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viernes, 28 de octubre de 2011

Incendio en ABC fue intencional: perito...


Confirma peritaje que el fuego fue iniciado en la bodega perteneciente a Hacienda
Redacción: Ejecentral.com.mx


David Smith, perito en fuego y explosivos caseros, confirmó que el incendio en la Guardería ABC ocurrido el pasado 5 de junio de 2009, fue provocado intencionalmente y que el fuego comenzó en la bodega propiedad de la Secretaría de Hacienda ubicada a un costado de la estancia infantil,

Lo anterior, al ratificar su declaración inicial ante el Juzgado Primero de Distrito en Hermosillo.
“Es un fuego que fue provocado intencionalmente…inició con papeles y hay evidencia de la existencia de algún combustible o líquido inflamable, pero con o sin el líquido, con el papel hubiera habido el incendio”, dijo el especialista en entrevista.

Durante la comparecencia que duró más de cinco horas, Smith detalló que de acuerdo a las investigaciones realizadas se llegó a la conclusión de que el incendio habìa sido provocado

“En las investigación sobre el incendio usé métodos científicos que me llevaron a probar mi teoría de manera razonable y las conclusiones son válidas científicamente”,

Aclaró que al iniciar el peritaje en la guardería todo había sido removido y áñadió que la información màs importante no fue la relacionada con el sistema de cableado eléctrico ni los dos enfriadores que había “sino a los papeles que intencionalmente se quemaron y la evidencia de la existencia de algún líquido o combustible inflamable”, precisó. (Con información de Milenio)

PUBLICADO POR MISTERIO PÚBLICO/AG 
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viernes, 30 de septiembre de 2011

A Juicio los asesinos de Guardería ABC... Faltan los peces gordos...


Dictan formal prisión a tres por guardería ABC

Arranca el juicio de dos funcionarios de Hacienda y un inspector municipal; uno enfrentará su juicio en libertad, pagó una fianza por 2.5 mdm




HERMOSILLO, 30 de septiembre.­— Tres ex funcionarios —dos estatales y uno municipal— recibieron auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en el incendio de la guardería ABC, que cobró la vida de 49 bebés, el 5 de junio de 2009.
Gabriel Alvarado Serrano, abogado del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, compuesto por padres de los bebés que murieron durante la tragedia, informó que el auto fue dictado por el juez primero de Distrito, con sede en Hermosillo.
Los procesados son: el ex director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda de Sonora, Fausto Salazar Gómez; Jorge Luis Melchor Isla, quien se desempeñaba como director de Control Vehicular del estado, y Jesús Davis Osuna, exdirector de Inspección y Vigilancia del ayuntamiento de Hermosillo.
Fausto Salazar Gómez enfrentará el juicio en libertad, debido a que pagó una fianza de 2.5 millones de pesos que le permitió salir, esta mañana, del Centro de Readaptación Social 1, de Hermosillo, la capital del estado.
Los tres ex funcionarios fueron detenidos la semana pasada en Hermosillo en cumplimiento de la indagatoria AP/PGR/SON/HER-VI/110/2011, por los delitos de homicidio y lesiones culposas.
El 5 de junio de 2009, el incendio que arrasó con la guardería ABC —estancia subrogada por el IMSS— se originó en un local contiguo que servía como bodega de la Secretaría de Hacienda del estado.
Capturados
Hasta el momento por el incendio están en prisión:
El ex delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Arturo Leyva Lizárraga
Las ex coordinadoras de Zona de Guarderías de dicha institución, Yadira Barreda y Noemí López Sánchez.
Y ahora serán procesados tres ex funcionarios; dos estatales y uno municipal.
Visita la cobertura especial Guardería ABC
2011-09-30Excélcior.

domingo, 25 de septiembre de 2011

Encarcelan a tres exfuncionarios por caso de guardería ABC



24 DE SEPTIEMBRE DE 2011


MÉXICO, D.F. (apro).- Elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron en Sonora a tres exservidores públicos implicados en el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, ocurrido el 5 de junio de 2009, en donde fallecieron 49 menores, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
La dependencia precisó que se trata de Jesús Davis Ozuna, exdirector de Inspección y Vigilancia de Hermosillo; Fausto Salazar Gómez, exdirector general de Recaudación, y Jorge Luis Melchor Islas, exsubdirector de Control Vehicular, ambos de la Secretaría de Hacienda de Sonora.
En cumplimiento de la orden de aprehensión girada por el juez Primero de Distrito en Hermosillo dentro de la causa penal 188/2011, Davis Ozuna fue capturado cuando circulaba sobre el bulevar Paseo del Río y Calle Reforma, en la colonia Centro.
Asimismo, los uniformados detuvieron a Salazar Gómez al momento en que arribaba a su domicilio, ubicado en Residencial Navarrete, y finalmente Melchor Islas en la esquina de la calle República de Panamá y Tecnológico, en la colonia Mirasoles.
En un comunicado, la PGR señaló que de acuerdo con las investigaciones, estas personas son probables responsables de los delitos de homicidio y lesiones culposas, dentro de la indagatoria AP/PGR/SON/HER-VI/110/2011.
Los detenidos quedaron internos en el Centro de Readaptación Social a disposición del juez que los reclama, quien en las próximas horas resolverá su situación jurídica.


Proceso

sábado, 6 de agosto de 2011

La Impunidad sobre Guardería ABC la da el FECAL...

Calderón quiere 10 mil estancias changarro, 
pero no resuelve la tragedia de la ABC

Gustavo Leal F.*

………….
Por motivos electorales, Felipe Calderón aguarda que ahora sí lo apoyen los legisladores para abrir 800 estancias más (bajo la responsabilidad de Sedeso) y culminar su negra administración con la friolera de 10 mil changarros que exponen a más altos riesgos a 800 mil infantes, según su propia y temeraria cifra. ¿Ya la checaron los académicos que miden pobreza desde el Coneval?

Rodeado de propietarias de esas estancias –montadas en cocheras con baños y cocinas improvisadas– mientras celebraba el cumpleaños de su esposa, Margarita Zavala, se atrevió a declarar que en cada una se invirtieron entre 20 mil y 40 mil pesos y que gracias a ellas se resolvió el problemón de las madres trabajadoras que no tenían dónde dejar a sus hijos, y de 42 mil educadoras, sicólogas y estudiantes de medicina sin trabajo.

Pero ¿en verdad se resolvió? ¿Son realmente educadoras, sicólogas y estudiantes de medicina sin trabajo quienes se ocupan de los pequeños?, ¿o la incoherencia de un extravagante programa único de empleo y simultáneamente asistencial, sólo ha potenciado los riesgos sobre el desarrollo sicomotor de los niños en el periodo 0-5 años que reciben una atención de dudosísima calidad?

Este muy buen programa, siempre según Calderón, tiene más bien una muy mala historia.

Para él, la cosa es sencilla. Como candidato ofreció primero guarderías universales (Tampico, 04/02/06) y luego guarderías operadas por abuelitas (Atizapán, 15/02/06). Más adelante dio rienda suelta a su proyecto electorero de estancias changarro Sedeso, que no guarderías, toda vez que no se ajustan a la NOM 167 (1997). El propio Unicef, vía su representante en México, Susana Sottoli, debió reconocer que el modelo tiene características muy diferentes a un sistema de cuidado infantil más formalizado.

Ahora las usa electoralmente. Como cuando concentró, acompañado de Margarita Zavala, mil 800 niños de sus estancias Sedeso en la posada presidencial celebrada en Los Pinos el 23 de diciembre de 2010. Por esas fechas Diconsa amplió su cobertura a mil 215 estancias changarro de Sedeso: surtirlas no sólo con leche, también pasta para sopa, galletas, chocolate, atún y gelatina, entre otros, mediante un crédito de pago por 15 días.

Además de que los 700 pesos mensuales por hijo, que constituye el subsidio de Sedeso, está estancado desde 2007, lo que impacta sobre el servicio otorgado: al menos dos comidas calientes y una colación. El resultado fue incrementar el cobro a los padres: 800 pesos mensuales por niño, independientemente de la aportación de los materiales que se requieran.

La capacitación es otro gran pendiente. Las encargadas de estas estancias consideran inadecuada la que reciben de Sedeso: los instructores carecen de experiencia en el trabajo con niños, manejo de grupos y primeros auxilios.

La primera infancia está expuesta. Los esquemas ordinarios de IMSS e ISSSTE están deliberadamente subfinanciados, mientras los subrogados son letales. Como mostró la tragedia de la guardería ABC, de Hermosillo: son negocios peligrosos. Las casi 9 mil 500 estancias changarro de Calderón, operadas electoreramente por Sedeso y desarrolladas por la actual asambleísta del PAN Lía Limón son mucho, pero mucho más peligrosas. La primera infancia: 13.5 millones de niños –0 a 6 años–, merece otro futuro.

Sólo en julio de 2010, Protección Civil clausuró tres de esos changarros de Sedeso en Acapulco por no cumplir con las condiciones para operar y encontrarse en zonas de alto riesgo. En Ciudad Juárez 13 albergues suspendieron sus servicios por extorsión, 4 de ellos de esa dependencia. En 2009 ya se habían cerrado otras 9 y lo mismo puede decirse de varias Casas de Cuidado Diario (centros comunitarios para la atención infantil de mujeres trabajadoras sin acceso a la seguridad social).

Nuevamente reunido con su mujer, Margarita Zavala, en la explanada Francisco I. Madero de Los Pinos el pasado 12 de mayo, con 500 encargadas de las estancias infantiles changarro premiadas por Sedeso, Calderón sostuvo que México va a salir adelante con esas guarderías, a pesar de que les echaron mucha grilla, muchas críticas y mucho escepticismo.

“En cuatro años –enfatizó– hicimos nueve veces más que todo lo que se realizó en el siglo pasado”. ¿Incluyendo la tragedia de la guardería ABC, en Hermosillo? El programa, concluyó, no cuesta un titipuchal de dinero. Justamente por eso mismo es aún más letal que los modelos subrogados del IMSS e ISSSTE!

Esta estrategia social continuista del PAN-Calderón es de alta rentabilidad electorera pero esquiva la protección de la infancia como una obligación del Estado, delegándola en particulares, además de no reconocer los derechos de los niños.

Afortunadamente el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio ha empujado la iniciativa de la ley general de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, dictaminada por esa soberanía en abril de 2011 y remitida a la Cámara de Diputados. Si bien el dictamen condensa más que claros avances en materia de protección civil y derechos de los niños, persiste la indefinición respecto a modelos subrogados con la garantía de calidad del servicio. El debate público fortalecerá ese dictamen.

Lamentablemente, también los malos programas se replican: en su toma de posesión, el peruano Ollanta Humala anunció la creación de cunas infantiles (Cuna más) como eje de su política social ¿Seguirán apoyando los legisladores esa electorera y riesgosa empresa de Calderón?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
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La Jornada
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viernes, 8 de julio de 2011

Condenan a una de los asesinos de la Guardería ABC... Faltan los dueños...

Dictan formal prisión contra implicada en caso ABC

SDPNOTICIAS
2011-07-08 10:07:00



Sonora.- El Juez Primero de Distrito dictó auto de formal prisión contra Delia Irene Botello Amante, ex coordinadora zonal de Guarderías del IMSS, por el incendio de la guardería ABC  en Hermosillo en donde murieron 49 niños.

A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó Botello Amante fue acusada de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, homicidio y lesiones culposas por la tragedia en 2009 en la estancia.

La culpabilidad de la ex funcionaria radica en que el 26 de mayo de 2009, Botello firmó un oficio en el que calificó de excelentes las condiciones de seguridad de la guardería ABC, por la que las autoridades estatales la penalizaron con inhabilitarla por 20 años  de la función pública y una multa de 3 millones 290 mil 739 pesos, ambas aplicadas por la Secretaría de la Función Pública.

Actualmente Botello Amante se encuentra recluida en el Centro de Readaptación Social de Hermosillo, Sonora, donde enfrentará el proceso penal luego de ser detenida el pasado 30 de junio en el Fraccionamiento San Carlos, de Nogales, Sonora

A la fecha se encuentran presos también el ex delegado del instituto en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga, y una de las coordinadoras de zona de las guarderías, Yadira Barreras.

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lunes, 13 de junio de 2011

EL PRESIDENTE QUE PROTEGIÓ CULPABLES de ABC


POR: SALVADOR GARCÍA SOTO/EL UNIVERSAL


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Eran los primeros días de junio del 2010. Hasta el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arribó apurado el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Bajó de su camioneta y subió hasta la oficina del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. “Vengo a pedirte en nombre del Presidente que reconsideres tu dictamen”, abrió el enviado de Los Pinos. El ministro se negó; hay argumentos jurídicos suficientes para sostener las responsabilidades de los funcionarios mencionados.
Es peligroso, siguió Gómez Mont, sentar un precedente sobre responsabilidades éticas o políticas que no están configuradas en las leyes, insistió. Lelo de Larrea volvió a negarse y defendió el análisis jurídico de su dictamen que lo llevó a concluir que la dimensión del caso de la guardería ABC, donde murieron calcinados y asfixiados 49 niños que estaban bajo custodia del Estado, ameritaba señalar claramente a los responsables, independientemente de sus cargos políticos o institucionales. Gómez Mont endureció el gesto y soltó ya en tono abierto de amenaza:
“Dice el Presidente que no se te olvide quién te postuló”. La amenaza era directa y el ambiente se tensó al máximo. “Dile al Presidente que no se le olvide que, independientemente de quien me postuló, yo trabajo para otro poder, que no es el suyo”.
Ahí terminó la plática. Gómez Mont salió de la oficina del ministro que se mantenía en su posición de defender un dictamen histórico, sólido y aplaudido por juristas reconocidos, que por primera vez señalaba como responsables directos a funcionarios y políticos de alto nivel de violaciones graves a las garantías individuales, y que sentaba un precedente al concluir que, por la gravedad del caso y las omisiones cometidas por autoridades de distintos niveles, la Corte debía fincar “responsabilidades éticas y políticas” a los funcionarios que estuvieron involucrados en aquel incendio que mató a 49 niños y dejó con lesiones graves a otros 104 pequeños.
No era la primera presión que sufría el ministro Lelo de Larrea desde que tomó el caso, en marzo del 2010, cuando la Corte decidió reasignarlo y dejar en sus manos aquel caso histórico, tal vez creyendo que su novatez como ministro y los vínculos que se le atribuían con el presidente Calderón, de quien fue maestro en la Escuela Libre de Derecho, harían que elaborara un dictamen dócil.
Arturo Zaldívar tampoco era el único ministro que había sido presionado sobre el tema, pero a diferencia de varios de sus compañeros, que terminaron cediendo a las presiones políticas del Ejecutivo.
Para cuando el caso llegó al pleno de los ministros en la Sala Superior, aquel miércoles 16 de junio de 2010, ya varios de los hombres y mujeres de la Sala Superior de la Corte, incluso algunos que en privado le decían a su compañero Zaldívar Lelo de Larrea que avalaban su dictamen y que coincidían con él en la trascendencia del caso, había decidido traicionar sus conciencias y agachar la cabeza ante la presión política del Ejecutivo. Como siempre lo hace cuando está de por medio una autoridad, especialmente del poder federal, la Corte falló por sacar del dictamen los nombres de Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam y Eduardo Bours Castello. A ninguno de ellos, ni a los otros 11 funcionarios de distintos niveles que proponía el ministro Zaldívar, se les señaló ningún tipo de responsabilidad, aun cuando varios ministros reconocieron en sus alocuciones que “sí hubo violaciones graves a las garantías individuales” de los menores y sus padres.
De hecho, 10 de los 11 ministros aceptaron que existió y se probó la violación de garantías en el incendio de la guardería ABC: Guillermo Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero, Margarita Luna Ramos, José Ramón Cossío, Fernando Franco González, Luis María Aguilar, José de Jesús Gudiño Pelayo (finado), Sergio Valls Hernández, Juan Silva Meza y el propio Zaldívar; Sergio Aguirre Anguiano fue el único que no reconoció esa violación; sin embargo, al final 10 ministro votaron por exonerar a los funcionarios al pedir que sólo se les mencionara como “vinculados” a la muerte de los niños y no como responsables, como lo proponía Arturo Zaldívar.
Hoy, a unas horas de que se cumplan dos años de aquellos hechos trágicos, varios de los padres de aquellos niños siguen clamando por justicia. El 29 de junio de 2009, cuando se lloraba aún sobre los cadáveres y algunos niños sobrevivientes se debatían entre la vida y la muerte, el presidente Felipe Calderón Hinojosa se comprometió públicamente desde Panamá: “habrá justicia (en el caso ABC) caiga quien caiga y tope en lo que tope”.
¿Dónde topó la justicia? En el encubrimiento del propio Presidente al que le importaron más sus cuestionados y omisos funcionarios, que la vida de 49 niños que murieron y muchos otros que quedaron marcados de por vida.
NOTAS INDISCRETAS… Santiago Creel no podía ocultar ayer la sonrisa cuando salió de Los Pinos. Y es que en las escalinatas de la casa presidencial el saludo del presidente Calderón y su esposa Margarita Zavala a Creel fue efusivo y diluyó un poco la idea de que al senador no lo pueden ver en esa casona. Y para rematar, si ya estaba contento por el apapacho presidencial, el nombre de Creel fue mencionado por Manlio Fabio Beltrones como uno de los impulsores decididos a las reformas constitucionales en materia de amparo que ayer firmó el Presidente y que ampliarán la protección para los mexicanos contra los actos y abusos de autoridad. ¿Será que en Los Pinos empiezan a reconocer que, aun con todo en contra, Creel es finalmente el puntero entre los panistas?... En el Estado de México son evidentes los contrastes en las campañas, mientras a Luis Felipe Bravo Mena los panistas entran al rescate y hablan de “relanzar” su campaña, luego de que lo abandonaran en el arranque; a Alejandro Encinas se le complican las cosas con el perredismo local. Su mismo coordinador de campaña, Luis Sánchez, se quejó de que hasta el momento ningún militante del PRD local o del PT y Convergencia “ha aportado un peso” para la campaña de Encinas, incluidos los legisladores y alcaldes. Tampoco, dijo Sánchez, han llegado los fondos económicos que les prometió la dirigencia nacional del PRD. ¿Será que sus propios correligionarios no le tienen fe a la campaña de Encinas?... La queja de Marcelo fue muy clara: “me aguaron mi gira por Ginebra”, por eso prefirió ir al examen de próstata que al informe del ombudsman capitalino… Los dados mandan escalera. Semana redonda.

¡AMLO 2012!
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sábado, 4 de junio de 2011

SENTENCIA DE JUICIO CIUDADANO AL ESTADO MEXICANO, REALIZADO EL 29 MAYO 2011

JUN 2, 2011

SENTENCIA DEL JUICIO CIUDADANO AL ESTADO MEXICANO POR LA TRAGEDIA SUCEDIDA EN EL INCENDIO DE LA GUARDERIA ABC, EL DIA 5 DE JUNIO DE 2009, EN LA CIUDAD DE HERMOSILO, SONORA, MEXICO.

………….
Se declaran CULPABLES de los cargos mencionados a:
- El Poder Ejecutivo, en lo que corresponde a sus responsabilidades de Estado, a la Presidencia de la República, al Instituto Mexicano del Seguro Social y Procuraduría General de la República.
- Al Poder Judicial de la Federación, por la denegación de acceso a la justicia a las víctimas y establecer el peligrosísimo criterio de que los niños y niñas nos son sujetos de derechos y desatender de manera grave el principio del interés superior de la infancia.
Si la muerte de 49 niños y niñas y la lesión de 104 más no es suficiente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere responsabilidades y actúe en consecuencia, cabe preguntarse que ¿qué tendrá que pasar para que lo haga?
Al Poder Legislativo. Por la omisión en su responsabilidad de legislar para proteger los derechos de niños y niñas y en particular a la Cámara de Diputados por la falta de asignación presupuestaria para garantizar el ejercicio de lo derechos de la primera infancia.
A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Por la negligencia y desatención a las víctimas, por no ejercer sus atribuciones para la defensa y protección de los derechos humanos de las víctimas y por no ejercer su atribuciones para exigir el cumplimiento de la Recomendación emitida sobre el caso (49/2009).
Adicionalmente se condena al ESTADO MEXICANO
A modificar el esquema de subrogación de guarderías del IMSS por su clara contravención a los derechos humanos de niñas y niños, así como de cualquier otro modelo de cuidado infantil que sea contrario a la Constitución y los tratados internacionales.
Al desarrollo de la política pública a todos los niveles de gobierno que tutele de manera específica los derechos de la primera infancia, niñez y adolescencia, bajo la estricta observancia de que infantes, niños, niñas y jóvenes son sujetos de derechos y en atención en lo establecido en la Convención Internacional de los Derechos de Niño, que el Estado Mexicano ha firmado y ratificado y por tanto forma parte de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.
A acatar, atender e implementar de inmediato las resoluciones del Comité de los Derechos del Niño en lo que se refiere a los servicios de privatización, así como en lo relativo a la garantía de los derechos durante la primera infancia.
A finalizar a la brevedad los juicios para determinar responsabilidad a los servidores públicos involucrados por las conductas señaladas y que se amplié la acción penal contra todos los presuntos responsables acorde con las denuncias presentadas.
A manera de reparación de daño:
- Presentar una auténtica y sentida disculpa pública a los niños, niñas, padres, madres, familiares y comunidad entera que se vieron afectados en el incendio de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora el día 5 de junio de 2009, en una ceremonia pública en la misma localidad.
Abstenerse de violaciones futuras, de manera que esta tragedia nunca más se repita. Adicionalmente deberá garantizar la protección y tratamiento de los niños y niñas que están lesionados. Entre ellos garantizar los medios económicos y de subsistencia de sus familias para este fin.
Atender de manera integral la afectación al plan de vida de las familias víctimas y generar las condiciones para la atención económica, medica, sicológica y de cualquier índole necesaria.
Que se construya un memorial donde están las instalaciones de la Guardería ABC, para mantener en la memoria de l@s ciudadan@s y honrar a los y las niñas víctimas.
Que considerando como justicia la no repetición de los hechos, se apruebe y entre en vigor la “ley 5 de junio” (LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL)
Que se modifique la Ley sobre escudo, la bandera y el himno nacional, para que el día 5 de junio quede establecido como día de luto nacional.
A que quede claramente establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y constituciones de cada una de las entidades federativas a establecer claramente los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes.
Adicionalmente:
Es indispensable remarcar la responsabilidad ética ineludible de los titulares de las instituciones declaradas culpables, en su carácter de representantes de instituciones del Estado mexicano, con independencia de otro tipo de responsabilidades a las que haya lugar.
Dado que el cumplimiento de la constitución y las leyes que de ella emana, así como el desempeño de la función pública apegada a principios éticos son condiciones indispensables para el servicio público y dado que no se observaron en los caso mencionados,
Se condena a JUAN MOLINAR y a DANIEL KARAM a un mes de trabajo comunitario por cada niño o niña que perdió la vida y/o resultó lesionado en una guardería pública en atención directa a los infantes. Esto es 153 meses, equivalente a 12 años con nueve meses de servicio comunitario. Por la gravedad de los hechos quedan inhabilitados para desempeñar cualquier cargo publico y/o de representación en los tres niveles de gobierno por un período de 20 años.
PARA CONTRIBUIR A LA LUCHA POR LA JUSTICIA, PARA CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCION DE CIUDADANIA, PERO SOBRE TODO PARA CONTRIBUIR A HONRAR LA MEMORIA DE LAS NIÑOS Y NIÑAS VICTIMAS Y EN SOLIDARIDAD CON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS LESIONADOS Y LAS FAMILIAS TODAS,
SE DICTA SENTENCIA, EL 29 DE MAYO DE 2011 A LAS 13:15 HORAS, (A CASI 2 AÑOS DE LA TRAGEDIA).
DADA EN EL ZOCALO, PLAZA DE LA CONTITUCION, CIUDAD DE MEXICO, CAPITAL DE LA REPUBLICA Y SEDE DE LOS PODERES FEDERALES (HOY JUZGADOS).
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http://www.movimiento5dejunio.org/abc/2011/06/02/sentencia-de-juicio-ciudadano-al-estado-mexicano-realizado-el-29-mayo-2011/
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“Ellos tienen el daño por dentro”: Guardería ABC...



Padres de más de 60 pequeños que vivieron la tragedia del 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, libran una batalla para lograr que el IMSS otorgue a sus hijos los mismos beneficios que a los llamados lesionados, y no sólo atención médica vitalicia, como actualmente ocurre

………….
La imagen muestra una pequeña caja torácica. Se ven los pulmones de una niña, de Camila Espinosa. Sobre la mesa de la cocina hay más papeles, recetas, radiografías y otros estudios médicos. Para Alejandra Ortiz, madre de Camila, esos papeles son la muestra de que su hija, que pronto cumplirá cuatro años, sufre varios padecimientos por el incendio que le tocó vivir, hace dos años, en la guardería ABC.

Camila estaba en dicha estancia, el 5 de junio de 2009, cuando cerca de las tres de la tarde el fuego que comenzó en una bodega que resguardaba archivos de la Secretaría de Hacienda del estado, se propagó hasta la guardería. El incendio provocó que 49 niños fallecieran y que 24 presentaran quemaduras de diferente grado.

Ese viernes, Camila Espinosa -como otros de sus compañeros- fue sacada de la guardería por el hoyo que dejó el equipo de aire acondicionado que se arrancó de la pared. Como otros 80 infantes más, no presentó quemaduras. Pero días después del incendio, asegura su mamá, comenzaron sus problemas de salud, sobre todo en las vías respiratorias.

Hace más de un año que los padres de Camila, al igual que los de 64 niños más, comenzaron a levantar la voz para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconozca a sus hijos como "lesionados" del incendio y no como "expuestos", como hasta ahora lo ha hecho. Ese reconocimiento extendería a los niños y sus familias una serie de beneficios que hoy se concreta a brindarles atención médica vitalicia.

En julio de 2010, un decreto presidencial estableció una serie de compromisos hacia los papás de los niños que fallecieron, así como hacia los niños lesionados con quemaduras y los infantes que el IMSS llama "expuestos".

En ese documento se señala que los niños lesionados con quemaduras tendrán atención médica en forma vitalicia, medicamentos, el pago de boletos de avión y viáticos para que sean trasladados a cualquier lugar del país o de Estados Unidos en donde se les realicen sus tratamientos. Además, un apoyo económico para sus estudios hasta nivel superior. Sus madres recibirían una ayuda vitalicia, que corresponde al salario neto que percibían en el momento del incendio. Además, su familia (padres y hermanos) también recibiría atención médica vitalicia.

En el caso de los niños "expuestos", el IMSS les expidió un certificado de atención médica vitalicia, además de que el instituto asegura que se les pagan los gastos en caso de que requieran de atención médica privada en México o en Estados Unidos.

Para que un niño deje de ser expuesto y pase a la categoría de lesionado, debe presentar "secuelas por el incendio", dice Fernando Sandoval Castellanos, jefe de la Unidad de Atención Médica del IMSS. Asegura que se han hecho valoraciones médicas a los niños y "no hemos encontrado que tengan secuelas. Secuela es un daño permanente derivado del incendio. Y en ninguno de los 80 lo hemos encontrado".

Ese argumento es el que ha escuchado varias veces Alejandra Ortiz, mamá de Camila, quien estuvo internada la semana del 17 de mayo pasado porque sus defensas se fueron al suelo.

Esa fue la cuarta ocasión en los dos años en que Camila ha estado internada. Los médicos le han diagnosticado asma, neumonitis (inflamación de pulmón) y baja capacidad pulmonar.

Varios de esos padecimientos los enumeran otras madres. Nicole Alexia Carrillo, quien tenía dos años y medio cuando ocurrió el incendio, presenta neumonitis. Visita al alergólogo en forma recurrente, se la vive con tos y es común que presente bronquitis, dice su mamá, Sara Estrada.

Hace unos meses, Nicole entró a quirófano para que le quitaran las adenoides y las amígdalas.

Fernando Sandoval Castellanos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, insiste en que estos niños no tienen secuelas por el incendio.

"Tienen patologías propias de la edad y sexo. Tienen problemas de rinitis, problemas de asma, pero son problemas que, tanto nuestros especialistas como expertos independientes, han determinado que no están relacionados con la inhalación del humo. Y ahí está parte del debate.

A los padres no los hemos logrado convencer", comenta el funcionario.

Estos padres lograron que el Seguro Social pagara para que sus hijos fueran enviados a hospitales de Estados Unidos y ahí fueran valorados.

Un año después del incendio, Karla Marisa, de cinco años, fue revisada por médicos de Phoenix. "La doctora le hizo estudios, vio el expediente que le había mandado el IMSS y me dijo muy molesta: ‘Lo que tu hija tiene no se le va a quitar. Es una lesión en el pulmón izquierdo. La tenemos que valorar cada seis meses", recuerda Karla Gastelum, madre de la pequeña: "No sé por qué les llaman ‘expuestos', si ellos estuvieron en el momento (de la tragedia); tienen el daño por dentro".

La hija de Karla ya cursa preescolar. Habla muy poco de lo que vivió el día del incendio. Pero sí pregunta por Ian Isaac y Ximena, dos de los niños que murieron. También pregunta: "¿Cuándo se va a quemar la escuela?".

Las autoridades del IMSS aseguran que los 80 menores que no sufrieron quemaduras han recibido atención especializada, así como el diagnóstico en neumología pediátrica, por una especialista elegida por los propios padres, "quien revisó a los pequeños y solicitó la realización de 48 estudios denominados baby plestimografía".

Los padres comentan que sí les han realizado ese estudio a sus hijos, pero "no nos entregaron los resultados", dice Alejandra. Ella también se queja de que, en enero pasado, su esposo recibió un citatorio de la Corte de Estados Unidos porque estaba pendiente la cuenta del hospital de Houston, donde le habían realizado un estudio a su pequeña Camila. Fernando Sandoval, del Seguro Social, dice que en ese caso "quizá hubo un error humano en el área de cobranza de la institución".

Laura Fernanda también vivió el incendio. Tenía un año con siete meses. En los últimos dos años le han hecho gammagramas, ecocardiogramas y pruebas de función pulmonar. Como otros niños, también presenta neumonitis, función pulmonar baja, frecuencia cardiaca alta y es común que tenga hemorragias por la nariz.

A sus tres años, "toma medicamentos todos los días. Si eso no es una afectación, no me explico qué sería", pregunta su mamá, Fabiola Domínguez. Ella, como otras madres, menciona medicamentos como Montelukast y Convivent.

"El miedo que yo tengo es que si más adelante ella presenta un daño mayor, el IMSS no quiera reconocerlo. Si ahorita me dicen que no puedo relacionar sus problemas con el incendio, ¿qué me van a decir en un futuro?".

Por eso, Fabiola Domínguez ha realizado protestas en Hermosillo, Sonora, pero también en la ciudad de México. La última fue en enero pasado.

"Lo que yo solicito es que el gobierno no me haga sentir como si estuviera loca, como si lo que vivió mi hija en la guardería no fuera nada. Cuando le dicen ‘niña expuesta' es como si se burlaran de mí, de todo el padecimiento que tiene", dice Fabiola.

Padres de niños con problemas respiratorios acudieron a la Cámara de Diputados para que interviniera en su caso. En marzo pasado, legisladores se reunieron con padres y autoridades del IMSS. Se acordó que los niños serían sometidos a una tercera valoración.

Un total de 64 niños viajaron a la ciudad de México para que especialistas de la Academia Mexicana de Pediatría los revisaran. Esperan los resultados.

"Si en algún momento los expertos determinan que alguno de esos niños tuvo secuelas, pasaría en automático al grupo de lesionados", asegura Fernando Sandoval, del IMSS.

Sara Estrada, mamá de Nicole, aclara: "Ellos piensan que lo que nosotros queremos es dinero. Pero lo único que queremos es que a nuestros hijos no los discriminen, que les aseguren una atención de calidad, porque aunque ellos dicen que pagan los gastos, tenemos que batallar para que lo hagan".

Toda esa lucha que enfrentan contra el IMSS -dice Sara Estrada- no existiría "si ellos hubieran hecho bien las cosas con la guardería. Si lo hubieran hecho, ni nos hubiéramos conocido".
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http://www.eluniversal.com.mx/primera/36985.html
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Emilio Álvarez Icaza Responde a Juan Molinar

Emilio Álvarez icaza
Respuesta a Juan Molinar

03 de junio de 2011

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El próximo domingo 5 junio se cumplirán dos años de la tragedia, prevenible y, por tanto, evitable, del incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, que costó la vida a 49 niños y niñas y dejó más de 100 infantes lesionados. El tiempo pasa y la tragedia continúa, como extraordinariamente reportaron Thelma Gómez y Luis Cortés ayer en EL UNIVERSAL. En realidad, el daño trasciende a las víctimas directas, afecta a toda la sociedad el escandaloso mensaje de impunidad que se manda por el estado que guardan las investigaciones, incluida la resolución de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este caso.

Lo anterior provocó el Juicio Ciudadano al Estado Mexicano, realizado el pasado domingo 29 de mayo en el Zócalo de la ciudad de México. De hecho, es el tercero en su tipo, ya antes se realizaron juicios ciudadanos contra los dueños de la guardería y contra el estado de Sonora. Sobre el evento del domingo escribió ayer, también en EL UNIVERSAL, Juan Molinar Horcasitas, ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Lo que escribió merece atención.

El texto del “sentenciado” es en sí mismo una confesión. Queda claro que para él niños y niñas no son sujetos de derechos, se refiere como si sólo los adultos tuvieran derechos. Es una clara expresión, como lo hizo también la Suprema Corte de Justicia (con muy honrosas excepciones, como el ministro Arturo Zaldívar), de que la aplicación y entendimiento del interés superior del niño está lejos de ser una realidad en México, o por lo menos en lo que a este caso se refiere y al del Instituto San Felipe, en Oaxaca.

Al “sentenciado” debe quedarle claro que lo primero que merecen las familias afectadas es justicia, más que expresiones de solidaridad de funcionarios cuyas decisiones a lo largo de su encargo los involucran en lo hechos. Sólo para muestra de lo anterior se puede revisar el excelente artículo de Miguel Carbonell, dando muestra del estado grave de incumplimiento de requisitos de funcionamiento que reportaban las guarderías subrogadas por el IMSS poco después de la tragedia.

Como se espera en cualquier democracia, Molinar debió renunciar a su puesto de secretario como una muestra mínima de dignidad, respeto y de que no usaría el cargo para litigar en su beneficio, convirtiéndolo en un asunto limítrofe al conflicto de intereses, si no es que de pleno conflicto. Es más, por elemental lealtad a su jefe, el presidente Calderón, debió librarlo de la responsabilidad y costo de que él tuviera que tomar la decisión sobre la permanencia o no en su cargo.

Lo anterior supone una alta convicción ética y parece no ser el caso. Cuando el cinismo y el pragmatismo son las normas que guían la conducta, como es el caso del “sentenciado”, difícilmente habrá Estado democrático de derecho o ley que ponga límite. Cuando la lógica del desempeño en la función pública parece estar basada en el cálculo político-electoral, como es el caso, y no en la protección de los derechos que como representante estatal se está obligado a garantizar, no sólo queda en duda la credibilidad, confianza y legitimidad del funcionario, sino que se tiene que alertar a la sociedad para intentar evitar que en el futuro tengamos servidores públicos como el “sentenciado”.

Estos son parte de los razonamientos que llevaron al juez ciudadano del caso, quien esto escribe, a dictar la “sentencia” ciudadana con base en las pruebas presentadas y el veredicto del jurado: “Es indispensable remarcar la responsabilidad ética ineludible de los titulares de las instituciones declaradas culpables, en su carácter de representantes de instituciones del Estado mexicano, con independencia de otro tipo de responsabilidades a las que haya lugar... se condena a Juan Molinar Horcasitas y a Daniel Karam Toumeh a un mes de trabajo comunitario por cada niño o niña que perdió la vida y/o resultó lesionado en una guardería pública, en atención directa a los infantes. Esto es, 153 meses, equivalente a 12 años con nueve meses de servicio comunitario. Por la gravedad de los hechos, quedan inhabilitados para desempeñar cualquier cargo público y/o de representación en los tres niveles de gobierno por un periodo de 20 años”. Quien esté interesado en ver la sentencia completa, así como materiales adicionales de éste y los otros juicios puede consultar la página: www.movimiento5dejunio.org.

Ahora bien, el “sentenciado” está en todo su derecho de estar en desacuerdo con la “sentencia” ciudadana. En atención al debido proceso, le propongo que apele y que vaya a la segunda instancia ciudadana. Que en una nueva sesión del Juicio Ciudadano en el Zócalo capitalino exponga ante un Tribunal Ciudadano (integrado por Magistrados Ciudadanos nombrados de común acuerdo con los representantes del Movimiento por la Justicia 5 de Junio) sus argumentos, y que ellos o ellas revisen la “sentencia” ciudadana.

Por mi parte, me quedo con lo dicho por un padre de familia que perdió a su hijo en la tragedia, que con lágrimas en los ojos me agradeció a nombre de su hijo y dijo que seguirá luchando para que esto no se repita y que otras personas no sufran lo que él y su esposa. De hecho, él y otros, que no el IMSS, promueven la “ley 5 de junio”, Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil —aprobada ya por el Senado—, como una garantía de no repetición.

*Ex ombudsman capitalino
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http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/53097.html
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Leer...
Artículo de Juan Molinar en El Universal.com.mx
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La enseñanza política del juicio ciudadano sobre ABC
02 de junio de 2011

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El próximo domingo se cumplen dos años de la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo. Ese fue el episodio más doloroso en toda la historia de una de las instituciones más importantes de México. Un aniversario como éste es un día de duelo, pues las familias afectadas merecen la solidaridad de toda la sociedad mexicana. Es imposible imaginar el sufrimiento de los padres de esos niños, pero ojalá encuentren alguna forma de consuelo. Además del duelo, el aniversario debe ser una oportunidad de reflexión. También es necesario recordar que ese episodio demanda justicia y que diversas instituciones públicas están en el proceso de procurarla e impartirla.


Desde luego, estoy seguro de que el IMSS divulgará todas las acciones que en el marco institucional ha realizado a raíz de la tragedia. Importa señalar que estas acciones buscan evitar que un siniestro como ése se repita, pero que también procuran proteger el sistema de guarderías del IMSS, que es el más importante y de mejor calidad en México, pues le presta importantes servicios a las familias de las trabajadoras mexicanas y sigue siendo muy favorablemente evaluado por sus usuarias directas.



Conviene recordar que el proceso de impartición de justicia en este caso está en marcha. La Suprema Corte de Justicia ya resolvió que sí hubo responsables específicos de actos y omisiones que produjeron violaciones a los derechos humanos de los afectados. Específicamente, determinó que siete servidores públicos federales, estatales y municipales incumplieron obligaciones legales en relación al siniestro. La Corte no sólo deslindó esas responsabilidades, sino que también resolvió que el sistema de guarderías del IMSS es legal. Por lo que a mí toca, la Corte resolvió que no hubo violación a norma alguna en la firma de contratos y que, como director general, no omití ni cometí actos que implicaran incumplimiento de obligaciones legales en el ámbito de los derechos humanos en relación al siniestro.


También me siento obligado a rechazar, por falsa, la reiterada afirmación de que las instituciones de procuración e impartición de justicia han sido omisas y que ninguna persona está siendo sometida a juicio. Por el contrario, la Procuraduría General de la República y un juzgado penal están desahogando un proceso en contra de diversas personas por su presunta responsabilidad en el siniestro. Sí es verdad que esos procesos no han culminado porque la justicia en el marco de la ley no debe ser un proceso sumario y arbitrario. En las sociedades civilizadas no hay justicia sin ley y por ello el proceso de procuración e impartición de justicia debe atenerse a las reglas del debido proceso.




Por ello, quiero contrastar estas acciones institucionales con las realizadas en un juicio ciudadano en el que se procesó la presunta responsabilidad del Estado mexicano en la tragedia, y que en su curso derivó hacia señalamientos personales en contra mía y del actual director general del IMSS.


Dicho juicio ciudadano se realizó el pasado domingo 29 de mayo en la plaza mayor de la ciudad de México. Su propósito explícito era determinar si el Estado mexicano fue responsable del siniestro iniciado en una bodega del gobierno estatal y que al extenderse consumió la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Ese acto forma parte de un conjunto de manifestaciones públicas que demandan justicia para los niños que fallecieron o resultaron heridos en esa tragedia. Respaldo esa demanda y continuaré colaborando con las autoridades, presentando mis manifestaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando fui requerido.




He respondido ante las autoridades cada vez que me han requerido cumpliendo mis obligaciones legales y éticas, pero también por solidaridad con las familias que sufrieron una pérdida tan irreparable ese día. Todos los mexicanos, incluido yo, demandamos justicia. Esta tragedia nos lastimó a todos y por eso debemos hacer lo que esté en nuestras manos para que no se repita algo así.


Desde luego, respeto la realización de ese juicio ciudadano como una manifestación cívica que ejerce las libertades políticas vigentes desde hace años en nuestro país. Respeto especialmente la participación de los padres de familia y de otros deudos de los niños que fallecieron o resultaron heridos en esa tragedia. También valoro la solidaridad que diversas personas y organizaciones han brindado a los padres de familia. Como sea, estoy obligado a comentar algunos aspectos de este ejercicio cívico, los cuales expongo con todo respeto:




Lo primero es que disiento de la conclusión a la que arribó este grupo de ciudadanos. Las razones por las que he defendido mi inocencia en este caso fueron oportunamente expuestas ante la Suprema Corte de Justicia y lo serán ante cualquier autoridad que me lo demande. Me temo que no todos los miembros del jurado ni todos los testigos especiales han conocido esos argumentos.


En segundo término, de la información que obtuve sobre el juicio ciudadano, tengo la convicción de que los argumentos expuestos en su momento por las instituciones del Estado ahí señaladas no fueron atendidos y ni siquiera expuestos. Ciertamente, no fueron expuestos por el llamado abogado defensor que se asignó en el ejercicio que comento. En realidad, las razones que en su momento expusimos los servidores del Estado que hemos comparecido en diversos momentos y circunstancias ante foros y autoridades competentes también fueron omitidas y, consecuentemente, ignoradas.




En tercer término, repruebo el exceso del llamado juez del caso que de manera demagógica y temeraria consideró oportuno emitir una “sentencia” que rebasa el marco de un acto cívico y que pretende imponer penas que, de aplicarse, conculcarían los derechos cívicos de los “sentenciados”. Es el caso de la condena a trabajos comunitarios por más 13 años y la proscripción del derecho a ejercer el servicio público en cualquiera de los órdenes de gobierno.


Finalmente, desconcierta ver a destacados juristas conocidos que en nombre de la justicia convalidaron la simulación de juicios sumarios. Nadie se sorprendió con la conclusión de que el Estado fuese declarado culpable de todo lo que se le acusó, pero sí es de sorprender el que también se hubiera juzgado y condenado a otras personas físicas que inicialmente no estaban sujetas a su proceso, en los términos en que el juicio ciudadano fue emplazado. Un acto cívico simbólico debería ser una pedagogía de la justicia, y el juicio realizado demuestra que los participantes tienen un concepto de justicia que no sólo está al margen de las instituciones constitucionales, sino que incluso las rechazan y que prescinden de la ley despreciando en su juicio los más esenciales principios del debido proceso.


Reivindico el derecho a reprobar y rechazar estos actos demagógicos a pesar de que no soy ajeno al carácter simbólico de este juicio y, por lo tanto, de la sentencia. Considero que el acto rebasa el marco de la libre opinión cívica cuando la persona que funge como juez de la causa emite una sentencia que señala penas que sólo las autoridades legalmente constituidas pueden aplicar.


Sin omitir la naturaleza informal y simbólica del juicio ciudadano, me parece que incurrió en un exceso que sería imprudente en cualquier ciudadano, pero que es un grave desliz populista y demagógico en la persona de un defensor de derechos humanos que ha ejercido importantes funciones de Estado en esa materia y que pretende ejercer responsabilidades aún más altas. Lo mismo puede decirse de aquellos participantes que ostentan títulos de abogados y que ocupan posiciones importantes en el foro legal mexicano.




Asumo buena fe y aspiración de justicia en muchos de los participantes en el juicio ciudadano, pero el tono que estos excesos terminaron por imprimirle, me recuerda las actitudes que a lo largo de la historia han engendrado movimientos intolerantes o totalitarios, desde el Terror jacobino hasta la revolución cultural china. Exagero, me dirán algunos. Quizá, pero el símil no está en la magnitud de los actos y las consecuencias que esos movimientos tuvieron, sino en la similitud de su semilla: la convicción de que alguien suficientemente iluminado y puro puede interpretar el sentir de toda la ciudadanía y en consecuencia se siente habilitado para hablar y para decidir a nombre del pueblo, al margen o aún en contra de las instituciones legalmente constituidas. Yo me manifiesto porque sean estas instituciones las que lleven a buen término los procesos de procuración e impartición de justicia que actualmente desahogan.


Concluyo con que he puesto a disposición del público un documento que sintetiza algunas acciones relevantes del IMSS durante mi gestión, un resumen de mi manifestación ante la Suprema Corte y una copia íntegra de su resolución (es posible consultarlas en la liga http://es.scribd.com/my_document_collections/2994248).
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http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/53088.html
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ABC: 2 años de impunidad...

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ OTHÓN, TE RECORDAMOS CON AMOR EN TU CUMPLEAÑOS 4

"Felicidades Juan Carlos Rodríguez Othón. Hoy 16 de Mayo, en tu cumpleaños 4, que te diviertas mucho con tus compañerit@s, haciendo travesuras en el cielo. Recibe Muchos Besos y Abrazos de tu papa, mama,y toda tu Familia y Tod@s nosotr@s, que los queremos Mucho y l@s amamos, porque son Nuestros Tesoros, nos acompañan con su energía, con amor y acompañaran siempre en esta vida"

México SA
ABC: 2 años de impunidad
No al olvido; justicia ya
Sentencia ciudadana: culpables
Carlos Fernández-Vega
F
elipe Calderón, Margarita Zavala, Juan Molinar Horcasitas, Eduardo Bours, Daniel Karam, Fernando Gómez Mont, Francisco Blake, Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez, Marisela Morales, Abel Murrieta Gutiérrez, Guillermo Padrés Elías, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, Gildardo Francisco Urquides Serrano, Sandra Lucía Téllez Nieves, Alfonso Cristóbal Escalante Hoeffer, Antonio Salido Suárez, Carla Rochín Nieto, Sergio Antonio Salazar, Arturo Leyva Lizárraga, Noemí López Sánchez, Wilebaldo Alatriste Candiani, Ernesto Vargas Gaytán, Fausto Salazar Gómez, Jorge Luis Melchor Islas, Ernesto Gándara Camou, Jesús Davis Osuna, Roberto Copado Gutiérrez, diputados, senadores y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Su cinismo y la falta de ética les alcanza para tener la conciencia tranquila y les permita dormir como bebés, al tiempo que impunemente se mantienen como juez y parte. Felices sueños, pero a dos años del incendio en la guardería ABC de Hermosillo seguimos en espera de justicia. No a la impunidad, no al olvido.

María Magdalena Millán García, Andrea Nicole Figueroa, Emilia Fraijo Navarro, Valeria Muñoz Ramos, Sofía Martínez Robles, Fátima Sofía Moreno Escalante, Dafne Yesenia Blanco Losoya, Ruth Nahomi Madrid Pacheco, Denisse Alejandra Figueroa Ortiz, Lucía Guadalupe Carrillo Campos, Jazmín Pamela Tapia Ruiz, Camila Fuentes Cervera, Ana Paula Acosta Jiménez, Monserrat Granados Pérez, Pauleth Daniela Coronado Padilla, Ariadna Aragón Valenzuela, María Fernanda Miranda Hugues, Yoselín Valentina Tamayo Trujillo, Marian Ximena Hugues Mendoza, Nayeli Estefanía González Daniel, Ximena Yanes Madrid, Yeseli Nahomi Baceli Meza, Ian Isaac Martínez Valle, Santiago Corona Carranza, Axel Abraham Angulo Cázares, Javier Ángel Merancio Valdez, Andrés Alonso García Duarte, Carlos Alán Santos Martínez, Martín Raymundo de la Cruz Armenta, Julio César Márquez Báez, Jesús Julián Valdez Rivera, Santiago de Jesús Zavala Lemas, Daniel Alberto Gayzueta Cabanillas, Xiunelth Emmanuel Rodríguez García, Aquiles Dreneth Hernández Márquez, Daniel Rafael Navarro Valenzuela, Juan Carlos Rodríguez Othón, Germán Paúl León Vázquez, Bryan Alexander Méndez García, Jesús Antonio Chambert López, Luis Denzel Durazo López, Daré Omar Valenzuela Contreras, Jonathan Jesús de los Reyes Luna, Emily Guadalupe Cevallos Badilla, Juan Israel Fernández Lara, Jorge Sebastián Carrillo González, Ximena Álvarez Cota, Daniela Guadalupe Reyes Carretas, Juan Carlos Rascón Holguín y 104 niños más, lesionados de por vida.
Las rebanadas del pastel
De la sentencia del juicio ciudadano al Estado mexicano por el incendio de la guardería ABC, el 5 de junio de 2009, en Hermosillo. El 29 de mayo de 2011 se declaró CULPABLES a: Poder Ejecutivo, en lo que corresponde a sus responsabilidades de Estado, a la Presidencia de la República, al IMSS y a la PGR; al Poder Judicial, por la denegación de acceso a la justicia a las víctimas y establecer el peligrosísimo criterio de que los niños y niñas no son sujetos de derechos y desatender de manera grave el principio del interés superior de la infancia (si la muerte de 49 niños y niñas y la lesión de 104 más no es suficiente para que la SCJN considere responsabilidades y actúe en consecuencia, cabe preguntarse ¿qué tendrá que pasar para que lo haga?); al Poder Legislativo, por la omisión en su responsabilidad de legislar para proteger los derechos de niños y niñas, y en particular a la Cámara de Diputados por la falta de asignación presupuestaria para garantizar el ejercicio de los derechos de la primera infancia; a la CNDH, por la negligencia y desatención a las víctimas, por no ejercer sus atribuciones para la defensa y protección de los derechos humanos de las víctimas y por no ejercer su atribuciones para exigir el cumplimiento de la recomendación emitida sobre el caso (49/2009). Adicionalmente, se condena al Estado mexicano a modificar el esquema de subrogación de guarderías del IMSS por su clara contravención a los derechos humanos de niñas y niños, así como de cualquier otro modelo de cuidado infantil que sea contrario a la Constitución y los tratados internacionales. Al desarrollo de la política pública a todos los niveles de gobierno que tutele de manera específica los derechos de la primera infancia, niñez y adolescencia, bajo la estricta observancia de que infantes, niños, niñas y jóvenes son sujetos de derechos y en atención en lo establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que el Estado mexicano ha firmado y ratificado y por tanto forma parte de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. A acatar, atender e implementar de inmediato las resoluciones del Comité de los Derechos del Niño en lo que se refiere a los servicios de privatización, así como en lo relativo a la garantía de los derechos durante la primera infancia. A finalizar a la brevedad los juicios para determinar responsabilidad a los servidores públicos involucrados por las conductas señaladas y que se amplíe la acción penal contra todos los presuntos responsables acorde con las denuncias presentadas. A manera de reparación de daño: presentar una auténtica y sentida disculpa pública a los niños, niñas, padres, madres, familiares y comunidad entera que se vieron afectados en el incendio de la Guardería ABC, en una ceremonia pública en la misma localidad; abstenerse de violaciones futuras, de manera que esta tragedia nunca más se repita; deberá garantizar la protección y tratamiento de los niños y niñas que están lesionados; garantizar los medios económicos y de subsistencia de sus familias para este fin; atender de manera integral la afectación al plan de vida de las familias víctimas y generar las condiciones para la atención económica, médica, sicológica y de cualquier índole necesaria; construir un memorial donde están las instalaciones de la Guardería ABC, para mantener en la memoria de la ciudadanía y honrar a los y las niñas víctimas; modificar la Ley sobre escudo, la bandera y el himno nacional, para que el día 5 de junio quede establecido como día de luto nacional; que queden claramente establecidos en la Constitución los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente: se condena a Juan Molinar Horcasitas y a Daniel Karam a un mes de trabajo comunitario por cada niño o niña que perdió la vida y/o resultó lesionado en una guardería pública en atención directa a los infantes. Esto es 153 meses, equivalente a 12 años con nueve meses de servicio comunitario. Por la gravedad de los hechos quedan inhabilitados para desempeñar cualquier cargo público y/o de representación en los tres niveles de gobierno por un periodo de 20 años.


http://www.jornada.unam.mx/2011/06/04/opinion/026o1eco
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miércoles, 1 de junio de 2011

Los Papás de Guardería ABC bloquean carretera... Ya están hasta la madre...

Deudos del caso ABC bloquean carretera y toman caseta de peaje en Sonora
La redacción


MÉXICO, D.F., 31 de mayo (apro).- Familiares y padres de los menores muertos en el incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, bloquearon la carretera federal México-Nogales y tomaron la caseta de peaje ubicada a las afueras de la capital.
La radicalización de su conducta surge justo a cinco días de que se cumplan dos años de la tragedia, en la que perdieron la vida 49 bebés.
Durante varias horas, de manera intermitente, los manifestantes agrupados en las organizaciones “Manos Unidas” y Padres Unidos de ABC”dejaron pasar los vehículos por la caseta sin pagar la cuota correspondiente.
Julia Isabel Escalante, vocera de los manifestantes y madre de Fátima Moreno, una de las 49 bebés que perdieron la vida durante el incendio, denunció que los gobiernos federal y estatal han incumplido sus promesas de justicia.
Ante tal actitud, advirtió que los padres y familiares de las víctimas mantendrán sus manifestaciones de protesta hasta que haya solución a su exigencia de justicia.
“Nos han obligado a tomar estas decisiones, la gente nos dice que es una buena medida por las fechas que se avecinan, no vemos justicia para nuestros hijos ni para los lesionados que necesitan mucha atención médica”, señaló
Los manifestantes distribuyeron volantes con la información del estado que guarda el caso de la guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a una tía de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón.

Proceso

lunes, 30 de mayo de 2011

Declaran culpable al Estado por caso ABC...

El Universal.co.mx
29 mayo 2011
Culpable´. Así fue como un jurado ciudadano declaró al Estado mexicano por el incendio de la guardería ABC, que ocurrió el 5 de junio del 2009, en Hermosillo, Sonora, en el que fallecieron 49 niños



El Universal
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Juicio Ciudadano: La Presidencia y el IMSS Culpables por el caso ABC

http://www.movimiento5dejunio.org/abc/


También tienen responsabilidad la PGR, la SCJN y la CNDH por omisión, añaden
Juicio ciudadano declara culpables a la Presidencia y al IMSS por el caso ABC
Seguimos reclamando justicia porque a casi dos años de las muertes las autoridades no responden


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Lunes 30 de mayo de 2011

A una semana de que se cumpla el segundo aniversario del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que murieron 49 niños y 75 resultaron lesionados, padres de las víctimas, organizaciones civiles, juristas y activistas por la defensa de los derechos humanos realizaron en el Zócalo de la ciudad de México un juicio ciudadano al Estado mexicano. En el acto se recreó un juicio oral, en el que Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino, quien fungió como juez, luego de escuchar las resoluciones del jurado y de los testigos de calidad, declaró responsabilidad de Estado a la Presidencia de la República, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a la Procuraduría General de la República (PGR).

Álvarez Icaza declaró responsable al Poder Judicial de la Federación, en caso concreto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la denegación de acceso a la justicia a las víctimas e imponer el peligrosísimo criterio de que los niños y niñas no son sujetos de derechos, así como desatender de manera grave el principio del interés superior de la infancia.

Si la muerte de 49 niños y la lesión de 104 más no es suficiente para que la SCJN considere responsabilidades y actúe en consecuencia, cabe preguntarse ¿qué tendrá que pasar para que lo haga?

De igual forma, añadió, el Poder Legislativo es culpable por la omisión de legislar para proteger los derechos de niños y niñas, y en particular la Cámara de Diputados, por la falta de asignación presupuestaria para garantizar el ejercicio de los derechos de la primera infancia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también es culpable, sentenció Álvarez Icaza, por la negligencia y desatención a las víctimas, por no ejercer sus atribuciones para defenderlos y protegerlos, y por no exigir el cumplimiento de la recomendación que emitió sobre el caso de la guardería ABC 49/2009.

En su papel de juez, Álvarez Icaza condenó al Estado mexicano a modificar el esquema de subrogación de guarderías del IMSS por su clara contravención a los derechos humanos de los niños y niñas, así como de cualquier otro modelo de cuidado infantil que sea contrario a la Constitución y los tratados internacionales.

Condenó también al Estado mexicano a acatar, atender e implementar de inmediato las resoluciones del Comité de los Derechos del Niño en lo que se refiere a servicios de privatización, así como en lo relativo a la garantía de los derechos durante la primera infancia.

Álvarez Icaza destacó que es indispensable remarcar la responsabilidad ética ineludible de Juan Francisco Molinar Horcasitas, ex director del IMSS, y de Daniel Karam, actual titular de ese instituto, con independencia de otro tipo de responsabilidades a las que haya lugar. Condenó a los funcionarios a presentar una auténtica disculpa pública a los niños, niñas, padres, madres, familiares y comunidad entera que se vieron afectados en el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009.

Y también condenó a cada funcionario referido a 153 meses de trabajo comunitario, equivalente a 12 años con nueve meses. Esto es, un mes por cada niño o niña que perdió la vida o resultó lesionado, y por la gravedad de los hechos, quedan inhabilitados para desempeñar cualquier cargo público y/o de representación de los tres niveles de gobierno por un periodo de 20 años.

Mónica González Contró, abogada del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México, manifestó: estamos aquí porque a casi dos años de la tragedia las autoridades no han podido dar respuesta al reclamo de justicia. Señaló que el Ejecutivo “es responsable en su doble calidad de jefe del Estado mexicano y jefe de los titulares del IMSS y de la PGR. La subrogación de las guarderías contraviene la obligación del Estado, privatizan el servicio.

El jurista Daniel Márquez, quien fungió como defensor, manifestó que no tenía la certeza de que se pueda enjuiciar al Estado mexicano por este hecho; sin embargo, sí hay responsabilidades de funcionarios públicos federales y del gobierno de Sonora. La subrogación de guarderías no tiene sustento constitucional y sólo 14 de mil 480 guarderías cumplen los requisitos legales.

El jurado estuvo integrado por 11 personas, entre ellos Elena Azaola, Lorenzo Córdova, Nasheli Ramírez, Édgar Cortez y Carlos Cruz.

Los testigos de calidad también fueron 11 personas, entre ellos: Sabina Berman, Javier Sicilia, Miguel Carbonell, Eduardo Gallo, Bruno Bichir y Pietro
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