Respuesta a Juan Molinar
03 de junio de 2011
…………. El próximo domingo 5 junio se cumplirán dos años de la tragedia, prevenible y, por tanto, evitable, del incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, que costó la vida a 49 niños y niñas y dejó más de 100 infantes lesionados. El tiempo pasa y la tragedia continúa, como extraordinariamente reportaron Thelma Gómez y Luis Cortés ayer en EL UNIVERSAL. En realidad, el daño trasciende a las víctimas directas, afecta a toda la sociedad el escandaloso mensaje de impunidad que se manda por el estado que guardan las investigaciones, incluida la resolución de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este caso. Lo anterior provocó el Juicio Ciudadano al Estado Mexicano, realizado el pasado domingo 29 de mayo en el Zócalo de la ciudad de México. De hecho, es el tercero en su tipo, ya antes se realizaron juicios ciudadanos contra los dueños de la guardería y contra el estado de Sonora. Sobre el evento del domingo escribió ayer, también en EL UNIVERSAL, Juan Molinar Horcasitas, ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Lo que escribió merece atención. El texto del “sentenciado” es en sí mismo una confesión. Queda claro que para él niños y niñas no son sujetos de derechos, se refiere como si sólo los adultos tuvieran derechos. Es una clara expresión, como lo hizo también la Suprema Corte de Justicia (con muy honrosas excepciones, como el ministro Arturo Zaldívar), de que la aplicación y entendimiento del interés superior del niño está lejos de ser una realidad en México, o por lo menos en lo que a este caso se refiere y al del Instituto San Felipe, en Oaxaca. Al “sentenciado” debe quedarle claro que lo primero que merecen las familias afectadas es justicia, más que expresiones de solidaridad de funcionarios cuyas decisiones a lo largo de su encargo los involucran en lo hechos. Sólo para muestra de lo anterior se puede revisar el excelente artículo de Miguel Carbonell, dando muestra del estado grave de incumplimiento de requisitos de funcionamiento que reportaban las guarderías subrogadas por el IMSS poco después de la tragedia. Como se espera en cualquier democracia, Molinar debió renunciar a su puesto de secretario como una muestra mínima de dignidad, respeto y de que no usaría el cargo para litigar en su beneficio, convirtiéndolo en un asunto limítrofe al conflicto de intereses, si no es que de pleno conflicto. Es más, por elemental lealtad a su jefe, el presidente Calderón, debió librarlo de la responsabilidad y costo de que él tuviera que tomar la decisión sobre la permanencia o no en su cargo. Lo anterior supone una alta convicción ética y parece no ser el caso. Cuando el cinismo y el pragmatismo son las normas que guían la conducta, como es el caso del “sentenciado”, difícilmente habrá Estado democrático de derecho o ley que ponga límite. Cuando la lógica del desempeño en la función pública parece estar basada en el cálculo político-electoral, como es el caso, y no en la protección de los derechos que como representante estatal se está obligado a garantizar, no sólo queda en duda la credibilidad, confianza y legitimidad del funcionario, sino que se tiene que alertar a la sociedad para intentar evitar que en el futuro tengamos servidores públicos como el “sentenciado”. Estos son parte de los razonamientos que llevaron al juez ciudadano del caso, quien esto escribe, a dictar la “sentencia” ciudadana con base en las pruebas presentadas y el veredicto del jurado: “Es indispensable remarcar la responsabilidad ética ineludible de los titulares de las instituciones declaradas culpables, en su carácter de representantes de instituciones del Estado mexicano, con independencia de otro tipo de responsabilidades a las que haya lugar... se condena a Juan Molinar Horcasitas y a Daniel Karam Toumeh a un mes de trabajo comunitario por cada niño o niña que perdió la vida y/o resultó lesionado en una guardería pública, en atención directa a los infantes. Esto es, 153 meses, equivalente a 12 años con nueve meses de servicio comunitario. Por la gravedad de los hechos, quedan inhabilitados para desempeñar cualquier cargo público y/o de representación en los tres niveles de gobierno por un periodo de 20 años”. Quien esté interesado en ver la sentencia completa, así como materiales adicionales de éste y los otros juicios puede consultar la página: www.movimiento5dejunio.org. Ahora bien, el “sentenciado” está en todo su derecho de estar en desacuerdo con la “sentencia” ciudadana. En atención al debido proceso, le propongo que apele y que vaya a la segunda instancia ciudadana. Que en una nueva sesión del Juicio Ciudadano en el Zócalo capitalino exponga ante un Tribunal Ciudadano (integrado por Magistrados Ciudadanos nombrados de común acuerdo con los representantes del Movimiento por la Justicia 5 de Junio) sus argumentos, y que ellos o ellas revisen la “sentencia” ciudadana. Por mi parte, me quedo con lo dicho por un padre de familia que perdió a su hijo en la tragedia, que con lágrimas en los ojos me agradeció a nombre de su hijo y dijo que seguirá luchando para que esto no se repita y que otras personas no sufran lo que él y su esposa. De hecho, él y otros, que no el IMSS, promueven la “ley 5 de junio”, Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil —aprobada ya por el Senado—, como una garantía de no repetición. *Ex ombudsman capitalino …………. |
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Artículo de Juan Molinar en El Universal.com.mx
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La enseñanza política del juicio ciudadano sobre ABC
02 de junio de 2011
…………. El próximo domingo se cumplen dos años de la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo. Ese fue el episodio más doloroso en toda la historia de una de las instituciones más importantes de México. Un aniversario como éste es un día de duelo, pues las familias afectadas merecen la solidaridad de toda la sociedad mexicana. Es imposible imaginar el sufrimiento de los padres de esos niños, pero ojalá encuentren alguna forma de consuelo. Además del duelo, el aniversario debe ser una oportunidad de reflexión. También es necesario recordar que ese episodio demanda justicia y que diversas instituciones públicas están en el proceso de procurarla e impartirla. Desde luego, estoy seguro de que el IMSS divulgará todas las acciones que en el marco institucional ha realizado a raíz de la tragedia. Importa señalar que estas acciones buscan evitar que un siniestro como ése se repita, pero que también procuran proteger el sistema de guarderías del IMSS, que es el más importante y de mejor calidad en México, pues le presta importantes servicios a las familias de las trabajadoras mexicanas y sigue siendo muy favorablemente evaluado por sus usuarias directas. Conviene recordar que el proceso de impartición de justicia en este caso está en marcha. La Suprema Corte de Justicia ya resolvió que sí hubo responsables específicos de actos y omisiones que produjeron violaciones a los derechos humanos de los afectados. Específicamente, determinó que siete servidores públicos federales, estatales y municipales incumplieron obligaciones legales en relación al siniestro. La Corte no sólo deslindó esas responsabilidades, sino que también resolvió que el sistema de guarderías del IMSS es legal. Por lo que a mí toca, la Corte resolvió que no hubo violación a norma alguna en la firma de contratos y que, como director general, no omití ni cometí actos que implicaran incumplimiento de obligaciones legales en el ámbito de los derechos humanos en relación al siniestro. También me siento obligado a rechazar, por falsa, la reiterada afirmación de que las instituciones de procuración e impartición de justicia han sido omisas y que ninguna persona está siendo sometida a juicio. Por el contrario, la Procuraduría General de la República y un juzgado penal están desahogando un proceso en contra de diversas personas por su presunta responsabilidad en el siniestro. Sí es verdad que esos procesos no han culminado porque la justicia en el marco de la ley no debe ser un proceso sumario y arbitrario. En las sociedades civilizadas no hay justicia sin ley y por ello el proceso de procuración e impartición de justicia debe atenerse a las reglas del debido proceso. Por ello, quiero contrastar estas acciones institucionales con las realizadas en un juicio ciudadano en el que se procesó la presunta responsabilidad del Estado mexicano en la tragedia, y que en su curso derivó hacia señalamientos personales en contra mía y del actual director general del IMSS. Dicho juicio ciudadano se realizó el pasado domingo 29 de mayo en la plaza mayor de la ciudad de México. Su propósito explícito era determinar si el Estado mexicano fue responsable del siniestro iniciado en una bodega del gobierno estatal y que al extenderse consumió la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Ese acto forma parte de un conjunto de manifestaciones públicas que demandan justicia para los niños que fallecieron o resultaron heridos en esa tragedia. Respaldo esa demanda y continuaré colaborando con las autoridades, presentando mis manifestaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando fui requerido. He respondido ante las autoridades cada vez que me han requerido cumpliendo mis obligaciones legales y éticas, pero también por solidaridad con las familias que sufrieron una pérdida tan irreparable ese día. Todos los mexicanos, incluido yo, demandamos justicia. Esta tragedia nos lastimó a todos y por eso debemos hacer lo que esté en nuestras manos para que no se repita algo así. Desde luego, respeto la realización de ese juicio ciudadano como una manifestación cívica que ejerce las libertades políticas vigentes desde hace años en nuestro país. Respeto especialmente la participación de los padres de familia y de otros deudos de los niños que fallecieron o resultaron heridos en esa tragedia. También valoro la solidaridad que diversas personas y organizaciones han brindado a los padres de familia. Como sea, estoy obligado a comentar algunos aspectos de este ejercicio cívico, los cuales expongo con todo respeto: Lo primero es que disiento de la conclusión a la que arribó este grupo de ciudadanos. Las razones por las que he defendido mi inocencia en este caso fueron oportunamente expuestas ante la Suprema Corte de Justicia y lo serán ante cualquier autoridad que me lo demande. Me temo que no todos los miembros del jurado ni todos los testigos especiales han conocido esos argumentos. En segundo término, de la información que obtuve sobre el juicio ciudadano, tengo la convicción de que los argumentos expuestos en su momento por las instituciones del Estado ahí señaladas no fueron atendidos y ni siquiera expuestos. Ciertamente, no fueron expuestos por el llamado abogado defensor que se asignó en el ejercicio que comento. En realidad, las razones que en su momento expusimos los servidores del Estado que hemos comparecido en diversos momentos y circunstancias ante foros y autoridades competentes también fueron omitidas y, consecuentemente, ignoradas. En tercer término, repruebo el exceso del llamado juez del caso que de manera demagógica y temeraria consideró oportuno emitir una “sentencia” que rebasa el marco de un acto cívico y que pretende imponer penas que, de aplicarse, conculcarían los derechos cívicos de los “sentenciados”. Es el caso de la condena a trabajos comunitarios por más 13 años y la proscripción del derecho a ejercer el servicio público en cualquiera de los órdenes de gobierno. Finalmente, desconcierta ver a destacados juristas conocidos que en nombre de la justicia convalidaron la simulación de juicios sumarios. Nadie se sorprendió con la conclusión de que el Estado fuese declarado culpable de todo lo que se le acusó, pero sí es de sorprender el que también se hubiera juzgado y condenado a otras personas físicas que inicialmente no estaban sujetas a su proceso, en los términos en que el juicio ciudadano fue emplazado. Un acto cívico simbólico debería ser una pedagogía de la justicia, y el juicio realizado demuestra que los participantes tienen un concepto de justicia que no sólo está al margen de las instituciones constitucionales, sino que incluso las rechazan y que prescinden de la ley despreciando en su juicio los más esenciales principios del debido proceso. Reivindico el derecho a reprobar y rechazar estos actos demagógicos a pesar de que no soy ajeno al carácter simbólico de este juicio y, por lo tanto, de la sentencia. Considero que el acto rebasa el marco de la libre opinión cívica cuando la persona que funge como juez de la causa emite una sentencia que señala penas que sólo las autoridades legalmente constituidas pueden aplicar. Sin omitir la naturaleza informal y simbólica del juicio ciudadano, me parece que incurrió en un exceso que sería imprudente en cualquier ciudadano, pero que es un grave desliz populista y demagógico en la persona de un defensor de derechos humanos que ha ejercido importantes funciones de Estado en esa materia y que pretende ejercer responsabilidades aún más altas. Lo mismo puede decirse de aquellos participantes que ostentan títulos de abogados y que ocupan posiciones importantes en el foro legal mexicano. Asumo buena fe y aspiración de justicia en muchos de los participantes en el juicio ciudadano, pero el tono que estos excesos terminaron por imprimirle, me recuerda las actitudes que a lo largo de la historia han engendrado movimientos intolerantes o totalitarios, desde el Terror jacobino hasta la revolución cultural china. Exagero, me dirán algunos. Quizá, pero el símil no está en la magnitud de los actos y las consecuencias que esos movimientos tuvieron, sino en la similitud de su semilla: la convicción de que alguien suficientemente iluminado y puro puede interpretar el sentir de toda la ciudadanía y en consecuencia se siente habilitado para hablar y para decidir a nombre del pueblo, al margen o aún en contra de las instituciones legalmente constituidas. Yo me manifiesto porque sean estas instituciones las que lleven a buen término los procesos de procuración e impartición de justicia que actualmente desahogan. Concluyo con que he puesto a disposición del público un documento que sintetiza algunas acciones relevantes del IMSS durante mi gestión, un resumen de mi manifestación ante la Suprema Corte y una copia íntegra de su resolución (es posible consultarlas en la liga http://es.scribd.com/my_document_collections/2994248). …………. |
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