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viernes, 24 de junio de 2011

El Ejército matón debe irse a su cuartel... Y FECALrón a la cárcel...

Desmilitarización: uno de los porqués...

Víctor M. Quintana S.


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La noche del 29 de diciembre de 2009 en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a la fuerza y sin orden judicial a tres jóvenes: Nitza Paola Alvarado Espinoza, de 31 años; a su primo José Ángel Alvarado Herrera, de 30 años, y a la prima de ambos, Rocío Irene Alvarado Reyes, de 18. Permanecen desaparecidos desde entonces. Pero gracias a la reacción de la familia y de tres organizaciones de derechos humanos está a punto de lograrse la primera resolución de revisión de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en contra de una acción de los operativos conjuntos de policías y Ejército iniciados por Calderón en 2006.

Hay pruebas de que fueron elementos del Ejército Mexicano quienes privaron ilegalmente de su libertad a los Alvarado: la camioneta en que viajaban Nitza Paola y José Ángel al ser detenidos fue incautada por el Ejército y puesta a disposición de la Agencia Estatal de Investigaciones en Nuevo Casas Grandes, según consta en autos. Por otro lado, al interponer la denuncia correspondiente los familiares de los jóvenes, los días 30 y 31 de diciembre de ese año, fueron informados por sendos agentes del Ministerio Público de que los tres estaban detenidos en las instalaciones del 35 batallón de infantería en Nuevo Casas Grandes. Más: los familiares de las víctimas tuvieron conocimiento de que éstas fueron desaparecidas durante el operativo que el Ejército Mexicano realizó en Buenaventura el 29 de diciembre de 2009, comandado por el teniente coronel Élfego José Luján Ruiz.

Como siempre, el Ejército Mexicano se ha negado a reconocer los hechos. Cuando los familiares interpusieron denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Procuraduría General de la República, esta última declinó su competencia a favor de la Procuraduría Militar, lo cual constata que elementos del Ejército Mexicano estuvieron directamente involucrados en la desaparición forzada. La PGJE la admitió como caso de personas desaparecidas y no como de desaparición forzada. Hasta ahora los familiares y sus representantes se han negado a reconocer el fuero militar y exigen que las investigaciones salgan del ámbito de la procuraduría militar y se realicen en el del fuero común.

Las instancias gubernamentales han ocultado información, no se coordinan entre ellas y operan con enorme negligencia. Por ejemplo, dos meses después de la desaparición forzada se tuvo la última noticia de Nitza Paola. Logró comunicarse por celular con una amiga, a quien angustiada y apresurada le gritó: Ayúdenme, sáquenme de aquí, sigo viva, tengo miedo. Los familiares y sus representantes denunciaron el hecho y proporcionaron a las autoridades la información sobre el número telefónico en el que se recibió la llamada de auxilio. A pesar de contar con la tecnología y los medios adecuados para rastrear la llamada e identificar al propietario de la línea, el Estado mexicano ha sido totalmente omiso.

En Chihuahua ha habido más de 200 casos de desapariciones forzadas desde que se inició esta guerra contra el narcotráfico. Pero, en el caso de los Alvarado, gracias a la tenacidad y valentía de la familia y a la labor comprometida de Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, se ha litigado intensa y sabiamente. La familia y los coadyuvantes, Emilia González, Luz Esthela Castro y Patricia Galarza han presentado todos los recursos correspondientes ante el Estado mexicano, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sistema de Naciones Unidas.

Han tenido importantes logros: el 26 de mayo de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a los tres jóvenes y conminó al Estado adoptar de inmediato las medidas necesarias para determinar lo antes posible el paradero de ellos y proteger su libertad, su integridad y su vida. Las medidas provisionales se ampliaron en noviembre del mismo año a favor de 23 de los familiares de los Alvarado y Emilia González, una de las representantes legales. Esta resolución se dio por la extrema gravedad y urgencia de la situación y con el fin de evitar daños irreparables a las personas. El primero de abril de 2011 la CIDH amplió las medidas provisionales a nueve familiares más y concedió una audiencia pública en su sede de San José de Costa Rica, el próximo martes 28 de junio, para revisar las multicitadas medidas provisionales que el Estado mexicano se niega a cumplir.

La visibilización del caso a escala nacional e internacional y la actitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han puesto muy nerviosos al Ejército y al Estado mexicano. Los militares han estado acosando de diversas formas a miembros de la familia Alvarado y a sus representantes legales. Luego de una llamada telefónica efectuada el 29 de enero pasado, los familiares tuvieron que dejar sus domicilios y trabajos para esconderse ante las amenazas de muerte. En la inminencia de la audiencia pública de la Corte Interamericana en Costa Rica, el hostigamiento se recrudece: el domingo 5 de junio la Policía Federal allanó el local del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; la Secretaría de Relaciones Exteriores pone mil trabas para entregarle su pasaporte a La Güera Alvarado, una de las más combativas mujeres de la familia, para que pueda acudir a la audiencia. El gobierno federal logró además que la Corte Interamericana le concediera una audiencia privada previa a la pública, cosa muy inusual cuando se trata de revisión de medidas provisionales.

Es deseable la Corte Interamericana no se deje presionar por el gobierno de Calderón y emita una resolución paradigmática que lo obligue a responder por la desaparición forzada de Nitza Paola, Rocío y José Ángel.

Casos como este son los que explican por qué entre la ciudadanía chihuahuense crece la demanda por la desmilitarización del país. No éramos ariscos…
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La Jornada
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