De la Suprema Injusta...

JUECES

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ÍNDICE POLÍTICO

FRANCISCO RODRÍGUEZ

JUECES

Un poder judicial materializado verticalmente es tan aberrante y peligroso como un ejército horizontalizado

Eugenio Raúl Zaffaroni

TIENEN A SU disposición salarios de jeque saudita… para que no se corrompan: más, mucho más, de 500 mil pesos mensuales.

Y partidas personales sin comprobar que superan el millón de pesos anuales, sólo para comidas.

Y gastos para publicar libros de un millón de pesos más, sin que tal los obligue a publicar una sola línea.

Y bonos por decanato… Y aguinaldos…

Y con recursos de los contribuyentes, les cambiamos los focos fundidos de sus mansiones, pagamos los servicios domésticos y los de plomería, jardinería…

Y hasta sus gravámenes y gabelas, pues la Corte como institución absorbe el pago que cada cual debiera hacer de Impuesto Sobre la Renta.

Decían antes que el estado ideal de un político era el de senador de la República. Falso. Hoy, no cabe duda, lo es el de ministro de la Suprema Corte de… ¿de qué?, ¿de qué?

Porque son políticos, no imparciales juzgadores. Malos políticos que no interpretan a los habitantes de la polis, pero políticos al fin y al cabo.

Escudados en su autonomía (jejeje), además, no permiten que la Auditoría Superior de la Federación se entrometa en cómo es que al seno de todo el Poder Judicial manejan los ingresos y egresos presupuestales.

Más los que reciben de ciertas dudosas incautaciones.

Como la de Zhenli-Ye-Gon, que ascendió a varios centenares de millones de pesos, dizque pa’ las jubilaciones.

Porque ha de saberse que las reformas a la Ley del ISSSTE a ellos no les afectan. Jubilados y ociosos, percibirán exactamente lo mismo que "en el activo". Ni un peso menos. Ni un centavo, siquiera, ¡qué caray!

Y además viven de donativos, ofrendas y regalos.

Que el señor gobernador ya les dio un terreno por aquí. Y que aquél otro mandatario estatal, materiales de construcción por allá. Prácticamente no erogan en la construcción de sus suntuosos Palacios de Justicia (jejeje) federales. Aplausos, palmaditas en los lomos de todos, risas, convivencias y connivencias, ¡faltaba más! Como dice la canción, "¡tú y yo somos uno mismo!"

Y más de lo mismo. Hoy, como ayer, cuando dieron por válido el anatocismo –intereses sobre intereses--, siempre y cuando los beneficiarios fueran los bancos, las telefónicas, las tiendas departamentales… nunca el acreditado, el usuario, el cliente, los jodidos.

Mañana harán lo mismo. Con los centenares de miles de amparos contra las reformas a la Ley del ISSSTE. Y pasado mañana, igual.

Son los privilegiados entre los privilegiados.

Y aún así, yo no quisiera ser uno de ellos. Tanto dinero, tantos redituables negocios y comercio con las leyes, no compensan el cómo la Historia que está por reescribirse juzgará a estos "juzgadores", ¿no lo cree usted así?

www.indicepolitico.com / pacorodriguez@journalist.com

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La suprema Injusticia...

Injusticia en la Suprema Corte

La Jornada
miércoles 5 de diciembre de 2007

Arnoldo Kraus

¿Qué queda entre las aguas que sepultaron buena parte de Tabasco y la exoneración del gobernador de Puebla, Mario Marín, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)? Queda el México atrapado por la injusticia, el México sin solución y con mínimas esperanzas sobre temas tan críticos como la ética de los funcionarios públicos. Queda también el incremento en el descrédito hacia el gobierno y el repudio hacia sus instituciones.

Mientras que las aguas desvelan mucho de lo que no hicieron los gobernadores y sus secuaces en Tabasco, el fallo, ya desde ahora histórico de la SCJN, al exculpar al gobernador Marín de las acusaciones por la violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho muestra el desprecio de la Corte hacia el grueso de la población mexicana.

En el México contemporáneo, la naturaleza y algunos de los encargados de impartir justicia hermanan a la población; ambos actos exponen la brutal desprotección de la sociedad y, en el caso de la periodista, la inutilidad de la razón. El affaire Marín-Cacho-SCJN refleja también otras realidades execrables y temibles que pueden resumirse en las siguientes preguntas: si se exonera a un gobernador, a todas luces responsable ante la opinión pública nacional y mundial de vulnerar los derechos humanos de una periodista, cuyo nombre ha recorrido el planeta, ¿qué le espera a la población innominada y cuáles son las lecciones de esta lamentable decisión?

La enseñanza que deja la conclusión de la SCJN es que en México la justicia es endeble, acomodaticia y magra. Testigos de esa actitud son los millones y millones de innominados, sean las menores cuyos derechos humanos habían sido violentados por Kamel Nacif, el celebérrimo amigo de Mario Marín, los heroicos poblanos que han sido expulsados de sus tierras y desde los restaurantes de Nueva York mantienen a sus familiares ante la inoperancia y la corrupción de sus gobiernos o el resto de los mexicanos transparentes, como los tabasqueños, sepultados por la ineptitud y los hurtos de sus gobernadores.

Para quienes hemos seguido el caso de Lydia Cacho, la lamentable decisión de la SCJN transmite un mensaje muy claro: mientras nos gobiernen quienes nos han gobernado los derechos humanos en México nunca se respetarán. Lo mismo puede decirse de la justicia y de la ética, cuya prioridad es casi nula para las autoridades mexicanas. Es obvio que si a nuestro gobierno no le preocupa exponerse ante el mundo, a pesar de la reputación de Cacho, menos le intranquiliza la suerte de millones de innominados.

La resolución de los magistrados es lamentable por el desdén que implica contra el grueso de la opinión pública; aunque no cuento con estadísticas –no creo que existan–, comprometo mi opinión al afirmar que la mayoría de las personas enteradas del caso Marín-Cacho están convencidas de las terribles amenazas sufridas por la periodista. No sobra recordar que el meollo del asunto es el tráfico de menores con fines sexuales, tema nefando para el cual no existe perdón posible.

A los sinsabores anteriores deben agregarse la vindicación de la impunidad como sino de la “democracia a la mexicana”, la inseguridad de la población acentuada por la decisión de la SCJN y la creciente falta de confianza de la sociedad hacia las instituciones gubernamentales. Todo un ramillete marchito del panorama político y legal del México contemporáneo, cuya suma deviene desesperanza: los mexicanos no contamos con garantías individuales. No sobra recordar que el presidente Calderón condenó a Marín en 2006: “Mi repudio y mi más enérgico rechazo a la actuación del gobernador de Puebla… en el caso de la detención de la periodista Lydia Cacho”.

La decisión de la SCJN alarma. Si bien fue una votación “apretada”, seis contra cuatro, la mayoría de los magistrados consideraron que “no se puede afirmar… que Marín tuvo la participación que se le imputa”. Si bien las grabaciones telefónicas no son un método ético para obtener información, lo que escuchamos en los diálogos, no precisamente platónicos entre Marín y Nacif, aunados al resto de las evidencias demostradas por la periodista, son elementos suficientes para saber que la razón asiste a Cacho y que la resolución de la Corte no sólo es un agravio contra la nación, sino una infamia contra su propia imagen.

Descreer en estructuras supuestamente acreditadas y neutrales es signo ominoso. Con su fallo la Corte abre la puerta para que los Marín, los Nacif y los Succar sigan no sólo reproduciéndose ad nauseam, sino que avala sus acciones y las apoya.

Fallo sobre Lydia Cacho preocupa a ministros

Fallo sobre Lydia Cacho preocupa a ministros

A diferencia de otros juicios, los ministros de la Suprema Corte demandan que en este asunto se les juzgue por separado, con base en sus argumentos, su propia responsabilidad y con su voto. Piden que se analicen en su portal de internet las versiones estenográficas y los videos de las tres sesiones sobre el caso

Carlos Avilés
El Universal
Miércoles 05 de diciembre de 2007

Los ministros de la Corte están preocupados y piden que sobre el caso de la periodista Lydia Cacho se les juzgue por sus argumentos, que difunden en su página de internet (www.scjn.gob.mx). Pero eso sí, por separado.

Cada quien con su propia responsabilidad. Cada quien con su voto. De sus 11 integrantes, a la sesión del pasado 29 de noviembre no asistió José Fernando Franco González Salas por hallarse en comisión. A la pregunta “¿existieron violaciones graves y confabulación de autoridades?”, los ministros respondieron:

A FAVOR

Juan Silva Meza

“Repito, sí queda probada la violación grave de garantías individuales de la señora Lydia Cacho Ribeiro, sí existió concierto de autoridades para llevar a cabo esa violación, y sí es posible determinar a las autoridades involucradas en esa violación. Mi respuesta es obvia. Un sí monosilábico pero que encierra todo el contenido de una investigación seria y profesional, realizada por mandato de este tribunal pleno. Tengo la convicción plena de que en un estado constitucional y democrático de derecho, la impunidad no tiene cabida”

José Ramón Cossío

“Por su puesto que no vamos a encontrar, en una actividad realizada por autoridades públicas, pruebas o confesiones o elementos directos; me parece que sería realmente ingenuo suponer que esto va a acontecer, justamente cuando el concierto puede tener la presunción o la intención de lastimar a una persona. Si uno toma el registro de las llamadas telefónicas que aceptamos como prueba documental y al valorar, uno se da cuenta que existen ciertos patrones ... que permiten comprobar una violación grave derivada de un concierto de autoridades. Allí es donde me parece que está, insisto, la nota de gravedad”

Genaro Góngora Pimentel

“Para mí sí quedó probada la violación grave. Para mí sí hubo concierto de autoridades, lo que se demuestra con ese flujo de llamadas y con las irregularidades en el expediente. Lo grave es que el gobernador hubiera utilizado al Poder Judicial local para esta violación de garantías y a mí me parece que el señor ministro instructor logró demostrarlo”

José de Jesús Gudiño Pelayo

“Yo creo que sí hubo violación grave de garantías individuales. Considero que sí hubo concierto de autoridades, está plenamente demostrado a través de la prueba circunstancial, debidamente, lógicamente, engarzadas”

EN CONTRA

Sergio Aguirre Anguiano

“Para mí no existe probado, con prueba idónea, en la especie, que la señora Cacho haya sufrido violación grave de sus garantías individuales. Reconozco ante todo su derecho de escribir lo que le plazca, de publicar lo que le plazca, reconozco que no podrá haber acciones penales hoy por hoy en contra de ella si calumnia, en el caso de que lo haga, pero lo que no reconozco es su derecho a cambiar las versiones de lo que le pasó. Fue aprehendida en Quintana Roo, eso es cierto; fue trasladada a Puebla con agentes judiciales varones, esto es cierto, cuando menos está debidamente probado; fue, se dice, con posterioridad seguida por una intimidante camioneta blanca marca Liberty; bueno, depende del ánimo de la persona, hay quien se puede intimidar con una bicicleta, una camioneta, o con un tráiler, para mí esto carece de significación”

Mariano Azuela Güitrón

“Muy brevemente, coincido con el ministro Sergio Aguirre... no está probada la violación gravísima de garantías individuales”

Margarita Luna Ramos

“Durante el proceso de la señora Cacho, pudo o de hecho, hubo violaciones a sus garantías individuales, me queda clarísimo; nada más bastó ver el expediente para en un momento dado advertir que sí pudo haber muchas violaciones a sus garantías individuales, pero violaciones posiblemente resarcibles. ¿A través de qué? A través de los medios jurídicos que establece nuestro propio sistema jurídico; no aquellos determinados y establecidos para que esta Corte realice una investigación y además emita una recomendación, en términos del artículo 97 constitucional”

Olga Sánchez Cordero

“Yo estimo que los traslados en general no son agradables ni mucho menos. Ni siquiera, a veces muestran los oficios de colaboración, son traslados que se hacen entre las procuradurías, con policías judiciales, no necesariamente agradables, y éste es el caso, y el caso es que ella cuando menos sintió tortura sicológica. Pero es inexacto lo que se afirma en el sentido de que existen elementos suficientes para tener por demostrada la injerencia del funcionario, en este caso del gobernador o de otras autoridades, para que existiera un concierto para violar sus garantías individuales”

Guillermo Ortiz Mayagoitia

“Esa grabación demuestra, a lo más, una relación de lo que hablaron el señor gobernador y Kamel Nacif. Demuestra quizá, sí, de llegarla a aceptar como tal, una intervención aislada para que se llevara adelante un proceso penal, cuyas irregularidades nos las ha puesto de manifiesto el señor ministro titular de esta Comisión de Investigación. Y yo diría (que) son irregularidades m e n o r es … en todo caso una señal mal interpretada por parte de quienes ejecutaron los restantes actos”

Sergio Valls Hernández

“Considero que de las quinientas treinta y tres fojas que forman este expediente 2/2006, no se acredita de manera fehaciente violaciones graves a las garantías individuales de la señora Lydia Cacho Ribeiro; es decir, no tenemos elementos que nos permitan afirmar con plena certeza y no en base a suposiciones, que se produjeron violaciones leves o graves a las garantías individuales de la señora Cacho Ribeiro”