyo monto ascendió a 26 millones 576 mil 100 pesos. En éste, incluso, se solicitó a la CFE que presentara un perito para las pruebas de las supuestas afectaciones que demandaba la parte actora y para el avalúo. La CFE no respondió ni tampoco acudió al requerimiento judicial de presentarse durante la audiencia de ejecución de sentencia.
En otros dos juicios que le costaron a la CFE 31 millones 953 mil 200 pesos (expedientes 620/2006 y 278/2007), la Comisión no compareció al incidente de Liquidación de Sentencia, pese a haber sido requerido por los tribunales. Al respecto, la ASF dice que con ello “se evidenció la falta de cuidado y diligencia del personal a cargo de los juicios”.
En el juicio 620/2006, que se abrió en Concordia, Sinaloa, el juzgado dio vista de los peritajes a la CFE sin que ésta manifestara nada. Luego el juzgado le pidió ratificar los dictámenes periciales que presentaron la demandante y los que realizaron los peritos del tribunal. Tampoco respondió. Se pagaron 23 millones 766 mil pesos.
En el segundo juicio se le demandó a la CFE 8 millones 186 mil 657. 31 pesos por la supuesta afectación de 6 mil 921 metros cuadrados. El Juzgado dio cuenta en el expediente que frente a tal exigencia, la CFE no opuso objeción alguna respecto de la forma de calcular el ancho de la indemnización que debería pagar, que tampoco opuso defensas ni excepciones a la demanda ni a las pruebas ofrecidas por el demandante.
Embargos a las cuentas de la CFE
Además del daño patrimonial que implicó cada uno de los litigios, que prácticamente se desahogaron sin defensa, los procesos impactaron las operaciones de la Gerencia Divisional de Distribución Noreste, pues como parte de los procesos litigiosos se ejecutaron 28 embargos, por 575 millones 223 mil pesos, a la cuenta bancaria número 0627020783.
Los embargos derivaron de los juicios 63/2009, 434/2008, 38/2008, 322/2008, 547/2008, 274/2008, 242/2008 y 217/2008, en los que el jurídico de la CFE no acudió al desahogo del proceso ni a una sola audiencia. Éstos costaron 124 millones 220 mil 900 pesos del erario.
Y de los juicios 38/2008 y 351/2007, en los que las pruebas ofrecidas no se desahogaron “por falta de interés, ya que los abogados de la CFE no se presentaron”. La ausencia costó 14 millones 923 mil 600 pesos.
Los embargos corresponden también a los juicios 225/2006 y 1177/08, radicados en Mazatlán, en los cuales los representantes de la Comisión sí contestaron las demandas, pero ofrecieron pruebas que se desecharon porque no fueron realizadas por los especialistas que requería el litigio, entre ellas los dictámenes en topografía y avalúos.
En los juicios 242/2008 y 217/2008, ambos radicados en Mocorito, aunque los abogados de la CFE sí dieron contestación a las demandas, no comparecieron el resto del juicio. Ello costó 8 millones 461 mil 900 pesos.
Las omisiones del jurídico de la CFE para defender el patrimonio de la paraestatal en estos costosos litigios contrastan con la diligencia mostrada por el mismo jurídico al demandar a miles de usuarios de consumo doméstico y penalmente a quienes se han manifestado contra el alza de las tarifas eléctricas, como ocurrió en el Sureste del país, en donde se encarceló a deudores en Campeche y Chiapas (Contralínea 157) ?hechos condenados por Amnistía Internacional y la Organización de Naciones Unidas.
Demandas ante PGR
Ante los hallazgos, la ASF presentó denuncias de hechos. Ello significa que la CFE no pudo subsanar las observaciones que durante el desahogo de la auditoría se le requirió. Por las implicaciones, la ASF considera que las actuaciones de los funcionarios de la Comisión son constitutivas de delitos.
“O sea, ya no estamos sólo en el terreno de las responsabilidades administrativas. Y cuando tú estás hablando delitos, estás hablando de una denuncia que corresponde a los hechos en donde la auditoría calcula no sólo el daño al erario, sino malversación de fondos, y la tipificación de delitos que ameritan cárcel o que constituyen delitos de orden penal federal por el manejo de recursos federales”, explica la diputada Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados.
La diputada explica que “es innegable” la responsabilidad de Alfredo Elías Ayub en estos casos, aunque no fue él quien firmó los documentos relacionados con los juicios.
“En términos amplios, la ley orgánica establece que el titular tiene que estar vigilando, supervisando que la norma se cumpla y que se respete. El titular siempre va a tener la responsabilidad de supervisar directamente a sus subordinados.”
A su salida de la CFE, Elías Ayub deja pendientes los juicios que primero la ASF y luego la CFE presentaron ante la PGR por estos casos.
Respecto de los juicios 14/09 y 275/2008, la CFE promovió recursos de amparo, actualmente en proceso.
Pero además, la ASF pidió la intervención del Órgano Interno de Control en contra de los funcionarios públicos de la CFE que no realizaron la defensa de los juicios 14/09, 1068/08, 127/2009, 126/2009, 330/2007, 50/08, 275/2008, 107/2008, 53/2009, 620/2006 y 278/2007; por los actos y omisiones en la defensa de los intereses de la CFE en los juicios 63/2009, 434/2008, 322/2008, 38/2008, 351/2007, 547/2008, 274/2008, 242/2008 y 217/2008; y por las deficiencias en la defensa de los juicios 225/06 y 1177/08.
Contralínea solicitó entrevista con los directivos de la CFE para que dieran su versión sobre las conclusiones de la ASF. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
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