MÉXICO, D.F., 25 de marzo (apro).- Ignacio del Valle fue condenado a más de cien años de prisión, por haber sido la cabeza visible de los campesinos de Atenco que se opusieron a un acto de autoridad que quería arrebatarles sus tierras.
La represión contra Atenco y sus pobladores derivó en un ataque sexual a más de 24 mujeres que no han conseguido justicia. Esa represión ha sido condenada en el mundo, al igual que los asesinatos de más de 600 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde hace casi 15 años en que se conoció la barbarie.
En las últimas semanas, México ha sido señalado por un sinnúmero de organismos internacionales por el caso de las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, y ahora tirios y troyanos han alzado la voz para que sean liberadas.
Este caso es harto evidente de cómo se violan los derechos humanos en México. Se trata de dos indígenas de Querétaro, enjuiciadas por un supuesto secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en un mercado de Mexquititlán, y condenadas por el juez cuarto de Querétaro a 21 años de cárcel. Llevan tres. En la prisión,
Teresa dio a luz a una niña, ahora de un año de vida.
Por el mismo caso fue detenida y enjuiciada Jacinta Francisco Marcial, liberada en septiembre pasado. A ella le dijeron: “Usted dispense”, pero todavía no opera la reparación del daño.
La contundencia de los hechos que llevaron a estas mujeres a la cárcel involucra a un sistema cómplice y corrupto que llevó a Amnistía Internacional a declarar a Alberta y Teresa como presas de conciencia.
La visita al penal de San José El Alto que hicieron senadores del PRI, encabezados por Manlio Fabio Beltrones, y los buenos oficios legales y mediáticos del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, nos dicen que es posible que Alberta y Teresa sean liberadas.
México ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de siete jóvenes asesinadas y halladas en lo que se conoce como Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y hay una docena de casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el de los 65 mineros que murieron a causa de la explosión de la Mina de Pasta de Conchos, en Coahuila.
A pesar de todo, existen también numerosas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso de Ciudad Juárez y en el de Pasta de Conchos; se conforman expedientes por el caso de Atenco, y es insoportable la situación documentada en Oaxaca por los casos de Loxicha y la región Triqui, además del conflicto social de 2006 por innumerables violaciones a derechos humanos.
Frente a todo ello, ha habido silencio, el más sepulcral de prácticamente toda la clase política. Ahora sorprende imaginar al jefe político del Senado, por parte del PRI, encabezando lo que él llama con urgencia “presión política”; llama la atención su discurso, sus declaraciones, su interés, cuando no apeló a la justicia frente a horrendos crímenes, como los que todos los días se comenten en los campos de batalla abiertos en el país por Felipe Calderón y el Ejército.
Alberta y Teresa son dos indígenas que no dejaron que los AFI robaran sus mercancías, las de Teresa principalmente. Alberta comenta que se opuso y pidió a los policías que justificaran su presencia. Por eso se dice que las detuvieron por venganza.
Lo cierto es que se trata de un caso ominoso, insoportable e inadmisible. Tres años en la cárcel en completa inocencia. Jacinta pasó más de dos años.
No se puede negar que ahora hay un halo de esperanza, como ellas dicen. No obstante, el Ministerio Público que las acusó, los integrantes de la AFI, todo el poder, el juez ciego y necio que las condenó, nadie, absolutamente nadie, piensa en los años perdidos, en las penas, en esa vida de reclusorio que no se me ocurre pensar cómo es de terrible.
Lo más grave es que ahora nos vayamos a festejar jubilosos y jubilosas que, por fin, tanta demanda, tanta denuncia, tantos trabajos jurídicos, finalmente servirán para algo. Ahora mismo ponemos todos nuestros sentidos en la decisión que tomará el estudio que hace la ministra Olga Sánchez Cordero, tras la decisión de la Suprema Corte al admitir el caso para analizar la injusticia.
Lo grave es que hay otros muchos casos que no han sido atendidos. Quizá, y pensando electoralmente, Beltrones ya se apresura a proponer que sean enjuiciadas las autoridades que no cumplan las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Demasiada amargura y pesadez costará ese párrafo en alguna ley, pero será muy lamentable que ello no cambie la vida de las amenazadas con cárcel por aborto en Guanajuato, Veracruz, Guerrero e Hidalgo, donde sabemos hay este tipo de injusticias.n Lamentable será que esta pirotecnia del viejo lobo de mar, Beltrones, sea sólo eso y no se haga justicia en todos los casos de clara y evidente violación a los derechos humanos, como lo han señalado las mismas instancias que han puesto los ojos en Alberta y Teresa.
Ellas, sin embargo, han de saber en el tiempo lo significativo que será su arbitraria detención y su injusto juicio. Es una lección, sin duda; es también un paréntesis a tanta desgracia. Ojalá que la Procuraduría de Justicia de Querétaro retire su acusación, antes mejor que la niña de Teresa, de apenas un año, tenga que permanecer en esas catacumbas del Cereso, donde aprende a caminar y a decir sus primeras palabras.
Pero negarse a mantener en alto la denuncia de los casos ominosos que cubren al gobierno de Felipe Calderón e imaginar que se puede ocultar la estela de atrocidades, sería como renunciar a la memoria, al sentido de la vida y la decencia, por no hablar de ética y sentido común.
Esperemos el final de esta historia.
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