La corrupción solapada desde Los Pinos...

OFICIO DE PAPEL

COLUMNA SEMANAL DEL PERIODISTA MIGUEL BADILLO

Lunes 05 de diciembre de 2011

Autoritarismo e impunidad presidencial

Los 4: Salinas, Zedillo, Fox y Calderón

La corrupción solapada desde Los Pinos

“Peor que un crimen, es la estupidez política”: Fouché

…………. Históricamente los presidentes mexicanos han abusado del poder y traficado con la influencia e impunidad que les da la banda presidencial. El presidente de la República sólo puede ser juzgado en México por traición a la patria, delito difícil de tipificar, aunque en los últimos años algunos mandatarios se han esforzado en acabar con el país y entregarlo a los intereses de Estados Unidos. Son muchos los ejemplos de esa impunidad presidencial amparada en un fuero que ya no tiene razón de ser, aunque ahora el Senado lo haya acotado sin que deje de existir. Estos son algunos casos de los muchos abusos cometidos desde el poder por los últimos cuatro presidentes de la República, dos del PRI y dos del PAN. En el gobierno del priista Carlos Salinas de Gortari, el exmandatario se aprovechó del poder y dispuso de miles de millones de pesos a través de una partida secreta de dinero público. Con ella enriqueció a familiares y amigos, a quienes les transfirió a cuentas bancarias privadas fondos del erario. Obviamente, durante la gestión de Salinas (1988-1994) ningún órgano de control del gobierno se atrevió a investigar y mucho menos a procesarlo por dicho desvío de recursos públicos. Fue hasta el gobierno de Ernesto Zedillo, también priista, cuando se abrió un expediente penal en la Procuraduría General de la República en contra del expresidente por el delito de peculado, al desviar fondos públicos a cuentas personales de parientes, subalternos, socios y amigos. Pero ni siguiera un gobierno distinto al de Salinas, con quien Zedillo rompió cuando asumió la Presidencia, logró que un juez declarara culpable al exmandatario, aun con las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal como son los estados financieros y cuentas bancarias entregadas por la Unidad de Lavado de Dinero de la PGR, y ese grave delito quedó impune. El argumento legal con el cual Salinas libró la cárcel, fue que el dinero público que ingresaba a esa partida secreta no tenía destino, es decir que al Congreso se le olvidó etiquetar su destino para obras públicas específicas, de tal manera que la presidencia la podía utilizar en lo que se le ocurriera a Salinas, quien decidió utilizarla para expedir cheques y beneficiar a sus hermanos, funcionarios públicos, intelectuales orgánicos, periodistas cómodos y amigos. Otro caso de impunidad salinista fue la permisibilidad del entonces presidente de la República para que sus hermanos hicieran negocios al amparo del poder. Lo más evidente fueron las andanzas de Raúl Salinas y las corruptelas cometidas en Conasupo, de donde fue funcionario, que le permitió acumular una cuantiosa fortuna y después los millones de dólares que le descubrieron en cuentas bancarias abiertas con nombres apócrifos en países de América y Europa. Esto marco el final de una época en donde el PRI se servía con todo para abusar del erario público. Otro caso de abuso presidencial fue en el gobierno de también priista Ernesto Zedillo, quien uso el poder (1994-2000) para que su familia, hermanos principalmente, obtuvieran condonaciones fiscales, evadieran al fisco y recibieran un trato privilegiado de parte de la Secretaría de Hacienda sobre el resto de millones de mexicanos. La familia Zedillo también hizo negocios con la venia del poder de Los Pinos. Documentos publicados en esta columna así confirman esa impunidad para evadir la acción de la justicia. Fue precisamente esos excesos del poder presidencial lo que motivó que los mexicanos fueran a las urnas en el 2000 y decidieran que era hora de la alternancia y dieron paso al cambio de partido político en el poder en busca de algo de justicia. Así, el PAN, por conducto de Vicente Fox, ganó las elecciones presidenciales (2000-2006) y se repitió la historia de corrupción, abuso, negligencia y omisión. Aunque creíamos haber visto todo en 70 años de gobiernos priistas, volvió el tráfico de influencias y el abuso del poder presidencial. Con Fox arribaron a Los Pinos su esposa Marta y sus hijos, quienes se encargaron  de mostrarnos la otra cara de la oposición de derecha: el abuso, el tráfico de influencias, negocios sucios, corrupción, torpezas e impunidad. Más de lo mismo que el PRI había hecho durante 70 años. Fue hasta entonces cuando los mismos panistas y los millones de mexicanos padecimos a la “familia presidencial” foxista. Lo más visible fueron los escándalos de su familia política, cómo los hermanos Bribiesca Sahagún, hijastros de Fox, hicieron negocios con empresas privadas petroleras para que Pemex les otorgara millonarios contratos públicos a cambio de jugosas comisiones. Eso lo declaró en este espacio el propio Manuel Bribiesca y así se publicó en su momento. Nuevamente la corrupción e impunidad se imponían a los intereses de la nación. Nadie pudo impedir esos negocios sucios, ni aún con la creación de comisiones especiales conformadas en el Congreso, como tampoco su órgano interno de control, la Auditoría Superior de la Federación, los cuales siempre encontraron frenos políticos para impedir procesar y enjuiciar a los Bribiesca. El poder presidencial se imponía una vez más a otros poderes y la familia Fox quedaba al margen de la justicia. Vendría después el gobierno del también panista Felipe Calderón (2006-2012), quien empezó su gobierno en medio del peor escándalo de fraude electoral, lo que durante los últimos cinco años lo ha mantenido nervioso y bajo acusaciones directa de la oposición de usurpar un cargo que no le corresponde. En poco tiempo el mandatario actual dio visos de cómo gobernaría. La revista Contralínea publicó cómo Calderón avaló y protegió los negocios que su amigo y compañero de gabinete Juan Camilo Mouriño hizo con Pemex al amparo del poder público. De este caso Mouriño libró a la justicia, pero no así el juicio del pueblo, que lo hizo pagar hasta su accidental muerte un año después. Otro caso de impunidad en el gabinete calderonista y que dimos a conocer en esta columna, fue la protección de Los Pinos al panista Patricio Patrón Laviada, quien se desempeño como exgobernador de Yucatán y exprocurador federal de Protección al Ambiente, quien junto con sus familiares fueron acusados de supuestos vínculos con cárteles del narcotráfico y el lavado de dinero. De este problema escribimos aquí que fue la misma Secretaría de Hacienda la que acusó ante la Procuraduría General de la República a la familia Patrón Laviada, pero por instrucciones de Los Pinos “extraviaron” en la PGR el espinoso expediente penal abierto a finales del sexenio de Vicente Fox. Para evitar que fuera enjuiciado, la PGR dio carpetazo a dicha indagatoria que había sido bien estructurada por los investigadores fiscales de la Unidad de Inteligencia Financiera, órgano dependiente de Hacienda. Esa es una historia de corrupción, tráfico de influencias y delincuencia organizada donde, al final, no pasó nada por la intervención del presidente de la República. Esa historia inició a finales del sexenio foxista, cuando en la Procuraduría General de la República despachaba Daniel Cabeza de Vaca, actual consejero de la Judicatura Federal, y la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda recibió una denuncia penal de la UIF por el delito de lavado de dinero en contra de la familia del exgobernador de Yucatán. Ante la negativa para seguir la investigación y consignar el expediente ante un juez federal, la Secretaría de Hacienda requirió a la PGR que informara sobre la denuncia que presentó en contra de familiares y amigos del entonces procurador del medio ambiente, quienes supuestamente se aprovecharon cuando Patrón Laviada era gobernador de Yucatán, para utilizar recursos de procedencia ilícita e introducirlos al sistema financiero mexicano. Al final nunca fue consignado el expediente abierto en la PGR y Patrón Laviada sólo renunció a la Profepa para refugiarse en su natal Yucatán, sin que él ni nadie de su familia enfrentara a la justicia. Acusación en la Corte Penal Internacional Con el propósito de combatir esa impunidad presidencial, en los últimos días se desató una discusión en el país sobre la imposibilidad de juzgar en México al presidente de la República y las razones que llevaron a miles de mexicanos a firmar una denuncia en su contra y presentarla ante la Corte Penal Internacional de La Haya por los delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad. El antecedente son los 60 mil mexicanos asesinados y desaparecidos por motivos de la “guerra” promovida por el gobierno de Felipe Calderón para “combatir” al crimen organizado, en donde miles de niños, mujeres, ancianos, hombres, defensores de derechos humanos y periodistas inocentes han perdido la vida. Informes de organismos defensores de derechos humanos reportan que en el gobierno de Calderón suman mil 200 niños muertos por la “guerra” contra el narcotráfico, muchos más menores de edad han sido involucrados en actividades del crimen organizado; al menos 63 defensores de derechos humanos y luchadores sociales perdieron la vida; 75 periodistas fueron asesinados y desaparecidos; las familias desplazadas por la violencia suman decenas de miles; y la PGR no ha podido investigar casa uno de los 60 mil homicidios y desaparecidos. Aun con estos datos escalofriantes, sabemos que difícilmente ese órgano de justicia internacional procederá en contra del presidente mexicano y la acusación quedará sólo ante el mundo como una protesta de impotencia de muchos mexicanos que ven en México una ausencia de justicia, abuso de autoridad y una impunidad que crece día con día. Seguramente Calderón no llegará a juicio ante dicha Corte, aún después de que haya concluido su mandato. Sin embargo, hay otros juicios que el mandatario mexicano no podrá eludir y que, al igual o peor que sus antecesores, deberá enfrentar. Se trata del juicio público y del juicio de la historia. En el primero parte de la sociedad ya lo ha juzgado y lo ha encontrado culpable de autoritarismo, impunidad, abuso de poder y los crímenes de miles de compatriotas que perdieron la vida en una lucha que ellos nada tenían que ver. Para conocer el fallo del segundo juicio habrá que esperar, pues sin duda que la historia le tiene un lugar reservado y una dura sentencia que enfrentará por más lejos que se refugie o por más oculto esté. oficiodepapel@yahoo.com.mx ………….

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Difaman a los reporteras de Contralínea

¡¡Exijamos lo Imposible!!
La perversión de la procuraduría capitalinaContralínea

La diligencia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para resolver parcialmente los feminicidios de Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, ocurridos la madrugada del 1 de septiembre de este año, se ve manchada por la perversa filtración de información sacada de la averiguación previa y entregada a un medio de comunicación con el propósito de difamar y denigrar el honor y el nombre de las compañeras periodistas. 

Después de haber sido engañadas, secuestradas, robadas, torturadas,asesinadas brutalmente y sus cuerpos desnudos abandonados en la vía pública,las periodistas Yarce –quien fuera colaboradora de esta publicación– y González Trápaga vuelven a ser víctimas de sus ejecutores, un grupo de mafiosos asesinos que con sus declaraciones las agraden una vez más al manchar su reputación y honor. Con su solo dicho y sin prueba alguna, pretenden involucrarlas en crímenes del narcotráfico.

En este clima de agresiones y de manera perversa, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal –que encabeza el precandidato al gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera– filtra a Reporte Índigo parte de la averiguaciónprevia que aún está en proceso de investigación, y que hasta ahora sólo ha llevado a la captura de tres presuntos responsables del doble feminicidio.

Éstos delincuentes ni siquiera han sido consignados ante las autoridades judiciales (apenas están en calidad de arraigados) mientras sus cómplices siguen en libertad. Así, la filtración de una parte del expediente no puede tener otro propósito que agraviar doblemente a las víctimas. Esta vez el responsable es el Ministerio Público, quien tiene la obligación legal de guardar la confidencialidad del proceso de investigación. Al entregar la información para que ésta se difunda masivamente, la procuraduría capitalina comete un delito grave que no podemos soslayar y que ofende el honor y el prestigio de las dosmujeres victimadas.

Reporte Índigo y su reportera Icela Lagunas se prestaron a la difamación contra las víctimas, al publicar información parcial y sin ningún rigor periodístico. Tanto la publicación como la periodista están obligadas por la ética y la responsabilidad profesional a contrastar y verificar cada una de las acusacionesde las que hicieron eco, y que ponen en duda el nombre de las colegas asesinadas. Y si bien ambas mujeres ya no pueden defenderse de los señalamientos, Reporte Índigo y la reportera tenían opciones para conocer la verdad y dar cabida a la réplica en el mismo espacio y en el mismo momento de la difamación.

Pudieron entrevistar a los familiares de las víctimas; a sus compañeros de trabajo (el equipo de Contralínea siempre ha estado dispuesto a colaborar);investigar diligentemente la forma de vida de Marcela Yarce y Rocío González,así como sus ingresos y egresos; solicitar a los filtradores de la Procuraduría General de Justicia copias de los estados financieros de las cuentas bancarias de las víctimas, donde se demuestra que ambas vivían modestamente y de acuerdo con sus percepciones laborales. En eso no hay nada que haga creer que realizaban negocios sucios.

Motivada por esta nueva agresión, Contralínea presentará una queja ante la Comisión de Derechos Humanos en contra de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y quien resulte responsable por la filtración ilegal de un fragmento del expediente de investigación, utilizado para denigrar la imagen pública de las víctimas y poner en riesgo el proceso judicial que se les sigue a los victimarios.

Después de conocer de viva voz del procurador Miguel Ángel Mancera que nohabía elemento alguno para sospechar siquiera que las dos periodistas tuvieran relación con algún negocio ilícito de sus victimarios, sorprende que la filtración de información fuera sólo del señalamiento de los asesinos en contra de las dosmujeres y que no se entregara también la información financiera, fiscal y de la forma de vida que confirma la honestidad de Marcela y Rocío. Exigimos justicia yque se deje de manchar el nombre de las periodistas asesinadas.

El Cartel del Golfo y sus Compinches...

Policías federales, soldados del cártel del Golfo

Autor: José Reyez 21 Septiembre 2011

Una compleja y estructurada organización de policías federales –supuestamente conformada por 32 elementos que brindan protección al cártel del Golfo en la “plaza” de Tampico, Tamaulipas– no pudo ser desmantelada por el gobierno federal, a pesar de los múltiples testimonios de testigos protegidos que revelaron a las autoridades su intrincada forma de operar. El Ministerio Público federal acredita la supuesta responsabilidad a sólo dos de ellos

…………. De un total de 32 agentes de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) adscritos al sector 124 en Tampico, Tamaulipas, acusados de tener vínculos con el cártel del Golfo, únicamente dos fueron declarados formalmente presos por delitos contra la salud y tráfico de indocumentados, revela el auto de formal prisión dictado en su contra por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Centro Federal de Readaptación Social 1 Altiplano. Los agentes federales Juan César Casillas Escobar y Roberto Velázquez Estrada operaban para el cártel del Golfo, cuya estructura fue creada por Osiel Cárdenas Guillén, de acuerdo con diversos testimonios de testigos protegidos, contenidos en la causa penal 1/2008-III. Los presuntos cómplices del crimen organizado fueron detenidos conforme la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/070/2007, consignada por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Procuraduría General de la República (PGR). Casillas Escobar y Velázquez Estrada, de acuerdo con el testimonio del testigo protegido Halcón, eran sobornados por Eduardo Rodolfo Soriano Gómez, exmiembro de la PFP y uno de los principales operadores de Juan Carlos de la Cruz Reyna, el JC, entonces jefe de escoltas de Osiel Cárdenas Guillén, del destacamento de Tampico, a cuyos miembros “les pagaban diversas cantidades de dinero, a fin de que les hicieran llegar a los elementos del destacamento las instrucciones de trabajo y el dinero por medio de los responsables de turno”. El compromiso –prosigue Halcón– es que no debían molestar a los indocumentados, ya que el pollero con clave 82*, también conocido como Rafael, el de la plaza de Tampico, les pagaba derecho de piso a Los Zetas. Éstos, a su vez, se comprometían a que los policías federales preventivos, División Caminos, no detuvieran a los vehículos cargados con indocumentados. Incluso, una persona de la organización les llamaba a los encargados de turno para avisarles que dejaran pasar ciertos vehículos. Por cada indocumentado recibían 1 mil 100 pesos. El testigo protegido Halcón manifestó ante el juez de la causa estar dispuesto a colaborar en la investigación de la organización criminal del cártel del Golfo, concretamente de la célula que opera en Tampico, en donde “elementos de la Policía Federal Preventiva trabajan para Los Zetas, y controlan la ‘plaza’ encabezados por el JC, quien tiene bajo su mando a Rodolfo Gómez Soriano”. Éste era el contacto de los responsables de turno de la comandancia local, a saber: “El inspector Juan César Casillas Escobar; subinspector Francisco Durán Juárez; subinspector Roberto Velásquez Estrada; oficial Alberto Montesillas Dueñas; oficial Marco Antonio Ochoa Contreras, y el oficial Luis Rodolfo Valdez Rendón”. Enseguida, el testigo da a conocer la lista de los 34 elementos del destacamento que supuestamente estaban bajo las órdenes del JC, a través de Soriano, y que –a decir del testigo protegido– recibían diversas cantidades de dinero por brindar protección al cártel del Golfo. Ellos son Luis Mario Candiani Simón, Moisés Carrera Santos, Juan Manuel Carmona Victoria, Luis Alberto Carmona Villalvazo, José Rosario Delgado Coronado, Marco Antonio Cano Salinas, Ernesto de León Treviño, Rafael Fernández Olvera, Francisco Durán Juárez, Roberto Velázquez Estrada, Vicente Eduardo Martín Anda Ortega, Alberto Montesillos Dueñas, Javier Ortiz Álvarez, Jorge San Gabriel Gómez. Así como Ramón Gabriel Serna Sánchez, Aníbal Carrillo Avelar, Juan de Dios Carbajal Carbajal, Sergio Carrillo Delfín, Juan José Cano Flores, Joel Omar Carmona Guerrero, Roberto Camargo González, Germán Alberto Castro Jaime, José Roque Campos López, Ricardo Iván Campos López, Lázaro Camarillo Macías, Giovanni Carrillo Ochoa, José Ángel Camacho Pérez, Alberto Carmona Rodríguez y Juan Manuel Carmona Rodríguez. Todos, afirma Halcón, debían evitar inquietar a los indocumentados. Los sobres con el dinero que repartían eran recogidos por Giovanni Carrillo Ochoa y Lázaro Camarillo Macías. Con respecto de las actividades de narcotráfico de Los Zetas: “Recibíamos instrucciones de los responsables en turno de no detener vehículos que nos parecieran sospechosos u ostentosos, con vidrios polarizados, sin placas de circulación o con placas sobrepuestas, lo cual variaba pues a veces utilizaban vehículos viejos”. El objetivo era que no se molestara a Los Zetas, pues de lo contrario éstos amedrentaban al personal de la PFP. Por su participación, cada elemento policiaco recibía entre 5 mil y 10 mil pesos cada mes. El capitán Durán Juárez –uno de los responsables de turno– daba aviso a Soriano cada vez que se realizaban operativos y rondines en la ciudad. La clave era “Quiúbole, ya andamos aquí en la ciudad”. Otra clave del capitán Durán para que no se descubriera de qué se estaba hablando era “¡Carajo!, estamos patrullando la ciudad”. Así, asegura, “en los operativos y retenes que se encontraban instalados en las entradas de la ciudad, debíamos de avisar en qué lugar estábamos; si se detenía a gente con droga, dinero o armas, y llamar a la gente de LosZetas para saber si eran de su grupo o no. Si no era de su gente, ellos pagaban por la droga, las armas y los detenidos. Ésa era la instrucción”. La autoridad no pudo demostrar la culpabilidad de 30 policías, quienes fueron declarados inocentes. Durante el interrogatorio del que fue objeto por parte del Ministerio Público adscrito al Juzgado, Halcón reconoce uno a uno a los 32 elementos, que en un legajo de fotografías le fueron presentados, como los agentes que recibían dinero de Los Zetas. Juan César Casillas Escobar y Roberto Velázquez Estrada también fueron señalados por Chacaltianguis, un testigo protegido de la PGR, como colaboradores del cártel del Golfo en la “plaza” de Tampico que controlaba el exjefe del cuerpo de seguridad de Osiel Cárdenas –extraditado a Estados Unidos en enero de 2007–, y Juan Carlos de la Cruz Reyna, el JC, que permitían el paso de vehículos con indocumentados a cambio de 9 mil pesos mensuales para los oficiales y 5 mil a los suboficiales. Los choferes de los vehículos solamente tenían que decir en los retenes que eran de “La Compañía” de Los Zetas. “Reconozco a quienes reciben dinero de Los Zetas o ‘La Compañía’, para ayudar al transporte de enervantes, y de sujetos que se dedican al tráfico de indocumentados, polleros, para dejar que pasen los vehículos sin mediar revisión. Ellos son Juan César Casillas Escobar y Roberto Velázquez Estrada”, afirma Chacaltianguis ante la representación social. En su declaración del 2 de junio de 2007 –en pleno auge del cártel del Golfo y Los Zetas–, el testigo refiere cómo trasladaban a los indocumentados hacia la frontera con Estados Unidos –hoy son secuestrados y en su caso reclutados o asesinados– a cambio de pagar a la “comunidad” el derecho de piso para evitar que fueran remitidos a las autoridades de migración. Otro testigo, Eduardo, señala que trabajó como escolta y chofer de Juan Carlos de la Cruz Reyna, en la “plaza” de Tampico. Ahí, como miembro del cártel del Golfo, conoció a Julio César Escobedo China, alias el 90, quien se encargaba de pagar la nómina al personal y a las autoridades, entre ellos a los policías, para que les brindaran protección. “Escobedo China dependía directamente de Juan Carlos de la Cruz Reyna, quien, además de coleccionar plumas Mont Blanc, tenía muy buena relación con el agente de la Policía Federal de Caminos, Eduardo Soriano Gómez, quien operaba a través de Gerardo O Segundo, clave 49, quien se encargaba de salir a carretera para arreglar todos los cruces y centros de revisión, así como todo lo relacionado con el transporte de la droga.” El expediente, que forma parte del proceso derivado del Operativo Conjunto Tamaulipas desarrollado por fuerzas policiacas federales, el Ejército y la policía del estado, contiene el testimonio del resto de los efectivos de la PFP, al frente de los cuales estaba el comandante Ernesto de León Treviño. Todos se declararon inocentes de los cargos que les imputaban los testigos protegidos de la PGR. En su declaración ministerial del 25 de octubre de 2007, Roberto Velázquez Estrada aseguró desconocer a la gente que estuviera relacionada con el cártel del Golfo y Los Zetas. Negó tener vínculos con el narcotráfico y el tráfico de personas y de armas, así como con Juan Carlos de la Cruz Reyna, el JC. Juan César Casillas Escobar también rechazó los ilícitos que se le imputan y refiere que lo expresado por el testigo Halcón es falso, ya que él se encontraba en Ecatepec, Estado de México, en un curso del Instituto de Capacitación Policial de la PGR, entre el 15 de mayo y el 20 de junio de 2007. Fuente: Revista Contralínea 251 / 18 de septiembre de 2011 ………….

Contralinea
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Nueva disputa de Romero y “La Quina” por el botín del Sindicato Petrolero...

Lunes 20 de junio de 2011

• Nueva disputa de Romero y “La Quina”
• La danza de miles de millones de pesos
• El pleito por 10 fideicomisos petroleros
• ¿Quién protege a Bernardo de la Garza?

…………. Movidos por intereses económicos, en las últimas semanas dos enemigos irreconciliables tuvieron contacto a través de representantes y oficiosos que buscan destrabar y recuperar miles de millones de pesos guardados en 10 fideicomisos abiertos en la década de los 80 en instituciones bancarias, dos de ellas Banamex y Bancomer. Se trata de dinero público que gobiernos priistas regalaban al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana por convenios que hacía con la Dirección General de Petróleos Mexicanos (Pemex), en tiempos en que Joaquín Hernández Galicia “La Quina” era el mandamás de ese entonces poderoso gremio. Varios negociadores intentaron reconciliar los intereses entre “La Quina” y el actual líder petrolero Carlos Romero Deschamps, enemistados de por vida por traiciones y acusaciones de corrupción entre ambos, pero al parecer el porcentaje que consideran les corresponde a cada uno de ese dinero salido de las arcas públicas, ha impedido llegar a un acuerdo que permita retirar de los fideicomisos miles de millones de pesos pertenecientes a los más de 100 mil trabajadores petroleros y quienes hasta ahora desconocen la existencia de esa fortuna que está oculta y que ha sido bien aprovechada por la banca ahora en manos de extranjeros. El primero que hizo contacto con representantes de “La Quina” para tratar de recuperar dichos fondos fue Ricardo Aldana, ese exdiputado priista y empleado de Romero Deschamps como tesorero del STPRM, quien también estuvo vinculado con el desvío de dinero para la campaña a la Presidencia de la República de Francisco Labastida Ochoa, en aquel caso de corrupción conocido como Pemexgate y que fue negociado por el entonces presidente Vicente Fox para que el PRI aprobara en el Congreso alguna de sus reformas políticas. Aldana intentó recuperar para su jefe Carlos Romero el dinero que el Sindicato Petrolero mantiene guardado desde hace tres décadas en diversos fideicomisos bancarios y que no ha podido retirar porque quien firmó en su momento los documentos fiduciarios fue Joaquín Hernández Galicia y ahora los mañosos bancos han visto este pleito entre los dos dirigentes petroleros como una oportunidad para apropiarse de dichos fondos multimillonarios. Cuando Aldana buscó a “La Quina” a través de terceros, el exlíder petrolero les planteó que aceptaba otorgar su firma para liquidar los fideicomisos y recuperar el dinero siempre y cuando el 80 por ciento de los casi 5 mil millones de pesos, es decir 4 mil millones, le fueran entregados a él, lo que de inmediato fue rechazado por Romero Deschamps y su empleado Ricardo Aldana, quienes pretenden apropiarse de dichos recursos bajo el argumento de que “todo pertenece al Sindicato y a los trabajadores que representamos”. Aunque ambos reconocen que para retirar los fondos necesitan el aval de “La Quina” o sentarse a esperar a que el viejo líder petrolero fallezca y en automático el actual representante sindical pueda hacer uso del dinero. Desesperados por apropiarse de los fideicomisos, Romero y Aldana echaron manos también del despacho de abogados del otrora llamado “Jefe” Diego, el cual entró al quite a través de su empleado el exprocurador general de la República, Antonio Lozano Gracia. Como dicen, no hay negocio multimillonario en México en donde no participe la asesoría e intermediación del viejo líder panista. Pues según declaraciones hechas a esta columna por el exsecretario general del gremio petrolero, Lozano Gracia junto con Aldana ha intervenido en las negociaciones con “La Quina”, a quien Romero Deschamps habría intentado sobornar con una maleta de dinero, pero Hernández Galicia no la aceptó porque pretendían que les firmara de “recibido”. ¿Cuánto dinero era Don Joaquín? –No lo se, porque nunca abrí la maleta. Pero sí la tuve enfrente y quien me la llevó fue Aldana y Lozano, quien me pidió firmar unos documentos. Como tampoco funcionó esa intermediación, otro priista de oscuro pasado y exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, se reunió por separado la semana anterior con ambos dirigentes petroleros y trató de mediar en la recuperación de los recursos. Esta vez, el problema para alcanzar un acuerdo económico es que Figueroa exigía el 50 por ciento del total de los fondos guardados en los fideicomisos petroleros, lo cual fue rechazado por “La Quina”, quien insiste en que a él le corresponde el 80 por ciento, mientras que Romero Deschamps quiere quedarse con todo. Apenas este fin de semana pasado, el dirigente petrolero dio prácticamente por muertas las negociaciones con “La Quina” y dice que se ha retirado de la mesa porque es imposible hablar con el viejo líder, quien por su lado no baja de corrupto y de “gato” del gobierno a Romero Deschamps. Mientras los insultos van y vienen entre “La Quina” y Romero, lo único cierto es que en esos fideicomisos hay miles de millones de pesos que salieron de las arcas de la principal paraestatal del Estado mexicano y que ahora los bancos se niegan a reconocer la existencia de dichos fondos y aprovechan el pleito intergremial para apropiarse de los recursos millonarios. ¿Quién protege a Bernardo de la Garza Hesles? Inexplicablemente, el abogado Bernardo de la Garza Hesles, egresado del ITAM, sigue ocupando puestos relevantes en el organigrama de Petróleos Mexicanos (Pemex). Su curriculum destaca que fue a través de la bolsa de trabajo de su universidad, como logró llegar a Petróleos Mexicanos Internacional (PMI) y, tras 18 años de trayectoria, convertirse en director Comercial del organismo que se encarga de las operaciones internacionales de la paraestatal. Podría parecer todo un ejemplo de meritocracia. De la Garza Hesles trabajó directamente con Rocío Cárdenas Zubieta, funcionaria que es investigada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el caso de una supuesta malversación de fondos. Según la Contraloría Interna, Cárdenas estaría involucrada en la contratación irregular de un estudio utilizado en la defensa de su exsubordinada y “amiga” Karen Miyasaki, acusada de defraudar por 13 millones de dólares al erario, sujeta a proceso penal e inhabilitada de la función pública. El análisis, que costó 21 mil 500 dólares, habría sido adjudicado a PIRA Energy ex profeso para “justificar” compras irregulares de combustibles. La SFP también indaga todos los esquemas vigentes en la filial de Pemex para adquisición de combustóleo, diésel y gasolinas en el mercado internacional, en donde, por supuesto, Bernardo de la Garza Hesles tendría que rendir cuentas como responsable de la Dirección Comercial de Crudo. Sabemos de buena fuente, que pronto habrá noticias sobre esto y en donde más funcionarios de Pemex tendrán que rendir cuentas con la justicia. Una investigación de la reportera Nancy Flores publicada en Contralínea, también ubica a De la Garza Hesles entre los funcionarios que, según la Auditoría Superior de la Federación, tarde o temprano tendrán que explicar al Poder Legislativo la decisión de no reportar las ganancias de las empresas “privadas” de Pemex y, por consiguiente, de manejar miles de millones de pesos al margen de la hacienda pública. Esa es una responsabilidad que recae enteramente en funcionarios de PMI Comercio Internacional. Entre los funcionarios se encontraría María del Rocío Cárdenas Zubieta y, por supuesto, De la Garza Hesles, como exdirector comercial de Petróleo Crudo y miembro del Consejo de Administración de Pemex Internacional España, según indica el historial mercantil de esa empresa, obtenido por Contralínea a fines de 2009 en el Registro Mercantil de Madrid. El mismo historial da cuenta de otros dos nombres que, sin embargo, no figuran en los directorios de la paraestatal ni de sus subsidiarias: Raúl Fortunato Cardoso Maycotte e Ismael Hernández Amor. Por eso, otra vez resulta inexplicable que De la Garza Hesles saltara –sin mayor problema y sin antes rendir cuentas de sus anteriores responsabilidades – a la Dirección de Pemex Refinación, en donde trabajadores y proveedores se quejan de los cambios y resultados en materia de productividad dentro del área. Hasta la oficina del director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, ha llegado el cúmulo de quejas en contra de Bernardo de la Garza. Miguel Tame, director general de Pemex Refinación también está al tanto de la situación pero extraña que, hasta el momento, no tome cartas en el asunto y aumente la vigilancia sobre las actividades y decisiones del abogado egresado del ITAM en un momento clave para la filial de Pemex. Resulta en este segundo semestre de 2011 inicia, bajo la nueva Ley de Petróleos Mexicanos – aprobada en 2008 –, una ronda de importantes licitaciones internacionales para renovar contratos dirigidos a cubrir servicios estratégicos en las siete refinerías de la paraestatal. Hasta donde sabemos, Tame le ha encomendado a De la Garza la fase operativa de estas licitaciones mientras aumentan las quejas en torno a su gestión y se temen nuevas irregularidades. De hecho, el diseño de las licitaciones ya ha provocado que muchos levanten la ceja y se pregunten si la elaboración del documento lleva dedicatoria. Los mismos legisladores del PAN están sorprendidos con la manga ancha de la que goza De la Garza. En marzo pasado, el diputado José Luis Ovando del blanquiazul pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la SFP que investiguen la asignación sin licitación que se hizo de un contrato por más de 42 millones de dólares a la empresa estadounidense KBC Advanced Technologies Inc por parte de la Subdirección de Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) Refinación. El legislador asegura que cuenta con datos, cifras, documentos e informes sobre una serie de irregularidades que pide sean corroboradas por las autoridades de PGR y de la Función Pública, con el fin de deslindar responsabilidades por las irregularidades que se han descubierto en la operación de esa área de la paraestatal y que incluso han llevado a que Pemex resienta pérdidas en sus ingresos. Por ello, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados promueve que Bernardo de la Garza Hesles rinda ya un informe sobre la operación del área a su cargo y donde se han encontrado presuntas irregularidades, para empezar que se investigue a la firma inglesa KBC Advanced Technologies Inc, que recibió un contrato de 42 millones de dólares por asesoría. El sustento legal de ese contrato aún se encuentra en tela de juicio, porque además el área a cargo de Bernardo de la Garza registró ingresos menores de hasta 1.40 dólares por barril de petróleo desde la llegada de este abogado. No sólo eso, en lo que va del presente año se han procesado un millón 237 mil barriles diarios, de los cuales sólo se han elaborado 424 mil barriles diarios de gasolinas, 341 mil de destilados intermedios, 322 mil de combustóleo y 149 mil de diversos. Lo anterior se traduce, en que se han dejado de producir 136 mil barriles por día de productos, con respecto a la meta fijada para 2010, que era de un millón 373 mil barriles de productos, y 116 mil barriles con respecto a 2009, lo que demuestra un aumento de gasolinas y de petrolíferos en general. En resumen, dicen los trabajadores de Pemex, el peor año de producción en los últimos 10 años. No sólo eso, las refinerías bajo la responsabilidad de Pemex Refinación enfrentan una grave situación de mantenimiento que bien podría haberse mejorado con los 42 millones de dólares que De la Garza pagó por “asesorías” que aumentan la sospecha de que el abogado conoce poco del proceso de producción en estas plantas. Como trader en el mercado petrolero – con precios históricamente altos – dejó mucho que desear, ahora esperemos los resultados en Pemex Refinación. PUBLISHED IN: ARCHIVO | ON JUNIO 20TH, 2011 | ………….

Oficio de Papel
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Calderón, “un peligro para México”... ¡Pobre México!

Calderón, “un peligro para México”

Autor: Miguel Badillo *

…………. La salud del presidente de la República es un asunto de seguridad nacional. Sus decisiones afectan, para bien o para mal, la vida de los mexicanos, y determinan las relaciones políticas, económicas y sociales con otros países. Por ello, el gabinete de seguridad nacional debe preocuparse y ocuparse de lo ocurrido hace unos días a su jefe Felipe Calderón, quien, ante un clima de terror y presión por la amenaza del narcotráfico, ha llegado a un punto mental de negar dichos y hechos que antes repetía con insistencia. Hace dos semanas, Calderón afirmó, en un diálogo con organizaciones civiles, que nunca había calificado como una “guerra” el combate que el gobierno federal sostiene en contra de la delincuencia organizada. De inmediato, los medios de comunicación desmintieron al presidente y exhibieron –con grabaciones de imagen y voz– cómo desde que llegó a Los Pinos ha repetido una y otra vez que se trata de una “guerra” (sic) del Estado en contra de los cárteles de la droga. Esta contradicción en el pensamiento del mandatario mexicano no es cosa menor y debe ser analizada por un cuerpo médico de especialistas, quienes deben determinar su estado de salud física y mental para que el Congreso considere si el jefe del Ejecutivo está en condiciones de gobernar. Sobre todo porque el tema de la delincuencia organizada y la violencia que asola el país –con un saldo de más de 34 mil ejecutados en sus cuatro años de gobierno, de los cuales más de 15 mil fueron asesinados en 2010– lo ha sometido a duras críticas y presiones. Recordamos que hace algunos años, cuando arrancó su campaña a la Presidencia, Calderón se refirió al candidato opositor Andrés Manuel López Obrador como “un peligro para México”, y hace apenas unos meses, en una entrevista radiofónica, al explicar el motivo de aquella dura declaración, el mandatario argumentó que el odio y la rabia social del excandidato presidencial habían contaminado a un importante sector de la sociedad. Ahora, desesperado, contradictorio y bipolar en su forma de gobernar, Calderón es quien debe someterse a un tratamiento clínico para determinar si está en condiciones de salud adecuadas para seguir tomando decisiones sobre el rumbo del país y que sean las mejores para los mexicanos, o aclarar si él es quien se ha convertido en “un peligro para México”. En Estados Unidos, el Departamento de Estado coincide en la urgencia de revisar si Calderón está en condiciones de gobernar. Así lo hizo saber la secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien, según las filtraciones de Wikileaks sobre México, solicitó en uno de los cables fechado en diciembre de 2009 se le informara cómo están afectando en la personalidad del presidente Felipe Calderón y en su forma de gobernar las noticias adversas de la “guerra” contra el narcotráfico y la crisis económica en México. También el gobierno de Obama considera que el mandatario mexicano puede ser un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Un trastorno afectivo bipolar Como referencia, en Wikipedia se explica que la enfermedad de trastorno afectivo bipolar, también conocido como trastorno bipolar y, antiguamente, como sicosis maniaco-depresiva, es el diagnóstico siquiátrico que describe un trastorno del estado de ánimo caracterizado por la presencia de uno o más episodios con niveles anormalmente elevados de energía, cognición y del estado de ánimo. Agrega que clínicamente se refleja en estados de manía o, en casos más leves, hipomanía junto con episodios concomitantes o alternantes de depresión, de tal manera que el afectado suele oscilar entre la alegría y la tristeza de una manera mucho más marcada que las personas que no padecen esta patología. Por lo general, dice Wikipedia, tiene expresión por un desequilibrio electroquímico en los neurotransmisores cerebrales. Adicionalmente, debido a las características del trastorno bipolar, los individuos tienen más riesgo de mortalidad por accidentes y por causas naturales, como las enfermedades cardiovasculares. A pesar de ser considerado un trastorno crónico y con una alta morbilidad y mortalidad, una atención integral que aborde todos los aspectos implicados, biológicos, sicológicos y sociales, puede conseguir la remisión total de las crisis, de ahí la gran importancia de que el diagnóstico del afectado sea correcto. El elemento básico para el tratamiento del trastorno bipolar es la toma de conciencia del problema, su conocimiento por parte del afectado y sus allegados mediante una sicoeducación adecuada que les permita hacer frente a las crisis, sin temores infundados y con las herramientas más válidas; así como prevenir las recaídas. La terapia farmacológica personalizada, especialmente durante las fases de desequilibrio, es otra de las claves. Benzodiazepinas, antisicóticos y estabilizadores del ánimo son los fármacos más utilizados. Los patrones de cambios del estado de ánimo pueden ser cíclicos, comenzando a menudo con una manía que termina en una depresión profunda. En ocasiones, pueden predominar los episodios maniacos o los depresivos. Algunos de estos trastornos se denominan “de ciclado rápido”, porque el estado de ánimo puede cambiar varias veces en un periodo muy breve de tiempo. Otras veces se presenta el llamado “estado mixto”, en el que los pensamientos depresivos pueden aparecer en un episodio de manía o viceversa. Faltan todavía dos años para que el actual gabinete pase al retiro. Si en 2010 hubo más de 15 mil muertes, para 2011 y 2012 el nivel de violencia podría aún ser peor. Por eso es importante que todas las decisiones que tome Felipe Calderón sean las mejores y, sobre todo, se tomen con la mejor capacidad mental posible. *Periodista Fuente: Contralínea 217 / 23 de enero de 2011 ………….

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http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/01/23/calderon-un-peligro-para-mexico/
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PANarcos en los Pinos...

Juegos, sorteos y ¿narco?

Autor: Miguel Badillo

…………. Será sólo coincidencia, pero desde que llegó el Partido Acción Nacional (PAN) a Los Pinos, hace 10 años, los centros de apuestas de juegos y sorteos han proliferado en todo el país. Y si a esto sumamos que la única responsable de regular todos los juegos de azar es la Secretaría de Gobernación, precisamente la encargada de la política interna, pues no hay duda de que los gobiernos federales del PAN son los promotores de estos establecimientos, muchos de ellos irregulares y verdaderos centros de lavado de dinero. Según expertos internacionales en investigar delitos de cuello blanco, son precisamente las casas de juegos y sorteos de azar en donde se lavan cuantiosas fortunas, cuyo origen se relaciona con narcotráfico, secuestros, tráfico de armas, prostitución infantil y fraudes financieros, entre muchos otros delitos. Llama la atención que sean dos gobiernos conservadores y de ultraderecha, los de Vicente Fox y Felipe Calderón, los que hayan promovido estos negocios, en donde el crimen organizado participa activamente, mientras que las autoridades no hacen algo para detenerlos. Lo más grave es que muchos de estos establecimientos operan al margen de la ley, es decir sin que las secretarías de Gobernación y de Hacienda regulen su funcionamiento. La primera, en relación con los permisos y el cobro de cuotas, y la segunda, en el cumplimiento del pago de impuestos. ¿Quién permite entonces su operación y funcionamiento, principalmente en los estados de la frontera Norte de México? ¿Cómo creerle a Felipe Calderón cuando dice que lucha en contra de bandas de la delincuencia organizada, si el gobierno que él dirige permite el crecimiento de la industria del juego irregular, en donde se blanquean capitales sucios, muchos de ellos vinculados directamente con el tráfico de drogas? En esta industria de juegos y sorteos algo raro pasa. Algunos negocios sí están regulados y vigilados por autoridades fiscales, financieras y judiciales, pero otros no. Los que se han sometido a las leyes en la materia, enfrentan los efectos de la crisis como cualquier otra actividad industrial, pero los que operan irregularmente y que no pagan impuestos son una competencia desleal. En 2008, antes de que estallara la debacle de los mercados financieros con un claro impacto en la economía, los principales actores en la industria del juego tuvieron ingresos por más de 531 millones 41 mil 700 pesos. En 2009, los permisionarios de negocios como hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuestas remotas –los famosos books– y las salas de sorteos de números vieron disminuir sus ingresos en 56 millones 841 mil 700 pesos, al caer las cifras a 474 millones 200 mil pesos, es decir 10.7 por ciento menos. Para 2010, el sector espera una leve recuperación, sin llegar a las cifras alegres de 2008, y pronostica cifras apenas por arriba de 2009. Por ejemplo, el negocio Caliente, de la familia Hank Rhon, vendió parte de su empresa a un grupo español, mientras que el empresario José María Guardia, Chema, con una gran participación en la industria del juego en la región de la frontera Norte, ha tenido una muy mala racha a pesar de sus buenas relaciones con la jerarquía eclesiástica del país, en donde el mismo cardenal Norberto Rivera ha inaugurado los centros de apuestas. Los llamados negocios legales en esta industria tienen que cumplir con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, una tasa del 35 por ciento. Además, deben cubrir el pago de derechos a la Secretaría de Gobernación. Y, a diferencia de otros sectores como el de las cigarreras que trasladan cualquier incremento en impuestos al consumidor, elevando el precio de los productos para su venta final, la cerrada competencia en la industria del juego y los problemas económicos hacen prácticamente imposible que los negocios relacionados eleven sus tarifas. Otra opción sería reducir el monto de los precios. Sin embargo, esa alternativa también está descartada en el mundo de las apuestas, pues también representa una reducción en la asistencia a las salas de jugadores. Por ello, los negocios ilegales que están involucrados en esta onerosa industria y que no cumplen con el pago de impuestos y derechos ante Gobernación tienen amplias ventajas sobre los establecimientos legales. No es extraño entonces que los empresarios de esta actividad tengan plenamente identificados los establecimientos irregulares que ofrecen a los jugadores mayores premios y a sus empleados mejores condiciones laborales, pues simplemente operan fuera de la ley. La Secretaría de Gobernación, a cargo de Francisco Blake, debería estar preocupada, porque, sin permisos, operan decenas de establecimientos en todo el país, mientras que la Secretaría de Hacienda, cuyo titular es Ernesto Cordero, tampoco hace algo para cobrar los impuestos correspondientes, y mucho menos vigila que éstos no sean utilizados para el blanqueo de capitales producto de delitos como el narcotráfico. Entre los estados donde se ha identificado la operación de establecimientos irregulares o fuera del marco legal, está Coahuila, con al menos 15 negocios de juegos y apuestas que operan sin el permiso de Gobernación. Estos centros cambian constantemente de razón social sin perder su mercado. Otra región con este problema es Nuevo León, en donde además de la violencia que mantiene aterrada a su población, su capital se ha convertido en un centro de apuestas. En esta entidad, operan, por lo menos, siete casas irregulares. La misma situación se vive en Tamaulipas, con ocho centros de apuestas al margen de la ley; Sinaloa, una, y Sonora, tres. Seguramente serán el Departamento del Tesoro de Estados Unidos o la agencia antidrogas estadunidense los que investiguen esas operaciones ilegales en los centros de apuestas y después informen en su lista anual cómo se lava dinero en México. Contralínea 210 / 28 de Noviembre de 2010 ………….

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http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/11/28/juegos-sorteos-y-%C2%BFnarco/
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